STC5705-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5705-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00417-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 4 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andrea Stella \u00d1ustes Pinz\u00f3n contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, Banco de la Rep\u00fablica, Colpensiones, Superintendencia Financiera y Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito ordinario n\u00ba 2020-00627. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, igualdad, dignidad humana, honra, debido proceso y trabajo, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. La promotora afirma que su padre El\u00edas \u00d1ustes Pinz\u00f3n, \u00abinicialmente se cas\u00f3 con Mar\u00eda Fabiola Cruz el 24 de mayo de 1959 [y con ella] tuvo tres hijos\u00bb; que \u00abel 8 de febrero de 1972 contrajo matrimonio civil [en Venezuela]\u00bb con \u00abmi madre Stella Pinz\u00f3n Salazar [dentro del cual] el 22 de julio de 1975 nac\u00ed yo y el 25 de julio de 1979 mi hermano Fabi\u00e1n El\u00edas \u00d1ustes Casta\u00f1eda (q.e.p.d.)\u00bb, relaci\u00f3n que se deterior\u00f3 al punto de que \u00aben 1986 se separan [de cuerpos]\u00bb, pero \u00abno legalizan la separaci\u00f3n ni arreglan econ\u00f3micamente nada\u00bb. <\/p>\n
Que, en esas circunstancias, en \u00abel 1988\u00bb, cuando \u00abestaba a punto de pensionarse\u00bb, su padre \u00abconoce a Mar\u00eda Danery Hurtado Herrera [y fruto de la] relaci\u00f3n sentimental (\u2026) el 9 de diciembre de 1989 naci\u00f3 mi hermana Luisa Mar\u00eda Hurtado\u00bb, surgiendo en adelante conflictos porque \u00abella no quer\u00eda que mi pap\u00e1 se hiciera cargo de nosotros, [pues durante el tiempo que su madre estuvo fuera del pa\u00eds], fue muy duro y denso [el lapso de convivencia, ya que], ella no fue un buen ser humano con mi hermano y conmigo\u00bb. <\/p>\n
Que tras algunas separaciones y reconciliaciones que se dieron entre la pareja en menci\u00f3n, y de que su padre realizara adquisici\u00f3n de algunos inmuebles, \u00aben marzo de 2017 [fue] hospitalizado\u00bb, luego de lo cual \u00abDanery al pensar que mi padre iba a fallecer pronto, regres\u00f3 a vivir con \u00e9l y lo manipul\u00f3 para que dijera mentiras [al] hacer una declaraci\u00f3n juramentada donde los dos afirmaron que llevaban 28 a\u00f1os ininterrumpidos viviendo juntos, [la cual] est\u00e1 destinada al Banco de la Rep\u00fablica [donde \u00e9l trabajaba]\u00bb, y \u00aba partir de ese momento se posesion\u00f3 del apartamento y de las decisiones que mi padre a\u00fan pod\u00eda tomar por s\u00ed solo. Conmigo volvi\u00f3 a imponerse y a maltratarme emocional y psicol\u00f3gicamente, por lo cual decido no volver a visitar a mi padre en su apartamento\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abfue extenuante la b\u00fasqueda de abogado\u00bb para que asumiera su defensa dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho adelantado ante el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia, y cuando obtuvo la asesor\u00eda de una abogada, por atender la \u00abestrategia\u00bb de que concurriera con posterioridad a su progenitora, qued\u00f3 \u00abfuera del proceso\u00bb, lo que conllev\u00f3 \u00abno ser escuchada y apoyada por la justicia\u00bb y por ello, en su sentir, \u00abel proceso no fue adecuado\u00bb. No obstante, \u00abel 24 de enero [de 2023]\u00bb volvi\u00f3 a presentarse a trav\u00e9s de otra apoderada, \u00abquien ahora me representa para este proceso\u00bb. <\/p>\n
Que como \u00abel Banco de la Rep\u00fablica incurri\u00f3 en error porque no debi\u00f3 darle el seguro de vida como compa\u00f1era permanente a Mar\u00eda Danery Hurtado Herrera\u00bb, y tuvo en cuenta \u00abtres simples declaratorias extra juicio [como] prueba para merecer pensiones\u00bb, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb para que se \u00absuspenda la sustituci\u00f3n pensional\u00bb; que \u00abel 26 de abril env\u00edo [nuevo] correo, allegando las pruebas y declaraciones solicitadas\u00bb, dando a conocer la situaci\u00f3n a Colpensiones y a otras entidades para que \u00abestudiaran el caso y tomaran las medidas necesarias y correctivas\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n pidi\u00f3 al juzgado que \u00abimpulsara el proceso\u00bb, pues reiteradamente manifiestan que \u00abentr\u00f3 \u201cal despacho\u201d [y] a\u00fan ni han fijado fechas de interrogatorios etc., esperas de casi seis