STC5710-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5710-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 25 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio El Retiro PH contra los Juzgados Treinta Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, ambos de Cali; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00662. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La propiedad horizontal, a trav\u00e9s de apoderada, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en proceso ejecutivo singular de m\u00ednima cuant\u00eda que promovi\u00f3 contra la sociedad \u00abSu\u00e1rez Escobar & C\u00eda. SC.\u00bb, que cursa en el Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, la demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto de 31 de agosto de 2021 que se abstuvo de decretar una prueba pericial solicitada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, la alzada fue concedida (auto de 2 de diciembre de 2021) ante el superior, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el cual, en providencia de 22 de junio de 2022 la resolvi\u00f3 y revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n impugnada (otorgando el t\u00e9rmino de un mes a la sociedad recurrente para que aporte al plenario el pretendido dictamen pericial). <\/p>\n
Destac\u00f3 que, por haberse concedido el recurso de apelaci\u00f3n olvidando que se trataba de una causa judicial de m\u00ednima cuant\u00eda y por lo tanto de \u00fanica instancia, propuso incidente nulidad del auto que procedi\u00f3 de esa manera, esto es, el prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Empero, indic\u00f3 que, el 3 de marzo de 2023, el juzgado accionado, declar\u00f3 improcedente la petici\u00f3n de nulidad aduciendo que, \u00abel art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso permite este peritaje\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual, a su vez, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, no se hab\u00eda resuelto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juez Treinta Civil Municipal de Cali realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido en el litigio en cuesti\u00f3n y se opuso a la prosperidad de la presente acci\u00f3n, por cuanto incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, ya que el auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n \u00abno fue reprochado en su momento por la interesada\u00bb y, adem\u00e1s, por que la providencia de obedecimiento a lo resuelto por el superior, \u00abfue notificada hace 11 meses\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al pronunciamiento (3 de marzo de 2023) que declar\u00f3 improcedente la nulidad, explic\u00f3 que, aunque fue objeto de recurso de reposici\u00f3n, este fue rechazado por extempor\u00e1neo con auto del 15 de mayo de 2023. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 por improcedente el amparo reclamado, luego de establecer la falta de legitimaci\u00f3n de la abogada accionante dada la ausencia de poder especial para promover la presente causa constitucional a nombre de la propiedad horizontal Edificio El Retiro. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La abogada manifest\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n del a quo, adjuntando el poder especial conferido por el accionante para promover la demanda constitucional; de esa manera, se\u00f1al\u00f3, daba por acreditada su \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb. Adicionalmente, reiter\u00f3 las alegaciones del escrito inicial en torno a las irregularidades procesales en que habr\u00edan incurrido los despachos judiciales accionados, esencialmente, por darle tr\u00e1mite a un recurso de apelaci\u00f3n en un asunto que es de \u00fanica instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en referencia satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si las autoridades accionadas vulneraron la prerrogativa fundamental invocada al declarar improcedente la solicitud de nulidad \u2013 auto de 3 de marzo de 2023 \u2013 deprecada respecto del prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2021 que concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el del 31 de agosto de esa anualidad, pese a que se trata de un proceso de \u00fanica instancia (ejecutivo rad. 2019-00662). <\/p>\n
2. Aclaraci\u00f3n previa. <\/p>\n
Si bien el tribunal desestim\u00f3 el amparo por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de quien suscribi\u00f3 la demanda en representaci\u00f3n de la propiedad horizontal interesada, considera la Corte que tal circunstancia realmente envuelve la manifestaci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n traducido en el poder especial que se requiere para su promoci\u00f3n a nombre de otra persona natural o jur\u00eddica. <\/p>\n
Con el escrito de impugnaci\u00f3n, la profesional del derecho aport\u00f3 el poder echado de menos por la colegiatura a quo, otorgado por la accionante, por lo que habr\u00e1 de tenerse por subsanada la irregularidad se\u00f1alada en primer grado, habilit\u00e1ndose el examen preliminar de la salvaguarda tras advertirse suficientes las facultades especificadas en el memorial contentivo de dicho mandato. <\/p>\n
3. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia de este principio, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n de los argumentos de la queja constitucional, las piezas procesales allegadas y de la intervenci\u00f3n de los tutelados, se advierte que el presente resguardo no supera el an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos derivados del presupuesto de la subsidiariedad que, en el presente caso, para la Corte no puede entenderse allanado, aspecto que emerge como criterio de suficiente entidad para descartar la procedencia del amparo. <\/p>\n
En este evento, el impedimento de procedibilidad en menci\u00f3n surge bajo la modalidad de incuria, porque frente al prove\u00eddo que se reprocha por esta senda, esto es, el del 3 de marzo de 2023 que declar\u00f3 improcedente la nulidad propuesta, aunque la accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mismo, lo hizo de manera extempor\u00e1nea, seg\u00fan lo declar\u00f3 el despacho judicial convocado en decisi\u00f3n del 15 de mayo pasado, mediante el cual dispuso rechazar el mencionado remedio horizontal. <\/p>\n
Significa lo anterior que la aqu\u00ed tutelante desperdici\u00f3 la v\u00eda ordinaria que legalmente tuvo a su alcance para refutar la decisi\u00f3n que consider\u00f3 adversa a sus intereses, pues no es de recibo que, acuda a esta senda excepcional y residual para enmendar su desidia, acci\u00f3n que adem\u00e1s, no est\u00e1 dise\u00f1ada para rectificar fallas de gesti\u00f3n procedimental ni para revivir recursos fenecidos o preclu\u00eddos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De modo que, si la promotora prescindi\u00f3 de hacer uso del mecanismo de defensa que ten\u00eda su alcance o lo propuso por fuera del t\u00e9rmino legal, se insiste, deviene inadmisible que por este residual tr\u00e1mite constitucional se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n que correspond\u00eda al juez competente a trav\u00e9s del medio que se formul\u00f3 intempestivamente. <\/p>\n
En definitiva, el criterio de la subsidiariedad destacado es suficiente para declarar la inviabilidad del auxilio, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo descrito, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se tiene que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos y\/o recursos que por el descuido de los interesados se dejaron de utilizar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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