STC5739-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5739-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 23 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cE\u201d contra el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito de alimentos radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y \u00aben representaci\u00f3n de sus menores hijos\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, al debido proceso, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por el despacho convocado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con \u201cJ\u201d concibieron a \u201cC\u201d, \u201cK\u201d y \u201cD\u201d (hoy con 17, 15 y 14 a\u00f1os de edad), quienes \u00abest\u00e1n bajo [su] la custodia y cuidado, en vista [de] que el progenitor est\u00e1 desaparecido desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, pues \u00abno sab\u00eda de su existencia hasta que se demand\u00f3 a la abuela paterna [\u201cA\u201d] por alimentos de sus nietos\u00bb. <\/p>\n
Que, ante la oposici\u00f3n presentada por la demandada en menci\u00f3n, \u00abmediante auto de fecha 02 de noviembre de 2022\u00bb, el juzgado dispuso \u00abintegrar el contradictorio, teniendo como vinculado al se\u00f1or \u201cJ\u201d, en su calidad de padre de los menores\u00bb; que, sin haberse gestionado su notificaci\u00f3n personal, \u00abel d\u00eda 17 de noviembre de 2022 (\u2026), sale a trav\u00e9s de apoderado judicial a responder la demanda con los mismos criterios de la apoderada de [su] progenitora \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que, con auto del 22 de noviembre de 2022, el encartado, adem\u00e1s de tener por contestada la demanda presentada por el se\u00f1or \u201cJ\u201d y correr traslado de las excepciones de m\u00e9rito, resolvi\u00f3: \u00abexcl\u00fayase en calidad de parte demandada en este proceso a la abuela paterna [y] decr\u00e9tase el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en el este asunto [a t\u00edtulo de] alimentos provisionales [fijados el] 29 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Que su apoderado judicial atac\u00f3 la anterior decisi\u00f3n \u00abmediante recurso[s] de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb demostrando \u00abque el se\u00f1or padre de mis hijos no estaba residenciado en (\u2026)\u00bb, pero fueron desatados de manera desfavorable, y con ello, el accionado \u00abviol\u00f3 los derechos fundamentales de mis menores hijos, hizo una interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Civil colombiano, y trata de dar una explicaci\u00f3n literal [a la norma]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi bien es cierto la demandada logr\u00f3 que el padre apareciera y se hiciera parte del proceso, ofreciendo una irrisoria cuota alimentaria, esta resulta insuficiente teniendo en cuenta la de edad y necesidades de los menores, adem\u00e1s que ha sido el mismo padre el que ha indicado que no tiene trabajo estable, que desempe\u00f1a oficios varios y que su capacidad econ\u00f3mica no le permite aportar m\u00e1s de 100 o 150 mil pesos mensuales, lo que hace procedente que sea la abuela la que proporcione una cuota de alimentos que se ajuste a las necesidades de los menores o por lo menos suministre una parte de la cuota (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene a la autoridad confutada \u00abque expida una nueva providencia donde se tenga a la abuela de los menores como demandada en el proceso, hasta tanto en sentencia que ponga fin al litigio se demuestre que el padre de mis hijos si tiene suficiencia econ\u00f3mica para sufragar los gastos de tres menores de edad\u00bb, y \u00abse ordene al se\u00f1or \u201cJ\u201d, pagar una cuota provisional de alimentos teniendo como base el salario m\u00ednimo mensual vigente como debi\u00f3 hacerlo la juez en su momento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado acusado present\u00f3 informe de la actuaci\u00f3n surtida en el proceso cuestionado y remiti\u00f3 el enlace para acceder al respectivo expediente digital. <\/p>\n
2. \u201cA\u201d, en su calidad de demandada y abuela paterna de los alimentarios, asever\u00f3 que la hoy tutelante, \u00abno ha podido demostrar, porque no es cierto, que el padre de sus hijos estuviese desparecido, pero lo que s\u00ed est\u00e1 demostrado, es que ella fue directamente [en su contra] para que cumpliera con los alimentos de sus hijos y sin ninguna b\u00fasqueda o esfuerzo a quien verdaderamente, es el obligado\u00bb. Que la pensi\u00f3n de \u00absobreviviente\u00bb que percibe \u00abes tan solo del salario m\u00ednimo, el cual solventa, \u00fanicamente el m\u00ednimo vital (\u2026), que adem\u00e1s de los descuentos [de] seguridad social, debe asumir pago de servicios p\u00fablicos, alimentaci\u00f3n, cuentas de bancos, medicamentos que requiere su avanzada edad, entre otras necesidades\u00bb. <\/p>\n