meses entre actuaci\u00f3n y actuaci\u00f3n registrada en el historial del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abme ayuden a restablecer, reivindicar (\u2026), evaluar y estipular la indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica por da\u00f1o moral y perjuicios [por] la falta de agilidad y efectividad [de las respuestas que corresponden a sus reclamaciones]\u00bb, y para que \u00absea otorgada la pensi\u00f3n de mi padre a mi madre Stella Pinz\u00f3n Salazar\u00bb. Por lo dem\u00e1s, se infiere que respecto del Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, el reproche es por una supuesta dilaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que en ese estrado cursa \u00abproceso de Declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital y consecuente Sociedad Patrimonial promovido por Mar\u00eda Danery Hurtado Herrara, [con radicaci\u00f3n] 11001311001620200062700. La demanda se admiti\u00f3 mediante auto del 8 de febrero de 2022, orden\u00e1ndose la notificaci\u00f3n de los herederos demandados. Mediante auto de esta misma fecha, se tiene al haber acreditado la calidad de heredera determinada, se atiende la repuesta y excepciones propuestas por el accionante, de las que se ordena surtir el correspondiente traslado, siendo este el ultimo estado del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco de la Rep\u00fablica expres\u00f3 que con ocasi\u00f3n del deceso del se\u00f1or \u00d1ustes Casta\u00f1eda, \u00abreconoci\u00f3 el 50% del seguro de vida reglamentario repartido en partes iguales a su favor y de los hijos del fallecido [$13.616.048,68 para cada uno de los 5 hijos]. Respecto del otro 50% [$68.080.243,42], le fue reconocido a la se\u00f1ora Mar\u00eda Danery Hurtado Herrera en su calidad de compa\u00f1era permanente\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el causante \u00abera afiliado al Fimbra, y presenta un saldo a favor de sus herederos. Por lo anterior deben dirigirse a las oficinas [en menci\u00f3n], para que le informen el procedimiento a seguir\u00bb. Igualmente, acredit\u00f3 la expedici\u00f3n de comunicaciones dirigidas a los interesados sobre el reconocimiento de la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb y cotizaciones \u00abpara que cuando se cumplan los requisitos de la pensi\u00f3n de vez esta sea reconocida por la Administradora de prima Media con Prestaci\u00f3n Definida y el empleador pague \u00fanicamente el mayor valor, si lo hubiera\u00bb, dada \u00abla compatibilidad pensional, art\u00edculo 18 del Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, inform\u00f3 que la demandante \u00abno ha radicado solicitud en relaci\u00f3n a (\u2026) indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica por da\u00f1o moral, da\u00f1os y perjuicios y afectaci\u00f3n de ingreso econ\u00f3mico\u00bb, y respecto a los hechos que refieren a esta entidad, indic\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n del 24 de mayo de 2022, dispuso \u00abnegar el reconocimiento de sustituci\u00f3n pensional con ocasi\u00f3n del fallecimiento del se\u00f1or \u00d1ustes Casta\u00f1eda El\u00edas\u00bb, al advertir que Stella Pinz\u00f3n Salazar \u00abno acredita la calidad de c\u00f3nyuge y tampoco acredita que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte\u00bb, acotando que \u00abcontra dicha resoluci\u00f3n no se interpusieron los recursos de ley, quedando la decisi\u00f3n en firme\u00bb, y por ello, lo pretendido deviene improcedente, pues incumple el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
4. La Superintendencia Financiera de Colombia, inform\u00f3 que, \u00abrevisadas las bases de datos [de esa entidad] no se encontraron quejas, peticiones o demandas que guarden relaci\u00f3n con los hechos y pretensiones de la presente demanda constitucional\u00bb, por lo que aleg\u00f3 a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
5. Jaime Oswaldo y Lizeth Yadira Hern\u00e1ndez \u00d1ustes, Mar\u00eda del Pilar y Marco Antonio \u00d1ustes Cruz, manifestaron que la actora \u00abtiene otros mecanismos distintos a la acci\u00f3n de tutela para hacer valer los derechos que considera no se le han reconocido o se le han vulnerado, [pues] no se puede por [esta v\u00eda] reconocerle derechos de car\u00e1cter patrimonial de manera individual\u00bb. <\/p>\n
