STC5723-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5723-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00049-01 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 16 de mayo de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas, promovidas por Edwin Germ\u00e1n Aguirre Cano y Gladys Andrea Delgado Cano contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mites a los cuales fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00ba 2003-00001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, dentro del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Iv\u00e1n Alfredo Aguirre Delgado, actualmente bajo el conocimiento del Juzgado Cuarto de Familia de Pasto -por la declaraci\u00f3n de impedimento de los jueces 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0-, se encuentran reconocidos como heredero y \u00abcesionaria de los derechos litigiosos\u00bb, agotada la etapa de inventarios, \u00abel 25 de marzo de 2009 se decret\u00f3 la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que conforme a las reglas previstas para que el partidor realice su labor, se autoriz\u00f3 la licitaci\u00f3n que preve\u00eda el art\u00edculo 610-2 del anterior estatuto procedimental- respecto de uno de los inmuebles que integran la masa sucesoral, por lo que, \u00abcon escrito de 10 de mayo de 2016 el perito designado present\u00f3 el aval\u00fao (\u2026) en la suma de $4.675.150.000, mismo que ten\u00eda vigencia de un (1) a\u00f1o\u00bb, y \u00abel 17 de noviembre de 2016 se realiz\u00f3 la audiencia de licitaci\u00f3n, misma que se declar\u00f3 fracasada\u00bb, de lo cual advierten \u00abno se corri\u00f3 traslado del nuevo aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
Que del trabajo partitivo que se present\u00f3 el 2 de septiembre de 2017, \u00abse le dio el correspondiente traslado [y] con auto del 15 de junio de 2018, el juzgado orden\u00f3 a la partidora rehacer[lo]\u00bb, que habi\u00e9ndose allegado \u00abel d\u00eda 2 de marzo de 2020\u00bb, mediante providencia del 10 de marzo de 2021, el accionado se\u00f1al\u00f3 que no se ajustaba a las observaciones que dieron lugar a rehacerlo y dispuso nuevamente su refacci\u00f3n. No obstante, con auto del 16 de diciembre de 2021, el juzgado volvi\u00f3 a encontrar \u00abalgunas falencias que exigieron reelaborarlo\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 14 de octubre de 2022, la partidora present\u00f3 el trabajo partitivo final\u00bb, ante lo cual, \u00aben sentencia de 31 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto expresa que \u201cal tratarse de un trabajo de partici\u00f3n REHECHO, del mismo no se corre traslado a los interesados\u00bb, sino que correspond\u00eda verificar si se ajustaba a derecho, y al se\u00f1alar que se daba esto \u00faltimo, lo aprob\u00f3. <\/p>\n
Que, para dicha partici\u00f3n, la auxiliar de la justicia \u00abtom\u00f3 como aval\u00fao el realizado el d\u00eda 23 de junio de 2005 (\u2026), en el cual se avalu\u00f3 entre otros el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-66207 (\u2026), con una extensi\u00f3n de 10.000 M2, incluye el lote y el apartamento construido en \u00e9l (\u2026), avaluado en la suma de mil ciento dos millones quinientos setenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos ($1.102.577.363), valor que actualmente no se ajusta a la realidad, ya que es un aval\u00fao de hace 18 a\u00f1os aproximadamente\u00bb, lo que consideran lesivo de sus prerrogativas, en la medida en que \u00abantes de proferir sentencia [el despacho acusado] debi\u00f3\u00bb: <\/p>\n
\u00ab1.- Correr traslado del trabajo de partici\u00f3n final (\u2026), con el fin de que las partes presenten sus inconformidades legales si a ello hubiere lugar, o en su defecto, observar que el trabajo de partici\u00f3n no sea violatorio a los derechos de la cesionaria y los herederos. <\/p>\n
2.- Ordenar un nuevo avalu\u00f3 comercial del predio distinguido con Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 240-66207 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pasto, toda vez que dicho aval\u00fao es de suma importancia para el trabajo de partici\u00f3n, por cuanto este inmueble es el de mayor valor y si tenemos en cuenta el aval\u00fao del a\u00f1o 2005 ($1.102.577.363) con el aval\u00fao del a\u00f1o 2016 ($4.675.150.000), el cual no fue aprobado, la diferencia es ($3.572.637.000), sin tener en cuenta, en qu\u00e9 valor, estar\u00eda avaluado el inmueble al d\u00eda de hoy (a\u00f1o 2023)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel trabajo de partici\u00f3n, afecta notablemente el pago de pasivo, por cuanto (\u2026) se pagar\u00eda con el 41,61% de dicho inmueble, es decir, la suma de $458.761.415.85, que en \u00faltimas, los acreedores podr\u00edan conjuntamente solicitar se les adjudique dicho porcentaje del inmueble para quedar a paz y salvo, causando con ello unos graves perjuicios econ\u00f3micos y morales para todos los actores activos de la sucesi\u00f3n\u00bb, adicionalmente, \u00abel valor de los pasivos que expone la partidora es por la suma de $458.761.415.85, el cual no es cierto, por las siguientes razones: Valor avalu\u00f3 $1.102.577.363; porcentaje el 41.61% (pasivos) valor real de porcentaje $458.782.440,7443. As\u00ed las cosas, estar\u00edamos cancelando por pasivos una cantidad mayor a la reconocida en inventarios y aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
