STC5843-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5843-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02218-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Gabriel Cardenas Beltr\u00e1n e Hirma Anzola Ramos instauraron contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y a las autoridades partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n No.68081312100120190004102. <\/p>\n
1. Los accionantes pretenden que se deje sin valor y efecto la sentencia emitida por el Tribunal accionado en el proceso en comento (18 mayo 2023), para que en su lugar, emita sentencia complementaria en la que haga un estudio sobre el criterio temporal exigido en el art\u00edculo 75 de la ley 1448 de 2011 conforme a la sentencia C-250 de 2012, buena fe exenta de culpa, acci\u00f3n sin da\u00f1o y condici\u00f3n de segundos ocupantes. <\/p>\n
En sustento se\u00f1alaron que ejercieron oposici\u00f3n en el tr\u00e1mite referido con el fin de acreditar que adquirieron por prescripci\u00f3n el mismo inmueble objeto de la restituci\u00f3n, todo lo cual qued\u00f3 registrado en el folio de matr\u00edcula respectivo en el a\u00f1o 2012; sin embargo, su defensa fue desestimada por el Tribunal accionado (18 mayo 2023). <\/p>\n
A su juicio, \u00abla magistratura no estudio el cumplimiento del requisito del art\u00edculo 75 de la ley 1448 de 2011 a la luz de los efectos erga omnes de la sentencia C-250 de 2012, pues pese a haberse probado que los hechos victimizantes que dieron origen al abandono del predio ocurrieron en 1983, el Tribunal confunde el l\u00edmite temporal del articulo 75 con el periodo o contexto de violencia, como se registra de la lectura del folio 15 del fallo y en contrav\u00eda de lo conceptuado por parte de Ministerio Publico delegado para el asunto\u00bb; adem\u00e1s, se\u00f1alan que existe defecto f\u00e1ctico, toda vez que hubo una interpretaci\u00f3n parcial de las declaraciones recaudadas, no se analiz\u00f3 el contexto, se desconoci\u00f3 que ingresaron al inmueble luego de haber sido desplazados y que no tuvieron relaci\u00f3n con los hechos victimizantes; adem\u00e1s, seg\u00fan ellos, se desatendi\u00f3 su real situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja adujo que instruy\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n con la regulaci\u00f3n legal aplicable al caso; adem\u00e1s, remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 negado, habida cuenta que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por el cuerpo colegiado se advierte que s\u00ed hubo un an\u00e1lisis de contexto del conflicto armado sucedido en el municipio de Puerto Boyac\u00e1, lugar en donde se encuentra el inmueble objeto del proceso. Sobre este punto el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
La UAEGRTD justific\u00f3 la reclamaci\u00f3n en el marco de la Ley 1448 de 2011, por la violencia generalizada que caus\u00f3 el conflicto armado31 en el municipio de Puerto Boyac\u00e1 donde se ubica el predio, espacio geogr\u00e1fico en el que, durante la d\u00e9cada de los a\u00f1os 80 y siguientes concurrieron diversos actores, que cometieron reiteradas acciones b\u00e9licas, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y manifiestas violaciones a las normas Internacionales de Derechos Humanos. Eventos que fueron analizados por esta Sala en otro pronunciamiento y al que por econom\u00eda procesal se remite en su integridad, para complementarse con el \u201cDocumento An\u00e1lisis de Contexto\u201d allegado, cuyo fin consiste en identificar cronol\u00f3gicamente las circunstancias sobresalientes que dieron lugar a la ruptura del derecho con el fundo pretendido en restituci\u00f3n y que por su peso probatorio se tendr\u00e1 en cuenta para la demostraci\u00f3n de lo ocurrido propiamente en la regi\u00f3n. <\/p>\n
