STC5762-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5762-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-03-000-2023-00989-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de mayo de 2023, que neg\u00f3 el amparo invocado por QMC Telecom Colombia S.A.S. contra el Tribunal Arbitral propuesto contra WND Colombia S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. QMC Telecom Colombia S.A.S. promovi\u00f3 un proceso arbitral contra WND Colombia S.A.S., en el cual indic\u00f3 que, desde octubre de 2019, la accionada ven\u00eda incumpliendo con el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados en el contrato de alquiler de un espacio en infraestructura existente para la instalaci\u00f3n de equipos de telecomunicaciones1, por lo cual, a fin de otorgar unas flexibilidades de pago y unos descuentos, suscribieron dos otros\u00edes, pero la contratista sigui\u00f3 incumpliendo sus obligaciones y dej\u00f3 de pagar las mensualidades de agosto de 2020 a diciembre de 2021; en consecuencia, solicit\u00f3 que se declarara que la convocada desacat\u00f3 los compromisos adquiridos en el otros\u00ed 2 y que se le condenara al pago de la cl\u00e1usula penal, de 2 c\u00e1nones de arrendamiento por cada mes no pagado, y a cancelar las costas procesales. <\/p>\n
2.2. El 13 de marzo de 2023, el Tribunal profiri\u00f3 laudo arbitral, en el que: i) declar\u00f3 que WND COLOMBIA S.A.S. incumpli\u00f3 el contrato y los compromisos adquiridos en el otros\u00ed 2; ii) conden\u00f3 a la convocada al pago de la cl\u00e1usula penal pactada, equivalente a $ 40\u00b4212.460,96, y de las costas procesales por $ 6\u00b4293.945,19. <\/p>\n
2.3. El 17 de marzo siguiente, la convocante pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n del laudo, en lo referente al monto de la cl\u00e1usula penal, dado que el contratista hab\u00eda incumplido 17 veces el pago del canon de arrendamiento, por lo que esta debi\u00f3 calcularse en 2 c\u00e1nones por cada mes de incumplimiento. <\/p>\n
3. La tutelante aduce que en el laudo arbitral se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues, aunque encontr\u00f3 acreditado que la arrendataria incurri\u00f3 en 17 incumplimientos en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, solo la conden\u00f3 a pagar 2 mensualidades por raz\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, como si del contrato solo hubiera surgido una \u00fanica obligaci\u00f3n de pago, con lo cual desconoci\u00f3 que cada mes se generaba una nueva obligaci\u00f3n distinta e independiente y, por tanto, la condena por concepto de la cl\u00e1usula penal debi\u00f3 ser de 2 c\u00e1nones por cada mensualidad no pagada, para un total de 34 c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
Tambi\u00e9n err\u00f3 al indicar que entender que la cl\u00e1usula penal es aplicable a cada mes de incumplimiento del pago del canon de arrendamiento desbordaba el alcance de la cl\u00e1usula y del art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio, toda vez que la forma como se pact\u00f3 estaba orientada a fijar una estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios -mensualidad no recibida- y una pena por el incumplimiento contractual. <\/p>\n
Los vicios referidos tambi\u00e9n incidieron en la condena costas, en tanto fue calculada con base en el valor de la sanci\u00f3n derivada de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene al Tribunal modificar el laudo, estableciendo el monto de la condena por concepto de cl\u00e1usula penal como se estableci\u00f3 en el contrato y actualizando el valor de las costas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Tribunal accionado, a trav\u00e9s de su \u00e1rbitro \u00fanico, precis\u00f3 que, aunque en la tutela, la actora indic\u00f3 que la cl\u00e1usula penal ten\u00eda doble fin, esto es, inclu\u00eda la sanci\u00f3n y los perjuicios por cada mensualidad no pagada, en la demanda arbitral se limit\u00f3 a reclamar la cl\u00e1usula penal y se abstuvo de pedir condena por la prestaci\u00f3n principal, es decir, por los c\u00e1nones debidos. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que la sanci\u00f3n impuesta por ese concepto se sustent\u00f3 en lo previsto en el art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo propuesto, porque no ten\u00eda relevancia constitucional, dado que la discusi\u00f3n planteada ten\u00eda un fin estrictamente econ\u00f3mico, aunado a que la tutela no era una instancia adicional para debatir el asunto clausurado y a que las divergencias en la interpretaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n probatoria no vulneraron el derecho al debido proceso de la sociedad actora, pues se soport\u00f3 en lo establecido en el art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y precis\u00f3 que la discusi\u00f3n tiene m\u00e1s que un efecto econ\u00f3mico, pues la violaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de la empresa se configur\u00f3 por valoraci\u00f3n manifiestamente irrazonable y arbitraria que hizo el Tribunal Arbitral del contrato, que era la prueba m\u00e1s importante del proceso, de manera que lo perseguido es que se decrete que incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el laudo arbitral emitido el 13 de marzo de 2023, porque estima que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, al valorar indebidamente el contrato, espec\u00edficamente, en lo relativo a la forma como interpret\u00f3 y aplic\u00f3 la cl\u00e1usula penal, pues, en su criterio, esta debi\u00f3 calcularse en 2 c\u00e1nones de arrendamiento por cada uno de los 17 meses en que no se pag\u00f3 la mensualidad pertinente. <\/p>\n