Que la actora es \u00abuna mujer joven, sin discapacidad, que labora y que al ser madre de sus hijos tiene la responsabilidad, al igual que el padre de asumir sus obligaciones\u00bb, y que debe recordarse que su obligaci\u00f3n como abuela \u00abes subsidiaria [a] falta o insuficiencia de los padres\u00bb. Que el padre de los ahora adolescentes, pese a \u00abno tener empleo estable, con un ingreso fijo o siquiera un m\u00ednimo vital, siempre ha cumplido su obligaci\u00f3n [acotando que] desde el mes de febrero de 2023, (\u2026) \u00faltima cuota que por medida cautelar dejaron de descontar (\u2026), el padre de los ni\u00f1os ha venido consignando a trav\u00e9s de Servientrega \u2013 Efecty, una cuota de alimentos, que est\u00e1n en sus posibilidades, para sus hijos, y que no ha querido retirarlos\u00bb. Se opuso a lo pretendido pidiendo se \u00abhaga un raciocinio profundo, entre la realidad econ\u00f3mica del pa\u00eds, que el padre aporta lo que su trabajo como jornalero le permite, que la madre de los ni\u00f1os labora y que para la abuela no ser\u00eda justo, afectarle el \u00fanico ingreso y que es un (1) SMLMV\u00bb. <\/p>\n
3. \u201cJ\u201d, asegur\u00f3 que a sus hijos \u00absiempre [los] he apoyado, con los d\u00edas de trabajo que me pagan en oficios varios o jornalero (\u2026), aunque gano poco, es un trabajo digno (\u2026), inclusive no alcanzo a ganar lo que dice la ley, (\u2026) no soy una persona con estudios, sino un campesino que durante este tiempo enviaba y env\u00edo a mis hijos 100 mil o 150.000, que para alguno suena poquito pero para m\u00ed, los consigo con esfuerzo\u00bb; que \u00abtan pronto me enter\u00e9 de la demanda (\u2026), me asombr\u00e9 porque [la demandante] sab\u00eda d\u00f3nde estaba (\u2026), m\u00e1s cuando a trav\u00e9s de nuestro hijo \u201cC\u201d, \u00e9l siempre estaba en contacto [y] nunca me cit\u00f3 a ninguna oficina o personal para hablar de dinero\u00bb, y que luego de conocer la demanda de alimentos, \u00abyo le continu\u00e9 dando 100 mil pesos (\u2026) pero ella no los quiere, porque dice que mi mam\u00e1 debe responderle (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cZ\u201d, consider\u00f3 que \u00abel haber decido la Juez excluir a la demandada inicial del proceso de alimentos en favor de sus nietos, antes del adelantamiento de la audiencia prevista en el art\u00edculo 392 del C.G.P. no incurri\u00f3 en irregularidad alguna, pues en nada se afect\u00f3 el objet\u00f3 o la finalidad de dicha audiencia (conciliaci\u00f3n, fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones, pruebas, alegatos y sentencia); por lo que no es admisible afirmar que de manera manifiesta aparece arbitraria la valoraci\u00f3n probatoria hecha (\u2026); toda vez que en el cuestionado auto la se\u00f1ora Juez expuso las razones de orden factico y legal en las que fundo su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al sostener que el accionado \u00abatendi\u00f3 los lineamientos expuestos en la sentencia [emanada de esta Corte] en tanto el derecho de alimentos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes si bien goza de prerrogativas especiales por ser de inter\u00e9s superior, la responsabilidad de los abuelos para con sus nietos, mantiene la caracter\u00edstica de ser subsidiaria cuando los titulares naturales de la obligaci\u00f3n alimentaria faltaren o se pruebe la insuficiencia para el eventual cumplimiento de estos, de manera que si ninguno de los dos par\u00e1metros se encuentran satisfechos, se desvirt\u00faa la legitimaci\u00f3n por pasiva para perseguir a los abuelos\u00bb. <\/p>\n
Que al haberse encontrado \u00abnuevos elementos de convicci\u00f3n como lo es que el padre de los menores se hizo parte en el proceso, y no habi\u00e9ndose probado en sede del proceso insuficiencia, no es sustentable que sobre esa premisa deba continuar la abuela como demandada dentro del proceso\u00bb. Por tanto, \u00abla providencia censurada no incurre en los yerros atribuidos por la parte accionante, en la medida en que claramente hace una valoraci\u00f3n sustentada y razonable en que la obligaci\u00f3n alimentaria para con los hijos recae principalmente en los padres de los menores y de forma subsidiaria en los abuelos tal como lo establece el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Civil, norma que desde el punto de vista de su finalidad, en ning\u00fan caso est\u00e1 instituida para relevar a los padres de las obligaciones alimentarias para con sus hijos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para reprochar que \u00abel hecho [de] que se excluya a la abuela de mis