STC5742-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5742-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de mayo 2023, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d, \u00aben representaci\u00f3n\u00bb de \u201cB\u201d, contra el Juzgado de Familia. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor de edad involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, aduciendo la prenotada condici\u00f3n de \u00abapoderado\u00bb de la se\u00f1ora \u201cB\u201d, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso, supuestamente vulnerada por el Juzgado de Familia, toda vez que, en el curso del ejecutivo de alimentos que aquella inici\u00f3 contra el progenitor de su descendiente \u201cC\u201d, aun cuando \u00absubsan\u00f3\u00bb su demanda en febrero hoga\u00f1o, a la fecha de interponer el amparo no hab\u00eda obtenido pronunciamiento sobre el tema. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abORDENAR al JUZGADO DE FAMILIA, resolver dentro de la (sic) 48 horas despu\u00e9s de haberse notificado de la presente acci\u00f3n, resolver (sic) la subsanaci\u00f3n y su posterior expedici\u00f3n del AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO y sus oficios, sin m\u00e1s dilataciones (sic) f\u00fatiles\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La autoridad cuestionada relat\u00f3 las actuaciones del proceso y aclar\u00f3 que, \u00abel extremo activo a trav\u00e9s de su apoderado judicial, procedi\u00f3 a realizar la debida subsanaci\u00f3n mediante escrito remitido a trav\u00e9s del buz\u00f3n electr\u00f3nico del despacho, el cual pese a la afluencia masiva de env\u00edos electr\u00f3nicos, fue hallado, por lo cual de forma inmediata se procedi\u00f3 a su debido tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual el despacho mediante providencia del 11 de Mayo de 2023, profiri\u00f3 el respectivo auto que libra mandamiento de pago, acorde a la petitum de la actora, atendiendo de esta forma las pretensiones que hoy configuran la presente acci\u00f3n de tutela, siendo ello elemento clave que da lugar a la declaratoria del hecho superado, al haberse agotado la solicitud que le daba origen a la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia Nacional de Salud pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque, \u00abal no ser interpuesta la acci\u00f3n constitucional de forma directa por afectada, esta debi\u00f3 haberse interpuesto bien sea (i) mediante la figura de agencia oficiosa, (ii) mediante defensor p\u00fablico o personero municipal o (iii) por conducto de apoderado judicial. En ese orden de ideas, si bien en el escrito tutelar se anuncia que el Dr. \u201cA\u201d act\u00faa en calidad de apoderado de la se\u00f1ora \u201cB\u201d, no se advierte que haya sido aportado al tr\u00e1mite poder especial por parte del profesional del derecho, a pesar de haber sido requerido en dicho sentido en auto del 13 de marzo del 2023\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El abogado memorialista recurri\u00f3 la precitada providencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el libelista cuenta con poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de la interesada; y, de superarse lo anterior, si el Juzgado de Familia incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de alimentos que ella promovi\u00f3, porque, a la fecha, no habr\u00eda dictado la orden de apremio. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
2.1. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
2.1.1. Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que, al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: <\/p>\n
\u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha sostenido que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb.). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, en la medida en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
2.1.2. Ahora bien, con observancia en las premisas que anteceden, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo, pues, tal como acertadamente coligi\u00f3 el tribunal a quo, el memorialista \u201cA\u201d carece de poder especial para actuar en nombre de \u201cB\u201d, demandante en el compulsivo de alimentos que se ausculta, por lo que, en tal virtud, ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En ese sentido, trat\u00e1ndose de la salvaguarda en la que se comparezca por conducto de mandatario, el criterio que ha sostenido la jurisprudencia constitucional es: <\/p>\n
\u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC, T-975\/05). <\/p>\n
Por ello, contrario a lo sostenido por el libelista, quien indic\u00f3 que en el documento adosado se le confiri\u00f3 la facultad de interponer \u00abacciones y judiciales constitucionales (sic)\u00bb, por lo que, en su criterio, tiene la debida representaci\u00f3n para instaurar la tutela, lo cierto es que para estos eventos se exige que el mandato sea espec\u00edfico, de modo que, en esas condiciones, no es posible tener por v\u00e1lido dicho poder (o una habilitaci\u00f3n gen\u00e9rica), para estos efectos. <\/p>\n
2.2. Precisi\u00f3n adicional: sobre la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
En todo caso, aun cuando se proh\u00edja la inviabilidad de la salvaguarda por la falta de poder especial del abogado, para la Sala deviene di\u00e1fano que, en el curso del auxilio, el Juzgado de Familia dict\u00f3 el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual libr\u00f3 la orden de apremio en favor de la se\u00f1ora \u201cB\u201d, en representaci\u00f3n de su hijo \u201cC\u201d, \u00abpor la suma de ($15.125.682,62) la cual deber\u00e1 pagarse en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas m\u00e1s los intereses del 6% anual desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n y las que en lo sucesivo se causen seg\u00fan lo dispuesto en el Art. 431 del C.G.P.\u00bb, circunstancia que afianza la improsperidad de esta reclamaci\u00f3n, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016). <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
3.1. El memorialista carece de poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de la titular de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
3.2. Pese a la anotada circunstancia, en el curso del amparo, el estrado accionado dict\u00f3 el prove\u00eddo que se echaba de menos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
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