2. Revisada la providencia censurada, particularmente, en lo relativo a la cl\u00e1usula penal, que es lo controvertido en esta tutela, se observa que el Tribunal Arbitral resalt\u00f3 que las partes pactaron por ese concepto 2 c\u00e1nones agregados mensuales al momento del incumplimiento, a t\u00edtulo de pena como estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios, as\u00ed como que \u00abel pago de la pena no [extingu\u00eda] el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal (\u2026) [ni] exonera ni priva de iniciar las reclamaciones por da\u00f1os y perjuicios en exceso que dicha suma no hubiese cubierto\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal analiz\u00f3 las pruebas allegadas, de las cuales determin\u00f3 que estaba probado el incumplimiento de la convocada en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento alegado en la demanda2, por lo que procedi\u00f3 a analizar lo relativo a cl\u00e1usula penal, a la luz de lo contemplado en los art\u00edculos 1592 del C\u00f3digo Civil y 867 del C\u00f3digo de Comercio, destacando que este \u00faltimo se\u00f1ala que, \u00abCuando la prestaci\u00f3n principal est\u00e9 determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podr\u00e1 ser superior al monto de aqu\u00e9lla\u00bb. Teniendo en cuenta lo anterior, concluy\u00f3 que la condena por ese concepto deb\u00eda ser de 2 c\u00e1nones de arrendamiento, toda vez que: <\/p>\n
\u2026se trata de una cl\u00e1usula penal t\u00edpica en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio. Por las caracter\u00edsticas de esta cl\u00e1usula consignada en el contrato, se deriva que fue pactada como apremio y como estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios e igualmente que el pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal (\u2026). Las pretensiones de la demanda objeto de estudio se orientaron solamente al cobro de la cl\u00e1usula penal. Sin embargo, la Convocada pretende el cobro de esta por cada factura insoluta a lo largo de 17 meses, es decir como si la cl\u00e1usula penal pactada estableciera que podr\u00eda aplicarse de manera permanente por cada impago que se presentara, olvidando que, la cl\u00e1usula penal en los t\u00e9rminos acordados es de uso \u00fanico y con efectos claramente definidos. Justamente es una penalidad que se causa por el incumplimiento de alguna de las obligaciones del contrato y que busca que se corrija la situaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Pretender el pago de la penalidad de forma permanente por cada factura impagada, no solo desborda el alcance de lo pactado en el contrato, sino que desconocer\u00eda el l\u00edmite establecido en el art\u00edculo 867 del C\u00f3digo de Comercio y derivar\u00eda en una cl\u00e1usula enorme. (\u2026) la ejecuci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal no altera la vigencia de la obligaci\u00f3n principal y dem\u00e1s cargas de conformidad con lo previsto en el contrato, lo cual, como ya se dijo, no hace parte de las pretensiones en el presente proceso. <\/p>\n
3. Analizados los argumentos expuestos por la tutelante y lo definido en el laudo arbitral controvertido, se evidencia que el debate propuesto se limita a una discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n realizada sobre la cl\u00e1usula penal pactada en el contrato y que el fin del amparo constitucional no es otro distinto a que se declare que aquella debi\u00f3 calcularse en $ 661\u00b4777.599,82, como se pidi\u00f3 en la demanda, y no en $ 40\u00b4212.460,96, como se estableci\u00f3 en la providencia citada, en raz\u00f3n a 2 c\u00e1nones de arrendamiento mensual, fijado a diciembre de 2021 en $ 20\u00b4106.230,48. En ese orden, es incontrovertible que el disentimiento afecta derechos netamente econ\u00f3micos y, por tanto, la salvaguarda propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como lo estableci\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que la acci\u00f3n de tutela es inviable para cuestionar providencias judiciales cuando el fin perseguido es el amparo de garant\u00edas eminentemente patrimoniales, destacando lo siguiente: <\/p>\n
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima de la autoridad judicial. <\/p>\n
\u2026En el sub-lite, el debate se restringe a determinar \u201ccu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada que puede darse a la normatividad\u201d que regula el reconocimiento y pago de una penalidad econ\u00f3mica -sanci\u00f3n moratoria por no consignaci\u00f3n oportuna de las cesant\u00edas- en el r\u00e9gimen prestacional de los docentes oficiales. Lo anterior da cuenta de que, en realidad, la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes versa sobre una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n meramente legal, que no impacta la garant\u00eda de derechos fundamentales sino patrimoniales. (Destaca la Sala. CSJ SU573-2019, criterio expuesto en CSJ STC3680-2023). <\/p>\n
4. Lo anterior, por supuesto, es suficiente para negar el amparo invocado, cuesti\u00f3n que no obsta para se\u00f1alar que, al margen de que se compartan o no todos los argumentos esbozados en la decisi\u00f3n censurada, lo cierto es que aquella no luce abiertamente arbitraria ni es manifiestamente ileg\u00edtima, pues se sustent\u00f3 una interpretaci\u00f3n plausible del contrato celebrado entre las partes y de la normativa aplicable. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre la providencia atacada y lo argumentado por la parte accionante, se vislumbra una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada; m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, la vulneraci\u00f3n alegada corresponde a derechos patrimoniales y no fundamentales y que, si lo pretendido por la tutelante era cobrar la obligaci\u00f3n principal, esto es, los c\u00e1nones de arrendamiento no pagados, debi\u00f3 formular la demanda arbitral en ese sentido y no lo hizo, todo lo cual torna inviable la tutela de la referencia. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El contrato fue inicialmente suscrito entre QMC TELECOM COLOMBIA S.A.S. y PHAXSI SOLUTIONS S.A.S. el 10 de noviembre de 2016 y fue cedido a WND COLOMBIA S.A.S. el 6 de diciembre de 2018. <\/p>\n
2\u0002 Tales como: el Otros\u00ed 2, que refiere expresamente ese incumplimiento; escrito del 28 de enero de 2022, en el que QMC reitera el incumplimiento de las obligaciones contractuales y ratifica que quedan sin efectos los beneficios otorgados en el otros\u00ed 2; la aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso; el reconocimiento realizado en los alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
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