STC5736-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5736-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2023-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de mayo de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mary T\u00faquerres Erazo, Fernando Z\u00fa\u00f1iga Erazo, Yamid Guillermo D\u00edaz Vargas, Yamid Rosales Bambu\u00e9, Javier Joaqu\u00edn Rengifo, Olivia Ruiz Jim\u00e9nez, Tarsicio Arnold Chicaiza, Angelino Mu\u00f1oz, Edilberto Hoyos Chito, Jos\u00e9 Alberto Imbach\u00ed, Edith Meneses Mani\u00e1n, Fernando Tulio L\u00f3pez Parra y Alirio Hoyos Romero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, se ordene \u00abde[jar] sin efecto todo lo actuado dentro del fallo de tutela emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito\u2026 proceso con radicado 41 668 40 89 001- 2022-00087-01\u00bb y, en consecuencia, se dicta una nueva providencia que \u00abordene a la entidad territorial municipal de San Agust\u00edn y las entidades que sean necesarias, hacer los estudios, dise\u00f1os y construcci\u00f3n del sistema de acueducto regional en beneficio de las veredas Los Andes, Las Eras, Alto Matanza, Santa Clara, Barcelona, La Tribuna, La Ermita, Bajo Frutal y Centro Poblado Los Cauchos, del municipio de San Agust\u00edn, que suministre agua apta para el consumo humano\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Orlando Ibag\u00f3n S\u00e1nchez, Julio C\u00e9sar Triana Quintero, Luz Mary T\u00faquerres Erazo, Fernando Z\u00fa\u00f1iga Erazo, Yamid Guillermo D\u00edaz Vargas, Yamid Rosales Bambu\u00e9, Javier Joaqu\u00edn Rengifo, Olivia Ruiz Jim\u00e9nez, Tarsicio Arnold Chicaiza, Angelino Mu\u00f1oz, Edilberto Hoyos Chito, Jos\u00e9 Alberto Imbach\u00ed, Edith Meneses Man\u00edan, Fernando Tulio L\u00f3pez Parra y Alirio Hoyos Romero instauraron una primera acci\u00f3n de tutela contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Gobernaci\u00f3n del Huila, la Alcald\u00eda Municipal de San Agust\u00edn, Aguas del Huila, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Agust\u00edn, Secretar\u00edas Departamentales de Educaci\u00f3n y Salud, Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Alto Magdalena -CAM, Consejo Municipal de San Agust\u00edn, Procuradur\u00eda Ambiental, Judicial y Agraria, Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social de San Agust\u00edn, Secretar\u00edas Municipales de Hacienda y de Planeaci\u00f3n Territorial y Desarrollo Econ\u00f3mico de San Agust\u00edn, solicitando que, en calidad de habitantes de las veredas Los Andes, Las Eras, Alto Matanza, Santa Clara, Barcelona, La Tribuna, La Em\u00e9rita, Bajo Frutal o del centro Poblado Los Cauchos del Municipio de San Agust\u00edn, les garanticen el servicio de agua potable a cerca de 3.650 personas de esas municipalidades, quienes desde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os no cuentan con este servicio. <\/p>\n
2.3. Relataron los quejosos, en lo medular, que con el fallador de segunda instancia que no accedi\u00f3 al amparo del derecho de agua potable, pues, desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional por medio de los cuales ampara el servicio de agua como derecho fundamental, el cual se debe garantizar de forma continua e ininterrumpida. <\/p>\n
2.4. Anotaron que la primigenia acci\u00f3n supralegal advierte \u00abrelevancia constitucional, porque estamos al frente de 3500 personas\u2026 que necesitan la garant\u00eda del derecho fundamental\u00bb, destacando que dicha acci\u00f3n era el mecanismo para garantizar lo pretendido, pues han insistido ante diversas autoridades administrativas del municipio \u00abpero todo ha sido en vano\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que en el expediente reposaban pruebas que daban cuenta que el agua no es apta para el consumo humano; adem\u00e1s, en otros asuntos, por v\u00eda constitucional se ha amparado dicho servicio, especialmente, \u00abordenando a la alcald\u00eda de Campoalegre construir un acueducto\u00bb, por lo que, en su sentir, se est\u00e1 desconociendo el precedente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de San Agust\u00edn relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito cont\u00f3 el actuar en esa instancia en el proceso criticado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por estar dirigida contra una decisi\u00f3n del mismo linaje, adem\u00e1s, porque incumple el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, han pasado m\u00e1s de 10 meses desde que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 11 Judicial II Ambiental y Agraria del Huila manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisi\u00f3n de la misma \u00edndole; manifest\u00f3 que la acci\u00f3n pertinente para lograr lo pretendido es la acci\u00f3n popular; que algunos de los vinculados son de car\u00e1cter p\u00fablicos y administrativo, por lo que se debe remitir el asunto al Tribunal Administrativo del Huila. