STC5883-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5883-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00092-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 12 de mayo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Jimeno Perdomo Franco formul\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado n\u00famero 41001-40-03-003-2021-00313-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, al revisar la bandeja de entrada de su correo electr\u00f3nico, constat\u00f3 que nunca hab\u00eda recibido una notificaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la orden de pago proferida en el proceso ejecutivo que Bancolombia SA promovi\u00f3 en su contra, por lo que puso de presente tal irregularidad ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva y realiz\u00f3 esa manifestaci\u00f3n bajo la gravedad de juramento, a fin de que se ejerciera el respectivo control de legalidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, en auto de 7 de abril de 2022, el Juzgado de conocimiento decret\u00f3 pruebas para resolver la nulidad propuesta, y le neg\u00f3 la de car\u00e1cter t\u00e9cnico con la que pretend\u00eda determinar si el mensaje de datos contentivo de la notificaci\u00f3n supuestamente enviada por su ejecutante, hab\u00eda sido o no, entregado en su buz\u00f3n, y que, por ser tan \u00absofisticada\u00bb, no pod\u00eda aportarse como dictamen, sino que se requer\u00eda el apoyo del CTI o la Polic\u00eda Nacional – Divisi\u00f3n de Asuntos Inform\u00e1ticos. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la providencia y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva el 2 de febrero de 2023, confirm\u00f3 el criterio impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abrevocar (las) providencias (cuestionadas y) que se decrete la prueba solicitada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los Juzgados accionados remitieron el expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Bancolombia SA, indic\u00f3 que la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del proceso ejecutivo se envi\u00f3 al canal digital reportado por el accionante en el \u00abformato \u00fanico de vinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el amparo tras observar razonables las decisiones judiciales discutidas, en la medida en que el accionante, pese a haber tenido la carga de aportar el dictamen pericial que adujo en el escrito de nulidad, no lo hizo, motivo por el cual, no fue posible decretar la prueba en referencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones, as\u00ed como para se\u00f1alar que se trataba de \u00abuna persona de a pie, enfermo y sin ning\u00fan tipo de posibilidades de allegar un peritaje para desmentir el env\u00edo de una notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jimeno Perdomo Franco acudi\u00f3 inconforme con los autos de 7 de abril de 2022 y 2 de febrero de 2023, a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, los Juzgados Tercero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Neiva, negaron el decreto de una prueba \u00abt\u00e9cnica\u00bb que solicit\u00f3 en la nulidad que present\u00f3 en el proceso ejecutivo adelantado en su contra por parte de Bancolombia SA. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Para sustentar la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que en contra de dicha negativa formul\u00f3 el aqu\u00ed interesado -\u00fanica que pod\u00eda ser objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional, por haber sido la que finalmente cerr\u00f3 el debate ordinario objeto de controversia- el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, tras rese\u00f1ar los respectivos antecedentes, record\u00f3 la carga de la prueba consagrada en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, y se\u00f1al\u00f3 que era deber del actor allegar al proceso \u00abel correspondiente examen t\u00e9cnico del correo electr\u00f3nico (\u2026) para probar e ilustrar al despacho la deficiencia bajo la cual sustentaba su nulidad\u00bb y, frente a la supuesta carencia de \u00abmedios para afrontar la contienda\u00bb, destac\u00f3 que el actor no hubiera solicitado \u00abamparo de pobreza\u00bb, para que el Juez de conocimiento hubiera evaluado su petici\u00f3n, desde otra \u00f3ptica. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, que \u00abLa parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el t\u00e9rmino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a diez (10) d\u00edas. En este evento el juez har\u00e1 los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la pr\u00e1ctica de la prueba. El dictamen deber\u00e1 ser emitido por instituci\u00f3n o profesional especializado\u00bb. (\u00c9nfasis no original) <\/p>\n
A su turno, el 151 Ibidem, se\u00f1ala, que \u00abse conceder\u00e1 el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos\u00bb, protecci\u00f3n para la que basta, durante el curso del proceso, la manifestaci\u00f3n del interesado en tal sentido -bajo la gravedad del juramento- cuya concesi\u00f3n lo exime de \u00abprestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas\u00bb. Ib (Se destaca). <\/p>\n
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5. As\u00ed las cosas, es claro que la providencia del Juzgado del Circuito criticada no pod\u00eda calificarse de caprichosa, habida cuenta que conten\u00eda razonamientos l\u00f3gicos apoyados en la ley, que le atribu\u00eda al actor la carga de presentar al Juzgado de conocimiento la prueba pericial que se\u00f1al\u00f3 en su escrito de nulidad o, en su defecto, elevar la respectiva solicitud de amparo de pobreza, y conseguir, eventualmente, que el juez hubiese vr. gr. distribuido la carga probatoria o decretado, de oficio, la experticia aludida, en otras condiciones. Pese a esto, el accionante omiti\u00f3 por completo su deber. <\/p>\n
De esa forma, la inconformidad exteriorizada por el actor no resultaba, entonces, suficiente para acudir al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos expuestos por los de instancia para sustentar su posici\u00f3n, en el \u00e1mbito de sus competencias, e intentar reabrir un debate legal ya definido, bajo una hermen\u00e9utica que -para esta Corte- se observ\u00f3 razonable, como si se tratara de una tercera instancia, en evidente ausencia de las irregularidades denunciadas o de una verdadera vulneraci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC1212-2022, STC16655-2022 y STC3021-2023). <\/p>\n
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6. Como se pudo observar, si de lo que se trataba era de una eventual escases de recursos econ\u00f3micos para afrontar la defensa en el juicio tantas veces mencionado, el interesado tampoco hizo uso de la figura de amparo de pobreza consagrado en el ordenamiento procesal, lo que, a su vez, imped\u00eda eximirlo de la carga pecuniaria de la que hasta ahora se queja. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Esta tutela tampoco proced\u00eda como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que, para el evento relatado, se requer\u00eda que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (CSJ STC860-2018, STC9985-2022 y STC3021-2023). <\/p>\n
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8. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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