STC5733-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5733-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02173-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sonia Janeth Barajas Ram\u00edrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el juicio que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal dejar parcialmente sin efectos la sentencia proferida bajo la radicaci\u00f3n 2018-00630-01 y, en consecuencia, se ordene emitir una nueva determinaci\u00f3n que \u00abi) reconoz[ca], liqui[de] y conde[ne] a las demandadas, al pago del lucro cesante pasado y futuro seg\u00fan lo pedido en la demanda y teniendo en cuenta el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral sufrida por la v\u00edctima equivalente al 30,32% y la expectativa de vida\u2026; ii). ten[ga] en cuanta los amparos b\u00e1sicos de la p\u00f3liza de responsabilidad civil contractual n\u00famero AA058994, la cual cuenta con un valor asegurado de 2.400 smlmv, sin deducible; iii). reconocer la sanci\u00f3n moratoria estipulada por el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio\u2026; iv). respe[te] la competencia funcional asignada por la ley procesal, pronunci\u00e1ndose solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 20 de abril de 2016 Sonia Janeth Barajas Ram\u00edrez abord\u00f3 el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas SHG-557, empero, el automotor ten\u00eda las puertas abiertas mientras rodaba, lo que gener\u00f3 que aqu\u00e9lla saliera expulsada del bus, sufriendo lesiones que culminaron con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 30,32%. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en ello, Sonia Janeth promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil contra Blanca Luc\u00eda Aldana Moreno (propietaria del veh\u00edculo), la Empresa Vecinal de Transportes de Suba \u2013 Evetrans S.A.(empresa a la que el automotor estaba afiliado) y la Equidad Seguros Generales O.C., pretendiendo el pago de $69\u00b4361.896 por da\u00f1o emergente futuro, $1\u00b4171.731 por lucro cesante consolidado, $10\u00b4311.326 por lucro cesante pasado, $63\u00b4474.731 por lucro cesante futuro y $78\u00b4124.200 por da\u00f1os morales, as\u00ed como la indexaci\u00f3n de tales perjuicios, y que Equidad Seguros cancele las sanciones moratorias previstas en los art\u00edculos 1080 del C\u00f3digo de Comercio y 35 de la Ley 640 de 2001; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, donde Aldana Moreno y Evetrans S.A. llamaron en garant\u00eda a Equidad Seguros Generales. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 4 de agosto de 2022 el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que la responsabilidad civil pretendida no estaba acreditada, pues fue la promotora quien provoc\u00f3 la ca\u00edda del bus al huir de un habitante de calle; determinaci\u00f3n recurrida en alzada por la demandante. <\/p>\n
2.4. El 24 de noviembre siguiente, el Tribunal revoc\u00f3 la referida decisi\u00f3n y, en su lugar, declar\u00f3 a Blanca Luc\u00eda Aldana y a Evetrans S.A. civil, contractual y solidariamente responsables de los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por Sonia Janeth durante la ejecuci\u00f3n del contrato de transporte de pasajeros de 20 de abril de 2016, ordenando el pago, en montos reducidos, por la concurrencia de culpas demostrada, reconociendo $30\u00b4000.000 por da\u00f1o moral y $30\u00b4000.000 por da\u00f1o en la vida relaci\u00f3n; asimismo, orden\u00f3 a Equidad Seguros asumir el pago de $48\u00b4000.000 a favor de la v\u00edctima o como reembolso a favor de Evetrans; determinaci\u00f3n corregida el 14 de diciembre de 2022, en punto a la condena en costas. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en la medida en que, si bien dio por probado el da\u00f1o causado, lo cierto es que no conden\u00f3 al pago de lucro cesante, pese a la p\u00e9rdida de capacidad laboral demostrada, desconociendo que la jurisprudencia ha reconocido que \u00abbasta que se pruebe la aptitud laboral de la v\u00edctima, para su cuantificaci\u00f3n, la remuneraci\u00f3n que percibe esta, o en su defecto suplir esta por el salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que se conden\u00f3 a Equidad Seguros solamente al pago de $48\u00b4000.000 pese a que \u00abla p\u00f3liza no contaba con deducible para el amparo reclamado y se hab\u00eda contratado un l\u00edmite de valor asegurado de 2.400 SMLMV\u00bb, pues el deducible del 20% \u00abera solamente aplicable a la Responsabilidad Civil en Exceso y no para los amparos b\u00e1sicos\u00bb <\/p>\n
2.7. Anot\u00f3 que tampoco se sancion\u00f3 con la moratoria dispuesta en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, a pesar de \u00abestar probado que la demandante present\u00f3 reclamaci\u00f3n extrajudicial, que la aseguradora no formul\u00f3 objeci\u00f3n ni hizo el pago del siniestro dentro del t\u00e9rmino legal\u00bb, pues si bien no aport\u00f3 tal reclamaci\u00f3n, de lo que reposa en el expediente se puede evidenciar que s\u00ed se present\u00f3, adem\u00e1s, era a la aseguradora a quien le correspond\u00eda demostrar los hechos o circunstancias que excluyera su responsabilidad en el pago de la indemnizaci\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.8. Destac\u00f3 que el Tribunal desatendi\u00f3 el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no se pronunci\u00f3 exclusivamente sobre los argumentos expuestos, esto, en la medida en que se pronunci\u00f3 sobre la concurrencia de culpas, argumento que no fue reparo de la apelante, aunado a que, \u00abse trataba de un apelante \u00fanico, lo que limitaba a\u00fan m\u00e1s la competencia funcional del superior, pues de lo contrario se vulneraba el derecho fundamental de la no reformatio in pejus, como efectivamente ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio criticado; sostuvo que las decisiones emitidas han sido puestas en conocimiento de las partes para que ejerzan su debida defensa; remiti\u00f3 copia digitalizada del proceso. <\/p>\n
