STC5764-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5764-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2023-00136-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de mayo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo promovido por Rigoberto Cumbe Medina contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de la tutela de radicado 2023-000381. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de habeas data, honra, buen nombre, dignidad humana, igualdad y debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Roberto Cumbe Medina instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Superintendencia de Industria y Comercio, para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de habeas data, honra, buen nombre, dignidad humana y petici\u00f3n, con el fin de que se ordenara al ente de control abrir una investigaci\u00f3n contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por apartarse de sus funciones p\u00fablicas, y la condenara a pagar 2.000 s.m.l.m.v., de conformidad con lo previsto en la sentencia C-282 de 2021. Lo anterior, porque elev\u00f3 unos derechos de petici\u00f3n ante los accionados, para poner de presente que se ha \u00abarmado un entrampamiento, entre las casas de cobranza y familiares de estos funcionarios, secuestrando la informaci\u00f3n de los ciudadanos\u00bb, y de que se ejerciera control sobre \u00abun reporte negativo (\u2026) de la entidad (\u2026) Axa\u00bb, que tambi\u00e9n se apart\u00f3 de sus deberes, obteniendo sus datos sin autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de marzo de 2023, el Juzgado Sexto Civil del Circuito Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la salvaguarda invocada, porque la petici\u00f3n elevada ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n fue contestada en diciembre de 2022, remitiendo el asunto por competencia a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que procedi\u00f3 a solicitar las explicaciones a AECSA S.A. y requiri\u00f3 a DATACR\u00c9DITO y a CIFIN S.A.S., para que informaran respecto de los hechos materia de la reclamaci\u00f3n, asunto que estaba en tr\u00e1mite, lo cual confirm\u00f3 AECSA S.A., que fue la casa de cobranzas que, mediante contrato de compraventa de cartera castigada celebrado con el Banco Davivienda, adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n que el accionante ten\u00eda con esa entidad financiera, dineros que son objeto de cobro por parte de AECSA S.A., por lo que consider\u00f3 que el reporte suministrado ante centrales de riesgo, era legalmente valido; no obstante, exhort\u00f3 a las autoridades competentes para que llevaran hasta su final las investigaciones pertinentes, comunicando al tutelante las resultas. Esta providencia no fue impugnada ni seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional2. <\/p>\n
2.3. El tutelante aduce que radic\u00f3 unos derechos de petici\u00f3n ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Red Institucional de Transparencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, DATACR\u00c9DITO, la CIFIN, AECSA y DAVIVIENDA, para que eliminaran unos reportes negativos a su nombre, que no fueron atendidos. Por esa raz\u00f3n interpuso una acci\u00f3n de tutela, la cual afirma fue conocida en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y, en impugnaci\u00f3n, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, que fue negada en las dos instancias, en su criterio, con desconocimiento del precedente contenido en la sentencia C-282 de 2021 y sin tener en cuenta que lo que contest\u00f3 DATACR\u00c9DITO, sobre que \u00e9l no ten\u00eda un reporte negativo, era falso. <\/p>\n
Asevera que, aunque ofici\u00f3 a la Superintendencia, esta fue omisiva en sus deberes, pues, al parecer, se han venido haciendo algunas denuncias sobre funcionarios de esa entidad, por estar presuntamente aliados con las casas de cobranza. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide que se ordene eliminar la informaci\u00f3n negativa que reposa en las bases de datos de DATACR\u00c9DITO y de la CIFIN y que se imponga la sanci\u00f3n de 2.000 s.m.l.m.v., de que trata el fallo C-282 de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que no ha conocido tutelas del gestor. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 precis\u00f3 que no ha tramitado, en segunda instancia, acci\u00f3n constitucional alguna del se\u00f1or Rigoberto Cumbe Medina y que solo tuvo a su cargo la tutela 2023-00038, en primera instancia, que no fue impugnada. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que la Procuradur\u00eda Primera Distrital de Bogot\u00e1, el 2 de diciembre de 2022, remiti\u00f3 la queja formulada por el actor a la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Industria y Comercio afirm\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la queja formulada por el accionante, solicit\u00f3 las explicaciones pertinentes a AECSA S.A., DATACR\u00c9DITO y CIFIN S.A.S., estando a la espera de la respuesta para impartir el tr\u00e1mite que corresponda. <\/p>\n
5. Axa Colpatria Seguros S.A. dijo que el actor no ten\u00eda productos con ellos y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
6. La Confederaci\u00f3n Colombiana de Consumidores indic\u00f3 que el tutelante no hab\u00eda puesto en su conocimiento lo planteado en la presenta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque no proced\u00eda la acci\u00f3n de tutela contra una sentencia de igual naturaleza y los cuestionamientos formulados no evidenciaban un eventual hecho de fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor afirm\u00f3 que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede cuando se demuestre que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo y para atacar una providencia que ha incurrido en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor cuestiona las decisiones emitidas en la tutela que dice conoci\u00f3, en primera instancia, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y, en impugnaci\u00f3n, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n allegada por los Juzgados accionados, se advierte que en el Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 no se ha tramitado tutela alguna propuesta por el accionante, de manera que el reproche se sujeta al tr\u00e1mite constitucional surtido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito bajo el radicado 2023-00038. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte que la sentencia proferida en el referido tr\u00e1mite constitucional no fue impugnada y, por tanto, la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues el actor dej\u00f3 vencer la oportunidad que ten\u00eda para formular, ante el Superior, las inconformidades que pudiera tener frente al fallo del 1\u00ba de marzo de 2023, por el cual se neg\u00f3 el amparo propuesto. <\/p>\n
A lo anterior, se suma que la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de esta acci\u00f3n para refutar sentencias o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional (CSJ STC12945-2022); m\u00e1xime que, de los argumentos planteados por el accionante, no se evidencia que la decisi\u00f3n reprochada se hubiera proferido como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta, por lo cual la tutela es inviable, por no cumplir con lo establecido en la SU627 de 2015. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Axa Colpatria, Confederaci\u00f3n Colombiana de Consumidores, Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
2\u0002 Expediente T9336119, no seleccionado para revisi\u00f3n en Sala del 28 de abril de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
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