STC5724-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00221-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 12 de mayo de 2023, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por Ernesto Rodr\u00edguez Silva -en nombre propio y en representaci\u00f3n de Ernesto Rodr\u00edguez Silva y CIA S. en C.- contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Jos\u00e9 Raimundo Fern\u00e1ndez Contreras, Gerardo Gabriel Pardo Pi\u00f1eros y Ana Sof\u00eda Cubillos Novoa. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada en el proceso de radicado 2020-00214-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Jos\u00e9 Raimundo Fern\u00e1ndez, Gerardo Gabriel Pardo y Ana Sof\u00eda Cubillos promovieron proceso ejecutivo mixto en su contra y de la sociedad que representa. En virtud del cual, contrat\u00f3 como abogada a Diana del Pilar G\u00f3mez Camargo. <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3 que la profesional del derecho present\u00f3 su renuncia al poder conferido y esta fue aceptada por la accionada -con prove\u00eddo del 4 de noviembre de 2022-. Manifest\u00f3 que, como consecuencia de la omisi\u00f3n en la notificaci\u00f3n del auto referido, -hasta el 2 de mayo de 2023- tuvo conocimiento de que la abogada \u00abnunca contest\u00f3 la demanda\u00bb y \u00abhab\u00eda renunciado al poder conferido\u00bb, sumado a que perdi\u00f3 la oportunidad de objetar el aval\u00fao del bien embargado y secuestrado en virtud del proceso. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado \u00abdeclarar la ilegalidad y por tanto dejar sin efecto toda la actuaci\u00f3n surtida a partir del 04 de noviembre de 2022\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 indic\u00f3 que \u00aben punto de la profesional del derecho\u00bb su renuncia fue aceptada \u00abpor cuanto present\u00f3 el escrito en tal sentido, con la acreditaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n enviada al poderdante\u00bb. Asimismo, en \u00ablo relativo al aval\u00fao del inmueble embargado y secuestrado\u00bb manifest\u00f3 que \u00abse surti\u00f3 traslado por auto de 9 de marzo de los corrientes\u2026 oportunidad en la cual nada se dijo\u00bb2. <\/p>\n
2. Gabriel Pardo Pi\u00f1eros y Jos\u00e9 Raimundo Fern\u00e1ndez -a trav\u00e9s de apoderado y en calidad de demandantes- pidieron que se negara la salvaguarda, toda vez que \u00abdentro del paginario obra correo enviado por la togada al juzgado con fecha 20 de Octubre de 2.022 donde informaba tal decisi\u00f3n, precisando adem\u00e1s en la parte final que le copio a su cliente\u00bb3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal de Cundinamarca deneg\u00f3 el amparo. En cuanto a los reproches frente a la abogada, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel no ejercicio del derecho de defensa de la sede convocante no es atribuible al juzgado accionado\u00bb, pues ello \u00abes culpa de la abogada contratada\u00bb. De cara al reclamo de que \u00abel juez no anunci\u00f3 la renuncia de aquella abogada, como tambi\u00e9n la petici\u00f3n que procura por la invalidez de lo actuado\u00bb, consider\u00f3 que la salvaguarda \u00abse torna improcedente\u00bb por cuanto dichas pretensiones \u00abno han sido planteadas en la esfera natural mediante las formalidades o solicitudes correspondientes\u00bb4. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo -a trav\u00e9s de apoderado-. Sin embargo, no manifest\u00f3 reparo adicional5. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine corresponde a la Corte establecer si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasi\u00f3n a la aceptaci\u00f3n de la renuncia del poder de la apoderada judicial del promotor dentro del proceso ejecutivo de radicado 2020-00214-00. <\/p>\n
2. Pronto la Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, del an\u00e1lisis del expediente6, no se evidencia que el actor haya solicitado al interior del litigio alguna nulidad procesal respecto de lo que aqu\u00ed pretende, de conformidad con las causales establecidas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, numerales 4\u00ba y 8\u00ba inciso 2\u00ba. Por supuesto, recu\u00e9rdese que tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional o paralela a la interposici\u00f3n de los mecanismos ordinarios, los cuales son efectivos para la protecci\u00f3n de los derechos implorados. <\/p>\n
3. Frente a los reparos en torno a la carencia de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb del promotor al interior de la causa cuestionada, se destaca que ello no puede ser imputable al juzgado accionado por cuanto: <\/p>\n
La negligencia de los apoderados judiciales en defender los intereses de sus poderdantes no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n, pues aquella ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d (CSJ STC17810-2017, 31 de octubre, rad. 2017-00610-01. Reiterada en STC2034-2020, 26 de febrero, rad. 2019-01932-02). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRACISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-13, archivo \u201c01Tutela.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c09Respuestatutela08.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c14Pronunciamiento_TUTELAERNESTO202300221.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c17Fallo.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c20EscritoImpugnacion.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201cCorreoLinkExpedienteProcesoJuzgado01CivilCircuitoZipaquira.pdf\u201d. <\/p>\n
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