2. La Equidad Seguros Generales se refiri\u00f3 a \u00ablos cargos propuestos por la actora\u00bb; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, comoquiera que, la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para revivir el periodo probatorio; destac\u00f3 que la promotora interpret\u00f3 indebidamente la p\u00f3liza global \u00abqueriendo hacer creer que es de por 2.400 salarios por persona, pero olvida que este valor sale de la sumatoria de la valores asegurados para cada pasajero, es decir, que como el veh\u00edculo ten\u00eda capacidad de 40 pasajeros al multiplicar esto por 60 salarios, nos da un total de 2.400, pero esta suma de dinero solo se afectar\u00eda en el caso que [los] demandaran todos los pasajeros\u00bb, destac\u00f3 que \u00abel deducible del 20% se encuentra en la caratula de la p\u00f3liza de responsabilidad civil y es aplicable para cada uno de sus amparos, salvo para el de da\u00f1os a bienes de terceros\u00bb; manifest\u00f3 que la promotora no demostr\u00f3 la radicaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, por lo que no puede exigir el reconocimiento de los intereses establecidos en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio; que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal encausado, en la sentencia del 24 de noviembre de 2022, que revoc\u00f3 la dictada el 4 de agosto anterior por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras recordar las obligaciones que emanan del contrato de transporte de pasajeros, analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, destacando en punto a la responsabilidad, que: <\/p>\n
Para auscultar de mejor forma lo acontecido el d\u00eda del accidente de tr\u00e1nsito (20 de abril de 2016), es procedente resaltar lo siguiente: <\/p>\n
i) Obra en el expediente la denuncia penal que el 8 de julio de 2016 suscribi\u00f3 y radic\u00f3 la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez ante la Fiscal\u00eda 266 Unidad Tercera Local de Bogot\u00e1. All\u00ed se dijo que: \u201cEl pasado mi\u00e9rcoles 20 de abril del a\u00f1o en curso,\u201d \u201ciba sola como pasajera en el bus, ya que minutos antes los dem\u00e1s pasajeros hab\u00edan descendido del mismo en la calle 13 sobre el eje ambiental.\u201d; \u201cel conductor del bus\u201d \u201cllevaba la puerta trasera abierta, infracci\u00f3n que da lugar a que un habitante de calle ingrese de manera r\u00e1pida y veloz al articulado, momento en el cual inicio a timbrar en varias oportunidades, pero en cuanto me ve el habitante de la calle se me abalanza por completo y me empieza a despojar de mis pertenencias\u201d (Carpeta 26, p\u00e1g. 25 anexo 4). <\/p>\n
ii) La polic\u00eda judicial entrevist\u00f3 a la v\u00edctima el 20 de octubre de 2018, diligencia en la que ella indic\u00f3: \u201cyo iba al lado de la puerta trasera, yo estaba cogida de las barandas con la mano derecha, yo estaba dos pasos hacia atr\u00e1s de la puerta\u201d (Carpeta 26, p\u00e1g. 35 anexo 4). <\/p>\n
iii) La historia cl\u00ednica refleja que el 20 de abril de 2016 fue atendida en la Sociedad de Cirug\u00eda Hospital San Jos\u00e9, por el Neurocirujano Jorge Carvalho Arana, valoraci\u00f3n en la que la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez le indic\u00f3 al galeno lo siguiente: \u201cpaciente quien ingresa a urgencias por cuadro cl\u00ednico aproximadamente 4 horas de evoluci\u00f3n caracterizada por politraumatismo secundario a ca\u00edda desde autob\u00fas en movimiento, seg\u00fan manifiesta la paciente \u2018se arroj\u00f3 del autob\u00fas por la puerta de atr\u00e1s pues estaba siendo asaltada\u2019, con p\u00e9rdida del estado de conciencia con posterior recuperaci\u00f3n de la misma\u201d (Carpeta 01CdFolio55H.Clinica p\u00e1g. 79 Barajas). <\/p>\n
iv) En el \u201cInforme Pericial de Cl\u00ednica Forense\u201d de 20 de abril de 2016, elaborado por del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el se\u00f1or Alcib\u00edades Figueroa Moreno (conductor del autob\u00fas) se\u00f1al\u00f3 que: \u201cMe iba a orillar, pero la pasajera se cay\u00f3 y ya se hab\u00eda bajado de la buseta\u201d. <\/p>\n
v) El testigo Carlos Andr\u00e9s Roncancio Quitian, agente de polic\u00eda que elabor\u00f3 el informe de tr\u00e1nsito y el bosquejo topogr\u00e1fico del accidente, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Juez: \u201c\u00bfEsta situaci\u00f3n que usted nos cuenta de la raz\u00f3n de la ca\u00edda de do\u00f1a Sonia Janeth, c\u00f3mo se enter\u00f3 usted de eso?, \u00bfc\u00f3mo lo supo, se lo manifestaron los que estuvieron presente o de qu\u00e9 manera se enter\u00f3?\u201d Roncancio Quitian: \u201cS\u00ed se\u00f1or, la versi\u00f3n del conductor y la de la persona lesionada\u201d. \u201cDe igual manera el conductor en presencia de ella manifiesta que no la observ\u00f3 y por esa raz\u00f3n al arrancar \u00e9l ten\u00eda las puertas abiertas del veh\u00edculo y la se\u00f1ora se cae del mismo\u201d. Juez: \u00bfEn esos t\u00e9rminos y seg\u00fan lo que a usted le contaron, le manifestaron, se podr\u00eda suponer que do\u00f1a Sonia Janeth se cae del veh\u00edculo porque el conductor transitaba las puertas abiertas?\u201d. Roncancio Quitian: \u201cS\u00ed se\u00f1or\u201d. <\/p>\n
Apoderado de la demandante: \u00bfSabe usted se\u00f1or patrullero si existe o existi\u00f3 otra raz\u00f3n diferente a el hecho de que el bus fuera con las puertas abiertas para que se haya ocasionado la ca\u00edda al pavimento de la v\u00edctima ?, Roncancio Quitian: \u201cNormativamente para dejar un pasajero debe hacerlo por el carril derecho, acerc\u00e1ndose al m\u00e1s pr\u00f3ximo lugar de un and\u00e9n o un paradero y el d\u00eda de los hechos el veh\u00edculo estaba por el carril izquierdo\u201d. <\/p>\n
vi) El 22 de abril de 2022 la Secretar\u00eda de Movilidad realiz\u00f3 una experticia t\u00e9cnica del veh\u00edculo de placas SHG-557, en la cual introdujo que: \u201cDescripci\u00f3n de da\u00f1os: Realizada la inspecci\u00f3n al rodante no se observa de origen reciente signos de violencia mec\u00e1nica, demostraciones de roce o limpiezas, ni adherencia de alg\u00fan tipo de material por el hecho. Es de anotar que las puertas de ascenso y descenso de pasajero abren y cierran mediante un sistema neum\u00e1tico\u201d (Carpeta 26, p\u00e1g. 20 anexo 4). <\/p>\n
vii) En la historia cl\u00ednica aparece que con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito la demandante sufri\u00f3, entre otros: \u201cTrauma craneoencef\u00e1lico 20\/4\/16; fractura frontotemporal izquierda lineal; fractura de porci\u00f3n petrosa del temporal izquierdo; contusi\u00f3n frontal izquierda; hematoma subdural frontal derecho\u201d y \u201cpar\u00e1lisis facial perif\u00e9rica izquierda traum\u00e1tica\u201d (carpeta 01 C.1). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El Tribunal no encuentra elementos que impidan darle credibilidad a lo que la propia v\u00edctima manifest\u00f3 al Neurocirujano Carvalho Arana, tan s\u00f3lo 4 horas despu\u00e9s del accidente de 20 de abril de 2016, lo cual armoniza con los \u201chechos\u201d incluidos en la denuncia de 8 de julio de 2016, ante la Fiscal\u00eda 266 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tambi\u00e9n se anticipa que las graves lesiones sufridas por la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez, se originaron en gran parte por su propio actuar imprudente, al descender de un carro en movimiento, de manera brusca e intempestiva, en sitio no apto para ello y con alto riesgo de da\u00f1os en su propia corporalidad. <\/p>\n
