STC5781-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5781-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2023-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de mayo \u00faltimo por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que Manuel en causa propia y en representaci\u00f3n de su hijo Camilo promovi\u00f3 contra el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes. <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a sus derechos parentales presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite verbal sumario de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, revisi\u00f3n de visitas y revocatoria de permiso de salida del pa\u00eds (00-0000-00000), el cual culmin\u00f3 con sentencia anticipada el 10 de noviembre de 2022, que promovi\u00f3 contra la madre de su menor hijo Ana. <\/p>\n
2. Cuestion\u00f3 el accionante el proceder del fallador fustigado en cuanto dict\u00f3 sentencia anticipada sin practicar las pruebas ordenadas y pendientes, inclusive, la omisi\u00f3n del decreto de medios probatorios oficiosos en aras de establecer la situaci\u00f3n actual y cierta del menor; no solo en atenci\u00f3n al principio del inter\u00e9s superior del NNA que rige los procesos de familia sino para respaldar la declaraci\u00f3n oficiosa de la excepci\u00f3n de riesgo para el menor, con el cual se le revoc\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas. <\/p>\n
M\u00e1xime, porque tal excepci\u00f3n la sostuvo con fundamento en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos -PARD- que se inici\u00f3 por presuntas conductas sexuales del padre con su hijo, esto debido al comportamiento sexualizado que Camilo de 5 a\u00f1os de edad empez\u00f3 a evidenciar. <\/p>\n
3. Cuestion\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada, en tanto la juzgadora cuestionada no tuvo en cuenta que desde el 13 de septiembre de 2022 se le hab\u00eda dado cierre \u201cpor no existir actual vulneraci\u00f3n de derechos, ni medida provisional a tomar por los hechos expuestos en la referida petici\u00f3n\u201d de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
4. Por ello se\u00f1ala, que era deber de la juzgadora indagar sobre el estado actual del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos y no decidir la excepci\u00f3n que propuso de manera oficiosa, en desmedro de sus garant\u00edas iusfundamentales y las de su menor hijo sin tener en cuenta el cierre del proceso administrativo el 13 de septiembre de 2022. <\/p>\n
5. En s\u00edntesis, acus\u00f3 la decisi\u00f3n fustigada de defecto adjetivo en cuanto sostuvo que en vista de que todas las pruebas que son necesarias para decidir se encuentran debidamente incorporadas al plenario, y no es necesario convocar a audiencia para llevar a cabo la pr\u00e1ctica de ninguna prueba, por lo anterior tambi\u00e9n se cumple con el presupuesto del \u00faltimo inc. del art. 390 del CGP que expresa: <\/p>\n
\u201c\u2026Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podr\u00e1 dictar sentencia escrita vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestaci\u00f3n fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese m\u00e1s pruebas por decretar y practicar\u2026\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s reproch\u00f3 que sostuviera que los interrogatorios de parte no son prueba, lo cual reforz\u00f3 la tesis del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn para dictar una sentencia anticipada. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo constitucional por considerar faltante el requisito de subsidiariedad, pues en su criterio el accionante no interpuso el recurso de revisi\u00f3n al considerar que hab\u00eda surgido un nuevo elemento probatorio, teniendo en cuenta que el proceso de reglamentaci\u00f3n de visitas produce cosa juzgada formal y puede revisarse cada que las pruebas determinen la necesidad de su variaci\u00f3n. <\/p>\n
Consider\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante por parte del juzgado, pues la sentencia se fund\u00f3 en las pruebas que obraban en el expediente y con sujeci\u00f3n a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso. <\/p>\n
2. Ana peticion\u00f3 que se protegieran los derechos de su hijo Camilo negando las pretensiones tutelares, pues el apoderado del accionante debi\u00f3 allegar en el momento oportuno la prueba que alega. Se\u00f1al\u00f3 que el accionante tiene permiso de visitar al ni\u00f1o bajo unos par\u00e1metros especiales. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda de Familia estim\u00f3 muy reducido el t\u00e9rmino concedido para efectuar una debida intervenci\u00f3n, en raz\u00f3n a sus compromisos laborales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn concedi\u00f3 el resguardo invocado, pues en efecto encontr\u00f3 defectuosa la actuaci\u00f3n desplegada por la falladora fustigada al dictar sentencia anticipada, bajo una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas procesales que respaldan esta salida judicial (278 CGP). <\/p>\n
