STC5846-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5846-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02250-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00125-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Tribunal Superior de Pereira no cumple el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, porque no ha proferido sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, al no existir un \u00abveredicto final\u00bb en los plazos estipulados en la Ley, se le vulnera el derecho fundamental invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
i. Se ORDENE INMEDIATAMENTE al tutelado aplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas (\u2026)<\/p>\n
ii. SE ORDENE APLICAR ART 121 CGP, AL TUTELADO Y PIERDA COMPETENCIA ESTE DE LA RENUENTE ACCION (\u2026)<\/p>\n
iii. SE ORDENE a la procuradora gral nacion, margarita cabello y al defensor del pueblo Colombia ambos en Bogot\u00e1 , informar dia mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre accion de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, ante la mora judicial en mi accion popular, por falla en la prestacion del servicio y me garanticen art 29 CN (\u2026)<\/p>\n
iv. se me informe cuanto tiempo mas perdere y cuanto mas agotare mi salud mental para que el tutelado cumpa terminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998<\/p>\n
v. Al consejo seccional judicatura sala disciplinaria en Pereira para que de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998 en esta accion popular (\u2026) Y LE SOLICITO ME ENVIE FORMATO TIPO PARA SOLICITAR APLICASION ART 84 LEY 472 DE 1998\u00bb (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en consecuencia, el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para proferir la sentencia de segunda instancia no ha finalizado y, en ese orden, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el link de acceso al expediente de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado los derechos del actor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en nombre del accionante debe ser dirigida a la Defensor\u00eda del Pueblo, entidad en la que, conforme las necesidades planteadas, se le pueda designar un profesional del derecho para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, se\u00f1al\u00f3 que el actor popular formul\u00f3 una queja en contra del Juzgado Quinto de Civil del Circuito de Pereira, relacionada con la mora judicial en la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00125, a la que le correspondi\u00f3 el radicado No. 66001250200020230005400, en la que el 6 de marzo de 2023 \u00abse profiri\u00f3 auto inhibi\u00e9ndose de adelantar tr\u00e1mite alguno\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el formato para presentaci\u00f3n de quejas \u00abpuede ser reclamado en las instalaciones de esta Comisi\u00f3n, o, solicitarse al correo ssdcsper@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb y finalmente, solicit\u00f3 negar el amparo, en tanto, ha adelantado las actuaciones disciplinarias formuladas por el actor, conforme a la norma vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y afirm\u00f3 que, revisado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, encontr\u00f3 solo una petici\u00f3n relacionada con una solicitud de defensor p\u00fablico en el \u00e1rea penal. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que, en las \u00faltimas dos semanas, el actor ha presentado, ante esa entidad, m\u00e1s de 180 derechos de petici\u00f3n, los cuales ha respondido de manera clara y de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia constitucional estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siento estos, <\/p>\n
(\u2026) \u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional, y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; <\/p>\n
ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; <\/p>\n
iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; <\/p>\n
iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u201d. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de Mario Restrepo radica en que el Tribunal Superior de Pereira no ha proferido sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular que propuso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00125-00 promovida por Mario Restrepo contra Element Holding SAS, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
3.1 Una vez adelantadas las etapas procesales propias de este tipo de acciones, el 30 de enero de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme con lo resuelto Mario Restrepo interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en el que solicit\u00f3 revocar la sentencia, amparar los derechos colectivos invocados, y condenar en costas \u00aba su favor\u00bb en ambas instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El expediente fue remitido al Tribunal Superior de Pereira el 15 de mayo de 2023, seg\u00fan acta de reparto (derivado 004ActaReparto.pdf \u2013 Cuaderno 01 Apelaci\u00f3n Sentencia del expediente electr\u00f3nico). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 2 de junio de 2023, se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apelante, y orden\u00f3 correr el traslado del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, advierte la Sala que contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, el Tribunal Superior accionado imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo al recurso de apelaci\u00f3n que interpuso, como lo dispone la ley, esto es, con la admisi\u00f3n del mismo y el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurrente y al no apelante, de tal suerte que el plazo establecido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, se encuentra vigente, pues solo han transcurrido siete (7) de los veinte (20) d\u00edas para desatar la instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede pretender Mario Restrepo que se ordene al Tribunal Superior de Pereira que falle de manera inmediata la instancia, porque de acuerdo con las normas procesales previo a proferir la sentencia, el funcionario de conocimiento tiene que ordenar el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurso, sin que se pueda omitir esa etapa, pues en caso de hacerlo, se generar\u00eda una nulidad procesal. <\/p>\n
5. Como no se observa que la autoridad judicial accionada haya vulnerado los derechos fundamentales del reclamante, el amparo se vuelve inviable, pues para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante lo afirme, \u00abpues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC6835-2022 y, STC624-2023, entre muchas). <\/p>\n
6. Ahora, en cuanto hace referencia a la petici\u00f3n en el sentido que el Tribunal Superior declare la p\u00e9rdida de competencia para decidir el asunto, porque seg\u00fan el actor, el plazo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para fallar la segunda instancia se encuentra vencido, es pertinente aclararle que no le asiste raz\u00f3n alguna, pues el expediente del proceso fue radicado en el Tribunal accionado el 15 de mayo de 2023, as\u00ed que el t\u00e9rmino estipulado en la norma no se ha cumplido. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por otra parte, en relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el accionante, debe se\u00f1alarse que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la petici\u00f3n dirigida a ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, informar la fecha en que presentar\u00e1n acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre, contra la administraci\u00f3n de justicia por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, tambi\u00e9n resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente, en cualquier tipo de actuaci\u00f3n, al actor popular. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por \u00faltimo, y en lo relacionado con el requerimiento a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, se advierte que el mismo escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional, y, aunque el actor ha presentado varias quejas ante esa entidad, no se evidencia que acudiera de manera directa a la entidad para reclamar espec\u00edficamente lo que aqu\u00ed pretende.<\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
<\/p>\n
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