2.2.2 Ahora, conviene precisar que no se prob\u00f3 el soporte f\u00e1ctico de las excepciones que Evetrans S.A. intitul\u00f3 \u201cInexistencia de responsabilidad de mi poderdante\u201d y \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, esto es, que mientras el autob\u00fas estaba detenido, la joven Barajas Ram\u00edrez no utiliz\u00f3 los pasamanos dispuestos para que los pasajeros se sujeten mientras abandonan el veh\u00edculo. <\/p>\n
Aqu\u00ed no se prob\u00f3 que, en el momento crucial, el bus de placas SHG-557 se encontraba detenido. <\/p>\n
De acuerdo con la historia cl\u00ednica de 26 de abril de 2016, el Neurocirujano Oscar Zorro inform\u00f3 que la paciente sufri\u00f3 \u201cexcoriaciones en cara, antebrazo y cadera izquierda sin deformidad. Limitaci\u00f3n para la movilidad de antebrazo izquierdo por dolor pr\u00f3ximo\u201d. <\/p>\n
Las reglas de la experiencia indican que la causaci\u00f3n de ese tipo de lesiones, es altamente probable frente a la hip\u00f3tesis del veh\u00edculo en movimiento, en raz\u00f3n a las fuerzas de la f\u00edsica (velocidad) que en el acto de la conducci\u00f3n intervienen. <\/p>\n
Y frente al argumento seg\u00fan el cual la v\u00edctima no se aprovech\u00f3 de los mecanismos del bus que permiten el agarre de los pasajeros, era del resorte de esta demandada acreditar, y no lo hizo, el sustento probatorio de su defensa. Adem\u00e1s, en la ocurrencia del suceso tuvo bastante incidencia el hecho de que, en \u00faltimas, el conductor no acometi\u00f3 lo de su cargo con miras a que el descenso de la pasajera se verificara en zona permitida, aleda\u00f1a al and\u00e9n, y no en pleno carril izquierdo de la calzada de la avenida d\u00e9cima, v\u00eda de alta peligrosidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tendr\u00e1 \u00e9xito la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia de responsabilidad de mi poderdante\u201d y \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, propuesta por Evetrans S.A. <\/p>\n
2.2.3 ROL DEL CONDUCTOR. Lo que se rese\u00f1\u00f3 en el aparte 2.1., permite colegir el deficiente cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transporte de pasajeros, pues en su ejecuci\u00f3n desatendi\u00f3 algunas de las normas que regulan esa actividad de comercio, por cuanto, en el momento previo al accidente el veh\u00edculo recorr\u00eda con las \u201cpuertas abiertas\u201d la Av. Carrera 10\u00aa con calle 10\u00aa, y permiti\u00f3, en \u00faltimas, que el descenso de la pasajera se verificara, no en zona aleda\u00f1a al and\u00e9n, sino en la calzada, carril izquierdo. <\/p>\n
En su testimonio, el agente de tr\u00e1nsito Roncancio Quitian relat\u00f3 que el se\u00f1or Alcib\u00edades Figueroa -operador del bus involucrado- le inform\u00f3 que conduc\u00eda con las puertas del veh\u00edculo en tales condiciones, lo cual armoniza con la versi\u00f3n que suministr\u00f3 el conductor del autob\u00fas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, oportunidad en la que, agreg\u00f3 que la pasajera descendi\u00f3 de su veh\u00edculo sin que \u00e9l lo notara. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en sus contestaciones de demanda, la propietaria del automotor y la transportadora no pusieron en tela de juicio que las puertas del veh\u00edculo estuviesen abiertas, ni tampoco plantearon que la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez las hubiera forzado o haya evacuado el carro de otra forma. <\/p>\n
Por lo anterior, la Sala tendr\u00e1 por probado dicho hecho, el cual no es de menor importancia, pues con ello se desconoci\u00f3 de forma directa el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre, seg\u00fan el cual \u201clos veh\u00edculos deber\u00e1n transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas\u201d, configur\u00e1ndose as\u00ed una \u201cculpa por violaci\u00f3n de un deber o por transgresi\u00f3n de una norma jur\u00eddica\u201d (Tratado de Responsabilidad Civil, Javier Tamayo Jaramillo, Tomo I, Ed. LEGIS, 2007. P\u00e1gs. 225 a 226). <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 la concurrencia de culpas, consignando que: <\/p>\n
La circunstancia de que el conductor del veh\u00edculo (de propiedad de la se\u00f1ora Aldana Moreno y afiliado Evetrans S.A.) estuviese transportando personas con las puertas traseras abiertas, es un hecho que fue ignorado en la sentencia de primera instancia, por lo que es parcialmente de recibo lo que al respecto se aleg\u00f3 en la apelaci\u00f3n en estudio, frente a la infracci\u00f3n constatada a partir de los elementos de juicio. <\/p>\n
Por ello, se impon\u00eda valorar no solamente la inapropiada conducta de la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez, sino que tambi\u00e9n la incidencia que frente al accidente tuvo la conducta culposa del conductor del veh\u00edculo. Por igual, respecto de v\u00edctima y conductor, tambi\u00e9n es reprochable que se hubiere hecho el descenso de la pasajera en lugar no autorizado para el efecto, vale decir en la calzada y no en la orilla pr\u00f3xima al and\u00e9n como es de rigor. <\/p>\n
Aqu\u00ed no puede obviarse que por as\u00ed preverlo el art\u00edculo 992 el C\u00f3digo de Comercio, el transportador \u201cs\u00f3lo podr\u00e1 exonerarse\u201d, primero, \u201csi prueba que la causa del da\u00f1o le fue extra\u00f1a,\u201d y segundo, \u201cque adopt\u00f3 todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador seg\u00fan las exigencias de la profesi\u00f3n para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, en el canon 992 del C\u00f3digo de Comercio se estableci\u00f3 que \u201clas violaciones a los reglamentos oficiales\u201d, para este caso, las transgresiones a los art\u00edculos 81 y 61 de la Ley 769 de 2002, \u201cse tendr\u00e1n como culpa, cuando el incumplimiento haya causado o agravado el riesgo\u201d. <\/p>\n
Entonces, aqu\u00ed se prob\u00f3 que -por circunstancias atribuibles tanto al conductor como a la hoy demandante, y en zona no apta para el efecto- la pasajera opt\u00f3 por salir del autob\u00fas, lo que le caus\u00f3 graves lesiones en su integridad. No se puede dejar de lado la contribuci\u00f3n que en ello tuvo la circunstancia que las puertas del veh\u00edculo no estuviesen cerradas, al igual que la falta de supervisi\u00f3n y control, del conductor, sobre lo que en ese momento estaba acaeciendo dentro del automotor que manipulaba, en una zona de reconocida peligrosidad, todo lo cual desde el punto de vista de la causalidad aport\u00f3 en igual proporci\u00f3n, en la producci\u00f3n de las lesiones sufridas por la v\u00edctima. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo tanto, las condenas a imponer se reducir\u00e1n en un 50%, pues en el criterio del Tribunal, la conducta imprudente de la se\u00f1ora Sonia Janeth Barajas Ram\u00edrez influy\u00f3 en grado similar al atribuible a su contraparte, en la causaci\u00f3n de los perjuicios que finalmente se vio llamada a soportar. <\/p>\n
