STC5738-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5738-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abjuez natural\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar la providencia de 19 de diciembre de 2022, que orden\u00f3 dar tr\u00e1mite al proceso ejecutivo en la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb; y se ordene al Tribunal convocado que \u00abconfirme el fallo del auto del 20 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Aleyda Rubio P\u00e9rez y Jorge Vargas Camacho promovieron juicio ejecutivo contra Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que en auto de 20 de mayo de 2022 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa planteada por la sociedad ejecutada y rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida determinaci\u00f3n, mediante prove\u00eddo de 19 de diciembre siguiente, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad la revoc\u00f3 y dispuso que el juzgador de primer grado continuara con el tr\u00e1mite del juicio ejecutivo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la sociedad accionante que celebr\u00f3 con los demandantes un contrato de cesi\u00f3n de acciones, en la que incluy\u00f3 una cl\u00e1usula arbitral; que en el marco de la relaci\u00f3n sustancial surgieron distintas diferencias entre las partes; y que las acciones no fueron pagadas. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en el juicio criticado aleg\u00f3 como excepci\u00f3n previa la existencia del pacto arbitral, la que fue concedida por el a-quo, pero revocada por el Tribunal acusado, aludiendo que ese tipo de procesos no pod\u00edan ser tramitados en arbitraje, desconociendo la argumentaci\u00f3n presentada y el car\u00e1cter imperativo de las normas procesales. <\/p>\n
2.5. Adujo que era el tribunal arbitral el \u00fanico que deb\u00eda conocer sobre su propia competencia; que la autoridad acusada desconoc\u00eda el principio de kompetenz \u2013 kompetenz y se otorgaba atribuciones que no le pertenec\u00edan; que era imperativo que los juzgadores resolvieran los asuntos de forma motivada; y que se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria de la controversia, pues no versaba en estricto sentido sobre obligaciones que se pretendieran ejecutar sino respecto del cumplimiento de las contenidas en el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se desatend\u00eda la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n le otorgaba al arbitraje; que se privaba al \u00e1rbitro de decidir sobre el asunto, as\u00ed como la voluntad de las partes; y que se incurr\u00eda en los defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que exist\u00eda temeridad, pues la parte actora ya hab\u00eda presentado tutela id\u00e9ntica; que la decisi\u00f3n criticada era producto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulaban la materia, en concordancia con la jurisprudencia, por lo que se aten\u00eda a las argumentaciones all\u00ed vertidas, en las que se explic\u00f3 la imposibilidad de tramitar un juicio ejecutivo mediante un tribunal de arbitramento; y que esta acci\u00f3n excepcional no era una tercera instancia. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que no vulner\u00f3 prerrogativa esencial alguna; y que previamente se hab\u00eda deprecado el amparo constitucional con las mismas pretensiones. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Preliminarmente habr\u00e1 de precisarse que este ruego constitucional carece de temeridad, porque aun cuando en pasada ocasi\u00f3n se instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela por quien dijo acudir en representaci\u00f3n de la ahora accionante, aquel no acredit\u00f3 su legitimaci\u00f3n en causa para actuar en nombre de aquella, lo que conllev\u00f3 al despacho adverso de esa salvaguarda, sin que all\u00ed, por tal motivo, se abordara la tematica propuesta. <\/p>\n
3. Ahora bien, en el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 19 de diciembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El problema jur\u00eddico que se debe resolver en el presente asunto se concreta en determinar si el tribunal de arbitramento puede adelantar procesos ejecutivos con soporte en una cl\u00e1usula compromisoria pactada en un contrato para solucionar las diferencias que surjan en su ejecuci\u00f3n. La respuesta es negativa en los t\u00e9rminos que regula Ley 1563 de 2012, como pasa a exponerse de cara a resolver el recurso de apelaci\u00f3n que aqu\u00ed nos re\u00fane, el que, desde ahora, escrutado el material probatorio, para lo que aqu\u00ed interesa, se anticipa la revocatoria del prove\u00eddo fustigado, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En el texto del contrato se encuentra la cl\u00e1usula d\u00e9cima \u201cSoluci\u00f3n de conflictos\u201d que dispuso que \u201cToda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecuci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, se someter\u00e1 a conciliaci\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades, una