STC5727-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5727-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por V\u00edctor Alfonso Palencia Alean, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, a cuyo tr\u00e1mite se acumularon los similares tr\u00e1mites identificados con los radicados 11001-02-03-000-2023-02180-00 y 11001-02-03-000-2023-02184, que tambi\u00e9n aquel promovi\u00f3 contra la misma Colegiatura, respecto del mismo asunto; al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la dignidad humana, que dice vulneradas por la autoridad accionada, en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual que junto con Otros tramit\u00f3 contra la Empresa Comercializadora de Productos Colombianos e Importados Suministro y Dotaciones Ori\u00f3n E.U. y Oswaldo Enrique Mart\u00ednez Torres, radicado 70001-31-0-3-005-2018-00082-03. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abrevocar la sanci\u00f3n del juramento estimatorio ejecutoriado dentro del [referido juicio]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Dentro del decurso del ep\u00edgrafe la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo decidi\u00f3 en sentencia de 1\u00ba de febrero de 2023, entre varias determinaciones, confirmar la sanci\u00f3n por exceso en el juramento estimatorio que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad le impuso al extremo actor en el fallo de primer grado de 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Sostiene el promotor que la sanci\u00f3n resulta improcedente porque no aplica de manera objetiva, sino que debe mediar el elemento subjetivo de temeridad o mala fe, conforme se estableci\u00f3 en la sentencia C-157-2013 de la Corte Constitucional, ingrediente ausente por cuanto justific\u00f3 la cuenta en los perjuicios por \u00e9l padecidos y las pruebas recaudadas al respecto; estaba beneficiado con amparo de pobreza, lo que lo exoneraba de pagar expensas, otros gatos de la actuaci\u00f3n y costas procesales, so pena de ver afectado su m\u00ednimo vital; es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional y en condici\u00f3n de debilidad manifiesta, debido a la paraplejia resultado del accidente que lo motiv\u00f3 a iniciar el referido juicio, lo que justificaba flexibilizar la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 los libelos de amparo (principal y acumulados), orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo se\u00f1al\u00f3 que el gestor dej\u00f3 de acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pese a que la resoluci\u00f3n desfavorable a sus intereses excedi\u00f3 los mil (1.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2. Seguros Generales Suramericana S.A. pidi\u00f3 que no se acceda la protecci\u00f3n, porque la sanci\u00f3n impuesta result\u00f3 de la aplicaci\u00f3n de la norma respectiva. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a resaltar las principales determinaciones que profiri\u00f3 en el decurso criticado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala de Civil Familia Laboral de Tribunal Superior de Sincelejo frente a la sanci\u00f3n por exceso en la estimaci\u00f3n jurada de los perjuicios, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 en la sentencia de 1\u00ba de febrero de 2023 que, <\/p>\n
[E]n cuanto incumbe a los achaques formulados en relaci\u00f3n a la imposici\u00f3n de la penalidad consagrada en el canon 206 del Estatuto Ritual Adjetivo, conviene apuntalar primeramente, frente a los argumentos esbozados por el flanco activo, alusivos a la inexistencia de mala fe, dada la denegaci\u00f3n de una serie de \u00edtems debidamente comprobados en la tasaci\u00f3n juramentada, que dicho razonamiento no se acompasa con la verdadera teleolog\u00eda de la norma aludida, la cual, adem\u00e1s de ostentar una finalidad probatoria, est\u00e1 enfocada a sancionar la eventual estimaci\u00f3n desmesurada de los anhelos pecuniarios materiales en dos hip\u00f3tesis, una de estirpe objetiva, aplicable al asunto de marras, como pasar\u00e1 a explicarse, y otra de \u00edndole subjetiva, contemplada en el par\u00e1grafo de dicha preceptiva: <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n habr\u00e1 lugar a la condena a la que se refiere este art\u00edculo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios. En este evento, la sanci\u00f3n equivaldr\u00e1 al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el presente par\u00e1grafo s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando la causa de la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en vista de que los pedimentos por concepto de perjuicios fueron acogidos parcialmente, la citada legislaci\u00f3n procesal impone la aplicaci\u00f3n de su inciso cuarto, esto es, la penitencia objetiva, cuya procedencia se abre paso cuando \u201cla cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada\u201d, sin que sea necesaria la concurrencia de temeridad o negligencia en el actuar de la parte demandante, lo que avala el discernimiento desplegado por la sentenciadora primigenia, por cuanto la apreciaci\u00f3n monetaria discriminada por el censor, excedi\u00f3 en demas\u00eda el valor que luego se lleg\u00f3 a comprobar, como se explic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Ese sentir, se halla respaldado por la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en un asunto de similares proporciones, en el que adoctrino que \u201c[\u2026] la disposici\u00f3n en comento prescribe dos sanciones. La primera, contemplada en el numeral cuarto, que no exige que la diferencia all\u00e1 se\u00f1alada haya ocurrido por \u00abel actuar negligente o temerario de la parte\u00bb (sanci\u00f3n objetiva). Y la otra, la del par\u00e1grafo, que s\u00ed requiere dicho elemento subjetivo, pero que opera cuando \u00abse nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n\u00bb. \u00daltimo evento que no fue el que ocurri\u00f3 en la causa examinada, en tanto las pretensiones fueron acogidas, pero por un monto mucho menor al juramentado\u201d [STC15505-2021, Rad. 2021-04046]. <\/p>\n
Al resolver la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb elevada por el aqu\u00ed accionante con fundamento en similares motivos a los que aqu\u00ed expone, el Tribunal consider\u00f3 en sentencia complementaria de 15 de mayo de 2023 que, <\/p>\n
[A]l escrutar el segmento del prove\u00eddo que supuestamente genera incertidumbre, no refulgen cu\u00e1les son las disertaciones con aptitud suficiente para generar una patente dubitaci\u00f3n en torno a la resoluci\u00f3n de lo que respecta a la viabilidad de la sanci\u00f3n por la indebida computaci\u00f3n del juramento estimatorio que hiciera el extremo encausante. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque al desatar ese reparo de la impugnaci\u00f3n vertical, esta Colegiatura apuntal\u00f3 que esa punici\u00f3n procedimental ostenta un car\u00e1cter especial y objetivo, y, por ende, su procedencia no se ve atajada por la concesi\u00f3n del auxilio de pobreza otorgado en los albores del pleito, o con la inexistencia de mala fe en aquel c\u00e1lculo. Igualmente, al desentra\u00f1ar los elementos de la opugnaci\u00f3n, se avista que la tem\u00e1tica alusiva a que la penalidad rese\u00f1ada no opera en trat\u00e1ndose de incapaces es novedosa, esto es, no fue esgrimida dentro de los motivos del disenso, los que se enfocaron en la ausencia de negligencia a la hora de establecer las condenas peticionadas en el libelo. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Colegiatura accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de la norma procesal que rige el caso, respaldado en un pronunciamiento emitido por esta Corte, que la sanci\u00f3n establecida en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso aplicaba de manera objetiva, al constatar que la estimaci\u00f3n de los perjuicios realizada en la demanda excedi\u00f3 en m\u00e1s de un 50% la condena por tal concepto finalmente se impuso; adem\u00e1s, al emitir fallo complementario explic\u00f3 que la sanci\u00f3n, al ser de car\u00e1cter especial, no se ve\u00eda afectada por el amparo de pobreza que beneficiaba al gestor, ni tampoco pod\u00eda eludirse por la condici\u00f3n de discapacidad f\u00edsica padecida por \u00e9ste, pues tal reparo no fue expuesto en la apelaci\u00f3n contra la sentencia. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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