Luego, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, estudi\u00f3 el da\u00f1o moral pretendido por la actora, consignando que: <\/p>\n
En lo que tiene que ver con los da\u00f1os morales, desde hace varios a\u00f1os, la Corte Suprema ha establecido frente a los parientes cercanos del directamente afectado, que \u201clas m\u00e1s de las veces, \u00e9sta puede residir en una presunci\u00f3n judicial (\u2026).\u00bb(CSJ., C. C. No. 2439, p\u00e1g. 86). Y si tal presunci\u00f3n se ha establecido en relaci\u00f3n con los miembros del c\u00edrculo familiar m\u00e1s cercano de la v\u00edctima, con mayor raz\u00f3n se ha de predicar de esta \u00faltima, pues es esta quien afronta de forma directa e inmediata, tales dolores y aflicciones. <\/p>\n
Y pese a que \u201cnada obsta para que esa presunci\u00f3n se desvirt\u00fae por el llamado a indemnizar poni\u00e9ndole de presente al fallador aquellos datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor inclinaci\u00f3n entre parientes\u201d (CSJ., C. C. No. 2439), o para el caso de la v\u00edctima directa, la ausencia de aflicci\u00f3n alguna ha de observarse que, en este litigio, el que impulsa la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez, tal prueba brilla por su ausencia. <\/p>\n
De lo que s\u00ed existe claridad en el expediente, a ra\u00edz del dictamen de 26 de octubre de 2021, elaborado por la sic\u00f3loga Claudia Alexander Rodr\u00edguez P\u00e9rez, es que: <\/p>\n
Entonces, en consonancia con las pautas fijadas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, la cuantificaci\u00f3n de ese tipo de condenas, que en principio est\u00e1 confiado al arbitrio judicial, puede alcanzar en la actualidad un m\u00e1ximo de $60\u2019000.000 (doctrina probable consolidada en las sentencias SC1395-2016, SC15996-2016, y SC9193-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en atenci\u00f3n a los par\u00e1metros definidos por la Corte Suprema de Justicia, y ante la ostensible gravedad de la afectaci\u00f3n de \u00edndole emocional sufrida por la v\u00edctima, el Tribunal reconocer\u00e1 a la demandante -deducida ya la mitad por causa atribuible a la misma v\u00edctima- por da\u00f1o moral la suma de $30\u2019000.000. <\/p>\n
Posteriormente, con apoyo en la jurisprudencia y las probanzas allegadas al plenario, analiz\u00f3 el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, precisando que: <\/p>\n
En cuanto al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, mem\u00f3rese que, \u201ca diferencia del da\u00f1o moral, que corresponde a la \u00f3rbita subjetiva, \u00edntima o interna del individuo, el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n constituye una afectaci\u00f3n a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesi\u00f3n infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jur\u00eddicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denomin\u00f3 \u2018actividad social no patrimonial\u2019\u201d (CSJ., sent. de 13 de mayo de 2008, exp. 1993 09327) <\/p>\n
El da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n se acredit\u00f3 frente a la se\u00f1ora Sonia Janeth Barajas Ram\u00edrez, quien, como se ha dicho, fue calificada con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 30,32% y padece hipoacusia con uso de aud\u00edfonos bilateral, perturbaci\u00f3n funcional de \u00f3rgano de la audici\u00f3n de car\u00e1cter permanente, trastornos del nervio facial izquierdo, deformidad f\u00edsica que afecta el cuerpo de car\u00e1cter permanente, perturbaci\u00f3n del \u00f3rgano del sistema nervioso central de car\u00e1cter transitorio, con las que muy seguramente tendr\u00e1 que convivir por el resto de sus d\u00edas, pues, no se demostr\u00f3 que, el car\u00e1cter permanente y transitorio de algunos hubieren sido superados o menguados para el momento de incoar la demanda con la que tuvo inicio el presente litigio (fl. 28 C.1 y Carpeta 26, p\u00e1g. 42 anexo 4). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se insiste, el da\u00f1o en la vida de relaci\u00f3n \u201cno se refiere propiamente al dolor f\u00edsico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud, o por lesi\u00f3n o ausencia de los seres queridos, sino a la afectaci\u00f3n emocional que, como consecuencia del da\u00f1o sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados a la v\u00edctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la p\u00e9rdida de acciones que hacen m\u00e1s agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, l\u00fadicas, recreativas, deportivas, entre otras\u201d y que la \u201cvaloraci\u00f3n de ese da\u00f1o, ha sentado as\u00ed mismo la doctrina jurisprudencial citada, dada su estirpe extrapatrimonial, es propia del prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento\u201d(CSJ SC 22036 de 19 de diciembre de 2017, R. 2009-00114-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo). <\/p>\n
Por tal concepto, ser\u00eda del caso reconocer la cantidad $60\u2019000.000, pero con motivo de consignado en el numeral 2.3 se har\u00e1 una deducci\u00f3n de un 50%, es decir, que el resarcimiento corresponder\u00e1 a la suma de $30\u2019000.000. <\/p>\n
Luego, sobre el da\u00f1o emergente futuro, dijo que: <\/p>\n
El rubro en menci\u00f3n se sustent\u00f3 en que la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez suscribi\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios con su apoderado, seg\u00fan el cual, ante el \u00e9xito de las pretensiones tendr\u00e1 que pagar al abogado el 30% del valor que el fallador ordene resarcir con la sentencia. <\/p>\n
En definitiva, tal concepto atiende a una suma de dinero que no es procedente reconocer bajo la categor\u00eda de perjuicio, pues el legislador catalog\u00f3 las agencias en derecho como un componente de las costas procesales, seg\u00fan el art\u00edculo 361 del C. G. del P., cuya liquidaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n la regula el art\u00edculo 366 ibidem. <\/p>\n
Al respecto, conviene recordar lo precisado por la CSJ frente a este tipo de reclamos: \u201c\u2018\u2026son diferentes la condena en costas y la de perjuicios, por lo que no le es dable a la parte beneficiada con ellas, involucrar en la liquidaci\u00f3n de perjuicios, aspectos propios de la de costas, como es el caso del reconocimiento de gastos judiciales y de abogado o agencias en derecho, los que deben concretarse en la forma y por el procedimiento establecido en el art\u00edculo 393 del C. de P.C.\u2019 [hoy 366 del C.G.P.], por lo que concluy\u00f3 que \u2018no pueden reconocerse los perjuicios reclamados por la apoderada de los demandados en revisi\u00f3n, toda vez que se refiere a honorarios de abogado pagados por ellos convencionalmente y a gastos judiciales, los cuales no pueden incluirse en el rubro de perjuicios\u2026\u2019\u201d (sent. SC481-2022 de 18 de marzo de 2022 reiterado en CSJ AC, 4 ago. 2008, Rad. 2005-00791, y en AC, 6 may. 2013, Rad. 2009-00770-00, exp. 2019 02713 00, M.P. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo). <\/p>\n