vez agotada sino fue posible conciliar se someter\u00e1 a la decisi\u00f3n de \u00e1rbitros de conformidad con la Ley 1563 de 2012 y dem\u00e1s disposiciones complementarias, \u2026\u201d; es decir, los contratantes acordaron someter a la justicia arbitral sus diferencias en la \u201cejecuci\u00f3n\u201d del contrato, t\u00e9rmino en el cual se fundament\u00f3 la a quo para su decisi\u00f3n, pues, a su juicio, se trata del incumplimiento en el pago de las sumas de dinero pactadas en el contrato, pero en criterio de este estrado judicial no es de recibo la interpretaci\u00f3n del a quo y de la parte demandada, pues la pretensi\u00f3n aqu\u00ed no es de car\u00e1cter declarativo, como ser\u00eda pretender pronunciamiento respecto del incumplimiento de una obligaci\u00f3n por parte del demandado, que dar\u00eda origen a un proceso de conocimiento, que por la mencionada cl\u00e1usula compromisorio ser\u00eda de competencia del tribunal de arbitramento seg\u00fan el texto del contrato; la pretensi\u00f3n aqu\u00ed es de ejecuci\u00f3n de una suma de dinero, de cobro al deudor renuente. <\/p>\n
Revisada la demanda e interpretado el contrato, se deduce que las controversias que surgieran en la ejecuci\u00f3n del mismo, no los procesos ejecutivos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 422 del C.g.p., ser\u00edan de conocimiento de un tribunal de arbitramento, por consiguiente el cobro por incumplimiento en el pago del preciso en la forma acordada es de competencia de la jurisdicci\u00f3n civil, pues del clausulado del mencionado acuerdo, en lo que refiere al pago de las acciones, se deduce una obligaci\u00f3n, clara, expresa y exigible que constituye el t\u00edtulo ejecutivo, que no puede ser decidido por los \u00e1rbitros, pero ello no puede generar una denegaci\u00f3n de justicia, ni mucho menos que el Estado, por intermedio de sus jueces, evite acudir en auxilio del acreedor que ve como su deudor amparado en una desafortunada interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula del contrato evita cumplir con su obligaci\u00f3n de pagar el precio convenido; dicho de otra forma, en el presente asunto se parte de la existencia de un derecho cierto (obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible) a fin de que sea satisfecho por el deudor a instancias de un proceso ejecutivo y por orden de un juez. <\/p>\n
Los mismos contratantes acordaron en la cl\u00e1usula segunda el precio de las acciones, que fue la suma de $200.0000.000,oo, que los cesionarios pagar\u00edan en 20 cuotas en cuant\u00eda de diez millones de pesos mcte ($10.000.000,oo), mensuales, iguales y sucesiva, con iniciaci\u00f3n del 1 de marzo de 2019 (cl\u00e1usula 3), que el cesionario se oblig\u00f3 a cancelar en la forma indicada en la cl\u00e1usula 6\u00aa, de cuyo acuerdo se deduce la existencia de obligaciones claras expresas y exigibles a la demanda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 422 del C.g.p. en concordancia con lo normado en el art\u00b4. 424 ibidem, lo que constituye un t\u00edtulo ejecutivo, que como ya se advirti\u00f3, no fue objeto de reproche por la parte ejecutada. <\/p>\n
Es oportuno recordar que en otro asunto de similar naturaleza esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 respecto a la imposibilidad de tramitar mediante un tribunal de arbitramento un proceso ejecutivo; al respecto, se resaltan los siguientes argumentos que se comparten y que, incluso, fueron invocados algunos por el recurrente: <\/p>\n
\u201cLa naturaleza transitoria de la justicia arbitral: \u201c\u2026memorase que a diferencia de los procesos de conocimiento que normalmente terminan con sentencia, los de ejecuci\u00f3n s\u00f3lo culminan con el pago, de suerte que mientras este no se verifique, en forma total e integral (C.C., arts. 1626 y 1649, inc. 2\u00b0; C.P.C. art. 537), el proceso ejecutivo permanecer\u00e1 vigente. (\u2026) Por el contrario, el proceso arbitral es por esencia temporal, dado que, se reitera, la jurisdicci\u00f3n que se les otorga a los \u00e1rbitros es transitoria. Por eso el legislador, en el art\u00edculo 103 de la Ley 23 de 1991, precis\u00f3 que tales juicios durar\u00edan 6 meses, prorrogables por un t\u00e9rmino igual, lo que choca abiertamente con la intemporalidad de las ejecuciones\u201d. <\/p>\n
\u201cPoder coercitivo en cabeza del Estado: \u201cno es, pues, tarea de los \u00e1rbitros usar la fuerza del Estado para que se pague una obligaci\u00f3n, a\u00fan contra la voluntad del deudor. Ni pueden los particulares, por s\u00ed y ante s\u00ed, investir a otro particular para que haga uso de esa fuerza y la dirija contra otro particular en orden a que se cumpla un deber de prestaci\u00f3n. (\u2026) Tan cierto es que los \u00e1rbitros no pueden conocer de ejecuciones, que no obstante haberse establecido por el legislador, a manera de regla general, que el juez de la decisi\u00f3n es el juez de su ejecuci\u00f3n (C.P.C., art. 335), en trat\u00e1ndose de laudos arbitrales se previo todo lo contrario, pues el encargado de hacerlo cumplir, as\u00ed sea a la fuerza, es el juez ordinario (Dec. 2279 de 1989, art. 40, par. 2\u00ba, mod. Ley 446\/98, art. 18. Dec. 1818, art. 165)\u201d. <\/p>\n