6. Luisa Mar\u00eda \u00d1ustes Hurtado, a trav\u00e9s de su abogada, indic\u00f3 que en el juicio que cursa en el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, \u00abmediante auto de fecha 23 de enero de 2023 se reconoce personer\u00eda a la (\u2026) como apoderada judicial de Andrea Stella Pinz\u00f3n [y con] auto de fecha 26 de abril de 2023, se descorre el traslado de las excepciones propuestas [por la mencionada]\u00bb, por lo que \u00abse est\u00e1 tramitando conforme a lo establecido por el debido proceso, respetando cada etapa procesal y dando oportunidad de presentar excepciones a cada uno de los intervinientes, de tal forma que no se est\u00e1 afectando derecho alguno a la se\u00f1ora Andrea Stella\u00bb, y que lo pretendido con esta tutela \u00abtiene un fin pecuniario\u00bb para lo cual \u00abel ordenamiento jur\u00eddico estableced otro tipo de acciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al sostener que \u00abno se satisface el requisito de subsidiariedad [porque], si lo que aspira es el reconocimiento de una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, como es la pensi\u00f3n de sobrevivientes, debi\u00f3 pedirlo a la entidad de la seguridad social o al Banco de la Rep\u00fablica, sin embargo, \u00fanicamente ha alegado ante este \u00faltimo, un fraude que no ha denunciado ante las autoridades respectivas\u00bb, y \u00aben relaci\u00f3n a los presuntos perjuicios materiales e inmateriales, no se evidencia la presentaci\u00f3n de una demanda que incluya estas pretensiones, ante el juez ordinario competente, es m\u00e1s, en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho en el cual act\u00faa la accionante, cuenta con mecanismos de defensa para la defensa de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa para aseverar \u00abmi tutela no tuvo un enfoque de derecho familiar\u00bb, que lo respondido por las entidades vinculadas no resuelven lo pedido, ya que el Banco de la Rep\u00fablica procedi\u00f3 a \u00abevadir\u00bb la solicitud para \u00abinvestigar [a] la se\u00f1ora Hurtado y al menos evaluar mis pruebas y declaraciones\u00bb; que Colpensiones tampoco le brinda respuesta y que al dirigir misiva a la Superintendencia Financiera, \u00abmanifiesta que quien auditaba al Banco de la Rep\u00fablica [era] el presidente de la rep\u00fablica\u00bb, y que \u00abpresidencia canaliz\u00f3 mal para la Defensor\u00eda del Pueblo, ya que me han atendido desde el \u00e1rea jur\u00eddica laboral [cuando] esto es m\u00e1s administrativo, civil en unos casos penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer: (i) si el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de la querellante, al no otorgar impulso al proceso de uni\u00f3n marital de hecho n\u00b0 2020-00627, y (ii) porque el Banco de la Rep\u00fablica, Colpensiones, Superintendencia Financiera y Defensor\u00eda del Pueblo, no han dado el tr\u00e1mite oportuno y adecuado a las peticiones elevadas, de cara a la reclamaci\u00f3n sobre reconocimiento de seguro de vida y prestaciones sociales causadas en raz\u00f3n al deceso de su progenitor. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC2454-2023, 15 mar., rad. 00039-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos pertinentes de la presente queja y cotejados con la informaci\u00f3n que allegan los intervinientes, la Sala ratificar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primera instancia, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) en relaci\u00f3n con la supuesta \u00abmora judicial\u00bb endilgada al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, se configura carencia actual de objeto por hecho superado; (ii) frente a los reparos realizados al Banco de la Rep\u00fablica y Colpensiones, as\u00ed como respecto a la Superintendencia Financiera y Defensor\u00eda del Pueblo, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado. <\/p>\n
Conforme se anunci\u00f3, la figura jur\u00eddica en comento se predica, en primer lugar, de la censura planteada por la demandante a la autoridad judicial convocada, porque la dilaci\u00f3n injustificada que le enrostr\u00f3 por no haber dado a\u00fan definici\u00f3n al pleito declarativo de uni\u00f3n marital de hecho promovido en su contra, se corrigi\u00f3 durante el curso de la presente salvaguarda. <\/p>\n
