STC5752-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5752-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02243-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene \u00abaplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y\u2026 fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb. Adicionalmente, reclam\u00f3 que se requiera al fallador accionado para que aplique el \u00abart 121 CGP\u2026 y pierda competencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, pidi\u00f3 que \u00abse ordene\u2026 a [la] [Procuradur\u00eda] General [de la] Naci\u00f3n\u2026 y al defensor del pueblo\u2026 informar d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa\u2026 ante la mora judicial en [su] acci\u00f3n popular\u2026\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que se requiera a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda \u00abpara que de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998 en esta acci\u00f3n popular, pues nunca se aplica dicho art\u00edculo y le\u2026 env\u00ede formato tipo para solicitar aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra Inmark Colombia SAS (radicado 2022-00199), que fue decidida con sentencia del 8 de marzo de 2023, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 15 de mayo pasado, autoridad que admiti\u00f3 la alzada con auto del 2 de junio de 2023. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado acusado \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998\u2026 al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que \u00abel 15 de mayo de 2023, se recibi\u00f3\u2026 la apelaci\u00f3n a la sentencia\u2026, pero como el [magistrado sustanciador] estuvo incapacitado entre el 8 y el 26 de igual calenda, pas\u00f3 a despacho el 29 de mayo y, el 2 de junio de 2023, se admiti\u00f3 el recurso\u2026\u00bb; y que \u00abel t\u00e9rmino para sustentar el recurso a\u00fan no ha fenecido y, de ah\u00ed, se debe respetar el traslado a la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda precis\u00f3, \u00abrespecto de la queja presentada por el actor y que tiene que ver con la acci\u00f3n popular 2022-00199-00, en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira\u00bb, que \u00abpor reparto fue asignada\u2026 bajo el radicado 66001250200020230005600 y, en providencia del 14 de marzo de los corrientes se profiri\u00f3 auto inhibi\u00e9ndose de adelantar tr\u00e1mite alguno\u00bb. De otro lado, destac\u00f3 que \u00aben cuanto al formato para presentar quejas, puede ser reclamado en las instalaciones de esta Comisi\u00f3n, o, solicitarse al correo ssdcsper@cendoj.ramajudicial.gov.co…\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que, \u00aben lo que tiene que ver con la solicitud relacionada con la presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por mora judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, \u00abtodas las personas que demuestren una\u2026 imposibilidad\u2026 para pagar por s\u00ed mismas la defensa de sus derechos, as\u00ed como asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial tal como ser\u00eda requerido por el accionante, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica\u2026\u00bb, por lo que \u00abcorresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
5. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja principal del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite al que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de las condiciones de salud del magistrado que tiene a su cargo la sustanciaci\u00f3n del asunto, que le impidieron darle impulso al proceso, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que \u00e9l haya reclamado ante dichas entidades lo que aqu\u00ed deprec\u00f3, lo que conlleva la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
Respecto a la \u00faltima de las autoridades mencionadas (Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda), valga la pena resaltar que no se verifica que el gestor del resguardo hubiese elevado ante dicha entidad queja alguna contra el Tribunal convocado, por el tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular materia de censura, pues la que formul\u00f3 en ocasi\u00f3n anterior se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira y no frente a la sede judicial aqu\u00ed accionada, conforme se extracta de los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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