Posteriormente, sobre el valor asegurado y la responsabilidad de la llamada en garant\u00eda, as\u00ed como el pago a cargo de Equidad Seguros, dijo que: <\/p>\n
\u2026la representante de Equidad Seguros Generales O.C. precis\u00f3 durante su declaraci\u00f3n de parte, que en realidad la cobertura de la p\u00f3liza para el riesgo en menci\u00f3n es de 60 SMLMV, pero que, seg\u00fan el contrato de seguro, para el c\u00e1lculo de dicho valor no habr\u00eda que tomarse en cuenta el a\u00f1o del acaecimiento del riesgo asegurado (min 1:41:43 video \u201cAUDIENCIA 372 C.G del P\u201d). <\/p>\n
En ese entendido, al no encontrarse disposici\u00f3n contractual dentro de la p\u00f3liza de seguro No. AA058994, que disponga la anualidad que tendr\u00e1 que utilizarse para efectuar aquel c\u00e1lculo, en el criterio del Tribunal es menester emplear el SMLMV a la fecha de proferimiento de esta sentencia, es decir, de $1\u2019000.000. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el l\u00edmite de valor asegurado por pasajero ser\u00e1 de $60\u2019000.000 para la cobertura por incapacidad total y permanente. Por ello, no se abre paso la excepci\u00f3n propuesta, pues justamente dicho monto es igual a la condena que se impondr\u00e1 al asegurado ($60\u2019000.000), por perjuicios extrapatrimoniales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026saldr\u00e1 avante la excepci\u00f3n de fondo que Equidad Seguros intitul\u00f3 como \u201cObligaci\u00f3n pactada a cargo del asegurado en el contrato de seguro y en la ley: Deducible\u201d y se dispondr\u00e1, entonces, que de los $60\u2019000.000 que, a t\u00edtulo de perjuicios, se reconocer\u00e1n a la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez ($30\u2019000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y $30\u2019000.000 por da\u00f1o moral), Equidad Seguros Generales O.C. asumir\u00e1, en su doble condici\u00f3n de demandada directa y llamada en garant\u00eda, la suma de $48\u00b4000.000 (el deducible, 20%, seg\u00fan la p\u00f3liza que aqu\u00ed interesa, fl. 220 C.1). <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la sanci\u00f3n reclamada para Equidad Seguros, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Por \u00faltimo, no existe m\u00e9rito para imponerle a la Equidad Seguros la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, como fue solicitado en la demanda, por cuanto con esa pieza incoativa no se aport\u00f3 la reclamaci\u00f3n que la beneficiaria dice haber presentado el 27 de enero de 2017 ante la aseguradora. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la sentencia apelada para acoger algunas de las pretensiones que elev\u00f3 la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez, reducidas en un 50%, en proporci\u00f3n a la incidencia que el proceder de la propia v\u00edctima tuvo en la causaci\u00f3n de los da\u00f1os a indemnizar. <\/p>\n
En consecuencia, se condenar\u00e1 a Evetrans S.A. y a la se\u00f1ora Aldana Moreno de forma solidaria y en favor de la v\u00edctima, a pagar la suma de $30\u2019000.000 por da\u00f1o moral y $30\u2019000.000 a t\u00edtulo de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se despachar\u00e1n de manera adversa las excepciones que la aseguradora dirigi\u00f3 con miras a enervar en su integridad la acci\u00f3n directa incoada, incluyendo la de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n derivada del contrato de transporte. Por lo mismo, Equidad Seguros Generales O.C., asumir\u00e1 la condena en perjuicios -o reembolsar a Evetrans S.A.-, la suma de $48\u00b4000.000, con motivo del \u00e9xito de la excepci\u00f3n de \u201cobligaci\u00f3n pactada a cargo del asegurado en el contrato de seguro y en la ley: Deducible\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que las quejas de la peticionaria no hallan recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el Tribunal valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que, la responsabilidad reclamada estaba probada, no obstante, para el caso, asist\u00eda la concurrencia de culpas, pues si bien el bus transitaba con la puerta abierta, tambi\u00e9n lo es que las lesiones sufridas se ocasionaron en gran parte por el propio actuar Sonia Barajas, quien de forma imprudente e intempestiva se lanz\u00f3 del veh\u00edculo, por lo que las condenas reconocidas se reducir\u00e1n al 50%. <\/p>\n
Asimismo, concluy\u00f3 que se prob\u00f3 que en realidad la cobertura de la p\u00f3liza para el riesgo es de 60 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la fecha de proferimiento de la sentencia, esto es, $1\u00b4000.000, lo cual ser\u00eda $60\u00b4000.000 justamente igual al monto de la condena, destacando que el deducible del 20% est\u00e1 dispuesto en los \u00abtextos y\/o observaciones de la orden\u00bb de la caratula de la p\u00f3liza y que es aplicable a cada uno de sus amparos, con excepci\u00f3n de da\u00f1os a bienes de terceros. <\/p>\n
Entonces, las deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, en punto a que el Tribunal se \u00abextralimit\u00f3 en la competencia otorgada por el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que,\u2026se pronunci\u00f3 en la sentencia sobre una presunta culpa concurrente, a pesar de que dicho argumento no fue objeto de apelaci\u00f3n\u00bb, no encuentra la Corte ning\u00fan tipo de quebranto, pues el fallador, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, contaba con la facultad, incluso oficiosa, para estudiar los elementos de la acci\u00f3n reclamada, as\u00ed como que, de encontrar probados hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 declararla oficiosamente, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, de ah\u00ed que tal afrenta no constituye un menoscabo de garant\u00edas. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no encuentra la Corte que el Tribunal enjuiciado hubiese excedido los l\u00edmites de su competencia al resolver la apelaci\u00f3n, pues al desechar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que declar\u00f3 probada el juez de primer grado y las dem\u00e1s que aleg\u00f3 la demandada, se impon\u00eda el examen de los restantes hechos que pudieran enervar las pretensiones, conforme se extracta de lo establecido en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, establece la citada disposici\u00f3n, en su inciso primero, que \u00ab\u2026 cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (negrillas ajenas al texto), sin que se restrinja dicho deber al fallador de primera instancia. <\/p>\n
