STC5852-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5852-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2023-02316-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Luis Enrique Torres Carvajal instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Neiva, extensiva a Bancolombia S.A., Letingel S.A.S. y dem\u00e1s intervinientes el consecutivo 2018-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y dignidad, para se ordenara anular \u00ablas Decisiones DE LAS ACCIONADAS, que negaron el INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR LA ABOGADA DE LA PARTE DEMANDADA, PARA QUE EN SU LUGAR SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE TODO LO ACTUADO POR PARTE DE LA ACTORA DEMANDANTE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el despacho lo rechaz\u00f3 de plano, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n porque la solicitud se encuentra contemplada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 2274 del C\u00f3digo Civil, el cual se\u00f1ala que \u00abal secuestro de bienes se le aplican las mismas reglas aplicables al contrato de dep\u00f3sito, pues el secuestro se trata esencialmente de un dep\u00f3sito\u00bb y, en que, dicho colaborador de la justicia debi\u00f3 acatar las reglas del dep\u00f3sito en la administraci\u00f3n y cuidado del bien que recibi\u00f3 y, \u00abcomo el cuidado del bien en dep\u00f3sito era obligaci\u00f3n de todas las partes, El Juzgado NO RECIBI\u00d3 EL INFORME DEL SECUESTRE SOBRE SU MISI\u00d3N ENCOMENDADA; COMO TAMPOCO RINDI\u00d3 CUENTAS DE SU ACTUACI\u00d3N (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el 20 de febrero de 2023 el superior refrend\u00f3 la determinaci\u00f3n, interpretando \u00abERR\u00d3NEAMENTE EL MANDATO DEL NUMERAL 5 ART\u00cdCULO 133 DEL CGP, PUES NIEGAN LA PRUEBA Y HECHOS CONDUNDENTES QUE LA DEMANDANTE PROPICI\u00d3 CON SU PROCEDIMIENTO FUERA DE DERECHO Y QUE EL SECUESTRE NO CUMPLI\u00d3 EN EL MANDATO CONTRATO DE DEP\u00d3SITO DE CUIDADO Y CUSTODIA DEL BIEN EMBARGADO Y SECUESTRADO (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, allegaron el link de acceso al expediente objetado. <\/p>\n
Rodrigo Sterling Motta, quien manifest\u00f3 actuar \u00abinicialmente como endosatario en procuraci\u00f3n de BANCOLOMBIA S.A. y hoy como apoderado judicial de la cesionaria REINTEGRA S.A.S.\u00bb, precis\u00f3 que lo pretendido por Torres Carvajal es \u00abendilgar responsabilidad al Banco por el presunto deterioro del inmueble incluyendo eventos de la naturaleza imposibles de superar, situaci\u00f3n totalmente ajena al demandante, puesto que si llegare a existir alguna responsabilidad, \u00e9sta recae en el auxiliar de la justicia interviniente en la diligencia de secuestro a quien el Despacho comisionado le hizo entrega del inmueble secuestrado y \u00e9ste a su vez, lo dej\u00f3 en dep\u00f3sito provisional gratuito al se\u00f1or JOSE VITERMAN LOSADA MURCIA al que el comisionado, reitero, le hizo todas las advertencias de ley relacionadas con el cuidado, conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n del bien que acept\u00f3 recibir bajo esas condiciones\u00bb y, se opuso al resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente se advierte que, aunque Luis Enrique Torres Carvajal reproch\u00f3 tambi\u00e9n el interlocutorio del Juzgado Segundo Cuarto Civil del Circuito de Neiva (22 mar. 2022), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, al cerrar el debate suscitado (20 feb. 2023). <\/p>\n
2.- De entrada, se anuncia el decaimiento del amparo, debido a que la providencia de segunda instancia que ratific\u00f3 la del a quo que neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad reclamada por el actor, dentro del proceso ejecutivo n.\u00ba 2018-00106, no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, el iudex plural criticado, inicialmente estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver, era \u00absi la nulidad planteada por la parte pasiva, cumple el requisito de taxatividad, cuya ausencia, en consideraci\u00f3n del juzgador de primer grado, conllev\u00f3 que rechazara de plano el tr\u00e1mite de la misma\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3 que sobre las \u00abnulidades procesales\u00bb esta Sala puntualiz\u00f3, que: <\/p>\n
La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, siempre que afecten de modo importante la eficiencia del mismo, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad. Es entendida como \u201cla sanci\u00f3n que produce la ineficacia de lo actuado en un proceso, cuando \u00e9ste no se ha ce\u00f1ido a las prescripciones de la ley que regula el procedimiento\u201d (Sentencia de 30 de junio de 2006, Rad. No.2003 00026). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que en la Sentencia SC4855 de 2014, dijo <\/p>\n
