STC5758-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5758-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00623-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 Leonardo Lesmes S\u00e1nchez frente al fallo proferido el pasado 13 de abril por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Promiscuo Municipal de San Mart\u00edn de los Llanos, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente afrentados por las autoridades acusadas al no acceder a su petici\u00f3n de exclusi\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, disponer \u00ab[e]l rechazo inoportuno efectuado por la fiscal\u00eda\u00bb, \u00ab[i]nadmitir las pruebas documentales por no haberse sustentado la pertinencia de cada medio de prueba como lo exige el art. 376 de la ley 906 de 2004 en concordancia con lo se\u00f1alado en el auto AP 948 de 2018\u00bb y resolver \u00abde fondo el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.2. En la demanda de amparo del ep\u00edgrafe el quejoso critic\u00f3 esas determinaciones porque, en su sentir, debi\u00f3 accederse a excluir los elementos probatorios deprecados por el ente fiscal porque los mismos no le fueron proporcionados al momento del supuesto descubrimiento, en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, sino por fuera de ella; a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que el ad-quem se abstuvo de pronunciarse frente al fondo de cada una de sus alegaciones, aduciendo una inexistente carencia de competencia, bajo el supuesto falaz de que \u00abla decisi\u00f3n que decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas no admite el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Treinta y Nueve Delegada deprec\u00f3 \u00abdesechar las pretensiones invocadas por el accionante en atenci\u00f3n a que no se visualiza transgresi\u00f3n alguna al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Abogado Fredy Ricardo Iregui Aguirre, quien indic\u00f3 actuar \u00aben [su] condici\u00f3n de defensor de confianza del ciudadano Jos\u00e9 Leonardo Lesmes S\u00e1nchez\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial conferido por \u00e9ste para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n, por improcedente, porque \u00abse est\u00e1 ante un proceso en curso, en el cual falta por desarrollar el juicio con las consiguientes sentencias de primera y segunda instancias, y a\u00fan la de casaci\u00f3n, etapas propicias para plantear los argumentos que esencialmente apuntan a la controversia probatoria, cuyo escenario por excelencia es el juicio y las decisiones con las que se le ponga fin\u00bb; y en todo caso, lo cierto es que \u00ab[n]o existe vulneraci\u00f3n alguna a las garant\u00edas del acusado, como que en su forzado discurso lo que realmente muestra como tal es que disiente de los argumentos jur\u00eddicos de las dos instancias y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abel proceso seguido en contra de Jos\u00e9 Leonardo Lesmes S\u00e1nchez se encuentra en curso y, consonante con ello, es al interior de aqu\u00e9l donde se debe expresar la inconformidad que le subsiste contra las decisiones adoptadas\u00bb, resaltando que \u00absi bien el libelista estima equivocado que se hubiere admitido las pruebas deprecadas por el Delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cierto es que tiene la oportunidad de debatir en sede de juicio su incorporaci\u00f3n, as\u00ed como cuestionar en los respectivos alegatos y por v\u00eda de los recursos ordinarios y extraordinarios la admisibilidad y valoraci\u00f3n de los medios suasorios en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales, asever\u00f3 que de aceptar la tesis del a-quo constitucional \u00abse estar\u00eda dando una interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n extensiva a los t\u00e9rminos y oportunidades procesales que deben observarsen (sic) en el descubrimiento y postulaci\u00f3n probatoria, que rayan con [sus] derechos fundamentales\u00bb, sin que sea cierto que tiene otras oportunidades para discutir tal situaci\u00f3n porque de los c\u00e1nones 357 y 359 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal se desprende que la \u00fanica para ello es la audiencia preparatoria agotada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches del censor se enfilaron al despacho favorable que considera debi\u00f3 darse a su petici\u00f3n de exclusi\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En efecto, la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se hab\u00eda dictado sentencia de primer grado para cuando fue propuesta esta salvaguarda, la que de resultarle adversa ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comparta la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00eda acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se mostraba presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plante\u00f3, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ag., rad. 2016-01093-01; y STC2674-2020, 12 mar., rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
Por ese rumbo, la eventual conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se adujo, muy a pesar de la insistencia del quejoso, es un asunto que a\u00fan puede plantear en el juicio recriminado y, de llegar a demostrar que le asiste raz\u00f3n, habr\u00e1n de tomarse all\u00ed las medidas adecuadas para renovar la actuaci\u00f3n, por lo que las v\u00edas atr\u00e1s referidas (recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n frente a las eventuales sentencias adversas) s\u00ed se muestran id\u00f3neas y eficaces para su cometido, evidenci\u00e1ndose que actualmente no se presenta ning\u00fan eventual perjuicio irremediable que torne procedente este resguardo como mecanismo transitorio, m\u00e1xime cuando no existe condena en firme alguna en contra del censor, de donde insatisfechos est\u00e1n los supuestos jurisprudenciales para la viabilidad excepcional de este ruego supralegal. <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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