STC5881-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5881-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 10 de mayo de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Augusto Antonio Rivas D\u00edaz contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tol\u00fa y Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado No.2019-00153-00. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas al interior del mencionado tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Gabriel Cabarcas Ramos, promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado en contra de Leticia Plaza Marzola, por el no pago de los c\u00e1nones de arrendamiento y servicios p\u00fablicos del inmueble ubicado en la avenida la playa No. 15-31 de Santiago de Tol\u00fa. <\/p>\n
2.1. Afirm\u00f3 que es el \u00fanico propietario y poseedor del establecimiento comercial sobre el cual recae la mencionada restituci\u00f3n, el cual se encuentra registrado en la C\u00e1mara de Comercio de Sincelejo. Asimismo, inform\u00f3 que tuvo conocimiento de la existencia de la causa cuando fue notificada Leticia Plaza quien es su esposa. Precis\u00f3 que, si bien ella fue la que firm\u00f3 el contrato de arrendamiento del mencionado inmueble, lo cierto es que lo hizo bajo amenaza realizada por el se\u00f1or Cabarcas. Por lo tanto, se opuso a los hechos narrados en la demanda y arrim\u00f3 material probatorio que, a su juicio reafirma que el propietario y poseedor es \u00e9l. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que, junto con la demandada pidieron el llamamiento de oficio del actor en el proceso de restituci\u00f3n, sin embargo, el juzgado -con prove\u00eddo del 6 de julio de 2020- neg\u00f3 tal pedimento por no ser necesario. Determinaci\u00f3n que no recurri\u00f3 al no haber sido notificado de acuerdo con lo establecido en los acuerdos PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 y PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020. Finalmente, indic\u00f3 que frente a la diligencia de entrega llevada a cabo el 16 de noviembre pasado por el mismo Juzgado que neg\u00f3 la oposici\u00f3n referida, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, desatado por el Juzgado del Circuito debatido, quien en prove\u00eddo del 1 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abSe ordene a los accionados que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la Sentencia, dejar sin valor o sin efecto todo lo actuado, a partir del auto que neg\u00f3 el llamamiento de oficio de mi persona para defender mis derechos e intereses dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que motiva esta acci\u00f3n de amparo, inclusive\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tol\u00fa1afirm\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno como lo se\u00f1ala la accionante, todo lo contrario, se viene actuado conforme a los lineamientos que impone la ley y los t\u00e9rminos judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. Gabriel Cabarcas Ramos2, demandante al interior del tr\u00e1mite, manifest\u00f3 que en efecto \u00abLa Se\u00f1ora LETICIA ISABEL PLAZA MARZOLA, al momento de presentar la demanda de Restituci\u00f3n de Inmueble dado en Arrendamiento, adeudaba varios meses de Arrendamiento y el Servicio de Gas\u00bb. Recalc\u00f3 que, si bien el actor seg\u00fan el certificado de C\u00e1mara de Comercio es el propietario del negocio Terraza la 15, \u00e9l es el propietario del local. Mencion\u00f3 que es cierto que la demandada y el gestor, solicitaron la vinculaci\u00f3n de este \u00faltimo, pedimento que no fue aceptado por el Juzgado cognoscente. Pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo al no haberse vulnerado ninguno de los derechos alegados. <\/p>\n
3. Alfonso R\u00edos Berm\u00fades3 se\u00f1al\u00f3 que el impulsor es el due\u00f1o y poseedor del establecimiento comercial y que su esposa fue quien firm\u00f3 el contrato de arrendamiento con el se\u00f1or Cabarcas. <\/p>\n
4. Los se\u00f1ores Clubin Gonz\u00e1lez Escobar, Franco Uribe Baena y Leticia Isabel Plaza Marzola expresaron que el accionante es el propietario del establecimiento comercial, es quien paga los servicios y lo explota econ\u00f3micamente. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo al constatar que \u00abla legitimaci\u00f3n en la causa por activa no se encuentra satisfecha, pues de entrada se tiene que, el accionante no es parte, tercero ni interviniente del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado radicado bajo el n\u00famero 70820408900120190015300, comoquiera que, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tol\u00fa, mediante prove\u00eddo datado 06 de junio de 2020 neg\u00f3 su intervenci\u00f3n en dicho plenario\u00bb. Adem\u00e1s, encontr\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no supera el requisito de inmediatez \u00abtoda vez que, la decisi\u00f3n antes enunciada, como se dijo, data del 06 de junio de 2020 y a la fecha de la interposici\u00f3n de este medio residual – 26 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues aduce que \u00abaspira a que se le oiga en el proceso que motiva esta Tutela y de ser vencido esto ocurra con el cumplimiento de todas y cada una de las garant\u00edas procesales a trav\u00e9s de una debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el gestor, con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida el 6 de julio de 2020, con la cual se le neg\u00f3 su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, escrutado el material probatorio, se observa que el gestor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues no es sujeto procesal en los tr\u00e1mites debatidos. Esto es, no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro de los juicios que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
2.1. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. STC10027-2022. <\/p>\n
2.2. En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. Por el contrario, quien no este reconocido como tal, carece de legitimaci\u00f3n para alegar la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Si lo anterior fuera poco, encuentra la Sala tambi\u00e9n el incumplimiento del requisito inmediatez. Ello pues, entre lapso transcurrido desde la determinaci\u00f3n que le neg\u00f3 la intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite -es decir 6 de julio de 2020-, y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -el 26 de abril de 2023- transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a la acci\u00f3n constitucional4, sin que se observe la concurrencia de alguna de las causales que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. <\/p>\n
4. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-8. Anexo 28Contestacion.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-9. Anexo 13Conestacion.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-3. Anexo 11Contestacionbancoagrario.pdf <\/p>\n
4\u0002 Ver: CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 <\/p>\n
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