Que con la cuestionada partici\u00f3n \u00abno se hace una distribuci\u00f3n equitativa para herederos y cesionaria, ya que a la se\u00f1ora Gladys Andrea Delgado, cesionaria de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Lilia Gladys Cano de Aguirre\u00bb, por cuanto, \u00abpartidora solo se bas\u00f3 en unos inventarios y aval\u00faos que datan de muchos a\u00f1os, sin observar que hay unos bienes que no existen, otros perdieron su vida \u00fatil y otros han disminuido significativamente su valor comercial, como tambi\u00e9n, existe un bien inmueble (\u2026), inscrito a folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-66207, el cual se avalu\u00f3 por debajo del precio real y con un avalu\u00f3 que data del a\u00f1o 2005 el cual a la presente fecha ha subido considerablemente su valor, siendo este el \u00fanico bien que el ultimas ser\u00eda repartido entre la cesionaria y los herederos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que por esta senda se disponga \u00abdejar sin efecto la sentencia de fecha 31 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto\u00bb, y en consecuencia, \u00abse ordene rehacer nuevamente el trabajo de partici\u00f3n (\u2026), en el cual se subsanen las falencias [descritas en] la presente acci\u00f3n (\u2026), en el cual se plasme los bienes que no existen y los que no tienen valor comercial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarto de Familia de Pasto, tras un detallado informe de la actuaci\u00f3n surtida en el sucesorio, se opuso a lo pretendido, aduciendo que no incurri\u00f3 en irregularidad al dejar de correr traslado de la rehechura de la partici\u00f3n, pues ello se ajusta al numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 509 del estatuto adjetivo, y cit\u00f3 como soporte jurisprudencial la sentencia STC7646-2019, (12 jun., rad. 00161-01). <\/p>\n
Sobre los reproches contra la partici\u00f3n, record\u00f3 que \u00abla base real y objetiva de la partici\u00f3n la constituye los inventarios y aval\u00faos\u00bb, por lo que, aprobada esa relaci\u00f3n, \u00abno puede partirse bienes [ni deudas] que [all\u00ed] no se encuentren; cualquier variaci\u00f3n que exista en el inventario y aval\u00fao debidamente aprobado, se tendr\u00e1 en cuenta siempre que haya sido ordenada dentro del proceso\u00bb. Asever\u00f3 tambi\u00e9n, que el partidor, \u00abdebe sujetarse a la determinaci\u00f3n que ah\u00ed se hizo de la existencia, identificaci\u00f3n, adquisici\u00f3n y aval\u00fao de los bienes y deudas, (\u2026), aunque podr\u00e1 tener en cuenta las aclaraciones y correcciones manifestadas de com\u00fan acuerdo por las partes, o corregir los simples errores de identificaci\u00f3n de bienes\u00bb, y, \u00aben ning\u00fan momento puede apartarse de los aval\u00faos presentados en la diligencia correspondiente, pues las partes son los \u00fanicos legitimados para cuestionar tales aspectos en la oportunidad procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde existir las presuntas inconformidades que se alegan a trav\u00e9s del presente amparo constitucional, el accionante pod\u00eda acudir al recurso de apelaci\u00f3n en procura de sus intereses, pero ninguno de los interesados ejerci\u00f3 dicha actuaci\u00f3n a su favor. El t\u00e9rmino de la ejecutoria de la sentencia de aprobaci\u00f3n del trabajo partitivo transcurri\u00f3 en silencio\u00bb. <\/p>\n
2. Janneth Paz Su\u00e1rez, en su calidad de sucesora procesal de Eduardo Paz Meneses, \u00abreconocido en su condici\u00f3n de acreedor de los se\u00f1ores Edwin Germ\u00e1n Aguirre Cano y William Aguirre Cano\u00bb, solicit\u00f3 denegar el auxilio \u00abdado que el accionado no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb, ya que \u00ablo que deb\u00eda poner de presente el accionante era la discrepancia entre las ordenes de correcci\u00f3n del trabajo de participaci\u00f3n que la se\u00f1ora Juez imparti\u00f3 en varias ocasiones a la partidora y el resultado de ello, en tiempo oportuno, (\u2026), porque lo contrario ser\u00eda revivir injustamente etapas procesales concluidas en perjuicio de los dem\u00e1s sujetos procesales\u00bb, citando, entre otros criterios de autoridad, la sentencia SC233-2020, rad. 1998-00780-01. Aunado a lo anterior, asegur\u00f3 que la acci\u00f3n deven\u00eda improcedente, \u00aben tanto no agot\u00f3, debiendo hacerlo, los recursos previstos por la ley, [puesto que] la sentencia del 31 de marzo de 2023 (\u2026), no fue impugnada\u00bb. <\/p>\n
