STC5760-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5760-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-10-000-2023-00469-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de mayo de 2023, que neg\u00f3 el amparo invocado por Ezequiel Hern\u00e1ndez Carrillo contra el Juzgado 7 de Familia de Bogot\u00e1 y la Comisar\u00eda 16 de Familia de Puente Aranda. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 27 de marzo de 2018, la Comisar\u00eda 16 de Familia de Puente Aranda impuso medida de protecci\u00f3n definitiva contra Ezequiel Hern\u00e1ndez Carrillo, a quien amonest\u00f3 para que se abstuviera de realizar cualquier acto de violencia, agresi\u00f3n, amenaza u ofensa directa, indirecta o a trav\u00e9s de cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n contra Mar\u00eda Edilma Motta Ortiz, le orden\u00f3 acudir a tratamiento terap\u00e9utico profesional y le advirti\u00f3 que los incumplimientos lo har\u00edan acreedor a las sanciones contempladas en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
2.2. El 17 de julio de 2020, la se\u00f1ora Mar\u00eda Edilma Motta Ortiz acudi\u00f3 a la Comisar\u00eda, para reportar que, el 14 de julio anterior, su pareja actu\u00f3 en forma agresiva y la insult\u00f3, por lo que llam\u00f3 a la polic\u00eda, para que se calmara, y que, en horas de tarde, estando con tragos, la desafi\u00f3 con una piedra, que luego tir\u00f3 a sus pies, lo cual le gener\u00f3 una serie de lesiones. <\/p>\n
2.3. En virtud de lo anterior, la evaluaci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal arroj\u00f3 una incapacidad de 7 d\u00edas. <\/p>\n
2.4. El 1\u00ba de octubre de 2020, la Comisar\u00eda de conocimiento declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, sancion\u00f3 al tutelante con una multa de 3 s.m.l.m.v., y estableci\u00f3 que, de no acogerse lo ordenado, la multa ser\u00eda convertida a 3 d\u00edas de arresto por cada s.m.l.m.v., decisi\u00f3n que se notific\u00f3 el 20 de octubre de 2020, mediante fijaci\u00f3n de aviso y copia dejada en el casillero de la residencia del sancionado1. <\/p>\n
2.5. Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado 7\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2021, notificada por estado electr\u00f3nico 179 del 13 siguiente2 y personalmente al tutelante el 23 de marzo de 20223. <\/p>\n
2.6. El 1\u00ba de abril de 2022 y con ocasi\u00f3n de otro incidente de incumplimiento, el tutelante pidi\u00f3 la nulidad de la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n y de todos los tr\u00e1mites, porque no fue notificado. Precis\u00f3 que nunca fue enterado de la \u00absanci\u00f3n en s\u00ed\u00bb, ni de los actos administrativos emitidos, que no ten\u00eda recursos \u00abpara mi diario ni para sostener mi familia, (\u2026) mucho menos (\u2026) para pagarle (\u2026) esta clase de multas\u00bb. Con base en lo expuesto, pidi\u00f3 \u00abexonerarme del pago de esta multa en salarios m\u00ednimos legales mensuales, impuesta por ese despacho\u00bb4. <\/p>\n
2.7. El 26 de abril de esa anualidad, la Comisar\u00eda 16 de Familia de Puente Aranda envi\u00f3 la respuesta proferida el 14 anterior al correo remitido por el solicitante, indic\u00e1ndole que la nulidad solicitada no proced\u00eda, pues el segundo incidente estaba en curso y no se hab\u00eda tomado una decisi\u00f3n definitiva5. <\/p>\n
2.8. El 28 de abril de 2022, la Comisar\u00eda convirti\u00f3 la multa en 9 d\u00edas de arresto, porque no fue pagada por el sancionado y dispuso la remisi\u00f3n del asunto al Juzgado, para que emitiera la orden pertinente, de conformidad con lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, providencia que se le notific\u00f3 personalmente el 4 de mayo siguiente6. <\/p>\n
2.9. El 8 de junio de 2022, el Juzgado 7\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 orden\u00f3 el arresto y, el 15 de junio siguiente, comunic\u00f3 la orden de captura a la autoridad competente. <\/p>\n
2.10. El 6 de julio posterior, la Comisar\u00eda pidi\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional hacer efectivo el arresto. <\/p>\n
2.11. El 12 de abril de 2023, el tutelante solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda 16 de Familia de Puente Aranda la suspensi\u00f3n de la orden de arresto, por ser una persona de 72 a\u00f1os, con diabetes e hipertensi\u00f3n y porque no fue informado del tr\u00e1mite de incumplimiento adelantado en su contra. En ese sentido, sostuvo que, algunas veces y en forma tard\u00eda, los celadores de su edificio le informaban de las citaciones realizadas por la Comisar\u00eda, pero no se las entregaban, porque se hab\u00edan perdido, lo cual le impidi\u00f3 intervenir en el asunto. Afirm\u00f3 que era posible que se le autorizara el pago de la multa impuesta por cuotas o con trabajo comunitario, raz\u00f3n por la cual ped\u00eda asesor\u00eda para poder solucionar la situaci\u00f3n. <\/p>\n
El 17 de abril siguiente, la Comisar\u00eda emiti\u00f3 respuesta, negando lo pedido, porque la providencia que orden\u00f3 su arresto se profiri\u00f3 el 8 de junio de 2022 y hab\u00eda cobrado fuerza ejecutoria, lo cual se comunic\u00f3 al correo electr\u00f3nico suministrado por el tutelante el d\u00eda siguiente7. <\/p>\n
