STC5884-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5884-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02258-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l promovi\u00f3 contra la \u00abCl\u00ednica Odontol\u00f3gica D-L\u00ednea\u00bb (radicado 2022-00126), no ha emitido la respectiva sentencia de segunda instancia, desconociendo el lapso perentorio de veinte (20) d\u00edas que para tal efecto contempla el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, aunado a que tan s\u00f3lo admiti\u00f3 esa alzada despu\u00e9s de nueve (9) meses de tener a cargo el asunto, lo que, en su sentir, no puede ser de recibo para entender subsanada la referida e injustificada tardanza, m\u00e1xime cuando, adem\u00e1s de que los juzgadores tambi\u00e9n deben acatar los estrictos t\u00e9rminos procesales, lo cierto es que tampoco est\u00e1 acreditada la supuesta excesiva carga laboral del accionado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que i) la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda accionadas \u00abnada hacen\u00bb, a pesar de que \u00ables h[a] pedido en derechos de pe[ti]ci[\u00f3]n que presenten acci[\u00f3]n de reparaci[\u00f3]n directa a [su] nombre, que tutelen en [sus[ acciones populares para que [l]e garan[ti]cen [el] art 29 CN\u00bb; y ii) la Comisi\u00f3n acusada, no da aplicaci\u00f3n al canon 84 de la Ley 472 de 1998, como le compete. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) al Tribunal acusado, \u00abaplicar [el] art 37 [de la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y\u2026 fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb; as\u00ed mismo, \u00abaplicar [el] art 121 CGP\u2026 y pierda competencia\u00bb; ii) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abinformar d[\u00ed]a mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci[\u00f3]n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de jus[ti]cia, ante la mora judicial en [su] acci[\u00f3]n popular, por falla en la prestaci[\u00f3]n del servicio y [l]e garan[ti]cen [el] art 29 CN\u00bb; y iii) a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, que \u00abd[\u00e9] aplicaci\u00f3n [al] art 84 ley 472 de 1998 en [esa] acci[\u00f3]n popular\u2026 [y] [l]e env\u00ede formato tipo para solicitar [su] aplica[c]i[\u00f3]n\u00bb.. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del asunto cuestionado en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, indic\u00f3 que \u00abestuvo incapacitado entre el 8 y el 26 de mayo de 2023\u00bb y destac\u00f3 que el \u00abmismo d\u00eda en que se promovi\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, se admiti\u00f3 la alzada\u00bb, de donde \u00abel t\u00e9rmino para sustentar el recurso no ha vencido y, consecutivamente, se debe respetar el traslado a la parte contraria\u00bb, por lo que \u00abno ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abmaneja un alto volumen de acciones constitucionales, como son amparos de tutela y populares, promovidas en un 99% por Mario Restrepo, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Cotty Morales, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Uner Becerra y Gerardo Herrera\u00bb, lo que \u00abha ocasionado que, desde hace dos (2) a\u00f1os, [ese] despacho se encuentre dedicado, en aproximado a un 100%, a atender exclusivamente las demandas promovidas por los ya citados, en detrimento, incluso, de las acciones ordinarias que tambi\u00e9n corresponden a esta Magistratura\u00bb; que \u00aben los \u00faltimos meses en acciones populares, se ha atendido un promedio de 350 memoriales, profiriendo la providencia que corresponda y los recursos que su vez interponen a la misma; se han proferido como Magistrado Sustanciador un promedio de 40 sentencias y en Sala de Decisi\u00f3n 54, las que de igual manera son objeto de recursos, aun ante su improcedencia, pero que no obstante ameritan el pronunciamiento respectivo\u00bb; mientras que \u00ab[e]n acciones constitucionales de tutela\u2026, solo en lo que va corrido del a\u00f1o, por cuenta de los actores ya referidos[,] se han emitido cerca de 117 providencias, entre autos y sentencias como sustanciador y 66 proyectos de fallo en Sala de Decisi\u00f3n\u00bb; y que, \u00aben aras de salvaguardar el derecho a la igualdad de los usuarios que tramitan sus procesos en [ese] despacho, respeta el sistema de turnos de los