\u201cIntervenci\u00f3n de terceros accidentales en el tr\u00e1mite: \u201ces el caso, por ejemplo, de los poseedores que formulen incidente de desembargo en los t\u00e9rminos del numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 687 del C.P.C. Ni ellos tienen porqu\u00e9 ir ante un juez que no es el suyo, dado que no lo han habilitado (principio de habilitaci\u00f3n), ni los \u00e1rbitros tienen competencia para definir su reclamo. Y esa, desde luego, no es la hip\u00f3tesis de la citaci\u00f3n de terceros principales prevista en las normas sobre arbitramento (Decreto 2279 de 1989, arts. 30 y 30 A; Ley 23 de 1991, art. 109; Ley 446 de 1998, arts. 126 y 127; Decreto 1818 de 1998, arts. 149 y 150)\u201d. <\/p>\n
Complemento de lo anterior, advi\u00e9rtase que, en principio, no es asunto de este debate resolver si el conocimiento de procesos ejecutivos por los \u00e1rbitros deviene o no constitucional y las posturas que al respecto ha planteado la Corte Constitucional (sentencia C-394 de 1995); no obstante, ello no habilita a los particulares a hacer uso de dicha justicia privada para debatir procesos ejecutivos, pues el procedimiento para ello no se encuentra regulado a trav\u00e9s de ley, pues como se expres\u00f3 en la decisi\u00f3n, solo se encuentra en curso el proyecto de ley relacionado al pacto arbitral ejecutivo, el cual adem\u00e1s, pretende consagrar reglas especiales para este tr\u00e1mite en raz\u00f3n de su naturaleza. <\/p>\n
2. En conclusi\u00f3n, se impone revocar la providencia recurrida; en su lugar, se le ordenar\u00e1 al juzgador de primera instancia continuar con el tr\u00e1mite ejecutivo de su conocimiento; dada la prosperidad del recurso de apelaci\u00f3n, no se impondr\u00e1 condena en costas en esta instancia (art. 365, C.g.p.). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Es de advertirse que esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha indicado que no es viable someter los juicios ejecutivos a tribunales arbitrales, precisando al respecto que: <\/p>\n
…el art\u00edculo 165 del Decreto 1818 de 1998 establece, que de la ejecuci\u00f3n del laudo conocer\u00e1 la jurisdicci\u00f3n ordinaria tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 139 de la Ley 446 de 1998, asimismo, que la norma del art\u00edculo 222 ib\u00eddem contempla que si bien, las controversias surgidas con ocasi\u00f3n de los contratos de arrendamiento podr\u00e1n solucionarse a trav\u00e9s de la justicia arbitral, \u201clos aspectos de ejecuci\u00f3n que demanden las condenas en los laudos deber\u00e1n tramitarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d, disposiciones que obligan concluir, que si los \u00e1rbitros no est\u00e1n legalmente facultados para ejecutar los laudos que profieren, menos a\u00fan puede llegar a considerarse que pueden hacerlo respecto de obligaciones derivadas de instrumentos creados por particulares o de providencias judiciales. <\/p>\n
Adicionalmente, cumple anotar, que atender lo dispuesto por las autoridades citadas, implicar\u00eda asumir que corresponde al Tribunal de Arbitramento conocer de la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 la tutelante, no obstante que la competencia para adelantar el juicio ejecutivo es privativa de los jueces de la Rep\u00fablica, de lo cual se deduce la afectaci\u00f3n al derecho a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante (Resaltado fuera de texto, CST STC 13 feb. 2013, rad. 2013-00217-00, reiterado en STC-17557-2015, 18 dic. 2015, rad. 2015-03011-00) <\/p>\n
En ese sentido, se ha puntualizado que: <\/p>\n
…El constituyente previ\u00f3 el arbitraje como uno de los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias, paralelo al servicio prestado por el Estado para la soluci\u00f3n de conflictos. As\u00ed, el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que podr\u00e1n administrar justicia transitoriamente, los \u00ab\u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la ley\u00bb. Al respecto, la jurisprudencia ha reiterado que este mecanismo se encuentra fundado en… <\/p>\n