El instrumento invocado da cuenta del ingreso de las farc desde 1960 a trav\u00e9s del frente IV y a partir de 1980 con el XI, XII y XXIII, adem\u00e1s de la presencia del eln en la regi\u00f3n que impuso la din\u00e1mica de cobros extorsivos a ganaderos, dando auge al secuestro y atentados con motivo de la explotaci\u00f3n minera y petrolera que conllev\u00f3 a la militarizaci\u00f3n y creaci\u00f3n de las primeras estructuras de autodefensas a finales de los 70, impulsadas por aquellos y gobernantes locales, estigmatizando a la poblaci\u00f3n civil de af\u00edn y colaboradores de las guerrillas, en especial la pol\u00edtica de izquierda representada por el PCC, el movimiento revolucionario liberal -MRL, la alianza nacional popular – ANAPO y el movimiento obrero independiente y revolucionario -MOIR, perseguidos por \u201cescuadrones de la muerte altamente entrenados por mercenarios internacionales\u201d, causando innumerables asesinatos, desapariciones, torturas y masacres indiscriminadas a l\u00edderes sociales e integrantes de dichos partidos, en asocio de agentes del Estado y la fuerza p\u00fablica, convirtiendo a Puerto Boyac\u00e1 en los 80 en la \u201ccuna del paramilitarismo en Colombia\u201d; operaci\u00f3n adelantada constantemente hasta la desmovilizaci\u00f3n de las \u201cautodefensas campesinas de Puerto Boyac\u00e1\u201d al mando de alias \u201cBotal\u00f3n\u201d en 2006 bajo una sistem\u00e1tica din\u00e1mica de control territorial, sucedida por bandas criminales conformadas por los no acogidos al proceso de desarme voluntario que actualmente desarrollan el microtr\u00e1fico de estupefacientes en la zona urbana y con ello el incremento de homicidios. <\/p>\n
A su vez, se tiene el informe presentado por la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas Especializada de Justicia Transicional, que trajo las versiones libres de Ramiro Vanoy Murillo y Gerardo Zuluaga Clavijo, conocidos con los alias de \u201cCuco Vanoy\u201d y \u201cPonzo\u00f1a\u201d, ex integrantes de las autodefensas de Puerto Boyac\u00e1 y campesinas del Magdalena Medio, as\u00ed como el acta de audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y medida de aseguramiento, que dieron cuenta de las violaciones a Derechos Humanos y el DIDH cometidas por aquellos en dicho municipio desde 1982. Contexto corroborado por CODHES que se refiri\u00f3 al periodo entre 1990 y 2006 donde ocurrieron 3 casos de secuestro, 7 asesinatos y 183 desapariciones forzadas a causa del paramilitarismo y de 1991 a 2011 con un total de 4.264 desplazamientos de los cuales 2.528 se dieron en el casco urbano y tambi\u00e9n por la Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos y DIH. <\/p>\n
En el mismo sentido, el Tribunal logr\u00f3 establecer que el propietario inicial del predio objeto de debate, padre de la reclamante en restituci\u00f3n, s\u00ed fue victima del conflicto armado. Al respecto precis\u00f3: <\/p>\n
Luego de un a\u00f1o de su permanencia en Bogot\u00e1, el 4 de septiembre de 1984, Faustino regres\u00f3 para adelantar junto a Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Mart\u00ednez el registro de una propiedad adquirida por el movimiento pol\u00edtico, oportunidad que fue aprovechada por el agente del extinto DAS Jorge Luis Barrero59 para secuestrarlos y desaparecerlos como qued\u00f3 consignado en sentencia del 29 de mayo de 1986 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja que lo conden\u00f3 en calidad de autor. Aunado, en la comisi\u00f3n de este delito se estableci\u00f3 la presunta participaci\u00f3n de quien hac\u00eda las veces de comandante de polic\u00eda de Puerto Boyac\u00e1 en esa data y de otros sujetos que no pudieron ser identificados dentro de las pesquisas adelantadas. Suceso este que adem\u00e1s se document\u00f3 se\u00f1al\u00e1ndose la irrupci\u00f3n forzada de varias sujetos, entre esos Luis Barrero, a la vivienda hoy reclamada en restituci\u00f3n en b\u00fasqueda de Faustino y luego al apartamento en el que se alojaba, del que presuntamente lo habr\u00edan sacado a la fuerza en un \u201ccostal\u201d que fue \u201ctirado en un lote vecino, donde funcionaba un taller de latoner\u00eda de propiedad de Gustavo Guzm\u00e1n y luego subido a un carro\u201d, para ser junto con \u00c1ngel D\u00edaz \u201ctorturados y luego asesinados y sus cuerpos tirados al r\u00edo Magdalena\u201d, seg\u00fan relatos de algunos pobladores. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado por Gladys en 1986 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, adem\u00e1s del tr\u00e1mite registral, su padre habr\u00eda viajado a Puerto Boyac\u00e1 con el prop\u00f3sito de \u201ccobrar unos arrendamientos de una casa de su propiedad situada en el per\u00edmetro urbano (\u2026) en el Barrio Alfonso L\u00f3pez\u201d63 (Sic), refiri\u00e9ndose al bien objeto de este proceso y cuando no tuvo noticias de \u00e9l, pidi\u00f3 informaci\u00f3n a la Federaci\u00f3n Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado \u201cFENALTRASE\u201d, donde se encontraba afiliado, ocasi\u00f3n en que fue enterada de su desaparici\u00f3n junto a Miguel D\u00edaz; lo que propici\u00f3 que en compa\u00f1\u00eda de Gloria Mancilla \u2013esposa de D\u00edaz, comenzara su b\u00fasqueda seg\u00fan narr\u00f3 a la UAEGRTD, indagando por su paradero con el alcalde, para luego radicar la denuncia mientras se percataba de la vigilancia y persecuci\u00f3n de las que fueron objeto en todo el recorrido. <\/p>\n
Y si alguna duda quedare de este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sentencia del 27 de julio de 202272, conden\u00f3 a Colombia por la desaparici\u00f3n de Faustino L\u00f3pez Guerrero, aceptando el Estado su responsabilidad por la violaci\u00f3n de los derechos al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, la vida, integridad personal y libertad en virtud de los art\u00edculos 1.1, 3,4,5 y 7 de la Convenci\u00f3n sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas; fallo en el que adem\u00e1s puso de presente la violencia sistem\u00e1tica en contra de integrantes y militantes de la UP entre 1984 y 2006 que super\u00f3 las seis mil v\u00edctimas, relacionando en cifras los 521 casos de desaparici\u00f3n forzada, 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.596 desplazamientos, 64 torturas, 19 judicializaciones <\/p>\n
infundadas, 285 atentados o tentativas de homicidio y 10 lesiones, cometidos por agentes estatales y actores ligados al conflicto. <\/p>\n
. <\/p>\n
En fin, que por tan atroz hecho refiri\u00f3 Gladys en etapa administrativa no haber podido regresar a Puerto Boyac\u00e1 por cuanto el miedo y peligro eran latentes a ra\u00edz de la presencia de los actores que lo hab\u00edan cometido y de los grupos paramilitares que continuaban ejerciendo el control del municipio, tal cual qued\u00f3 constatado del an\u00e1lisis adelantado frente al contexto de violencia. <\/p>\n
Ahora, la persecuci\u00f3n contra Gladys L\u00f3pez continu\u00f3 inmediatamente a la desaparici\u00f3n de su padre, impulsada por la b\u00fasqueda que de aquel emprendi\u00f3 a trav\u00e9s de la Asociaci\u00f3n de \u201cFamiliares de Detenidos de Desaparecidos -ASFADDES\u201d de la que hizo parte durante 20 a\u00f1os y luego como fundadora de la organizaci\u00f3n \u201cFamiliares Colombia\u201d tal cual lo refiri\u00f3 la UARIV75, trayendo como consecuencia que fuera tildada de \u201csubversiva\u201d por el Estado, al punto que sobre ella y otros miembros se ordenaran desde 1997 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para salvaguardar su integridad con motivo de las constantes amenazas recibidas por las auc. Todo sumado al secuestro de su hija Martha In\u00e9s Oviedo en dos oportunidades por esa misma causa78 y el homicidio de su otro descendiente Le\u00f3n Restrepo L\u00f3pez en 1996 conforme lo rese\u00f1\u00f3 el Centro de Memoria Hist\u00f3rica (\u2026). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la autoridad judicial aludi\u00f3 al derecho que tienen las v\u00edctimas de que se ampare su derecho a la vivienda digna, y, a continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 los negocios jur\u00eddicos registrados en el folio de matr\u00edcula, incluida la sentencia de pertenencia que favoreci\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes. Sobre este punto adujo: <\/p>\n