Seguidamente, ese mismo canon dispone que \u00ab[s]i el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb (negrillas por la Corte), mandato que, interpretado sistem\u00e1ticamente con el consagrado en el primer inciso de la norma en comento, antes citado, impon\u00eda al juez ad quem el an\u00e1lisis que reprocha el tutelante, el cual, incluso, autoriza el art\u00edculo 328 (inciso 1\u00ba) del prenotado estatuto, conforme al cual \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (resaltado ajeno al original). <\/p>\n
En suma, la vulneraci\u00f3n fundamental alegada por v\u00eda de tutela no ocurri\u00f3, porque lo realizado por el juzgador de accionado fue cumplir su funci\u00f3n principal de administrar justicia (CSJ, STC18042-2017, 1\u00ba nov., rad, 2017-02843-00). <\/p>\n
4. No obstante lo anterior, la Corte s\u00ed encuentra vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la demandante, en cuanto ata\u00f1e al reconocimiento del lucro cesante consolidado y futuro, pues el colegiado querellado desconoci\u00f3 la postura establecida por esta Sala frente al particular e, incluso, pas\u00f3 por alto la posibilidad de decretar pruebas de oficio que se mostraran como necesarias para adoptar su decisi\u00f3n (art\u00edculos 169, 170 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso); dejando de lado la reparaci\u00f3n integral que deb\u00eda dispensar, acorde con el canon 16 de la Ley 446 de 1998, el cual ense\u00f1a que \u00ab[d]entro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. <\/p>\n
4.1. En efecto, se observa que en la citada sentencia la sede judicial criticada, para denegar el reconocimiento de los da\u00f1os que en esa modalidad exigi\u00f3 la parte demandante, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Sin da\u00f1o, no es posible imputar responsabilidad. Sobre ello se ha dicho que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o procede \u201cs\u00f3lo en la medida en que obre en los autos, a disposici\u00f3n del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensi\u00f3n cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c\u00e1lculos que no pasan de ser especulaci\u00f3n te\u00f3rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximaci\u00f3n que sea factible seg\u00fan las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminar\u00e1n gravitando en contra de aqu\u00e9l con arreglo al Art. 177 del C. de P.C\u201d [hoy art. 167 del C.G. del P.]\u201d. (CSJ, sent. de 4 de marzo de 1998, exp. 4921). <\/p>\n
Aqu\u00ed no se prob\u00f3 que, para la \u00e9poca del accidente, la se\u00f1ora Barajas Ram\u00edrez percibiera ingresos mensuales derivados de la labor de \u201clitigante independiente\u201d como lo asever\u00f3 en su demanda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al absolver interrogatorio, la v\u00edctima desminti\u00f3 lo dicho en la demanda, en cuanto manifest\u00f3 sostener que, para ese entonces, abril de 2016 \u00fanicamente se desempe\u00f1aba como estudiante de derecho en la Universidad Libre, pero que los fines de semana ten\u00eda un \u201cemprendimiento\u201d que le generaba grandes ingresos. <\/p>\n
Empero, tampoco se acredit\u00f3 que, en verdad, la v\u00edctima si desarrollaba una actividad econ\u00f3mica los s\u00e1bados y domingos, ni en qu\u00e9 consist\u00eda precisamente ese emprendimiento, ni que le generara ganancias de alguna \u00edndole. <\/p>\n
Lo anterior redunda, adem\u00e1s, en que los 75 d\u00edas de incapacidad que le fueron prescritos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no puedan ser reconocidos como lucro cesante consolidado. Se reitera, la v\u00edctima no prob\u00f3, seg\u00fan le incumb\u00eda, su alegada condici\u00f3n de trabajadora independiente o empleada para la fecha del accidente de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
Por otro lado, existe una orfandad probatoria respecto a si despu\u00e9s de la recuperaci\u00f3n de la demandante y con posterioridad al 14 de septiembre de 2018 (data en la que se le dictamin\u00f3 una PCL del 30.32%), haya ejercido su profesi\u00f3n de abogada o se haya desempe\u00f1ado laboralmente en otra \u00e1rea. <\/p>\n
se encuentran en el expediente certificaciones de tiempos laborados, cotizaciones a salud o pensi\u00f3n emanadas por parte de alg\u00fan empleador o elementos de juicio que permitan colegir que, para la \u00e9poca relevante, la hoy demandante hubiera ejercido una actividad que le procurara algunos ingresos monetarios. <\/p>\n
Por ende, se tiene que la v\u00edctima no acredit\u00f3 que obten\u00eda ingresos y que dej\u00f3 de percibirlos a ra\u00edz del infortunado suceso del 20 de abril de 2016. <\/p>\n
Por contera, en el criterio del Tribunal no hay lugar a efectuar el resarcimiento de perjuicios por las tipolog\u00edas de lucro cesante pasado, consolidado y futuro. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, basta volver sobre los apartes transcritos de la decisi\u00f3n de la colegiatura criticada, para advertir que los motivos \u00faltimos por los cuales no accedi\u00f3 al reconocimiento de los perjuicios exigidos, lo fueron la supuesta falta de acreditaci\u00f3n por parte de la promotora \u00abque obten\u00eda ingresos y que dej\u00f3 de percibirlos a ra\u00edz del infortunado suceso del 20 de abril de 2016\u00bb; con lo cual claramente se desconocieron los precedentes de esta Sala frente al particular, cercenando los \u00abprincipios de reparaci\u00f3n integral y equidad\u00bb, en tanto que, contrario a lo all\u00ed aseverado, esta Corte ha dejado dicho que, en casos como el auscultado, i) es inviable \u00abexigir al afectado que demuestre el desarrollo de un labor\u00edo redituable para acceder a su pretensi\u00f3n\u00bb; y ii) \u00abes dable presumir que utilizaba parte de ellos [se refiere a los ingresos] a contribuir al cubrimiento de las necesidades de la familia\u00bb. <\/p>\n
4.2.1. En ese orden, evidente es que el Tribunal para resolver en la forma en que lo hizo, desconoci\u00f3 lo expuesto por esta Colegiatura -con posteridad a los precedentes que a aqu\u00e9l sirvieron de apoyo- frente al primer aspecto en comento, respecto del cual se expres\u00f3: <\/p>\n
1. El ad quem neg\u00f3 la reparaci\u00f3n pretendida por no haberse \u00abcomprobado que la v\u00edctima estaba en el momento [de la colisi\u00f3n automotriz] ejerciendo o desarrollando actividad productiva, o lo que es igual, que cuando sobrevino el accidente, trabajaba y obten\u00eda una contraprestaci\u00f3n por ello (salario)\u00bb… <\/p>\n