Para ello profundiz\u00f3 que \u00abno se daban las condiciones advertidas por la se\u00f1ora Juez Trece de Familia de Medell\u00edn como habilitantes para cerrar el tr\u00e1mite de manera apresurada y por escrito arguyendo que el interrogatorio de parte no es una prueba como s\u00ed lo es la confesi\u00f3n, pues olvid\u00f3 que al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 165 y 191 del C\u00f3digo General del Proceso, la simple declaraci\u00f3n de parte es medio de prueba y se valorar\u00e1 por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, encontr\u00f3 probado el defecto adjetivo y f\u00e1ctico, pues en su criterio \u201cla motivaci\u00f3n del juzgado accionado para anticipar su decisi\u00f3n en el proceso verbal sumario que es objeto de estudio por esta Sala, carece de fundamento legal, pues se apart\u00f3 del debido proceso que reclama un apego irrestricto a las formas propias de cada juicio, siendo en casos como el que nos ocupa, una v\u00eda de hecho dictar sentencia de forma anticipada pasando por alto los interrogatorios de parte y desestimando una de las pretensiones del demandante en una solicitud de verificaci\u00f3n de derechos de un ni\u00f1o, que dos meses antes hab\u00eda precluido y que iba a ser entonces de suma importancia para el dictado en derecho\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el Juzgado accionado, reiterando que (i) hay subsidiariedad en tanto el asunto objeto de queja constitucional tiene revisi\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 354 del CGP (causal 1\u00b0), (ii) que la violaci\u00f3n al debido proceso es inexistente, pues en aplicaci\u00f3n del principio del inter\u00e9s superior del menor la sentencia anticipada dictada por esa judicatura es absolutamente razonable, sumado a la interpretaci\u00f3n del numeral segundo del art\u00edculo 278 del Estatuto adjetivo que la habilita para actuar de la manera en la que profiri\u00f3 decisi\u00f3n definitiva y (iii) en su defecto, pide se le permita dictar sentencia anticipada con fundamento en STC16612-2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscritos a la impugnaci\u00f3n, la Corte se pronunciar\u00e1 sobre los alegatos de la Juez Trece de Familia de Medell\u00edn, anticipando que dejar\u00e1 en firme la totalidad del fallo proferido en primera instancia el 9 de mayo pasado por ser la interpretaci\u00f3n constitucional y procesal correcta al problema jur\u00eddico planteado en el caso concreto. <\/p>\n
2.1. Remem\u00f3rese que el objeto de la impugnaci\u00f3n por parte de la falladora fustigada se circunscribe a tres puntos espec\u00edficos relacionados con que (i) hay subsidiariedad en tanto el asunto objeto de queja constitucional tiene revisi\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 354 del CGP (causal 1\u00b0), (ii) que la violaci\u00f3n al debido proceso es inexistente, pues en aplicaci\u00f3n del principio del inter\u00e9s superior del menor la sentencia anticipada dictada por esa judicatura es absolutamente razonable, sumado a la interpretaci\u00f3n del numeral segundo del art\u00edculo 278 del Estatuto adjetivo que la habilita para actuar de la manera en la que profiri\u00f3 decisi\u00f3n definitiva y (iii) en su defecto, pide se le permita dictar sentencia anticipada con fundamento en STC16612-2021. <\/p>\n
2.2. Dicho lo anterior, esta sala direccionar\u00e1 su argumentaci\u00f3n en dos sentidos (i) sobre la flexibilizaci\u00f3n del requisito de subsidiariedad en asuntos de tutela trat\u00e1ndose de sujetos de especial protecci\u00f3n (menores de edad) y (ii) la procedencia de la sentencia anticipada, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala. <\/p>\n
3. De manera pac\u00edfica la Corte ha sostenido que: \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada en STC13340-2022, 5 oct., rad. 00253-01, entre otras). <\/p>\n
3.1. En el caso concreto, visto el yerro superlativo cometido, se observa que este no solo se da en el marco de un asunto en el que est\u00e1 involucrado un menor de edad, sino que imbrica la protecci\u00f3n del orden p\u00fablico ante el evidente desconocimiento de las normas procesales; las cuales son de imperativo cumplimiento en tanto son garant\u00eda de la materializaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
En concreto, el asunto sub examine pese a que puede generar un debate abierto en torno a la procedencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, resulta relevante desde el punto de vista constitucional dejar en un segundo plano el rigor procesal al que estar\u00eda llamado este juicio, al punto que, en aras de evitar un perjuicio irremediable para el menor ante las eventuales afectaciones que la situaci\u00f3n de su relaci\u00f3n parental con su padre pueda ocasionarle en su desarrollo psicosocial, as\u00ed como la necesidad de definir el marco de permisos de salidas del pa\u00eds. <\/p>\n
