STC5707-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5707-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02204-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gloria In\u00e9s Guzm\u00e1n Manrique contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de la misma urbe1 y las autoridades, partes e intervinientes reconocidas en la causa 2019-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores al debido proceso y defensa. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra Gloria In\u00e9s Guzm\u00e1n Manrique se adelant\u00f3 el proceso penal distinguido en p\u00e1rrafos precedentes por el delito de fraude procesal, dentro del cual, mediante sentencia de 9 de marzo de 2020, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 le impuso las siguientes sanciones: <\/p>\n
– 84 meses de internamiento penitenciario, que le fue sustituida por prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
– 36 meses de suspensi\u00f3n para el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogada. <\/p>\n
– Multa equivalente a 250 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
– La conden\u00f3 a sufragar, a t\u00edtulo de perjuicios por lucro cesante, la suma de $128.329.896,80. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la defensa de la encartada, siendo confirmada el 8 de marzo de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Contra el fallo de segundo grado, Guzm\u00e1n Manrique interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n buscando la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite surtido, cuya demanda fue inadmitida con auto AP494-2023 del pasado 1\u00ba de marzo. Este prove\u00eddo, a su turno, fue recurrido en reposici\u00f3n; sin embargo, la Hom\u00f3loga Penal lo rechaz\u00f3 de plano por cuanto \u00aben el tr\u00e1mite regulado por la Ley 600 de 2000\u2026 el auto aludido no admite ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
3. La promotora insiste en los planteamientos que sirvieron de sustento a la demanda extraordinaria, pues considera que el tr\u00e1mite adelantado en su contra se encontraba \u00abviciado de nulidad\u00bb en la medida que no le fue \u00abdebidamente notificada la admisi\u00f3n de la demanda de constituci\u00f3n de parte civil\u00bb y se le declar\u00f3 persona ausente pese a que desde el inicio de la investigaci\u00f3n la Fiscal\u00eda ten\u00eda conocimiento de que resid\u00eda en Canad\u00e1. <\/p>\n
A juicio de la gestora, las anteriores falencias le cercenaron la posibilidad de oponerse a la pretensi\u00f3n resarcitoria de las v\u00edctimas y solicitar pruebas que estimaba conducentes para obtener una sentencia absolutoria. <\/p>\n
4. Finalmente, sin atribuir defecto alguno a la decisi\u00f3n que acusa como lesiva de sus intereses, solicit\u00f3 \u00abla anulaci\u00f3n de las providencias de fecha 1 de Marzo de 2023 y mediante las cuales se me inadmitio la demanda de casacion y se me neg\u00f3 el recurso de reposicion de dicha decisi\u00f3n [sic]\u00bb para que, en su lugar, \u00abse admita la demanda de casacion [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso a la prosperidad del resguardo puesto que \u00abla intenci\u00f3n de la peticionaria es continuar con el debate ya agotado, tanto as\u00ed que en su escrito no pone en evidencia alg\u00fan defecto\u00bb sino que lo que hace es insistir en las mismas inconformidades planteadas a trav\u00e9s del recurso extraordinario que fuera inadmitido mediante auto AP494-2023. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia de segundo grado de 8 de marzo de 2022 \u00abse ofrecieron en forma ponderada y razonable los motivos con los cuales se sustent\u00f3 la misma, sin que, por ende, la providencia sea fruto del capricho o de la arbitrariedad del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3. El secretario del Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, con competencia para el conocimiento de asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, manifest\u00f3 no tener \u00abinjerencia alguna en los hechos plasmados en la demanda de tutela\u2026 pues de los mismos se extrae que su inconformidad radica en actuaciones de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la H. Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Delegado de Intervenci\u00f3n Segundo para la Casaci\u00f3n Penal advirti\u00f3 que no intervino al interior del tr\u00e1mite sobre el que recae la presente queja, raz\u00f3n por la cual no le era posible \u00abemitir concepto\u00bb en torno a la presunta afecci\u00f3n de derechos fundamentales de la gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Gloria In\u00e9s Guzm\u00e1n Manrique, al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de segunda instancia a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de la misma ciudad por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones que sirvieron de sustento a la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del pasado 1\u00ba de marzo por medio del cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por Guzm\u00e1n Manrique, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El \u00fanico cargo formulado por la recurrente extraordinaria, que coincide con el reproche aducido en esta oportunidad, fue la \u00abviolaci\u00f3n del debido proceso\u00bb en tanto que \u00abse desconoci\u00f3 una garant\u00eda de car\u00e1cter constitucional\u00bb circunstancia que, a su juicio, impon\u00eda la invalidaci\u00f3n de todo lo actuado con posterioridad a la admisi\u00f3n de la demanda de constituci\u00f3n de parte civil. <\/p>\n