(\u2026) Para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso a trav\u00e9s del cual se legaliz\u00f3 una situaci\u00f3n contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez o Magistrado podr\u00e1 revocar las decisiones judiciales a trav\u00e9s de las cuales se vulneraron los derechos de la v\u00edctima y a ordenar los ajustes tendientes a implementar y hacer eficaz la decisi\u00f3n favorable a la v\u00edctima del despojo\u201d. Y en el 5, la \u201cPresunci\u00f3n de inexistencia de la posesi\u00f3n (\u2026) Cuando se hubiera iniciado una posesi\u00f3n sobre el bien objeto de restituci\u00f3n, durante el periodo previsto en el art\u00edculo 75 y la sentencia que pone fin al proceso de que trata la presente ley, se presumir\u00e1 que dicha posesi\u00f3n nunca ocurri\u00f3\u201d. <\/p>\n
Pues bien, trayendo a cuento el an\u00e1lisis respecto a la calidad de v\u00edctima desarrollado en el t\u00edtulo anterior, se comprob\u00f3 que por los hechos violentos padecidos por Faustino y luego por Gladys, el predio ac\u00e1 reclamado qued\u00f3 arrendado a la se\u00f1ora Mar\u00eda Mirna S\u00e1nchez de Ord\u00f3\u00f1ez sin poder aquella ni siquiera regresar al municipio, al ser tildada por los grupos paramilitares que ejerc\u00edan hegemon\u00eda y control de la zona y el mismo Estado de \u201cobjetivo militar\u201d, traducido en las amenazas que continuaron sobre ella y sus hijos, lo que fue aprovechado por la arrendataria, que conociendo la ocurrencia de los sucesos y de la existencia del proceso penal por el secuestro y desaparecimiento de su arrendador, ya que incluso hab\u00eda rendido testimonio al interior, consider\u00f3 suya la heredad, inscribiendo una \u201cdeclaraci\u00f3n de mejoras\u201d en 1988 en el folio de matr\u00edcula 088-2661, las cuales posteriormente enajen\u00f3 en parte bajo figura de \u201cfalsa tradici\u00f3n\u201d en 1995 a Hirma Anzola Ramos y Gabriel Beltr\u00e1n C\u00e1rdenas, quienes junto a su descendiente Rodolfo Ord\u00f3\u00f1ez S\u00e1nchez iniciaron tr\u00e1mite de pertenencia que les otorg\u00f3 la titularidad en sentencia del 2011 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
En fin, que tras la dificultad de administrar, usar, gozar e incluso <\/p>\n
sacar provecho del bien con su arrendamiento conforme lo ven\u00eda haciendo su padre, pues simplemente era \u201cimposible\u201d a efectos de <\/p>\n
salvaguardar su integridad, el inmueble qued\u00f3 en manos de la arrendataria, lo que sucedi\u00f3 por el desaparecimiento de Faustino y el impedimento de Gladys de retornar, destierro que se prolong\u00f3 hasta la fecha de un pueblo que p\u00fablicamente se le conoci\u00f3 como \u201cla cuna del paramilitarismo\u201d o \u201ccapital paramilitar de Colombia\u201d, que culmin\u00f3 en un claro despojo material y luego jur\u00eddico con sentencia judicial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Basta con revisar con detalle el contenido de los documentos que <\/p>\n
