STC5878-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC5878-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 25 de mayo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo Zapata promovi\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de esa localidad, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico, ambos de la Regional Risaralda y el establecimiento de comercio Muebles Punto Arte, y citados los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00399. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 la citada acci\u00f3n popular y, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal neg\u00f3 la apelaci\u00f3n que interpuso en contra del auto que fij\u00f3 y liquid\u00f3 agencias en derecho en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado conceder la apelaci\u00f3n de la providencia que decidi\u00f3 sobre las agencias en derecho en la acci\u00f3n popular radicado 66682 31 13 001 2022 003999 00 (sic) y, a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo, intervenir en este tr\u00e1mite e indicar la fecha en que presentar\u00e1n, en su nombre, acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 el link de acceso al expediente de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, toda vez que, el accionante no ha presentado ante esa entidad solicitud o queja relacionada con el asunto de la acci\u00f3n de tutela, como tampoco ha vulnerado sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado los derechos del accionante, y agreg\u00f3 que la solicitud de presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, debe ser dirigida a la Defensor\u00eda del Pueblo, entidad en la que, decidir\u00e1n acerca de la procedencia de designar un profesional del derecho para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y afirm\u00f3 que, revisado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, encontr\u00f3 solo una petici\u00f3n relacionada con una solicitud de defensor p\u00fablico en el \u00e1rea penal y ajena al asunto debatido. Adicionalmente, puso de presente que, en el \u00faltimo mes, el actor ha presentado m\u00e1s de 170 derechos de petici\u00f3n, los que ha respondido de manera clara y de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados y citados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente el amparo porque consider\u00f3 que existi\u00f3 temeridad en el presente asunto, toda vez que conoci\u00f3 en primera instancia de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 66001-22-13-000-2023-00175-00, en la cual Mario Restrepo Zapata reproch\u00f3 tambi\u00e9n que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto que liquid\u00f3 las costas y agencias en derecho en la acci\u00f3n popular 2022-00399-00. <\/p>\n
En ese orden, resolvi\u00f3, \u00abCondenar en \u201ccostas\u201d al se\u00f1or Mario Restrepo con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.004.996.128, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en la suma de un (1) smmlv, que deber\u00e1 pagar en un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta \u201cCSJ – MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS \u2013 CUN\u201d No.3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Colombia S.A. En caso de incumplir dicha orden en el plazo concedido, se remitir\u00e1 copia de esta providencia con sus respectivas constancias a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial local, con el fin de que se inicie el proceso de cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, alegando, en s\u00edntesis, que el Tribunal de Primera Instancia \u00abnunca probo y menos demostro mi temeridad y mi mala fe, aclarando enf\u00e1ticamente que nunca he actuado ni actuare con temeridad y menos con mala fe\u00bb (sic). <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que continuar\u00e1 presentando acciones de tutela hasta que le sea protegido el derecho al debido proceso e invoc\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Corte Constitucional, para que eviten que ser sancionado por temeridad y, finalmente, solicit\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia y la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y, acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo Zapata acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, al negar el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas en la acci\u00f3n popular No. 2022-00399. <\/p>\n
3. Al respecto se advierte el fracaso del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, de conformidad con la prueba obrante en este tr\u00e1mite, se observ\u00f3 que el Tribunal Superior de Pereira igualmente conoci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela 66001-22-13-000-2023-00175-00, con las mismas partes, hechos e id\u00e9ntico objeto, en la que profiri\u00f3 sentencia el 26 de mayo de 2023. <\/p>\n
Se destaca que, en la primera oportunidad, se le indic\u00f3 al se\u00f1or Mario Restrepo Zapata que sus peticiones escapaban de la \u00f3rbita constitucional y se declar\u00f3 la improcedencia del amparo invocado y, en la segunda, se afirm\u00f3 que se configur\u00f3 una actuaci\u00f3n temeraria y, en consecuencia, se confirm\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
De lo rese\u00f1ado, se concluye que se encuentra probada la temeridad establecida en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, respecto de la cual la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC2025-2023 y, STC5410-2023, entre muchas). <\/p>\n
4. Ahora bien, en cuanto a la condena en costas impuesta por el Tribunal Superior de Pereira en la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, tambi\u00e9n ser\u00e1 confirmada, puesto que al haberse evidenciado la temeridad frente a los reclamos elevados por el actor se cumplen los presupuestos establecidos en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00absi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
Pese a que el accionante en la impugnaci\u00f3n sostuvo que \u00abnunca he actuado ni actuare con temeridad y menos con mala fe\u00bb, tal afirmaci\u00f3n no logra eximirlo de la responsabilidad concluida, pues si bien la Corte Constitucional ha admitido que la \u00abactuaci\u00f3n no es temeraria ‘cuando… a pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela ‘se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la existencia extrema de defender un derecho (sentencia T-280\/2017)\u00bb (CSJ. STC12144-2019 citada en STC7130-2021), lo cierto es, que tales supuestos no ocurren en el presente caso. <\/p>\n
N\u00f3tese que no es ajeno el comportamiento del accionante en formular solicitudes de amparo temerarias, las cuales causan un desgaste a la administraci\u00f3n justicia y congesti\u00f3n en los despachos judiciales, raz\u00f3n por la cual esta Sala de manera reiterada le ha solicitado a Mario Restrepo Zapata que cese el uso incorrecto de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n constitucional y atienda el deber de cuidado y vigilancia en sus actuaciones y las decisiones que se profieran en las mismas. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n a las pretensiones dirigidas frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, y la Corte Constitucional para que intervengan en la presente causa a fin de que no sea sancionado, se advierte la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional, como quiera que no se encontr\u00f3 acreditado que el interesado hubiese dirigido a esas entidades una solicitud con dicho prop\u00f3sito, circunstancia que desconoce el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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