menores hijos, teniendo como probado lo dichos de ella como demandada, sin que las pruebas aportadas por esta hayan sido controvertidas en la etapa pertinente, para el a-quo no es un defecto f\u00e1ctico, no es una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los menores, pues era en la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 y ss del CGP, donde se deb\u00eda tomar la decisi\u00f3n de la exclusi\u00f3n de la demanda y era all\u00ed en la etapa de la pr\u00e1ctica de pruebas donde la juez encartada deb\u00eda [decidir] si en realidad el se\u00f1or padre de mis hijos ten\u00eda capacidad suficiente o no para suministrar alimentos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, porque previo a la audiencia de tr\u00e1mite dentro del proceso de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, dispuso la exclusi\u00f3n como demandada de la abuela paterna de los menores alimentarios, y tras ello, invalid\u00f3 la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por ello, en la ventilaci\u00f3n de los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n, s\u00f3lo resulta viable el auxilio cuando tales decisiones produzcan vulneraci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales de los asociados, y para ello, como criterios para identificar las causales de procedibilidad, se han establecido los eventos en que la actividad judicial se muestra arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n de esta, toda vez que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC13340-2022, 5 oct., rad. 00253-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con sustento en lo antedicho, del examen realizado a los argumentos de la querella y con observancia en las piezas procesales pertinentes, la Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar acceder\u00e1 al amparo, toda vez que el estrado acusado lesion\u00f3 las prerrogativas superiores de los menores base de esta acci\u00f3n, al haberse anticipado a excluir a la demandada inicial y dejar sin garant\u00eda el suministro de los alimentos causados a favor de tres menores de edad. <\/p>\n
3.1. Del inter\u00e9s superior de los menores. <\/p>\n
Preliminarmente se recuerda que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, esta Sala ha venido sosteniendo que el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Posteriormente esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. En similar sentido el art\u00edculo 9\u00ba, se\u00f1ala: \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.2. De los defectos de procedibilidad. <\/p>\n
Precisado lo anterior, al revisar la actuaci\u00f3n censurada, esto es, la providencia emitida el 22 de noviembre de 2022, ratificada en sede de reposici\u00f3n el 13 de diciembre de la misma anualidad, se justifica la intervenci\u00f3n del fallador constitucional, comoquiera que la juzgadora de instancia, adem\u00e1s de desatender las anteriores premisas, transgredi\u00f3 los derechos fundamentales invocados al incurrir en yerros de orden procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3.2.1. Para abordar los yerros, debe tenerse en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a obligaci\u00f3n de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra l\u00ednea conjuntamente\u00bb, y que, \u00ab[e]l juez reglar\u00e1 la contribuci\u00f3n, tomadas en consideraci\u00f3n las facultades de los contribuyentes, y podr\u00e1 de tiempo en tiempo modificarla, seg\u00fan las circunstancias que sobrevengan\u00bb, de donde emerge que la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en estos asuntos, por regla general est\u00e1 radicada en cabeza de los progenitores del alimentario, y en segundo lugar en los abuelos, siempre y cuando se demuestre al menos una de las dos situaciones resaltadas: falta o insuficiencia. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencia STC13837-2017, aclar\u00f3: \u00ab(\u2026) que el legislador con el establecimiento de dicha norma no pretende indultar o exonerar a los padres de la obligaci\u00f3n de dar alimentos a sus hijos, pues, se recalca, siempre esta ser\u00e1 responsabilidad de \u00e9stos, la cual subsistir\u00e1 mientras no se extingan o desaparezcan las circunstancias que avalan su reclamo, sino que est\u00e1 consagrando dos eventualidades claramente excepcionales para que los abuelos paternos y maternos entren a sufragar o complementar los gastos que demanda la aludida obligaci\u00f3n2, situaci\u00f3n que puede llegar a ser indefinida o temporal, seg\u00fan el caso, de ah\u00ed que se hace necesario entender cu\u00e1l es el significado de las expresiones falta e insuficiencia, pues tales locuciones viene a ser, en t\u00e9rminos procesales, presupuestos de la acci\u00f3n, los cuales est\u00e1 forzado a probar, indudablemente, el peticionario\u00bb. <\/p>\n
