STC5740-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5740-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00416-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de mayo de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Silvio Arcesio Ordo\u00f1ez Ortiz contra el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se declare \u00absin valor ni efecto las actuaciones surtidas en el proceso… a partir del auto admisorio de la demanda, proferido en febrero 25 de 2020\u00bb; y se ordene \u00abadelantar el proceso conforme a las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, de tal manera que se notifique en debida forma la demanda… para que pueda ejercer su derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Fanny Mayerly Am\u00f3rtegui adelant\u00f3 un proceso de liquidaci\u00f3n contra Silvio Arcesio Ordo\u00f1ez Ortiz, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, en el que el demandado fue emplazado y se le nombr\u00f3 curador ad – litem. <\/p>\n
2.2. El 9 de mayo de 2022 se decret\u00f3 la partici\u00f3n; el 14 de julio siguiente se dict\u00f3 sentencia aprobando la misma; el 9 de febrero de 2023 el demandado otorg\u00f3 poder a un abogado, quien el 27 de marzo siguiente pidi\u00f3 se le enviara el expediente y el 27 de abril se le reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 20 de marzo de 1990 contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Fanny Mayerly Am\u00f3rtegui; que el 13 de mayo de 2019 su c\u00f3nyuge radic\u00f3 demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio, en el que se allan\u00f3 a las pretensiones y coadyuv\u00f3 dicha solicitud; y que el 24 de septiembre siguiente se profiri\u00f3 sentencia de plano. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que una vez registrada el fallo de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio, la demandante formul\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal; y que con ocasi\u00f3n de la pandemia, solo pod\u00eda controlar el proceso por la p\u00e1gina de la Rama Judicial. <\/p>\n
2.5. Adujo que ante la imposibilidad de conocer las actuaciones del proceso por la desactualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n incluida en la p\u00e1gina, el 23 de noviembre de 2021, mediante correo electr\u00f3nico su apoderado deprec\u00f3 informaci\u00f3n del proceso y la ruta para acceder al expediente; y que el 30 de noviembre siguiente le contestaron que se pod\u00eda acercar al despacho para revisarlo porque era escritural. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el 1\u00ba de diciembre de 2021 le entregaron en f\u00edsico el expediente, en donde encontr\u00f3 el auto admisorio y la orden de notificaci\u00f3n personal al demandado; que le otorg\u00f3 poder al abogado para que se notificara y lo representara en el juicio, el que fue enviado por correo electr\u00f3nico el 9 de febrero de 2023; y que a la fecha no hab\u00eda pronunciamiento alguno. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el 24 de marzo de 2023 solicit\u00f3 un certificado de tradici\u00f3n y libertad de su predio, encontrando que el 16 de marzo anterior hab\u00eda sido registrada la sentencia emitida el 9 de mayo de 2022, en donde se le adjudic\u00f3 el bien a Fanny Mayerly Am\u00f3rtegui; y que el 27 de marzo de los corrientes le enviaron el link para acceder al proceso. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que al revisar la actuaci\u00f3n observ\u00f3 que la notificaci\u00f3n se remiti\u00f3 a una direcci\u00f3n en Neiva que no corresponde a su residencia ni lugar de trabajo; que le fue nombrado curador, con el que se continu\u00f3 el proceso sin su comparecencia, en donde se aprob\u00f3 la partici\u00f3n efectuada. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que el tr\u00e1mite dado al juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal desconoci\u00f3 sus prerrogativas esenciales, en tanto que la notificaci\u00f3n y emplazamiento fueron indebidos, lo que le impidi\u00f3 hacerse parte y ejercer su defensa; y que se enter\u00f3 de la existencia de dicho proceso el 24 de marzo de los corrientes, cuando solicit\u00f3 un certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio. <\/p>\n
2.10. Indic\u00f3 que con la partici\u00f3n efectuada sobre el inmueble en el que tiene construida su casa de habitaci\u00f3n, quedaba sin casa; que es una persona mayor; que la demandante conoc\u00eda su direcci\u00f3n de residencia; que el citatorio ten\u00eda errores; y que el estrado acusado acept\u00f3 la indebida notificaci\u00f3n, sin ordenar el enteramiento en las otras direcciones conocidas. <\/p>\n
2.11. Anot\u00f3 que no entend\u00eda las razones por las que el despacho convocado ten\u00eda desactualizada la informaci\u00f3n en la p\u00e1gina; que el fallo fue registrado ocho meses despu\u00e9s de emitida; y que aunque la sentencia era susceptible de revisi\u00f3n, dicho tr\u00e1mite pod\u00eda tardar meses o a\u00f1os, lapso en el que pod\u00eda ser desalojado del bien o este pod\u00eda ser objeto de grav\u00e1menes a favor de terceros. <\/p>\n
2.12. Agreg\u00f3 que se incurri\u00f3 en una irregularidad procesal; que no se incluyeron todos los bienes de la sociedad; que se le adjudic\u00f3 a la demandante el predio que cuenta con una casa de habitaci\u00f3n, por lo que tiene un mayor valor; y que exist\u00eda defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Gustavo Adolfo Vargas Gonz\u00e1lez, curador ad-litem del demandado Silvio Arcesio Ordo\u00f1ez Ortiz, relat\u00f3 lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, puesto que el accionante, como m\u00ednimo desde el 2 de febrero de 2023, cuando otorg\u00f3 poder a su apoderado, pudo hacer uso de la alternativa que prev\u00e9 el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, en procura de la declaratoria de la nulidad de lo actuado por las irregularidades en su notificaci\u00f3n, pero no lo hizo o no se tiene noticia de que lo hubiere hecho; y que la tutela no era una instancia alternativa o paralela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que el poder se otorg\u00f3 para el proceso de cesaci\u00f3n y no de liquidaci\u00f3n; que como contra la sentencia proced\u00eda recurso, no se hab\u00eda solicitado la entrega, ni la ejecuci\u00f3n del fallo, no era procedente la nulidad; que el Tribunal no analiz\u00f3 la aptitud del medio ordinario de defensa; y que acud\u00eda a la tutela para evitar un perjuicio irremediable, pues el medio de defensa que exist\u00eda, recurso de revisi\u00f3n, era insuficiente o ineficaz. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que no se advierte que el accionante hubiere planteado ante el juez natural la nulidad de la actuaci\u00f3n por la alegada falta de notificaci\u00f3n, sin que sea procedente atender dicha aspiraci\u00f3n a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. De otro lado, se le recuerda al peticionario que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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