La censura fue desarrollada cabalmente por la Sala Especializada en el sentido de advertir que, ciertamente no exist\u00eda en el expediente elemento de convicci\u00f3n alguno que diera cuenta de que el acto procesal extra\u00f1ado hubiera sido notificado conforme lo dispone el art\u00edculo 48 de la Ley 600 de 2000; sin embargo, agreg\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cualquier falencia en ese \u00e1mbito [notificaci\u00f3n de providencias] provoca indefectiblemente la nulidad; de acuerdo con el principio de trascendencia, \u201cla inexistencia de la irregularidad, por s\u00ed sola, no conduce autom\u00e1ticamente a la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite\u2026 debe, adem\u00e1s, demostrarse la conculcaci\u00f3n efectiva de los derechos del demandante\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, las fallas en las notificaciones pueden ser convalidadas por la conducta de quien eventualmente pudo verse afectado por su ocurrencia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, luego de examinar la labor desplegada por la Fiscal\u00eda instructora de la causa, de cara a la correcta notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que admiti\u00f3 la demanda de parte civil y de encontrarla acreditada, al menos \u00abformal[mente], dado que \u00abno se notific\u00f3 adecuadamente a Guzm\u00e1n Manrique\u00bb, advirti\u00f3 que tal \u00abdislate no trascendi\u00f3 lo simplemente nominal, porque de todas maneras la acusada se enter\u00f3 de la existencia del proceso y conoci\u00f3 el contenido \u00edntegro del expediente, incluida la intervenci\u00f3n de la parte afectada, desde el 3 de febrero de 2015, cuando rindi\u00f3 indagatoria y solicit\u00f3 un duplicado de la actuaci\u00f3n\u00bb, instante a partir del cual \u00abconoci\u00f3 la pretensi\u00f3n indemnizatoria y pudo oponerse a ella\u00bb, pero no lo hizo, por lo que concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn tales condiciones, no se entiende la alegaci\u00f3n del demandante seg\u00fan la cual la omitida notificaci\u00f3n personal de la admisi\u00f3n de la demanda de constituci\u00f3n en parte civil le impidi\u00f3\u2026 \u201cdarle contestaci\u00f3n objetando los da\u00f1os y perjuicios, solicitando el correspondiente peritazgo\u201d. Al margen de la ocurrencia formal del vicio, si Guzm\u00e1n Manrique conoci\u00f3 la demanda presentada por la v\u00edctima antes de la culminaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, es obvio que bien pudo oponerse a la misma \u2013 especialmente en consideraci\u00f3n al principio de permanencia de la prueba que rige en la Ley 600 de 2000 \u2013 y que no se le neg\u00f3 o limit\u00f3 la posibilidad de solicitar todas las pruebas que a bien tuviera para refutarla, incluida la pericial que echa de menos. <\/p>\n
Y aunque el censor agrega que la falla en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n le hizo imposible a la defensa practicar \u201cel interrogatorio de parte al demandante se\u00f1or Carlos Eduardo Ot\u00e1lvaro Coronado\u201d porque \u00e9ste falleci\u00f3 en el curso del tr\u00e1mite, simult\u00e1neamente admiti\u00f3, en el recurso de apelaci\u00f3n promovido contra la sentencia de primer grado, que solo pidi\u00f3 esa prueba en la audiencia preparatoria \u2013 no as\u00ed durante la instrucci\u00f3n \u2013 habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. Es m\u00e1s, de acuerdo con el respectivo registro civil de defunci\u00f3n, Ot\u00e1lvaro Coronado falleci\u00f3 el 18 de agosto de 2017, es decir, m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de la vinculaci\u00f3n de Guzm\u00e1n Manrique mediante indagatoria (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, dado que en ella se advirtieron las razones jur\u00eddicas que no permitieron la prosperidad de las inconformidades formuladas por la quejosa, las cuales coinciden con la presente solicitud de amparo, observ\u00e1ndose que las discrepancias aqu\u00ed planteadas son incompatibles con la salvaguarda constitucional pues lo que se busca es hacer prevalecer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s la Sala ha sostenido que la acci\u00f3n supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, comoquiera que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que esta herramienta no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador aplic\u00f3 las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto o estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos defectos no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias pues, ante tales divergencias, debe prevalecer la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Se aprecia, entonces, que la intenci\u00f3n de Guzm\u00e1n Manrique es que se valoren los elementos de juicio obrantes en la actuaci\u00f3n y se interprete el ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan su personal convicci\u00f3n, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, porque: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas adosadas al proceso y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con competencia para tramitar asuntos regidos bajo la Ley 600 de 2000 <\/p>\n
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