sirvieron de fundamento para socavar paulatinamente el derecho que pose\u00eda Faustino L\u00f3pez sobre el inmueble a partir de 1971 cuando lo adquiri\u00f3 del municipio de Puerto Boyac\u00e1, para encontrar sendas inconsistencias plasmadas que ocultaron la verdad de lo ocurrido contra su titular y de paso eliminar cualquier relaci\u00f3n de quien le pod\u00eda suceder en calidad de heredero. Empezando con la declaraci\u00f3n de mejoras de Mar\u00eda Mirna S\u00e1nchez de Ord\u00f3\u00f1ez ante el Juzgado Civil Municipal de esa localidad del 26 de febrero de 1988 donde refiri\u00f3 que \u201caproximadamente cinco a\u00f1os\u201d y respecto a la heredad reclamada, hab\u00eda \u201cvivido en forma quieta y pac\u00edfica\u201d y que su posesi\u00f3n acaeci\u00f3 \u201cpor orden de su propietario\u201d; seguida por la escritura 639 del 30 de agosto de 1995 en la que se\u00f1al\u00f3 que vendi\u00f3 \u201cdos partes\u201d a Gabriel C\u00e1rdenas Beltr\u00e1n e Irma Anzola Ramos en \u201cfalsa tradici\u00f3n\u201d sentando que la aprehensi\u00f3n databa \u201cdesde el a\u00f1o 1982\u201d; al igual que el instrumento 1099 del 14 de noviembre de 1997 que adelant\u00f3 su sucesi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la heredad a favor de su c\u00f3nyuge Jes\u00fas Antonio Ord\u00f3\u00f1ez y sus hijos Rodolfo, Oneida y Marleny Ord\u00f3\u00f1ez S\u00e1nchez, en la que se plasm\u00f3 que aquel bien fue suyo \u201ca partir de 1983\u201d con el \u201cconsentimiento de Faustino\u201d; culminando con lo referido dentro del proceso de pertenencia iniciado por Gabriel C\u00e1rdenas Beltr\u00e1n, Irma Anzola Ramos y Rodolfo Ord\u00f3\u00f1ez S\u00e1nchez en el que se fij\u00f3 que el uso y goce material de Irma principi\u00f3 \u201cdesde 1982\u201d, lo que fundament\u00f3 la sentencia del 29 de agosto de 2011 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 <\/p>\n
. <\/p>\n
Fechas y circunstancias que sin mayor esfuerzo resultan alejadas <\/p>\n
de la realidad, pues que en ning\u00fan momento Faustino permiti\u00f3 que otro a diferencia suya y de manera voluntaria se considerara \u201cdue\u00f1o\u201d, ya que no aparece demostrado que antes de la victimizaci\u00f3n nunca cedi\u00f3, don\u00f3, prometi\u00f3 en venta o enajen\u00f3 su derecho y, aparte de todo, su rapto y desaparecimiento ocurri\u00f3 el 4 de septiembre de 1984 conforme lo concluyeron los fallos del Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja y Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 confirmado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, esto es, posterior a los a\u00f1os que se rese\u00f1aron el inicio de la posesi\u00f3n de Mirna, a sabiendas que esta entre 1985 y 1989 a trav\u00e9s de cartas dirigidas a Gladys que la oposici\u00f3n insinu\u00f3 \u201cfalsas\u201d sin prueba m\u00e1s que su simple dicho, siempre se refiri\u00f3 a ella misma de \u201carrendataria\u201d reconociendo a Faustino como propietario, para rematar con su propio testimonio ante el primero de los despachos en 1986 cuando frente a su relaci\u00f3n con la heredad ratific\u00f3 que obedec\u00eda a un mero \u201carriendo\u201d que para esa data apenas llevaba \u201cunos tres meses\u201d. <\/p>\n
Y como se ha insistido, ning\u00fan enteramiento se hizo a Gladys de <\/p>\n
cualquiera de estos negocios y mucho menos del proceso de pertenencia tal cual qued\u00f3 evidenciado de las etapas que all\u00ed se surtieron, donde se cit\u00f3 y emplaz\u00f3 en 2009 a Faustino L\u00f3pez Guerrero y dem\u00e1s personas \u201cindeterminadas\u201d de quienes se dijo desconocer vecindad y domicilio actual, design\u00e1ndoseles curador para que representara sus intereses, oportunidad en la que incluso se omiti\u00f3 mencionar su secuestro y desaparecimiento, lo cual no surg\u00eda imposible (\u2026). <\/p>\n
La situaci\u00f3n analizada configura las presunciones 4 y 5 del art\u00edculo <\/p>\n
77 de la Ley 1448 de 2011, al presentarse un despojo material y luego jur\u00eddico a trav\u00e9s de sentencia, dando lugar a la inexistencia de la posesi\u00f3n de quienes se hicieron titulares y los anteriores que vendieron las mejoras y el vicio en el tr\u00e1mite judicial por falta al debido proceso en relaci\u00f3n con el derecho a la defensa, al no haberlo ejercido con ocasi\u00f3n a los acontecimientos de violencia vividos, presunci\u00f3n legal que no se desvirt\u00faa por el hecho la representaci\u00f3n a trav\u00e9s de curador ad-litem, en especial porque este no puede sanear la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
