STC5759-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5759-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n instaurada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 frente al fallo proferido el pasado 25 de mayo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Marina Mun\u00e9var contra aquel estrado judicial, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, los que dijo vulnerados por la sede judicial acusada, por la tardanza en la emisi\u00f3n del veredicto de segunda instancia en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abal juzgado accionado que\u2026 profiera sentencia de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de simulaci\u00f3n instaurado por Myriam Elfriede Anaya S\u00e1nchez y Esmeralda Lozano Rodr\u00edguez contra la accionante, H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Mun\u00e9var, Ana Marcela Acosta y Gonzalo Serrano Pulido, en audiencia del 5 de agosto de 2019 el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, adem\u00e1s de otorgar ante el Superior, el recurso de queja propuesto contra la negativa a conceder la apelaci\u00f3n frente al rechazo de una petici\u00f3n de nulidad de la parte actora, emiti\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abinexistencia del acto simulado\u00bb y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Veredicto que apel\u00f3 el extremo demandante. <\/p>\n
2.2. El 23 de agosto de 2019 el asunto se asign\u00f3 al Juzgado ad-quem, autoridad que el 6 de diciembre siguiente resolvi\u00f3 el recurso de queja, concediendo la alzada negada por el a-quo; el 31 de enero de 2020 declar\u00f3 \u00absaneada cualquier irregularidad\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el 23 de abril posterior para llevar a cabo \u00abla audiencia de alegatos y fallo\u00bb, y prorrog\u00f3 en seis (6) meses el t\u00e9rmino para emitir sentencia de segundo grado; el 22 de abril de 2021 adecu\u00f3 el tr\u00e1mite a lo reglado en el Decreto 806 de 2020; el 28 de septiembre de 2022 i) solicit\u00f3 al Juzgado de primera instancia certificar \u00absi la audiencia [de] que trata el art\u00edculo 373 del C.G.P\u2026 cuenta con solo tres partes\u00bb y allegar \u00abel contenido visible CD\u2026 denominado \u201cInterrogatorio\u2026 Absolvente: Hector Ivan Ruge\u201d (sic )\u00bb, y ii) confirm\u00f3 \u00abel auto proferido en audiencia el 05 de agosto de 2019[,] por medio del cual el Juzgado\u2026 Municipal\u2026 neg\u00f3 incidente de nulidad\u00bb; y obtenida la respuesta frente a tal requerimiento, desde el 1\u00ba de noviembre de 2022 el diligenciamiento ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2.3. Con la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, en concreto, la quejosa cuestion\u00f3 que desde el a\u00f1o 2019 \u00abse avoc[\u00f3] el conocimiento de la segunda instancia\u00bb y \u00abhan trascurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os sin que se falle\u00bb, encontr\u00e1ndose abiertamente superado el lapso de seis (6) meses que, para el efecto, contempla el precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La actual regente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 destac\u00f3 que se posesion\u00f3 en ese cargo el 12 de octubre \u00faltimo, \u00abencontrando procesos sin resolver desde el a\u00f1o 2021 (395 procesos a Despacho)\u00bb; que por \u00abel estado de atraso y congesti\u00f3n en que se encuentra [esa] dependencia judicial\u00bb, infructuosamente, \u00abse ha solicitado reiteradamente se [le] incluya\u2026 en plan de descongesti\u00f3n\u00bb; que, gracias a los ingentes esfuerzos de su equipo de trabajo, ha logrado avanzar hall\u00e1ndose \u00abevacuando procesos ingresados al Despacho finalizando el mes de julio de 2022\u00bb; de donde la situaci\u00f3n ac\u00e1 denunciada no le \u00abes atribuible\u2026 y despachar favorablemente las solicitudes en los tiempos indicados en la ley, es humanamente imposible\u00bb, por lo que deprec\u00f3 el concurso del fallador constitucional para que, a trav\u00e9s suyo, \u00abse contribuya a mejorar la situaci\u00f3n\u2026 y se acuda a la entidad que corresponda para que se nombre un oficial mayor y mejorar\u2026 [su] \u00edndice de evacuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 28 de septiembre de 2022 se \u00abdecidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de\u2026 5 de agosto de 2019\u00bb, sin embargo, \u00abel otro recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia, no fue posible decidirlo en aquella data por cuanto de la revisi\u00f3n del expediente remitido, se evidenci\u00f3 que no se alleg\u00f3 en forma completa la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C.G.P., por lo que se requiri\u00f3 al Juzgado de primera instancia aclarar la situaci\u00f3n y remitir la parte de la audiencia faltante si fuere el caso, respuesta que fuera recibida\u2026 el 5 de octubre de 2022, habiendo ingresado el expediente para emitir sentencia escrita el d\u00eda 1 de noviembre de la misma anualidad\u00bb, quedando \u00aben tercer turno de sentencias\u2026, y una vez se emitan los dos fallos de los procesos ingresados con anterioridad\u2026, se entrar\u00e1 al estudio para emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el asunto fustigado, \u00abseg\u00fan oficio 1833 del 15 de agosto de 2019, fue remitido\u2026 para que se surtiera la alzada concedida en el efecto suspensivo ante el Juez Civil del Circuito de la localidad contra la sentencia proferida el 5 de agosto de 2019, sin que dicho proceso haya retornado con la decisi\u00f3n de esa instancia\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo ordenando al Juzgado acusado proferir, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, la sentencia echada de menos, al hallar injustificada la tardanza en su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino previsto en los incisos 1\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 121 del C.G.P., para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia, se