STC5753-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5753-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00091-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 23 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Milley Carolina Echeverri Agudelo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 dejar sin efecto el prove\u00eddo de tres de mayo pasado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Milley Carolina Echeverri Agudelo promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra \u00c1lvaro Amed Urquijo Arboleda, tr\u00e1mite en el que, tras librarse mandamiento de pago, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 22 de enero de 2018. <\/p>\n
2.2. Embargado, secuestrado y avaluado el bien objeto de la garant\u00eda hipotecaria, el primero de junio de 2021, se adelant\u00f3 su subasta, siendo adjudicado a la demandante, almoneda aprobada con auto del primero de julio siguiente. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia de 7 de marzo de 2022, se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso \u00abpor pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se comision\u00f3 \u00abal Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral para efectos de proceder a la entrega del bien rematado\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que: <\/p>\n
\u2026 fue acertada legalmente la decisi\u00f3n emitida\u2026, el 12 de octubre de 2022, [que] rechaz\u00f3 de plano la nulidad impetrada en consonancia con lo reglado en el Art. 455 C.G.P., ya que no era posible atender las nulidades imploradas, cuyos supuestos anulativos vienen arraigados en presuntas irregularidades procesales que habr\u00edan tenido ocurrencia antes del remate y que no fueron alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n en remate, por lo que no fue oportuno atendiendo la literalidad del art\u00edculo 455 del C.G.P. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la ejecuci\u00f3n criticada \u00abc\u00f3mo se decret\u00f3 por el [a quo], mediante auto\u2026 de 7 marzo de 2022, est\u00e1 terminada de manera definitiva, por tanto, le es aplicable, adem\u00e1s todo lo anterior expuesto alrededor del art. 455, el contenido de este tercer inciso del articulo 134\u00bb; y que el a quo \u00abse equivoc\u00f3 al conceder el recurso de apelaci\u00f3n, en su lugar debi\u00f3 denegar y\/o rechazar de plano el mismo, teniendo en cuenta que el argumento presentado por el Despacho mismo para el rechazo de la nulidad fue la aplicaci\u00f3n literal de lo establecido en el Art. 455 del CGP\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 el abordaje jur\u00eddico del a quo fue equivocado por cuanto \u00e9ste rechaz\u00f3 la nulidad con base en normas que no eran las llamadas a operar, pues el demandado no estaba alegando ninguna irregularidad que pudiera afectar la validez del remate (arts. 452 y 455 CGP), sino una nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n (art. 133 # 8 C.G.P), frente a la cual deb\u00eda entonces seguirse los lineamientos del art\u00edculo 134 del CGP. <\/p>\n
2. Marta Luc\u00eda Murillo Ortega, a trav\u00e9s de apoderado judicial, resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n tomada por el Juzgado [Primero] Civil del Circuito de Rionegro no puede ser objeto de reproche constitucional, porque\u2026 la entidad accionada est\u00e1 siendo garante del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. \u00c1lvaro Amed Urquijo Arboleda, mediante mandatario judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la providencia criticada. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral, tras rendir informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio censurado, esgrimi\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite del proceso [atacado]\u2026 ha sido\u2026 oportun[o], hasta el punto de contar con remate de bien, adjudicaci\u00f3n del mismo e incluso con la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de esa municipalidad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que el juzgado accionado: <\/p>\n
\u2026 obr\u00f3 de forma acertada al aplicar los numerales 2 y 3 del art\u00edculo 134 del estatuto procesal civil, a la solicitud de nulidad propuesta \u201cpor indebida notificaci\u00f3n\u201d pues de forma particular y expresa se refiere a esta causal, y se\u00f1ala el tr\u00e1mite que debe d\u00e1rsele, siendo entonces l\u00f3gico acudir a una norma que regula de forma precisa esta circunstancia y no al art\u00edculo 455 ibidem relativa al \u201csaneamiento de nulidades y aprobaci\u00f3n del remate\u201d, que nada en particular dec\u00eda sobre la nulidad propuesta. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que la actora cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2022, que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 su antagonista en el juicio criticado, frente al auto de 12 de octubre de esas mismas calendas, al considerar que dicho medio de impugnaci\u00f3n resultaba improcedente; y (ii) la providencia de 3 de mayo de 2023, que revoc\u00f3 la citada decisi\u00f3n de 12 de octubre de 2022, por cuanto, en su concepto, no debi\u00f3 darse curso a la petici\u00f3n de nulidad que formul\u00f3 el ejecutado. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto al otro de los reclamos de la quejosa, se concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto la providencia de 3 de mayo pasado no luce arbitraria, comoquiera que la sede judicial criticada explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable el rechazo de plano de la petici\u00f3n invalidatoria que formul\u00f3 el demandado en la ejecuci\u00f3n cuestionada, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la norma prev\u00e9 en su art\u00edculo 134 del C.G.P., la oportunidad y tr\u00e1mite de las nulidades, estableciendo que el Juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de pruebas que fueren necesarias. <\/p>\n
Indicado lo anterior, en el expediente se inobserva el agotamiento de desarrollo del tr\u00e1mite de anulaci\u00f3n como lo establece la norma, luego cobra eficacia el argumento que destaca el apelante\u2026 <\/p>\n
Con lo indicado, y aunque se aclara que bajo las actuales reglas del C.G.P., el tr\u00e1mite de las nulidades no constituye un incidente, se puede concluir que asiste raz\u00f3n al apelante m\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis del fondo de la problem\u00e1tica que se ha planteado a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de anulaci\u00f3n, resultando evidente y equivocada la forma en que el a quo decidi\u00f3 impartir a la solicitud de nulidad que fue presentada en el proceso, siendo lo correcto darle el tr\u00e1mite correspondiente. Lo anteriormente indicado responde al an\u00e1lisis de los argumentos que ha expuesto en la providencia de rechazo el Juez de instancia, sino por el contrario es un an\u00e1lisis de constataci\u00f3n normativa para establecer si en efecto la senda procesal utilizada para la resoluci\u00f3n de la prenombrada nulidad result\u00f3 ajustada a la norma. <\/p>\n
Lo \u00fanico cierto, es que la nulidad por indebida notificaci\u00f3n- seg\u00fan los lineamientos establecidos en el C.G.P., NO puede equipararse a la instrucci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 452 Inc. 3 Ibidem, al establecer que los interesados podr\u00e1n alegar las irregularidades que pueden afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
Cumple preguntarse entonces si la indebida notificaci\u00f3n puede equipararse a lo que el legislador establece como dem\u00e1s irregularidades que puedan afectar la validez del remate- y la respuesta es que no, por cuanto a voces de la jurisprudencia y la doctrina lo que se entiende por dem\u00e1s irregularidades, lo son entre otros: falta de citaci\u00f3n a los acreedores hipotecarios, no contener el aviso del remate los requisitos establecidos en el art. 450 C.G.P., no haberse publicado el aviso en peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n, que se admita como postor a quien no ha realizado la consignaci\u00f3n del 40% para poder hacer postura, que la diligencia no guarda correspondencia con el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n indicado en la providencia que programo la licitaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que los ejemplos rese\u00f1ados en manera alguna incluyen por asomo la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, que como tal debe ser analizada y decidida por el juez de Instancia. <\/p>\n
Ahora bien, si la argumentaci\u00f3n apunta a la posibilidad contenida en el art\u00edculo 135 del C.G.P., cuando establece que el Juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga <\/p>\n
despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n. Tampoco es de recibo, pues si bien\u2026 \u00c1lvaro Amed Urquijo Arboleda, se notific\u00f3 seg\u00fan se observa a folio (42) expediente hibrido 53 archivo 002, en forma personal el pasado 07 de noviembre de 2017, verificadas las dem\u00e1s actuaciones que desde ese momento cumbre se han surtido, \u00fanicamente se evidencia la actuaci\u00f3n de la <\/p>\n
parte actora y solamente hasta el 20 de mayo de 2022, es decir, pasados m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, vuelve a intervenir y esta vez con la interposici\u00f3n de la nulidad que en la actualidad nos ocupa. <\/p>\n
En ese orden de ideas, refulge imperioso dar tr\u00e1mite a la nulidad propuesta al margen de la configuraci\u00f3n o no de la misma, pues ser\u00e1 en dicho debate probatorio en donde el juez de primer grado determinar\u00e1 su configuraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales y concluy\u00f3 que no era procedente el rechazo de plano de la petici\u00f3n invalidatoria que plante\u00f3 el demandado en el litigio cuestionado, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que lo cuestionado no era la legalidad del remate, sino del proceso, por lo que deb\u00eda darse curso a la solicitud, con miras a constatar la existencia de las irregularidades denunciadas y si aquellas ten\u00edan en el efecto de retrotraer la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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