En efecto, revisado el historial de las actuaciones correspondientes al proceso con radicaci\u00f3n n\u00b0 2020-00627, la Sala encuentra que tras el auto del 23 de enero de 2023, a trav\u00e9s del cual el juzgado design\u00f3 un curador ad litem, el proceso no registraba movimiento, pero el 26 de abril de 2023 se pronunci\u00f3 para darle continuidad, disponiendo \u00abtener por descorrido el traslado en oportunidad por la demandada Andrea Stella \u00d1ustes Pinz\u00f3n, cuy[a] apoderad[a] fue reconocida en auto anterior\u00bb; orden\u00f3 que por secretar\u00eda se surtiera \u00abtraslado de las excepciones de m\u00e9rito que presenta\u00bb, y, finalmente, tuvo en cuenta que \u00abel curador de los demandados indeterminados del causante, descorr[i\u00f3] el traslado en oportunidad\u00bb <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto la actuaci\u00f3n en comento se produjo tras la notificaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n -lo cual acaeci\u00f3 el 25 de abril de 2023-, sin perjuicio de que la actora pueda disentir de lo decidido mediante el empleo de los recursos ordinarios que prev\u00e9 la ley, es claro que tal proceder, implic\u00f3 otorgar el impulso que la actora echaba de menos, torn\u00e1ndose innecesaria la intervenci\u00f3n del fallador constitucional invocada para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la figura jur\u00eddica de la carencia actual de objeto por hecho superado que consagra el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n, y, (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Sala ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC5118-2022, 27 abr., rad. 00198-01, y STC1903-2023, 2 mar., rad. 00017-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la ausencia de veneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad emerge frente a los reproches dirigidos contra las dem\u00e1s entidades vinculadas a este tr\u00e1mite tutelar, pues en el expediente se acredit\u00f3 que en un t\u00e9rmino prudencial y razonable emitieron respuestas a los pedimentos elevados por la se\u00f1ora \u00d1ustes Pinz\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, el Banco de la Rep\u00fablica acredit\u00f3 que en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n elevada por la actora el 15 de mayo de 2020, referente al \u00abreconocimiento y pago del seguro de vida reglamentario del se\u00f1or El\u00edas \u00d1ustes Casta\u00f1eda\u00bb, el 5 de junio de la misma anualidad expidi\u00f3 comunicaci\u00f3n se\u00f1alando que el seguro en menci\u00f3n, cuyo \u00abvalor neto\u00bb correspond\u00eda a \u00ab$136\u00b4160.486,82\u00bb, se asign\u00f3 en un 50% para Mar\u00eda Danery Hurtado Herrera, en su calidad de \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb, y el restante se dividi\u00f3 en partes iguales a favor de los cinco (5) hijos, entre ellos la hoy accionante. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 294 numeral 7 C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en el caso en que se presenten posteriormente otros beneficiarios, usted y los otros beneficiarios estar\u00e1n obligados a satisfacer las cuotas partes que a \u00e9stos les correspondan. De otra parte, nos permitimos informarle que el se\u00f1or \u00d1ustes Casta\u00f1eda (q.e.p.d.), era afiliado al Fimbra, y presenta un saldo a favor de sus herederos. Por lo anterior deben dirigirse a las oficinas del Fimbra ubicadas en la Calle 16 No.6 – 66 piso 30 Tel\u00e9fono 3432185, de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., para que le informen el procedimiento a seguir\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, obra constancia emitida por dicha entidad, en el sentido de que \u00abla se\u00f1ora MAR\u00cdA DANERY HURTADO HERRERA (\u2026), es beneficiaria de sustituci\u00f3n pensional desde el 18 de marzo de 2020 del fallecido se\u00f1or ELIAS \u00d1USTES CASTA\u00d1EDA (\u2026). Conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5\u00b0 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el decreto 2879 de 1985, y en concordancia con el art\u00edculo 18 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, durante el tiempo laborado por el se\u00f1or \u00d1ustes Casta\u00f1eda, as\u00ed como con posterioridad a su jubilaci\u00f3n, el Banco hizo cotizaciones al Seguro Social hoy Colpensiones, por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con el fin de compartir la referida pensi\u00f3n (\u2026), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 a cargo del Banco \u00fanicamente el mayor valor existente entre una y otra prestaci\u00f3n. Para el a\u00f1o 2020, el Banco de la Rep\u00fablica reconocer\u00e1 la suma de $1.393.926 del valor total, por concepto de mayor valor de pensi\u00f3n a favor de la se\u00f1ora Hurtado Herrera, quedando a cargo de Colpensiones el valor restante a que haya lugar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Deviene de lo antedicho, que, si la interesada no se mostraba conforme con lo resuelto, pod\u00eda agotar los recursos y acciones que administrativa y judicialmente est\u00e1n contemplados para debatirlo e intentar su reconsideraci\u00f3n, lo cual no se acredit\u00f3 en este diligenciamiento. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, preliminarmente se advierte que la legitimaci\u00f3n para reclamar, se radica en cabeza de la se\u00f1ora Stella Pinz\u00f3n Salazar -respecto de quien la ac\u00e1 tutelante no demostr\u00f3 que actuara en su representaci\u00f3n como agente oficiosa-, se observa que la entidad dio tr\u00e1mite a la solicitud de que se le reconociera como beneficiaria de la \u00absustituci\u00f3n pensional\u00bb de su consorte. <\/p>\n
N\u00f3tese que la respuesta que se le brind\u00f3 a dicho pedimento radicado \u00abel 15 de marzo de 2022 con radicado Nro. 2022-3400760\u00bb, fue desestimatoria seg\u00fan la \u00abresoluci\u00f3n n\u00famero SUB141440\u00bb, del 24 de mayo de 2022, porque en criterio de Colpensiones, \u00abel acta de matrimonio aportada al expediente no genera efectos jur\u00eddicos ante la legislaci\u00f3n colombiana, por cuanto carece de la debida inscripci\u00f3n\u00bb, y tampoco acredit\u00f3 la convivencia \u00abde conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en su inciso a\u00bb. Y contra esa determinaci\u00f3n, la entidad asegur\u00f3 que la interesada no interpuso \u00ablos recursos de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n\u00bb de que era susceptible, por consiguiente, no hizo uso del medio de control consagrado en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tampoco se avizora fundamento a las censuras que -sin argumentaci\u00f3n suficiente- se presentaron contra la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Defensor\u00eda del Pueblo, vinculadas a este tr\u00e1mite tutelar como accionadas. <\/p>\n
Respecto de la primera, la enunciaci\u00f3n realizada corresponde a que la actora acudi\u00f3 a ella para quejarse del tr\u00e1mite que el Banco de la Rep\u00fablica diera a sus peticiones, y que la respuesta consisti\u00f3 en recordarle que esa Superintendencia no \u00abauditaba\u00bb al banco, lo cual se muestra razonable, habida cuenta la naturaleza jur\u00eddica de dicha instituci\u00f3n y las funciones asignadas al ente acusado. <\/p>\n
En cuanto a la Defensor\u00eda del Pueblo, no se enuncia acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta sobre la cual puede colegirse vulneraci\u00f3n a prerrogativa superior alguna, pues la remisi\u00f3n a esa entidad que de la solicitud realizara la Presidencia de la Rep\u00fablica, obedeci\u00f3 a la posibilidad de que la peticionaria requer\u00eda orientaci\u00f3n o asesor\u00eda jur\u00eddica para canalizar adecuadamente los reclamos planteados contra el banco. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, siendo una de sus pretensiones que por esta senda se le brinde \u00abayuda\u00bb para \u00abevaluar\u00bb una posible \u00abindemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica por da\u00f1o moral y perjuicios\u00bb, tal aspiraci\u00f3n econ\u00f3mica no compete al juez constitucional, pues es evidente la existencia de mecanismos ordinarios en procura de ese objetivo. <\/p>\n
Entonces, por cuanto la censura no conlleva afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno, el resguardo se torna improcedente, pues reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada entre otras, en STC10498-2022, 11 ago., rad. 00177-01). <\/p>\n
De igual modo, ha dicho que para la procedencia del ruego tuitivo, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., 00359-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, porque: (i) en cuanto a los reparos contra la autoridad judicial, las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas invocadas, fueron superadas durante el diligenciamiento de la acci\u00f3n, y (ii) los reproches enfilados contra las otras entidades convocadas, devienen infundados y por tanto no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las puntuales causales desarrolladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5705-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5705-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00417-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74085\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}