Tal colof\u00f3n, ciertamente, desatiende el principio de reparaci\u00f3n integral, reconocido normativamente en el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, el cual ordena \u00abque al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior\u2026, y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez \u2018tendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u2019 (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)\u00bb (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-0014-01). <\/p>\n
Y es que, el actual entendimiento jurisprudencial de esta m\u00e1xima, en punto a la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, ordena que, una vez demostrado que existi\u00f3 una afectaci\u00f3n negativa al ejercicio de un actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual bastar\u00e1 la prueba de la aptitud laboral y, para fines de cuantificaci\u00f3n, la remuneraci\u00f3n percibida, sin perjuicio de que esta \u00faltima sea suplida por el salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
As\u00ed lo dijo esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Demostrado, entonces, que se causaron perjuicios no se puede dictar fallo exonerando de la condena bajo el argumento de que no obra demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda del mismo ni tampoco se puede morigerar o amainar su monto predicando de manera simple y rutinaria que no hay forma de acreditar una superior, raz\u00f3n por la cual tiene que acudirse a deducir como retribuci\u00f3n por los servicios prestados la correspondiente al \u2018salario m\u00ednimo legal\u2019 (sentencia de 24 de noviembre de 2008, exp.1998-00529-01) (SC, 21 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2009-00392-01). <\/p>\n
La utilizaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n m\u00ednima es de vieja data en la jurisprudencia, soportada en pautas de equidad y sentido com\u00fan, con el fin de evitar que la indemnizaci\u00f3n se difumine en divagaciones probatorias y se garantice la protecci\u00f3n de la v\u00edctima1. <\/p>\n
Por tanto, exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un labor\u00edo redituable para acceder a su pretensi\u00f3n, a pesar de encontrarse acreditada la p\u00e9rdida de capacidad laboral -temporal o permanente-, \u00abdesconoce la existencia de [esta] capacidad\u2026 en toda persona humana que como atributo indestructible forma parte de su misma sustantividad existencial. La plena capacidad cordial (incluyendo la mental, puesto que concebidos al hombre como un ser \u00fanico e indiviso) y por lo tanto, su habilidad, siempre entra\u00f1a la posibilidad de que luchar\u00e1 y buscar\u00e1 la forma de obtener, as\u00ed sea, exclusiva y ego\u00edstamente su propio sustento para sobrevivir sin solidaridad con su familia\u00bb (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
2. En el presente caso, una vez comprobado que… Carmona era mayor de edad, como se infiere de las copias simples del informe policial del accidente de tr\u00e1nsito…, del extracto de la historia m\u00e9dica…, y los registros civiles de nacimiento de sus hijas…, era razonable deducir que laboraba para obtener ingresos, por lo menos, en un monto igual al smlmv, por lo que en este punto el ad quem err\u00f3 en sus conclusiones (se destac\u00f3 – CSJ SC5340-2018, 7 dic. 2018, rad. 2003-00833-01; criterio luego citado en STC13728-2019, 10 oct., rad. 2019-03194-00). <\/p>\n
4.3. En punto a la afectaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales cuando se resuelve desoyendo el precedente sentado por el \u00f3rgano de cierre frente a situaciones sim\u00e9tricas, de cara al \u00abprincipio de igualdad\u00bb, de forma general la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026[L]a autonom\u00eda judicial en el proceso de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico no es absoluta, uno de sus principales l\u00edmites se encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales (\u2026) que supone igualdad en la interpretaci\u00f3n y en la aplicaci\u00f3n de la ley. En efecto, existe un problema de relevancia constitucional \u201ccuando en franco desconocimiento del derecho a la igualdad, con base en la prerrogativa de la autonom\u00eda e independencia de la funci\u00f3n judicial\u2026, los jueces adoptan decisiones dis\u00edmiles frente a casos semejantes\u2026 <\/p>\n
Las decisiones judiciales contradictorias no s\u00f3lo vulneran el derecho a la igualdad, tambi\u00e9n comprometen los principios de confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica y buena fe. La sentencia SU-120 de 2003\u2026, se refiri\u00f3 al asunto en cuanto a la labor de unificaci\u00f3n de jurisprudencia que ejerce la Corte Suprema de Justicia que pretende dar consistencia al ordenamiento jur\u00eddico y que debe ser considerada: <\/p>\n
\u201ci) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante la ley \u2013porque las situaciones id\u00e9nticas son resueltas de la misma manera\u2013, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual – por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta [sic] permite a los hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo -, y iii) como la garant\u00eda de que las autoridades judiciales act\u00faan de buena fe \u2013porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estar\u00e1n presentes los intereses particulares en litigio.\u201d <\/p>\n
La Corte ha considerado que la consistencia y la estabilidad en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley tiene una relaci\u00f3n directa con los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, al menos por dos razones: (i) previsibilidad, pues los sujetos pueden interpretar las decisiones judiciales para obrar libremente y establecer las consecuencias de sus actos; y (ii) confianza en la administraci\u00f3n de justicia ya que los ciudadanos esperan fundadamente una interpretaci\u00f3n judicial razonable, consistente y uniforme\u2026 (CC SU241\/15). <\/p>\n
4.4. Establecido que, de cara al reconocimiento del lucro cesante, es inviable exigir acreditar que la v\u00edctima realizaba una espec\u00edfica actividad susceptible de remuneraci\u00f3n; en adici\u00f3n, de considerar el sentenciador que no exist\u00eda claridad respecto al monto de los ingresos de quien pereci\u00f3 en el accidente de tr\u00e1nsito, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado que el juzgador, de considerarlo necesario, ha de acudir al decreto de pruebas de oficio, obligaci\u00f3n que \u00abantes que una facultad discrecional es un deber\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en forma general y en vigencia del derogado estatuto procesal civil, pero aplicable de cara al C\u00f3digo General del Proceso, se sostuvo que: <\/p>\n