2.12. El mismo 12 de abril de 2023, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Carrillo pidi\u00f3 al Juzgado 7 de Familia de Bogot\u00e1 que suspendiera la orden de arresto impartida por esa autoridad, bajo los mismos argumentos expuestos ante la Comisar\u00eda, lo cual fue contestado el 20 siguiente, informando que el asunto hab\u00eda sido devuelto a la Comisar\u00eda, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda solicitar ante esa autoridad lo pertinente. <\/p>\n
2.13. El 20 de abril de este a\u00f1o, el actor reiter\u00f3 ante la Comisar\u00eda la petici\u00f3n antes referida y pidi\u00f3 que le diera respuesta, indicando otro correo electr\u00f3nico para notificaciones. <\/p>\n
2.14. El 21 de abril posterior, la Comisar\u00eda le inform\u00f3 que se hab\u00eda enviado la respuesta a su solicitud el 18 de abril del presente a\u00f1o, la cual remiti\u00f3 a la nueva direcci\u00f3n electr\u00f3nica reportada por el solicitante8. <\/p>\n
2.15. El 26 de abril del a\u00f1o en curso, el actor inform\u00f3 a la Comisar\u00eda que los conflictos familiares se hab\u00edan superado, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n de las medidas impuestas, con base en lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 294 1996, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, para lo cual solicit\u00f3 programar las audiencias pertinentes y copia del expediente. <\/p>\n
3. El tutelante censura las actuaciones relatadas, porque: i) no fue enterado de las mismas; ii) la orden de arresto no cumple con los requisitos m\u00ednimos de ley; iii) citando algunas normas del C\u00f3digo Penal, aduce que para el pago de las multas se puede acudir a la amortizaci\u00f3n a plazos o mediante trabajo, ejecuci\u00f3n coactiva, arrestos progresivos y detenci\u00f3n domiciliaria; iv) su c\u00f3nyuge y \u00e9l ya superaron sus diferencias, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 el levantamiento de la medida, con base en lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, pero la \u00abComisar\u00eda no me ha dado ninguna respuesta\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que: i) se dejen sin efectos las decisiones proferidas por la Comisar\u00eda, mediante las cuales se declar\u00f3 que hab\u00eda incumplido la medida de protecci\u00f3n y se le impuso orden de arresto; ii) revocar el auto del Juzgado del 8 de junio de 2022, que orden\u00f3 su captura, y del oficio del 15 de junio de 2022, librado para materializar esa decisi\u00f3n; iii) que se sustituya la medida de arresto por detenci\u00f3n domiciliaria, dado que tiene m\u00e1s de 70 a\u00f1os, padece de diabetes e hipertensi\u00f3n, es padre cabeza de familia y, aunque sus hijos son mayores de edad, no tienen trabajo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Polic\u00eda Nacional envi\u00f3 la respuesta dirigida a la Comisar\u00eda de Familia convocada, informando que el 20 y el 21 de abril del a\u00f1o en curso no se pudo realizar la detenci\u00f3n ordenada, porque la persona no se encontraba en su residencia. <\/p>\n
2. La Procuradora 152 Judicial II de Familia afirm\u00f3 que las decisiones censuradas estaban debidamente motivadas y sustentadas, por lo que la tutela no era procedente. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 puso de presente el informe rendido en el tr\u00e1mite cuestionado, advirtiendo una indebida notificaci\u00f3n del se\u00f1or Ezequiel Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo propuesto, porque las decisiones emitidas por la Comisar\u00eda y el Juzgado de Familia no eran antojadizas ni ajenas a la realidad procesal, aunado a que no era cierto que el accionante no tuviera conocimiento del asunto, pues algunas determinaciones le fueron notificadas personalmente y otras por aviso en la direcci\u00f3n de su domicilio, ubicaci\u00f3n que el actor ratific\u00f3 en la tutela. <\/p>\n
Respecto de las solicitudes radicadas el 12, 20 y 26 de abril de 2023 en la Comisar\u00eda accionada, el Tribunal precis\u00f3 que s\u00ed se contestaron y que las respuestas se enviaron a las direcciones electr\u00f3nicas proporcionadas, al igual que el requerimiento elevado el 12 de abril de 2023 al Juzgado convocado, atendido el 20 siguiente. <\/p>\n
Sobre la conversi\u00f3n del arresto en detenci\u00f3n domiciliaria, advirti\u00f3 que era improcedente emitir una orden en ese sentido, de conformidad con lo previsto en el literal b) del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4799 de 2011. <\/p>\n