Las nulidades procesales son de interpretaci\u00f3n restringida y no admiten analog\u00eda. Se orientan bajo los principios de especificidad, entendido como que no hay nulidad sin norma que expresamente la consagre, el principio de protecci\u00f3n, bajo el criterio de que mientras no se declare una nulidad, el acto se considera v\u00e1lido y surte plenos efectos, el de disponibilidad que permite su renuncia, el de lealtad procesal que obliga a las partes a reclamarla inmediatamente la hayan observado, el de preclusi\u00f3n porque si la parte interesada no alega el vicio en su momento, pierde la oportunidad de hacerlo y el de trascendencia, referido a la necesidad de que la irregularidad reclamada para que opere debe causar un perjuicio a la parte que la alega. <\/p>\n
Para que el yerro citado como causal de invalidaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario tenga efectos, se requiere que el mismo no haya sido saneado por los medios que autorizan los art\u00edculos 143 y 144 del C.P.C.; as\u00ed lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples fallos, como cuando sostuvo que la invalidez se producir\u00e1, \u201csiempre que no se hubiere saneado por cuanto en esa eventualidad, es decir si los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados (\u2026), surge sin ambages la ineptitud del cargo contenido en la demanda\u201d. (Auto de 26 de febrero de 2010, expediente 2005-00017. Reiterado en auto de 12 de julio de 2013 Exp. 2003 00768). <\/p>\n
Adentr\u00e1ndose al caso concreto, advirti\u00f3 que el pilar de la invalidez alegada, es que, el bien embargado y secuestrado \u00abfinca el rosario\u00bb se encuentra en malas condiciones y descuidado por parte del auxiliar, \u00abcomo cercas vandalizadas y destruidas, al igual que el horno ancestral y el lago natural donde se cultivaba mojarra roja y peces naturales; terreno hundido, produci\u00e9ndose desastre ecol\u00f3gico, alegando como causal de nulidad en la sustentaci\u00f3n del presente recurso, m\u00e1s no en el memorial incidental, la del art\u00edculo 133 numeral 5\u00ba del C.G.P., que para mayor claridad se pasa a transcribir: \u201c5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.\u201d\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, coligi\u00f3 que tal como lo expuso el a quo, los supuestos facticios no enmarcan en la causal invocada, motivo que \u00ababre paso al rechazo de plano del incidente de nulidad planteado en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 135 del C.G.P., en la medida que los mismos no son constitutivos de omisi\u00f3n de la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas o de la omisi\u00f3n de su pr\u00e1ctica, obedeciendo si a la administraci\u00f3n encomendada al auxiliar de la justicia, secuestre del inmueble embargado y secuestrado, finca \u201cEL Rosario\u201d, de la que se duele de su estado de deterioro\u00bb. <\/p>\n
Esboz\u00f3 que el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo General del Proceso contempla las funciones del secuestre de bienes <\/p>\n
\u00abquien es depositario de la cosa que tiene en custodia y, si se trata de bienes productivos de renta, tiene las atribuciones previstas para el mandatario en el C\u00f3digo Civil, que en su art\u00edculo 2181 regula la obligaci\u00f3n de rendir cuentas de su administraci\u00f3n, mecanismo para establecer el estado de deterioro del que se duele la se\u00f1ora apoderada recurrente, as\u00ed como su incidencia en el aval\u00fao base de remate, pero no a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de nulidad reglado en el estatuto procesal general, supuestos f\u00e1cticos alegados, que se itera, de entrada no se enmarcan en ninguna de las causales de nulidad enlistadas en el citado art\u00edculo 133\u00bb. <\/p>\n
3.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el impulsor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo no fue servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la autoridad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018l, STC2544-2021 y STC2419-2023). <\/p>\n
4.- Son estas razones que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Luis Enrique Torres Carvajal. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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