STC5839-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5839-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02269-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00145-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que propuso, no se cumple el t\u00e9rmino consagrado en el Art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, porque apel\u00f3 la sentencia de primera instancia y el Tribunal Superior accionado no ha proferido el fallo que le compete, por lo que consider\u00f3 que, al no existir un \u00abveredicto final\u00bb en los plazos estipulados en la Ley, se le vulnera el derecho fundamental invocado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
i. Se ORDENE INMEDIATAMENTE al tutelado aplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas (\u2026)<\/p>\n
ii. no se permita que el tutelado devulva mi accion popular al renuente juzgador inicial y SIMPLEMENTE RESUELVA DE SER LEGAL EL RECURSO DE LA COADYUVANTE Y DE SU ABOBADO PAULO CESAR LIZCANO DURAN sin traumatismo para la renuente accion popular (\u2026)<\/p>\n
iii. SE ORDENE a la procuradora gral nacion, margarita cabello y al defensor del pueblo Colombia ambos en Bogot\u00e1 , informar dia mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre accion de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, ante la mora judicial en mi accion popular, por falla en la prestacion del servicio y me garanticen art 29 CN (\u2026)<\/p>\n
iv. se me informe cuanto tiempo mas perdere y cuanto mas agotare mi salud mental para que el tutelado cumpa terminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998.<\/p>\n
v. al consejo seccional judicatura sala disciplinaria en Pereira para que de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998 en esta accion popular, PUES NUNCA SE APLICA DICHO ART\u00cdCULO Y LE SOLICITO ME ENVIE FORMATO TIPO PARA SOLICITAR APLICASION ART 84 LEY 472 DE 1998 A FIN QUE ME GARANTICE EL ACCESO A ALA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb. (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, manifest\u00f3 que el 17 de mayo de 2023 le correspondi\u00f3, por reparto, la apelaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de queja y, el 2 de junio anterior, dispuso devolver las diligencias al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad a fin de que se pronuncie respecto a los recursos propuestos y a la solicitud elevada por la coadyuvante, Cotty Morales Caama\u00f1o, a trav\u00e9s de su apoderado, presentados despu\u00e9s de proferirse la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado los derechos del accionante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, debe ser dirigida a la Defensor\u00eda del Pueblo, donde, conforme las necesidades planteadas, se le pueda designar un profesional del derecho para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, con fundamento en que su vinculaci\u00f3n es aparente, en tanto que, a esa corporaci\u00f3n no se le atribuye alg\u00fan hecho u omisi\u00f3n que soporte la vinculaci\u00f3n al proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, se\u00f1al\u00f3 que el actor popular formul\u00f3 queja contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, relacionada con la mora judicial en la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00145, a la que le correspondi\u00f3 el radicado No. 66001250200020230005600, tr\u00e1mite en el que el 14 de marzo de 2023, \u00abse profiri\u00f3 auto inhibi\u00e9ndose de adelantar tr\u00e1mite alguno\u00bb, situaci\u00f3n que, a su juicio, descarta la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el formato para presentaci\u00f3n de quejas \u00abpuede ser reclamado en las instalaciones de esta Comisi\u00f3n, o, solicitarse al correo ssdcsper@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb y, finalmente, solicit\u00f3 negar la presente acci\u00f3n constitucional, en tanto, ha adelantado las actuaciones disciplinarias formuladas por el actor, conforme a la normatividad disciplinaria vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, y afirm\u00f3 que, revisado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, encontr\u00f3 solo una solicitud de defensor p\u00fablico en el \u00e1rea penal, ajena al asunto debatido, raz\u00f3n por la cual, no est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva en la presente causa. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que, en las \u00faltimas dos semanas, el actor ha presentado ante esa entidad m\u00e1s de 180 derechos de petici\u00f3n, los que ha respondido de manera clara y de fondo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, atendiendo a las m\u00faltiples solicitudes y afirmaciones del accionante, le fueron asignadas citas para los d\u00edas 19 y 24 de marzo de 2023 con las Defensoras P\u00fablicas especialistas en derecho administrativo, a las que no asisti\u00f3 ni tampoco inform\u00f3 sobre su inasistencia, y que, en las respuestas a los nuevos derechos de petici\u00f3n que elev\u00f3, se le inform\u00f3 que pod\u00eda aportar un n\u00famero telef\u00f3nico para asignarle una cita virtual, pero no lo ha hecho y, en su lugar, exige la consignaci\u00f3n de dinero para asistir a las citas presenciales, pese a la posibilidad de realizarlas de manera virtual. <\/p>\n
6. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, en tanto no ha vulnerado derecho alguno del actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
(\u2026) \u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional, y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; <\/p>\n
ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; <\/p>\n
iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; <\/p>\n
iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del accionante radica en que el Tribunal Superior de Pereira no ha proferido sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular que propuso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00145-00 promovida por Mario Restrepo contra Expreso Bolivariano SA, actuaci\u00f3n en la que se acept\u00f3 la intervenci\u00f3n de Cotty Morales Caama\u00f1o como coadyuvante, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
<\/p>\n
1. Una vez adelantadas las etapas procesales propias de este tipo de acciones, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira profiri\u00f3 sentencia el 27 de marzo de 2023, en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo implorado, y orden\u00f3 al demandado que en los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, incorpore en su programa de atenci\u00f3n al cliente el servicio profesional de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para personas sordo-ciegas, de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio, y que garanticen que el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete, cuando se requiera para los disminuidos visuales, se preste de manera f\u00edsica oportunamente. As\u00ed mismo, impuso condena en costas a la sociedad accionada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme con lo resuelto, Mario Restrepo interpuso recurso de apelaci\u00f3n, a fin de que se modificara la sentencia de primera instancia en lo relacionado con la presencia permanente en el establecimiento del interprete y gu\u00eda interprete para las personas sordociegas, y as\u00ed mismo, solicit\u00f3 condenar en costas \u00aba mi favor\u00bb en ambas instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El expediente fue remitido al Tribunal Superior de Pereira, el 16 de mayo de 2023, seg\u00fan acta de reparto (derivado 004ActaReparto.pdf \u2013 Cuaderno 2 Apelaci\u00f3n Sentencia del expediente electr\u00f3nico). <\/p>\n
<\/p>\n
4. La mencionada Corporaci\u00f3n en providencia de 2 de junio de 2023, dispuso devolver las diligencias al Juzgado de conocimiento, para que resolviera lo pertinente respecto a los recursos propuestos y al escrito presentado por la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o, a trav\u00e9s de su abogado, con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ante ese panorama, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, el Tribunal Superior de Pereira cumpli\u00f3 los \u00abt\u00e9rminos procesales\u00bb y ha actuado conforme a derecho, en tanto que, atendiendo a lo consagrado en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, al realizar el examen preliminar del recurso de apelaci\u00f3n, resolvi\u00f3 devolver las diligencias al Juzgado de origen al advertir una irregularidad procesal, frente a la falta de pronunciamiento del a quo sobre los recursos y solicitudes presentados por la coadyuvante, con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no se observa que la autoridad judicial accionada haya vulnerado los derechos fundamentales del reclamante, por lo que el amparo se vuelve inviable, pues para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante lo afirme, \u00abpues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, y STC624-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, si el accionante, no estaba de acuerdo con esa decisi\u00f3n, bien pudo interponer el recurso que legalmente proced\u00eda, pero no lo hizo, y lo que se evidencia es que el expediente se devolvi\u00f3 al Juzgado de origen, sin manifestaci\u00f3n alguna de su parte. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por otra parte, en relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el accionante, se se\u00f1ala que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ahora, en lo que concierne a la petici\u00f3n dirigida a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n informar la fecha en que presentar\u00e1 acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre y contra la administraci\u00f3n de justicia por la supuesta falla en la prestaci\u00f3n del servicio, tambi\u00e9n resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente en cualquier tipo de actuaci\u00f3n al actor popular. <\/p>\n
<\/p>\n
8. As\u00ed mismo, tampoco advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, respecto a la anterior petici\u00f3n, en tanto que, conforme a lo afirmado en el informe allegado al Despacho por esa entidad, ha resuelto de forma clara y de fondo, las peticiones elevadas por el actor, incluso poniendo a su disposici\u00f3n la asesor\u00eda de profesionales del derecho para orientarlo en sus pretensiones, sin que las haya aceptado. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Por \u00faltimo, y en lo que hace relaci\u00f3n al requerimiento a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, se advierte que el mismo escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional, y no se evidencia que el actor haya acudido de manera directa a la entidad para reclamar espec\u00edficamente lo que aqu\u00ed pretende. <\/p>\n
<\/p>\n
10. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5839-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5839-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02269-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}