STC5766-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5766-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00069-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de abril de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Colombiana de Incubaci\u00f3n SA (INCUBACOL), contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal (Tolima). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de realizar mantenimiento y reparaci\u00f3n de las redes el\u00e9ctricas, Celsia promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Acci\u00f3n Fiduciaria SA y C\u00e9sar Camargo Serrano para solicitar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de los pobladores de los municipios en donde presta el servicio p\u00fablico esencial de energ\u00eda el\u00e9ctrica, fin para el cual deben ingresar a los inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 357-30186, 357-59949, 357-59950, 357-59951, 357-59953 y 357-59955, propiedad de aquellos. <\/p>\n
3. En el precitado tr\u00e1mite y vista la naturaleza esencial del servicio prestado se dict\u00f3 medida cautelar en favor de Celsia Tolima, para que \u00e9sta ingrese a dos de los predios referidos supra y en los cuales opera Incubacol SA. Ejerciendo sus actividades av\u00edcolas. (predios el Salado 2 y el Salado 3). <\/p>\n
4. El pasado 23 de febrero, contratistas de Celsia y miembros de la Polic\u00eda Nacional de Nilo (Cundinamarca) se presentaron en las instalaciones de Incubacol para materializar la orden de trabajo para la ejecuci\u00f3n del mantenimiento silvicultural en la L\u00ednea Flandes \u2013 Lanceros 115, de conformidad con la orden dictada en la medida cautelar. <\/p>\n
5. Incubacol SA se opone a la ejecuci\u00f3n de tales \u00f3rdenes, pues considera que dichas intervenciones ponen en riesgo la seguridad, salubridad y ambiente equilibrado del proceso de incubaci\u00f3n de los huevos y pollitos de un d\u00eda. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular est\u00e1 abierto a todo aquel que tenga un inter\u00e9s leg\u00edtimo y que la aqu\u00ed tutelante puede acudir al proceso para discutir la medida cautelar acusada. <\/p>\n
2. Alianza Fiduciaria S.A. y C\u00e9sar Camargo Serrano, \u00absolicit\u00f3 desestimar todas las pretensiones de la demanda como quiera que la misma no cumple con los presupuestos legales para la acci\u00f3n, no existe vulneraci\u00f3n al derecho colectivo alegado, no solo porque no se ajusta al presupuesto legal para el efecto, sino tambi\u00e9n por ausencia absoluta de prueba, igualmente existe una ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Celsia Colombia S.A. E.S.P. y finalmente, la acci\u00f3n se torna improcedente porque se ha erigido como medio para la defensa de un inter\u00e9s particular del accionante y sustitutivo del mecanismo judicial ordinario que el mismo debe incoar para la prevalencia de sus derechos, que quiere hacer ver en apariencia como un inter\u00e9s colectivo\u00bb. <\/p>\n
3. Celsia cuestion\u00f3 que los propietarios de los inmuebles no hayan informado a los terceros a los que les dan uso y goce de los inmuebles requeridos para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencia de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Adem\u00e1s defendi\u00f3 la legalidad de la medida cautelar, en tanto existe un riesgo latente de interrupci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencial de energ\u00eda el\u00e9ctrica para 46.082 usuarios de los Municipios de Carmen de Apical\u00e1, Melgar, Icononzo, Cunday, Villarrica, Suarez \u00e1rea rural del Nilo y \u00e1rea rural de Ricaurte. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, as\u00ed como la declaratoria de improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el remedio propuesto no satisfac\u00eda el requisito de subsidiariedad, en tanto Incubacol no ha realizado oposici\u00f3n alguna al interior del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que Celsia no ingresar\u00e1 a las plantas e instalaciones de Incubacol, sino que acceder\u00e1 a trav\u00e9s de los predios Salado 2 y 3 a las redes el\u00e9ctricas para mantenimiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La demandante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que los accionantes hubiesen agotado los mecanismos de defensa que ten\u00edan a su alcance. <\/p>\n
En efecto, los gestores cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien pueden acudir al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular y oponerse a la medida cautelar aqu\u00ed censurada, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo anterior, en cuanto al perjuicio irremediable alegado, se le recuerda que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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