De la misma forma, el Tribunal estudi\u00f3 la buena fe exenta de culpa de los opositores y si hab\u00eda lugar a reconocerlos como segundos ocupantes. Para tal fin se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En el caso de Rodolfo Ord\u00f3\u00f1ez S\u00e1nchez y los compa\u00f1eros130 Gabriel C\u00e1rdenas Beltr\u00e1n e Hirma Anzola Ramos, como se decant\u00f3 desde el estudio de la buena fe exenta de culpa, qued\u00f3 evidenciado el aprovechamiento del que indirectamente se sirvieron para hacerse con los predios, ese mismo que tuvo relaci\u00f3n directa con el despojo que de manera arbitraria ejecut\u00f3 Mirna S\u00e1nchez, madre del primero, con la posesi\u00f3n promulgada y legalizada en favor de ellos mediante sentencia judicial, pues recu\u00e9rdese que para la declaratoria de su pertenencia se tuvo en cuenta la suma de todas aquellas \u201cposesiones\u201d, es decir, el par\u00e1metro para su reconocimiento trajo consigo el vicio de quien los precedi\u00f3. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, bajo determinaciones de esta Corporaci\u00f3n en otras decisiones132, la participaci\u00f3n indirecta de los hijos en el despojo se desencadena de la que de manera directa ejercieron sus padres, como lo es el caso de Rodolfo respecto de Mirna; provecho suyo y de sus coparticipes \u2013Gabriel e Hirma- en la acci\u00f3n judicial que termin\u00f3 por declararlos propietarios del fundo, pues tal proceso fue adelantado bajo los mismos supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, incluso mediante un apoderado judicial en com\u00fan, sin que se hubiera desestimado a lo largo de este tr\u00e1mite, la evidente conveniencia aqu\u00ed vislumbrada; pues adem\u00e1s no se puede olvidar el conocimiento concreto que del destino de Faustino aludi\u00f3 Rodolfo al reconocer que de aquello se hab\u00eda enterado por los medios de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n encuentra la Sala que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los gestores s\u00ed fue objeto de an\u00e1lisis, as\u00ed: <\/p>\n
Ahora, aparte del provecho directo e indirecto que obtuvieron y por el cual no es posible reconocerlos como segundos ocupantes, tampoco sobra agregar que de Gabriel e Hirma no se puede v\u00e1lidamente predicar que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad econ\u00f3mica pues figuran declarantes de renta hasta 2018 y cotizantes en el r\u00e9gimen contributivo desde 2008, titular adem\u00e1s ella de tres motocicletas con inscripci\u00f3n en c\u00e1mara de comercio de un establecimiento llamado \u201cDrogas Centrales\u201d135 y \u00e9l con cuatro inmuebles aparte del reclamado . Por su parte Rodolfo Ord\u00f3\u00f1ez registra propietario de una motocicleta, representante legal de una entidad sin \u00e1nimo de lucro y cuenta con la titularidad junto a su ex pareja Claudia Patricia Jim\u00e9nez Marroqu\u00edn de una cuota en com\u00fan y pro indiviso respecto a un bien adjudicado trav\u00e9s de subsidio por el Incoder. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo aducido por los accionantes, el Tribunal s\u00ed hizo un estudio de contexto de la situaci\u00f3n de violencia en el municipio en donde se ubica el predio y de sus propietarios; adem\u00e1s, analiz\u00f3 racionalmente los medios suasorios obrantes en el expediente, incluidos aquellos que daban cuenta de la condici\u00f3n econ\u00f3mica de los opositores. De manera que, lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5843-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5843-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02218-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Gabriel Cardenas Beltr\u00e1n e Hirma Anzola Ramos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}