3. Edwin Germ\u00e1n Aguirre Cano, ante la acumulaci\u00f3n de la tutela incoada por Gladys Andrea Delgado Aguirre, se refiri\u00f3 para reiterar los reproches frente al aval\u00fao de un predio urbano de Pasto, y que la partida del pasivo por concepto de \u00abcr\u00e9dito a favor de la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Pasto (\u2026), no corresponde a la realidad [pues la suma adeudada] es muy inferior a la referida por la se\u00f1ora partidora\u00bb. Por ello, pidi\u00f3 \u00abordenar un nuevo aval\u00fao teniendo en cuenta lo dicho en los escritos de tutela y se haga un trabajo de partici\u00f3n como lo ordena la ley, 50% para la cesionaria de la c\u00f3nyuge y 50% entre todos los herederos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio porque, en primer lugar, \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna en no correr traslado de la partici\u00f3n antes de ser aprobada, a fin de que los intervinientes en el proceso mortuorio tuvieran la posibilidad de exponer alguna inconformidad, en tanto se apoya en lo establecido en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso que se\u00f1ala que \u201cRehecha la partici\u00f3n, el juez la aprobar\u00e1 por sentencia si la encuentra ajustada al auto que orden\u00f3 modificarla; en caso contrario dictar\u00e1 auto que ordene al partidor reajustarla en el t\u00e9rmino que le se\u00f1ale\u201d\u00bb. Que, \u00aben este caso la partici\u00f3n se orden\u00f3 rehacer en 3 ocasiones, de tal modo que de aquella que fue aprobada no era necesario correr traslado, igual que ocurri\u00f3 en las ocasiones en que no se la encontr\u00f3 satisfactoria, debido a que se trataba de la elaborar nuevamente la partici\u00f3n y no su presentaci\u00f3n inicial, postura que no muestra antojadiza sino afincada en una interpretaci\u00f3n plausible de la norma\u00bb; igualmente, porque \u00abtampoco podr\u00eda hablarse de una actuaci\u00f3n arbitraria con la diferencia entre la suma a pagar estimada por la partidora como pasivo y aquella establecida por la parte accionante, toda vez que es claro el porcentaje adjudicado y es sobre este que se tasar\u00e1 la suma a pagar\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, porque \u00absi lo pretendido era que el nuevo aval\u00fao se tuviera en cuenta para el trabajo de partici\u00f3n, debi\u00f3 darlo a conocer a la autoridad y reclamarlo por medio de remedio horizontal. Ahora tampoco se aprecia el perjuicio alegado en cuanto al pago del pasivo de la sucesi\u00f3n con el 41,61% del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 240-66207 (\u2026), en tanto la misma se muestra como razonable buscando que se paguen las deudas del causante, siendo lo expuesto por el inconforme una simple valoraci\u00f3n subjetiva\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
Ambos accionantes mostraron su disenso al refutar que si bien es cierto el partidor \u00abdebe regirse por los inventarios y aval\u00faos aprobados (\u2026) pod\u00eda realizar una apreciaci\u00f3n con respecto a la existencia o no de dichos bienes y a su valor, teniendo en cuenta que dichos valores datan de muchos a\u00f1os atr\u00e1s y que al existir bienes muebles, inmuebles, cuentas y veh\u00edculos, obviamente su valor hab\u00eda variado notablemente\u00bb; que \u00abno presentamos objeciones por cuanto, (\u2026) del trabajo de partici\u00f3n rehecho, el Juzgado no corri\u00f3 traslado\u00bb, y ser aprob\u00f3 pese a que \u00abno est\u00e1 ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Cuarto de Familia de Pasto, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al haber aprobado la partici\u00f3n rehecha dentro del liquidatorio radicado bajo el n\u00b0 2003-00001. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de las quejas elevadas por los accionantes y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo implorado, precisando que lo ser\u00e1 al no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque el expediente digital contentivo del sucesorio en cuesti\u00f3n, da cuenta que desde la primigenia presentaci\u00f3n del trabajo partitivo el 14 de octubre de 2022, la asignaci\u00f3n de los bienes y deudas en las respectivas hijuelas, se hizo con observancia en las diligencias de inventarios y aval\u00faos aprobadas durante el decurso de dicha etapa procesal, sin que, bajo argumentos similares a los ahora tra\u00eddos en sede de tutela, se presentara objeci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, luego de que al tenor del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, en varias oportunidades dispusiera oficiosamente la correcci\u00f3n del trabajo partitivo, y de que este fuese aprobado en aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 6\u00b0 ibidem, tampoco los interesados intentaron refutar ante el juez de la causa esa decisi\u00f3n, aduciendo la supuesta omisi\u00f3n de su traslado como s\u00ed se plante\u00f3 a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la acci\u00f3n de tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, ya que esta: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC3448-2023, 13 abr., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que los quejosos desaprovecharon, no probaron la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que: \u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia al no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que los actores no hicieron uso oportuno y adecuado de los medios de defensa judicial legalmente previstos para rebatir la actuaci\u00f3n criticada, acotando que, ante la inexistencia de excusa para tal omisi\u00f3n, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5723-2023 Magistrado Ponente STC5723-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00049-01 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2023-00054-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}