En dicho pronunciamiento, tambi\u00e9n indic\u00f3, con apoyo en el diccionario de la RAE, que en cuanto a \u00abfalta\u00bb de los inicialmente obligados a responder, hac\u00eda alusi\u00f3n a \u00abausencia del progenitor o progenitora por causa de su muerte o desconocimiento de su paradero, hip\u00f3tesis en que se debe incluir, en criterio de la Corte, al secuestrado [art\u00edculo 11 de la Ley 986 de 2005]\u00bb, y que el vocablo \u00abinsuficiencia\u00bb refer\u00eda a \u00abescasez de recursos para costear la real necesidad del alimentario [CSJ STC316-2017], circunstancias que deber\u00e1 analizar el juez en cada caso en particular de acuerdo a sus matices, de cara a establecer, entonces, si fija o no la respectiva cuota alimentaria, en la proporci\u00f3n que legalmente corresponda, la cual podr\u00e1 ser modificada o revocada seg\u00fan las sucesos que sobrevengan\u00bb. <\/p>\n
En otro caso de similares contornos, se eximi\u00f3 de la obligaci\u00f3n al ascendiente del directamente obligado, pero porque se demostr\u00f3 que el progenitor del alimentario contaba con solvencia econ\u00f3mica para asumir los alimentos de sus hijos, se\u00f1al\u00e1ndose en esa ocasi\u00f3n que \u00ablos abuelos paternos y maternos pueden pagar o complementar la cuota alimentaria, cuando se presenta alguno de los eventos se\u00f1alados en la norma\u00bb (CSJ STC11059-2018, 30 ago., rad. 00349-01). Se resalta. <\/p>\n
Luego, en sentencia STC13723-2022 (12 oct., rad. 00268-01), la Corte aval\u00f3 la razonabilidad de la determinaci\u00f3n de un juez que mantuvo la cuota provisional a cargo del abuelo de una menor, pese a que al juicio tambi\u00e9n se dispuso la vinculaci\u00f3n del padre de la alimentaria, pues el acusado estim\u00f3 que la mesada mantendr\u00eda su vigencia \u00abmientras se desarrolle el proceso, ya que la decisi\u00f3n final en relaci\u00f3n con la cuota (\u2026), s\u00f3lo se decidir\u00e1 al dictar sentencia, momento en el que se valorar\u00e1n las pruebas aportadas ya las que se recepcionen en el curso del proceso, o por el mutuo acuerdo en la conciliaci\u00f3n\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
3.2.2. Conforme a lo anterior, en primer lugar, se logra establecer que el hecho de que con la concurrencia del se\u00f1or Ramos Burgos al proceso se haya desvirtuado la falta o ausencia del progenitor de los menores, no resquebraja autom\u00e1ticamente la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues del precedente jurisprudencial transcrito -el cual cit\u00f3 el juzgado como criterio de autoridad para tal decisi\u00f3n-, no deviene esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que, si bien existe el primer llamado a responder por los alimentos, y de \u00e9l -como lo dijo el accionado- pueda presumirse que es \u00abplenamente capaz y dispuesto a fin de asumir la obligaci\u00f3n natural y legal que le competente sufragar\u00bb, tal circunstancia no garantiza que cuente con capacidad econ\u00f3mica para satisfacer los alimentos demandados, esto es, la cuota que habr\u00eda de tasarse para que sus tres hijos tengan acceso a un m\u00ednimo vital y por ende a una vida digna. <\/p>\n
Entonces, al evidenciarse, al menos en la etapa inaugural en que se halla el proceso, que la sola existencia del padre releva ipso facto a quien fue inicialmente convocada al pleito como demandada, se advierte que el juzgado tampoco observ\u00f3 que el control de legalidad para, entre otros aspectos, \u00abverificar la integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario\u00bb, se contempla como una etapa de la audiencia inicial (art\u00edculo 372-8 del C\u00f3digo General del Proceso), que para el asunto en cuesti\u00f3n se subsume con la de instrucci\u00f3n y juzgamiento en una \u00fanica audiencia seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 392 ibidem. <\/p>\n
Adicional a esa inobservancia procedimental, se configura el vicio de car\u00e1cter f\u00e1ctico, porque en ese preliminar escenario, donde a\u00fan no se ha abierto el debate probatorio, resultaba apresurado que el juzgado tuviera por sentada la postura expuesta por la abuela para excluirla del litigio, apoyada por la del padre de los adolescentes que s\u00f3lo en ese momento hac\u00eda su ingreso al mismo, pero sin la demostraci\u00f3n de los supuestos de hecho esbozados, en particular, la suficiencia de recursos econ\u00f3micos del progenitor para asumir la obligaci\u00f3n judicialmente reclamada. <\/p>\n
Ciertamente, sin una ponderaci\u00f3n de los medios de prueba que las partes aportaron y solicitaron practicar, as\u00ed como de los de oficio que podr\u00edan disponerse para dilucidar la situaci\u00f3n, no deven\u00eda viable que el despacho encartado optara por desvincular a la abuela del proceso, y menos a\u00fan levantar la medida que garantizaba la cuota alimentaria provisional que se les ven\u00eda proveyendo. <\/p>\n