En consecuencia, en el caso concreto procede evadir el pluricitado y echado de menos requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela (art\u00edculo 6\u00b0, Decreto 2591 de 1991) para en su lugar entrar de fondo a decidir aspectos esenciales que resultan relevantes de cara a los derechos del ni\u00f1o Camilo en relaci\u00f3n con su progenitor. <\/p>\n
4. Ahora bien, superado lo anterior, el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que, \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Los sentenciadores, entonces, tienen el deber de proferir veredicto definitivo en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio, sin tr\u00e1mites adicionales, siempre que exista claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
4.1. En este contexto, prevalecen los principios de celeridad y econom\u00eda procesal sobre el respeto a las formas propias de cada juicio, en aras de lograr decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n que desate el pedimento judicial. <\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u00abirrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l\u00bb. Ins\u00edstase, la administraci\u00f3n de justicia \u00abdebe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u00bb (art\u00edculo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u00abeficiente\u00bb y que \u00ab[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley\u00bb (art\u00edculo 7 ibidem). <\/p>\n
4.2. La Corte tiene decantado que \u00abes procedente el fallo anticipado\u00bb siempre que \u00abde acuerdo con las pruebas allegadas y la situaci\u00f3n de facto particular no son necesarios elementos de convicci\u00f3n adicionales\u00bb (SC1075, 22 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2018-01513-00). <\/p>\n
4.3. En el caso concreto, trat\u00e1ndose de asuntos en los que se debaten derechos de los NNA, es obligaci\u00f3n del juez adelantar oficiosamente una detallada tarea probatoria, con exhaustividad y plena claridad de la situaci\u00f3n del menor sujeto del litigio, principio que impone entender que no hay debate probatorio inocuo en los casos en donde se discuten derechos de menores, siendo un imperativo para los jueces agotar todas las pruebas decretadas y que adem\u00e1s resulten pertinentes de manera oficiosa, especialmente escuchando a los implicados y al NNA con especial consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es importante precisar que no es posible dictar sentencia anticipada estando pendiente de practicar pruebas, pues esta facultad que nace del principio de econom\u00eda procesal no puede soslayar las etapas procesales y la confianza leg\u00edtima que se adquiere en el marco de las actuaciones judiciales. <\/p>\n
Se equivoca la falladora fustigada al se\u00f1alar que (i) la declaraci\u00f3n de parte no es prueba y (ii) que la jurisprudencia en torno a la figura de la sentencia anticipada as\u00ed como su codificaci\u00f3n procesal la habilitan para dejar de practicar pruebas pendientes. <\/p>\n
N\u00f3tese que la legislaci\u00f3n adjetiva precisa que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar\u00bb., situaci\u00f3n que solo ocurrir\u00eda, por ejemplo (i) cuando las partes aportaron todas las pruebas en la demanda y en la contestaci\u00f3n, de tal manera que al no haber pretensiones probatorias es viable dictar sentencia y (ii) cuando ya fueron practicadas todas las pruebas decretadas, sin perjuicio de que en su recaudaci\u00f3n se encuentre que entre ellas alguna tenga el mismo objeto de otra, pudi\u00e9ndose prescindir de alguna de ellas previa motivaci\u00f3n que demuestre lo superfluo de su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que desbord\u00f3 la apreciaci\u00f3n de la juez atacada, quien sin consideraci\u00f3n a las reglas procesales esbozadas dict\u00f3 sentencia anticipada en clara trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4.4. No es de recibo la postura de la falladora de instancia cuestionada que intencionalmente pretende pretermitir etapas procesales omitiendo la pr\u00e1ctica de pruebas de manera caprichosa, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que est\u00e1n en juego los derechos de un menor de edad, por lo que su tarea deber\u00e1 encausarse en realizar la pr\u00e1ctica de la totalidad de las pruebas decretadas y las que oficiosamente sean pertinentes para garantizar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o Camilo. <\/p>\n
5. Lo expuesto en precedencia resultar\u00e1 suficiente para confirmar en su totalidad el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado, en consecuencia dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn darle cumplimiento al fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el pasado 9 de mayo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn informar el cumplimiento de las \u00f3rdenes primera, segunda y tercera de la decisi\u00f3n constitucional proferida por el a quo en los t\u00e9rminos de las consideraciones consignadas al interior de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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