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Aguas del Huila refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es procedente contar decisiones de la misma naturaleza y la presente no se enmarca en ninguna de las causales de excepci\u00f3n para su procedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Territorial y Desarrollo Econ\u00f3mico del Municipio de San Agust\u00edn manifest\u00f3 que actualmente las verederas relacionadas, cuentan con un sistema de acueducto veredal o regional, destinando recursos para la optimizaci\u00f3n de acueductos rurales; destac\u00f3 la improcedencia del resguardo contra decisiones del mismo linaje. <\/p>\n
<\/p>\n
6. San Agust\u00edn \u2013 ESP pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, pues no ha realizado ning\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor la evidente carencia de legitimidad material para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la demanda, dada su falta de competencia funcional para resolver cualquiera de los asuntos puestos en conocimiento del juez de tutela en este caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
8. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena -CAM, indic\u00f3 que no tiene responsabilidad en la presunta omisi\u00f3n en la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, pues no se encuentra comprometida ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n y\/o pues en peligro de los derechos solicitados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo al encontrar insatisfecho el presupuesto de inmediatez, pues el fallo criticado data del 29 de junio de 2022 y la salvaguarda formulada el 9 de mayo de 2023, esto es, luego de 10 meses de la supuesta ocurrencia del hecho generador de la presunta vulneraci\u00f3n, sin que demostraran una causal para validar dicha tardanza. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00ablos accionantes no acreditaron haber participado en la solicitud inicial para la selecci\u00f3n de la sentencia del 29 de junio de 2022 emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, como tampoco que hayan insistido en la improsperidad de la intervenci\u00f3n de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que el Juzgado accionado dict\u00f3 un fallo bas\u00e1ndose en un error y falta de valoraci\u00f3n probatoria, sin tener en cuneta que el derecho al agua potable es un derecho fundamental, procedente de amparo constitucional. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel hecho de no operar supuestamente la inmediatez no se [\u00f3bice] para que no se valore no se estudie de fondo un asunto constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda, que m\u00e1s all\u00e1 de las alegaciones expuestas con la solicitud de amparo, el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito el 29 de junio de 2022, el cual revoc\u00f3 el proferido el 12 de mayo anterior por el despacho Promiscuo Municipal de San Agust\u00edn, que hab\u00eda concedido el amparo que reclam\u00f3 la parte actora; pretendiendo los gestores que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine ese fallo de tutela, tras considerar que el estrado enjuiciado efectu\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria y se apart\u00f3 de los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01; citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional, sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no es de recibo, pues goza de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir, incluso a trav\u00e9s del mecanismo de insistencia, relievando que, para el caso concreto, seg\u00fan el sistema de gesti\u00f3n judicial, la salvaguarda criticada arrim\u00f3 al Alto Tribunal supralegal, siendo remitido a la Sala de Selecci\u00f3n el 1\u00b0 de junio 2023, sin que a\u00fan haya sido excluida de revisi\u00f3n (T9418653). <\/p>\n
4. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de los peticionarios no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, ante la existencia de un medio judicial id\u00f3neo de defensa de los derechos de los querellantes, el presente reclamo se torna improcedente, lo que denota confirmar la sentencia censurada, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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