Esto \u00faltimo es a\u00fan m\u00e1s lesivo al observarse que tras el levantamiento del embargo de la pensi\u00f3n de la demandada, el juzgado no adopt\u00f3 una medida sustituta, sino que dej\u00f3 al libre albedrio del progenitor el aporte que pudiera proporcionar para atender las b\u00e1sicas necesidades de sus hijos, como si la obligaci\u00f3n alimentaria no fuese constante y permanente, por consiguiente, de satisfacci\u00f3n peri\u00f3dica e inmediata de cara a personas de especial protecci\u00f3n constitucional como lo son los menores de edad. <\/p>\n
3.2.3. En relaci\u00f3n con el defecto procedimental, en el sub lite se tipifica en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de los menores que integran la parte actora, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, entre ellas las del precepto 11 que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, no avizor\u00f3 que el trascendental aspecto de legitimaci\u00f3n en la causa, ameritaba un estudio fundado en los medios de prueba regularmente valorados en la decisi\u00f3n de fondo del pleito, o en su defecto, bajo el control de legalidad previsto en la audiencia de tr\u00e1mite (art\u00edculo 392, concordante con los preceptos 372 y 373 ibidem). <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable al caso sub j\u00fadice, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para una tutela judicial efectiva, los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia esperan que el derecho declarado sea cierto, y para el caso de los alimentos, \u00e9ste se materializa priorizando los tr\u00e1mites administrativos y jurisdiccionales encaminados al pago oportuno de las cuotas, de manera que por aspectos puramente formales no se afecte el derecho sustancial y prevalente de los alimentarios. Por tanto, el accionado no puede trasladar la incertidumbre en el suministro de los alimentos y menos las consecuencias desfavorables de ello, como carga al beneficiario de la prestaci\u00f3n que la requiere para solventar sus necesidades. <\/p>\n
Sobre el defecto f\u00e1ctico, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que se configura por \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), [o cuando] el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada en SU-241\/15). <\/p>\n
En el sub j\u00fadice, la incursi\u00f3n en dicho yerro por parte del encartado, radic\u00f3 en resolver sin el soporte de medios probatorios que pudieran dar una visi\u00f3n m\u00e1s amplia sobre la situaci\u00f3n a definir, sencillamente porque no era la oportunidad procesal para ello, y los que pudo haber examinado para fundamentar lo resuelto, no constitu\u00edan plena prueba en tanto adolec\u00edan de la debida contradicci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo de primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n iusfundamental invocada. En consecuencia, dentro del proceso de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, se invalidar\u00e1 el auto proferido por la agencia judicial convocada el 13 de diciembre de 2022, mediante el cual mantuvo inc\u00f3lumes los numerales 3\u00b0 y 4\u00b0 del auto adiado el 22 de noviembre de 2022, y se le ordenar\u00e1 que, en un t\u00e9rmino perentorio, resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n, corrigiendo los desafueros observados en esta excepcional sede jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia deprecados por la accionante. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto jur\u00eddico alguno el auto proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 13 de diciembre de 2022, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular del despacho judicial convocado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, con observancia en lo considerado en la parte motiva de esta providencia, renueve la actuaci\u00f3n surtida dentro del pleito alimentario en menci\u00f3n, resolviendo de nuevo el recurso de reposici\u00f3n formulado por la actora. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Esto en desarrollo del principio de solidaridad que impera en nuestro ordenamiento y que se hace visible en esta materia en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 44 superior, el cual prev\u00e9 que \u201cLa familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores.\u201d <\/p>\n
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STC5739-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5739-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00086-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}