Finalmente, se abstuvo de resolver las inconformidades planteadas por el tutelante frente a la respuesta emitida por la Comisar\u00eda de Familia accionada, que neg\u00f3 el levantamiento de la medida de protecci\u00f3n solicitada, por tratarse de hechos nuevos. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el tutelante, reiterando los argumentos del escrito inicial y argumentado que no se estudi\u00f3 el fondo del asunto ni las irregularidades y la falta de pruebas de las decisiones que impusieron la sanci\u00f3n en su contra. Enfatiz\u00f3 que le ha propuesto a la Comisar\u00eda distintas opciones menos gravosas para \u00e9l, pero no ha accedido a ellas y que, por su edad y estado de salud, la privaci\u00f3n de su libertad es una medida desproporcionada e irrazonable, por lo cual pidi\u00f3 aplicar el precedente contenido en la sentencia CSJ STC8096-2020 y que se ordene la detenci\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados por las decisiones que declararon el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta y ordenaron su arresto, as\u00ed como por la falta de decisi\u00f3n de la solicitud elevada para el levantamiento de la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que, frente a la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda 16 de Familia el 1\u00ba de octubre de 2020, que declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n y sancion\u00f3 al tutelante con una multa de 3 s.m.l.m.v., estableciendo que, de no acogerse lo ordenado, la multa ser\u00eda convertida a 3 d\u00edas de arresto por cada s.m.l.m.v., decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado 7\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2021, notificada por estado electr\u00f3nico 179 del 13 siguiente y personalmente al tutelante el 23 de marzo de 2022, la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, en raz\u00f3n a que se super\u00f3 ampliamente el plazo de 6 meses que se ha considerado razonado para acudir a esta acci\u00f3n constitucional, dado que esta se instaur\u00f3 hasta el 2 de mayo del a\u00f1o en curso9. <\/p>\n
Tampoco procede para cuestionar la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda del 28 de abril de 2022, que convirti\u00f3 la multa impuesta en 9 d\u00edas de arresto y que fue confirmada por el juzgado el 8 de junio siguiente, pues no cumple con el requisito de inmediatez aludido, dado que, al 2 de mayo de 2023 que se formul\u00f3 la tutela, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s 10 meses. <\/p>\n
Ahora bien, este plazo puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb10. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda, pues, aunque el actor aduce que tiene m\u00e1s de 70 a\u00f1os y que sufre de diabetes y de hipertensi\u00f3n, es evidente que ello no le ha impedido actuar, pues, el 23 de marzo y el 4 de mayo de 2022, se notific\u00f3 personalmente de las providencias de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n y conversi\u00f3n de la multa en arresto, el 1\u00ba de abril de ese mismo a\u00f1o radic\u00f3 una nulidad y en la presente anualidad formul\u00f3 varias solicitudes. Lo anterior, impide estudiar el fondo del asunto frente a la sanci\u00f3n y el arresto impuestos. <\/p>\n
3. En cuanto a la falta de notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en la Comisar\u00eda y la sanci\u00f3n impuesta, se observa que el 1\u00ba de abril de 2022, el actor pidi\u00f3 la nulidad, la cual fue negada el 26 de abril siguiente por la Comisar\u00eda 16 de Familia de Puente Aranda, decisi\u00f3n frente a la cual la tutela tampoco supera el presupuesto de inmediatez, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, ni con el de subsidiariedad, pues ning\u00fan reparo formul\u00f3 contra lo decidido el 26 de abril. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, frente a la presunta falta de notificaci\u00f3n de las decisiones del Juzgado, no se observa que el actor hubiera formulado nulidad alguna, por lo que el amparo propuesto no cumple con el referido requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Esto, sin perjuicio de se\u00f1alar, como se destac\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, que el actor s\u00ed conoci\u00f3 de la existencia del tr\u00e1mite que declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, pues incluso algunas decisiones se las notificaron personalmente, pero no actu\u00f3. <\/p>\n
4. Finalmente, en torno a la alegada falta decisi\u00f3n de Comisar\u00eda de Familia, frente a la solicitud de levantar la medida de protecci\u00f3n, observa la Sala que, el pasado 8 de mayo, esto es, estando en curso esta tutela, la Comisar\u00eda se pronunci\u00f3, indicando que la solicitud de levantamiento de la medida de protecci\u00f3n, por haberse superado los hechos que la originaron, no suspend\u00eda el cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta y que, una vez esta fuera ejecutada, pod\u00eda plantear nuevamente el asunto, que se resolver\u00eda en audiencia, previa la acreditaci\u00f3n de los presupuestos para ello. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n evidencia que la omisi\u00f3n alegada se super\u00f3 y, por tanto, se configur\u00f3 una carencia de objeto respecto de la falta de respuesta aludida por el tutelante. <\/p>\n
Y, frente a los reproches que el actor pudiera tener sobre de lo all\u00ed decidido, en tanto corresponde a una circunstancia nueva y posterior al escrito de tutela, no es procedente emitir pronunciamiento alguno, pues ello vulnerar\u00eda el debido proceso de las partes. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, pero por las razones referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 52, archivo 1 TIMP 119-218. <\/p>\n