De manera que el arbitraje se abre paso en virtud de la celebraci\u00f3n de un acto jur\u00eddico -denominado pacto arbitral o cl\u00e1usula compromisoria- en el que ambas partes acuerdan que sea un tercero quien ponga fin a su disputa a trav\u00e9s de un fallo dictado en derecho o en equidad. Sin embargo, es preciso indicar que tal facultad contractual no es omn\u00edmoda, comoquiera que la naturaleza jur\u00eddica de la cl\u00e1usula compromisoria se deriva del car\u00e1cter transigible de los derechos sometidos a la autonom\u00eda de la voluntad de las partes. Es por ello por lo que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1563 del 2012, prescribi\u00f3 el margen de acci\u00f3n de esta justicia privada al sostener que \u00abel arbitraje es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos mediante el cual las partes defieren a \u00e1rbitros la soluci\u00f3n de una controversia relativa a asuntos de libre disposici\u00f3n o aquellos que la ley autorice\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el ordenamiento jur\u00eddico vincul\u00f3 la arbitrabilidad de las controversias con la transabilidad o disponibilidad del derecho que origina el conflicto. Es as\u00ed como la Corte Constitucional, en la sentencia C-226 de 1993 sostuvo que \u00abel arbitramento debe referirse a bienes o derechos patrimoniales que puedan disponer las partes libremente\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Y, en otra oportunidad, sostuvo que \u00aba\u00fan mediando la habilitaci\u00f3n a las partes \u201cno toda cuesti\u00f3n materia de controversia puede ser sometida gen\u00e9ricamente a la decisi\u00f3n de \u00e1rbitros\u201d\u2026 Ha entendido la Corte que la justicia arbitral \u00fanicamente puede operar cuando \u201clos derechos en conflicto son de libre disposici\u00f3n por su titular\u201d, es decir, cuando respecto de ellos existe plena libertad de disposici\u00f3n.\u201d\u2026 Tal facultad de renuncia o disposici\u00f3n es precisamente la que \u201cdetermina el car\u00e1cter de transigible de un derecho o de un litigio.\u201d Es, por tanto, la naturaleza misma del derecho la que fija los alcances de la libertad de renuncia. Le corresponde a la Ley establecer en qu\u00e9 casos opera la posibilidad de disposici\u00f3n (C-378-08; el \u00e9nfasis es del texto). <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, esta Corte ha precisado que, en los asuntos que por su naturaleza no son objeto de arbitramento, \u00abse encuentran los relacionados con el estado civil de las personas, las cuestiones relativas a los derechos de los incapaces y los conflictos sobre los derechos m\u00ednimos de los trabajadores\u00bb1. A lo cual habr\u00e1 de sum\u00e1rsele los procesos ejecutivos por expresa exclusi\u00f3n constitucional2. <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u201c… El legislador previ\u00f3 el arbitraje como uno de los mecanismos alternativos o paralelos al prestado por el Estado para la soluci\u00f3n de los conflictos. Se abre paso en virtud de la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico en el que las partes involucradas acuerden apartarse de la jurisdicci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Esta facultad contractual, sin embargo, no es omn\u00edmoda y en nada se opone al reconocimiento del poder \u00faltimo del Estado, en cuanto la ley le atribuy\u00f3 a las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa la facultad para conocer, entre otros asuntos, el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n de laudo arbitral (Art. 46 de la Ley 1563 de 2012), la ejecuci\u00f3n del reembolso de honorarios y gastos de los \u00e1rbtiros (Art. 27), y la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n (Art. 43). <\/p>\n
Los procesos de ejecuci\u00f3n entra\u00f1an la necesidad de acudir al imperio del poder estatal, en tanto enervan la libertad personal, con el prop\u00f3sito de forzar el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas consensuadamente o impuestas en sentencia o laudo pudiendo acudir, cuando fuere preciso, al uso de la fuerza p\u00fablica. <\/p>\n
Ocurre lo propio con las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, en tanto que siendo consustanciales al compulsivo son jur\u00eddicamente imposibles de atribuir a los particulares, sin desconocer las finalidades constitucionales del Estado. <\/p>\n
De ah\u00ed que la orientaci\u00f3n de la doctrina emanada de esta Sala ha dado cuenta de la inoponibilidad de la cl\u00e1usula compromisoria para ventilar ante un tribunal de arbitramento las controversias que involucren la ejecuci\u00f3n de obligaciones contenidas en documentos privados. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho esta Corporaci\u00f3n: \u201csi los \u00e1rbitros no est\u00e1n legalmente facultados para ejecutar los laudos que profieren, menos a\u00fan puede llegar a considerarse que pueden hacerlo respecto de obligaciones derivadas de instrumentos creados por particulares o de providencias judiciales\u2026\u201d\u00bb (Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 2013-00217-00).3 (CSJ SC, 26 jun. 2020, rad. 2020-01190-00) (Resaltado fuera de texto, CSJ STC17445-2021, 16 dic. 2021, rad. 2021-04257-00). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. C-294 de 1995. <\/p>\n
3\u0002 Reiterada, entre otras en las sentencias del 6 de febrero de 2013 en Rad. 11001-02-03-000-2013-02822-00 y STC17557-2015 de 18 de diciembre de 2015. <\/p>\n
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STC5738-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5738-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02194-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Consultores RSIG Monta\u00f1a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}