encuentra ampliamente vencido, n\u00f3tese que el expediente fue radicado el 23 de agosto de 2019 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1\u2026; y si bien la se\u00f1ora Juez\u2026 indic\u00f3 que se posesion\u00f3 en el juzgado accionado el 12 de octubre de 2022, se precisa que aun teniendo en cuenta su fecha de posesi\u00f3n, han pasado m\u00e1s de 6 meses sin que se dicte sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la titular de la sede judicial recriminada insistiendo en las exculpaciones expuestas al dar respuesta al reclamo tutelar, a las cuales a\u00f1adi\u00f3 que estaba insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad para su prosperidad, comoquiera que, como lo ha sostenido en otros asuntos el Tribunal a-quo, siendo necesaria la unificaci\u00f3n de tal criterio, la quejosa debi\u00f3 acudir previamente a la \u00abvigilancia judicial administrativa\u00bb de que trata el numeral 6\u00ba del canon 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11-8716, lo que no acredit\u00f3 haber hecho, aunado a que la concesi\u00f3n del resguardo afrenta el derecho a la igualdad al desconocerse \u00ablos turnos de ingreso a despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que el asunto en cuesti\u00f3n est\u00e1 a cargo de la sede judicial ad-quem criticada desde el a\u00f1o 2019, sin que haya proferido la sentencia de segunda instancia en el juicio declarativo que incoaron Myriam Elfriede Anaya S\u00e1nchez y Esmeralda Lozano Rodr\u00edguez contra la accionante, H\u00e9ctor Iv\u00e1n Ruge Munevar, Ana Marcela Acosta y Gonzalo Serrano Pulido, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, era evidente que el amparo deprecado deb\u00eda concederse, lo que impone el despacho adverso de la impugnaci\u00f3n propuesta, ya que la sede judicial censurada ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado, en tanto que el asunto arrib\u00f3 a ese Juzgado desde el 23 de agosto de 2019 y, en todo caso, desde el momento en que su actual regente se posesion\u00f3 en ese cargo (12 de octubre de 2022), a la fecha, han transcurrido m\u00e1s de ocho (8) meses e, incluso, han pasado m\u00e1s de siete (7) desde que el expediente ingres\u00f3 al despacho (1\u00ba de noviembre de ese a\u00f1o) despu\u00e9s de que el a-quo atendiera el requerimiento efectuado por el ad-quem en auto del 28 de septiembre de 2022; por lo que, como ya lo ha dejado por sentado la Sala, \u00absi bien no se encuentra acreditado dentro de este ruego que el interesado haya activado alguno de los mecanismos a trav\u00e9s de los cuales podr\u00eda plantear su inconformidad frente a la actitud omisiva de la funcionaria\u2026 (recusaci\u00f3n o vigilancia judicial administrativa), ello no es obst\u00e1culo para revisar de fondo el confutado asunto, dada la notoria tardanza en su resoluci\u00f3n\u00bb (se resalt\u00f3 – CSJ STC14466-2022, 26 oct., rad. 2021-01198-01), m\u00e1xime cuando las razones que expuso la opugnante para justificar tal demora no compensan la notoria dilaci\u00f3n ni demostr\u00f3 situaci\u00f3n alguna que lleve a considerar que se est\u00e1 frente a un caso de alta complejidad. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, el resguardo se otorg\u00f3 al considerar: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, num. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. De suerte que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada STC11505-2020). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, del sub examine emerge un evidente retraso, en la medida que pas\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y cinco meses sin que el despacho cognoscente haya siquiera explicado la raz\u00f3n de la espera, en detrimento de las expectativas de Casta\u00f1o L\u00f3pez quien ha demandado atenci\u00f3n a su caso en tres oportunidades sin respuesta alguna, adem\u00e1s de que la controversia (resoluci\u00f3n de contrato) no reviste un alto grado de complejidad para justificar el tiempo excesivo en inercia en el que ha permanecido el dossier, no siendo de recibo lo expuesto por el juez reprochado, en el sentido que la tutelante cuenta con la posibilidad de acudir a la vigilancia judicial administrativa, pues, olvida que al no impulsar debidamente el juicio a su cargo, tal proceder constituye una irregularidad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda, m\u00e1xime que \u00abla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u00bb (CC T-30\/05). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se advierte \u00abtraspi\u00e9\u00bb alguno del fallador constitucional de primer grado al referir en su providencia la sentencia SU-333 de 2020, puesto que all\u00ed se reiter\u00f3 el precedente supralegal contenido en las T-230 de 2013, SU-394 de 2016 y T-186 de 2017, en las cuales se explic\u00f3 que \u00abse presenta una mora judicial injustificada, si la misma i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; ii) no existe un motivo razonable que justifique la tardanza como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y iii) la misma es imputable a la falta de cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb, lo que sin duda sucede en este caso, cuyas caracter\u00edsticas particulares muestran una transgresi\u00f3n ius \u2013 fundamental producto del paso del tiempo sin obtener pronunciamiento frente a lo peticionado (se destac\u00f3 – CSJ STC7013-2021, 17 jun., rad. 2021-00208-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar el veredicto opugnado, en tanto que, por los motivos anotados de cara a los reparos tra\u00eddos a esta instancia, el resguardo fue acertadamente concedido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5759-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5759-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n instaurada por el Juzgado Primero Civil del Circuito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74119\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}