mismos, atendi\u00e9ndolos en orden de llegada, salvo las excepciones de ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda pidi\u00f3 denegar esta \u00abacci\u00f3n constitucional, toda vez que esta Corporaci\u00f3n ha adelantado todas y cada una de las actuaciones disciplinarias\u2026, como lo establece la norma disciplinaria vigente\u00bb; refiri\u00f3 la existencia de cuatro quejas incoadas por el actor frente a determinados Juzgados; resalt\u00f3 que, respecto del asunto ac\u00e1 criticado, se plante\u00f3 una pero contra el \u00abJuzgado Cuarto (sic) Civil del Circuito de Pereira\u00bb, en la que emiti\u00f3 auto inhibitorio el pasado 14 de marzo (rad. 2023-00056); y \u00ab[e]n cuanto al formato para presentar quejas\u00bb, indic\u00f3 que \u00abpuede ser reclamado en [sus] instalaciones\u2026, o, solicitarse al correo ssdcsper@cendoj.ramajudicial.gov.co, mismo buz\u00f3n electr\u00f3nico a donde fueron radicadas las quejas arriba mencionadas\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira relacion\u00f3 el tr\u00e1mite dado al juicio recriminado y deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este decurso constitucional porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira tambi\u00e9n deprec\u00f3 disponer su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, \u00ab[d]ecretar la temeridad de la acci\u00f3n de tutela por responsabilidad del accionante, respecto de los hechos falsos en que fundamenta la acci\u00f3n en contra de la Direcci\u00f3n de Control F\u00edsico del Municipio de Pereira\u00bb; e \u00abimponer sanci\u00f3n pecuniaria por temeridad y mala fe al ciudadano accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional, en lo medular, se circunscribe a la supuesta tardanza del Tribunal acusado en resolver la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de primera instancia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular reprochada. <\/p>\n
3. Al respecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada del fallador en resolver tal alzada, al advertir que ese asunto apenas arrib\u00f3 al Tribunal acusado el 14 de febrero \u00faltimo, ingres\u00f3 al despacho al d\u00eda siguiente, el 17 siguiente se puso en conocimiento de la Procuradur\u00eda que el asunto estaba viciado de nulidad por su falta de vinculaci\u00f3n y, ante el silencio de esa entidad (destacando que el Magistrado sustanciador estuvo incapacitado entre el 8 y el 26 de mayo de esta anualidad), el pasado 2 de junio se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la alzada; mientras que este reclamo tutelar se formul\u00f3 precipitadamente el d\u00eda 5 siguiente, sin siquiera haber fenecido el t\u00e9rmino dispuesto para la sustentaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ag., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Corte que la actuaci\u00f3n no muestra comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues adem\u00e1s de su alta carga laboral, lo cierto es que ha impartido el tr\u00e1mite debido al asunto. <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, con fundamento en la jurisprudencia sobre la materia, esta Colegiatura record\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abaplicar [el] art 121 CGP\u2026 y pierda competencia\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a las peticiones elevadas por el gestor del resguardo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que \u00e9l haya reclamado ante dichas entidades lo que aqu\u00ed deprec\u00f3, lo que conlleva la improcedencia del amparo para acceder a las pretensiones elevadas frente a dichas autoridades. <\/p>\n
Respecto a la \u00faltima de las autoridades mencionadas (Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda), valga la pena resaltar que no se verifica que el gestor del resguardo hubiese elevado ante dicha entidad queja alguna contra el Tribunal convocado, por el tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular materia de censura, pues la que formul\u00f3 en ocasi\u00f3n anterior se dirigi\u00f3 contra el Juzgado a-quo y no frente a la sede judicial aqu\u00ed accionada, conforme se extracta de los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Lo dicho impone el despacho adverso de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si esta decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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