STC5848-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5848-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02257-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00017-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que propuso, en el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n no se cumple el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, en tanto no se ha proferido sentencia de segunda instancia, raz\u00f3n por la cual, al no existir un \u00abveredicto final\u00bb en los plazos estipulados en la Ley, se le vulnera el derecho fundamental invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
i. se ORDENE PERDER COMPETENCIA ART 121 CGP<\/p>\n
ii. Se ORDENE INMEDIATAMENTE al tutelado aplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas (\u2026)<\/p>\n
iii. SE ORDENE APLICAR ART 121 CGP, AL TUTELADO Y PIERDA COMPETENCIA ESTE DE LA RENUENTE ACCION (\u2026)<\/p>\n
iv. SE ORDENE a la procuradora gral nacion, margarita cabello y al defensor del pueblo Colombia ambos en Bogot\u00e1 , informar dia mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre accion de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, ante la mora judicial en mi accion popular, por falla en la prestacion del servicio y me garanticen art 29 CN (\u2026)<\/p>\n
v. se me informe cuanto tiempo mas perdere y cuanto mas agotare mi salud mental para que el tutelado cumpa terminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998.<\/p>\n
vi. o al consejo seccional judicatura sala disciplinaria en Pereira para que de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998 en esta accion popular, PUES NUNCA SE APLICA DICHO ART\u00cdCULO Y LE SOLICITO ME ENVIE FORMATO TIPO PARA SOLICITAR APLICASION ART 84 LEY 472 DE 1998 A FIN QUE ME GARANTICE EL ACCESO A ALA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb. (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, explic\u00f3 que el 2 de junio de 2023, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesta por el accionante en la acci\u00f3n popular objeto de queja, decisi\u00f3n que fue notificada por estado electr\u00f3nico el 5 de junio de 2023, y, actualmente, est\u00e1 corriendo el t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n del recurso y posterior traslado a la contraparte. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en consecuencia, el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para proferir el fallo de segunda instancia no ha finalizado y, en ese orden, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, luego de referir las actuaciones de la acci\u00f3n popular, radicado bajo n\u00famero 2022-00017, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en tanto no ha vulnerado derecho alguno del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, igualmente solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado los derechos del accionante, y agreg\u00f3 que la solicitud de presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa debe ser dirigida a la Defensor\u00eda del Pueblo, donde, conforme las necesidades planteadas, se le pueda designar un profesional del derecho para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, solicit\u00f3 ser desvinculado de la presente acci\u00f3n de tutela con fundamento en que, al revisar la base de datos de esa entidad, no encontr\u00f3 queja alguna, relacionada con la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00017, situaci\u00f3n que, a su juicio, descarta la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el formato para presentaci\u00f3n de quejas \u00abpuede ser reclamado en las instalaciones de esta Comisi\u00f3n, o, solicitarse al correo ssdcsper@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y afirm\u00f3 que, revisado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, encontr\u00f3 solo una solicitud de defensor p\u00fablico en el \u00e1rea penal ajena al asunto debatido, raz\u00f3n por la cual, no est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva en la presente causa. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que, en las \u00faltimas dos semanas, el actor ha presentado ante esa entidad m\u00e1s de 180 derechos de petici\u00f3n, los que ha respondido de manera clara y de fondo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, atendiendo a las m\u00faltiples peticiones y afirmaciones del accionante, le fueron asignadas citas el 19 y 24 de marzo de 2023 con las Defensoras P\u00fablicas especialistas en derecho administrativo, sin que asistiera a las mismas, ni informara sobre su inasistencia, y, que, en las respuestas a nuevos derechos de petici\u00f3n que present\u00f3, le fue informado que pod\u00eda aportar un n\u00famero telef\u00f3nico para asignarle una cita virtual, pero no lo ha hecho y, en su lugar, exige la consignaci\u00f3n de dinero para asistir a las citas presenciales, pese a la posibilidad de realizarlas de manera virtual. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Pereira, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en tanto no ha vulnerado los derechos invocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siento estos: <\/p>\n
(\u2026) \u00abi) Que, la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional, y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; <\/p>\n
ii) Que, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; <\/p>\n
iii) Que, se cumpla con el requisito de la inmediatez; <\/p>\n
iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
v) Que, la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y vi) Que, no se trate de sentencias de tutela1\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del accionante radica en que el Tribunal Superior de Pereira no ha proferido sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular que propuso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00017-00 promovida por Mario Restrepo Zapata contra Almacenes Distrivan SAS, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme con lo resuelto, el accionante, interpuso recurso de apelaci\u00f3n para que se modificara la sentencia de primera instancia y fueran concedidas \u00aba su favor\u00bb, agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luego de resolver m\u00faltiples recursos y solicitudes interpuestos por los interesados, con posterioridad al fallo de esa instancia, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Pereira el 16 de mayo de 2023, seg\u00fan acta de reparto (derivado 004ActaReparto.pdf \u2013 Cuaderno 01 Apelaci\u00f3n Sentencia del expediente electr\u00f3nico). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 2 de junio de 2023, se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor popular, y orden\u00f3 correr el traslado del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ante ese panorama, advierte la Sala que contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, el Tribunal Superior accionado, imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor popular como lo dispone la Ley 2213 de 2022, esto es, con la admisi\u00f3n del mismo y el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurrente y al no apelante, de tal suerte que el plazo establecido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, se encuentra vigente, pues solo han transcurrido siete (7) de los veinte (20) d\u00edas para desatar la instancia. <\/p>\n
Por lo anterior, no puede pretender Mario Restrepo que se ordene al Tribunal Superior de Pereira que falle de manera inmediata la instancia, porque de acuerdo con las normas procesales previo a proferir la sentencia, el funcionario de conocimiento tiene que ordenar el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurso, sin que se pueda omitir esa etapa, pues en caso de hacerlo, se generar\u00eda una nulidad procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como no se observa que la autoridad judicial accionada haya vulnerado los derechos fundamentales del reclamante, el amparo se vuelve inviable, pues para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante lo afirme, \u00abpues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC6835-2022 y, STC624-2023 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora, en lo que refiere a la petici\u00f3n del accionante en el sentido que se declare la p\u00e9rdida de competencia para decidir el asunto, porque el plazo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para fallar la segunda instancia se encuentra vencido, es pertinente aclararle que no le asiste raz\u00f3n alguna, pues el expediente del proceso fue radicado en el Tribunal accionado el 16 de mayo de 2023, as\u00ed que el t\u00e9rmino estipulado en la norma no se ha cumplido. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Por otra parte, en relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el accionante, se se\u00f1ala que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022).<\/p>\n
8. En lo que ata\u00f1e a la petici\u00f3n dirigida a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n informar la fecha en que presentar\u00e1 acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre, contra la administraci\u00f3n de justicia, por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, tambi\u00e9n resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente en cualquier tipo de actuaci\u00f3n al actor popular. <\/p>\n
<\/p>\n
9. As\u00ed mismo, tampoco advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, respecto a la anterior petici\u00f3n, en tanto que, conforme a lo afirmado en el informe allegado al Despacho por esa entidad, ha resuelto de forma clara y de fondo, las peticiones elevadas por el actor, incluso poniendo a su disposici\u00f3n la asesor\u00eda de profesionales del derecho para orientarlo en sus pretensiones, sin que las haya aceptado. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Por \u00faltimo, y en lo relacionado con el requerimiento a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, se advierte que el mismo escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional, y no se evidencia que el actor haya acudido de manera directa a la entidad para reclamar lo que aqu\u00ed pretende. <\/p>\n
<\/p>\n
11. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
<\/p>\n
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