\u2026es un poder que otorga el legislador al fallador para esclarecer los supuestos materia de debate y dilucidar la verdad sobre el particular, lo que encuentra sustento en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando se\u00f1ala que <<[l]as pruebas pueden ser decretadas (\u2026) de oficio cuando el magistrado o juez las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes>>. Y la regla 180 del mismo estatuto prescribe que <<[p]odr\u00e1n decretarse pruebas de oficio, en los t\u00e9rminos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar>>. <\/p>\n
Es al funcionario judicial a quien compete determinar la viabilidad y utilidad de ejercer dicha potestad para dilucidar la realidad f\u00e1ctica del litigio puesto a su conocimiento; facultad que obviamente est\u00e1 supeditada a que del examen cr\u00edtico de los medios de convicci\u00f3n y dem\u00e1s piezas, emerja la necesidad de recaudar otros diferentes a los que se practicaron a instancia de las partes. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, la Corte ha explicado que <\/p>\n
(\u2026) [c]uando una prueba, pese a tener el car\u00e1cter de incompleta, aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los dem\u00e1s elementos de juicio indiquen de modo inequ\u00edvoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar al resultado que se muestra evidente, su decreto oficioso se erige como deber insoslayable del juez. (\u2026) Lo anterior no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho. (\u2026) En s\u00edntesis, el decreto de pruebas de oficio, en materia civil, no es una mera facultad discrecional del juez, como tampoco una obligaci\u00f3n que se imponga de modo necesario en todas las circunstancias; sino que el caso concreto indicar\u00e1, de manera razonable, cu\u00e1ndo esa atribuci\u00f3n se erige en un verdadero deber legal. Para tal efecto el funcionario deber\u00e1 emplear los poderes que el estatuto procesal \u201cle concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes\u201d (num, 4\u00ba, art. 37 C. de P.C.); cuando \u2018las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019 (art. 179 ib\u00eddem) (\u2026) (CSJ STC, 7 jun. 2012, rad. 01083-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 8 ag. 2013, rad. 00152-01; STC6223-2014, 16 may., rad. 2014-00058-01; y STC13728-2019, 10 oct., rad. 2019-03194-00). <\/p>\n
Ahora, de manera espec\u00edfica, en punto al decreto de pruebas de oficio cuando no existe claridad del monto al cual debe ascender la indemnizaci\u00f3n, ha expuesto la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) \u201ccomo una cosa es la prueba del da\u00f1o, es decir, la de la lesi\u00f3n o menoscabo del inter\u00e9s jur\u00eddicamente protegido, y otra, distinta, la prueba de su intensidad, es l\u00f3gico que para poder establecer la cuant\u00eda del perjuicio, necesariamente debe existir certeza sobre su existencia, para as\u00ed entrar a avaluarlo. Desde luego que la falta de la prueba del quantum de ese perjuicio corresponde suplirla a los juzgadores de instancia, cumpliendo con el deber de decretar pruebas de oficio, tal como lo ordena el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, precepto \u00e9ste que ved\u00f3, como principio general, las condenas en abstracto o in genere y, por ende, la absoluci\u00f3n por la falta de determinaci\u00f3n de una condena concreta\u201d (Cas. Civ., sentencia del 3 de marzo de 2004, expediente No. C-7623). <\/p>\n
Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del da\u00f1o, en aquellos casos l\u00edmite, en que, habi\u00e9ndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda se torna extremadamente dif\u00edcil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante. Al respecto se ha expresado que \u201c[c]on referencia espec\u00edfica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, adem\u00e1s, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atr\u00e1s aludida, hay casos en que ser\u00eda injusto no concretar el valor de la indemnizaci\u00f3n so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del da\u00f1o, su cuantificaci\u00f3n no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, adem\u00e1s de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las v\u00edctimas\u201d (Cas. Civ. 5 de octubre de 2004. Exp. 6975) (CSJ SC, 29 feb. 2013, rad. 2002-01011-01; criterio luego citado en STC13728-2019, 10 oct., rad. 2019-03194-00). <\/p>\n
4.5. Puestas as\u00ed las cosas, no resulta razonable la decisi\u00f3n de la sede judicial encartada, comoquiera que al denegar el reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, por no acreditarse que \u00abla v\u00edctima\u2026 obten\u00eda ingresos y dej\u00f3 de percibirlos a ra\u00edz del infortunado suceso del 20de abril de 2016\u00bb, desconoci\u00f3 la postura de esta Corte frente a la capacidad laboral de \u00abtoda persona humana que como atributo indestructible forma parte de su misma sustantividad existencial\u00bb, e incluso, pas\u00f3 por alto la posibilidad de decretar de oficio las pruebas que considerara necesarias para la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, o en su defecto, tener en cuenta para dicha cuantificaci\u00f3n el salario m\u00ednimo legal mensual vigente; todo lo cual impidi\u00f3 que el reconocimiento indemnizatorio dispuesto en la sentencia aqu\u00ed criticada estuviera acorde con el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el canon 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Lo considerado impone conceder, con alcance parcial, el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes, en punto al reclamo de perjuicios por lucro cesante consolidado y futuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia que dict\u00f3 el 24 de noviembre de 2022 en el juicio mencionado, junto con todas las determinaciones que dependan de ella, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto a la alzada formulada por la demandante frente al fallo emitido el 4 de agosto anterior por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo, en punto al reclamo del lucro cesante consolidado y futuro. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, remitir de inmediato el expediente contentivo del juicio objeto de la queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s se deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Cuarto. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. SC, 25 oct. 1994, rad. 3000; SC, 30 jun. 2005, rad. 1998-00650-01; SC, 6 sep. 2004, rad. 7576; SC, 19 dic. 2006, rad. 2002-00109-01; SC, 24 nov. 2008, rad. 1998-00529-01; SC, 20 nov. 2012, rad. 2002-01011-01; SC22036, 19 dic. 2017, rad. 2009-00114-01; entre muchas otras. <\/p>\n
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STC5733-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5733-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02173-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sonia Janeth Barajas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74100\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}