STC5885-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5885-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqu\u00eda el 16 de mayo de 2023, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Consuelo del Socorro Puerta Puerta contra los Juzgados Civil del Circuito de Andes, Promiscuo Municipal de Betania y Promiscuo Municipal de Hispania. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso declarativo de radicado 2022-00011 (antes 2015-00032). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas al interior del tr\u00e1mite mencionado. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, en el 2015 promovi\u00f3 proceso declarativo de nulidad de contrato contra H\u00e9ctor Alonso Mu\u00f1oz. Repartida la demanda, el Juzgado Municipal de Hispania, tras solicitud de los apoderados d\u00e9 las partes, aplaz\u00f3 la celebraci\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 7 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 que el 23 de noviembre de 2021, el apoderado de la parte demandada -con fundamento en el art\u00edculo 121 del C.G.P.- solicit\u00f3 la perdida de competencia. El juzgado -con auto del 26 d\u00e9 noviembre siguiente- resolvi\u00f3 negarla. Inconforme, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Posteriormente, el 6 de diciembre siguiente, se suspendi\u00f3 la audiencia programada para el d\u00eda siguiente y en auto del 16 de la misma data, resolvi\u00f3 reponer la determinaci\u00f3n recurrida al declarar la p\u00e9rdida de competencia. En consecuencia, remiti\u00f3 el plenario a la Sala de Gobierno del Tribunal de Antioquia a fin de que determinara el competente para adelantar el asunto. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, el Juzgado Municipal de Betania -con auto del 24 de marzo de 2022- avoc\u00f3 el conocimiento de la causa. La actora solicit\u00f3 la asignaci\u00f3n de la fecha para que se llevara a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento que estaba pendiente por realizar. Afirm\u00f3 que ante la falta de respuesta, el 5 de agosto de esa anualidad, se acerc\u00f3 al mencionado despacho en donde le informaron que el correo no fue contestado toda vez que el juzgado no notifica autos a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos, desconociendo con ello las formas propias del proceso tramitado inicialmente en el Juzgado de Hispania en virtud de las reglas contenidas en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 806 de 2020 -hoy Ley 2213 de 2022-, esto sin informarle el cambio de modalidad en la notificaci\u00f3n de las actuaciones judiciales. <\/p>\n
2.3. Inform\u00f3 que el proceso se dio por terminado por desistimiento t\u00e1cito, toda vez que, mediante autos del 29 de marzo y 21 de abril de 2022, se le requiri\u00f3 para que aportara un certificado de tradici\u00f3n y libertad, el cual fue aportado al inicio del tr\u00e1mite. Decisiones que fueron notificadas en la plataforma Tyba, de las cuales no se enter\u00f3 al encontrarse el aplicativo ca\u00eddo, raz\u00f3n por la cual no pudo atacarlas. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, pidi\u00f3 la nulidad de los mencionados prove\u00eddos por indebida notificaci\u00f3n, Sin embargo, el Juzgado Municipal de Betania -con auto del 29 de agosto de 2022- rechaz\u00f3 de plano el incidente propuesto. Inconforme, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que al no haber recibido informaci\u00f3n sobre la decisi\u00f3n de la alzada y dado que la misma no se encontraba registrada en el aplicativo Tyba, peticion\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Andes, informaci\u00f3n al respecto, respuesta obtenida solo hasta el 4 de abril de 2023, en el sentido que por medio de auto interlocutorio del 2023 de enero del mismo a\u00f1o se confirm\u00f3 la providencia recurrida. <\/p>\n
2.6. En su sentir, las decisiones adoptadas carecen de motivaci\u00f3n, pues en los prove\u00eddos del 23 de enero de 2023 y 29 de agosto de 2022, las accionadas no se pronunciaron sobre la solicitud de fijaci\u00f3n de fecha para llevar a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y la nulidad del juicio declarativo por indebida notificaci\u00f3n desde la providencia por medio del cual el estrado municipal avoc\u00f3 el conocimiento de la causa -del 24 de marzo pasado-. Ello, comoquiera en dicho prove\u00eddo se dispuso su comunicaci\u00f3n mediante correo electr\u00f3nico y la remisi\u00f3n del expediente digital sin que esa orden se hubiese cumplido <\/p>\n
Adem\u00e1s, que en el referido tramite se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto \u00abpor aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del procedimiento\u00bb dado que el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania al decretar la perdida de competencia transgredi\u00f3 las garant\u00edas establecidas en los art\u00edculos 2 y 2018 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 que se incurri\u00f3 en el mismo defecto al no tenerse en cuenta \u00abla etapa sustancial del procedimiento establecido legalmente para la notificaci\u00f3n del auto 080 del 24 de marzo de 2022, afectando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, es decir, al no notificar esa decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico de los apoderados judiciales de las partes en litis. Adicionalmente, se transgredi\u00f3 el principio de publicidad \u00abal no realizar la adecuada notificaci\u00f3n del desarrollo del proceso\u00bb, toda vez que el estrado de Betania cambi\u00f3 la forma de notificaci\u00f3n de las providencias judiciales emitidas en el proceso declarativo sin ponerle sobre aviso de la nueva metodolog\u00eda de enteramiento. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, deprec\u00f3 que se decrete la nulidad del auto proferido el 16 de diciembre de 2021, por medio del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania declar\u00f3 su p\u00e9rdida de competencia y se ordene a esa autoridad judicial continuar con la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento suspendida. As\u00ed mismo, y de no accederse a lo anterior, se revoque el prove\u00eddo dictado el 20 de enero de 2023 por el Juzgado Civil del Circuito de Andes, para que ese juzgador analice el ruego de nulidad del juicio declarativo propuesto. Por \u00faltimo, requiri\u00f3 que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Betania responder la petici\u00f3n elevada el 29 de marzo de 2022, consistente en fijar fecha y hora para la continuaci\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y Juzgamiento y se ordene notificar las actuaciones que con posterioridad se surtan a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Andes1, afirm\u00f3 que, en efecto, \u00abrecibi\u00f3 el 9 de diciembre de 2022 el proceso verbal reivindicatorio con radicado 05091 40 89 001 2022 00011 00 promovido por CONSUELO DEL SOCORRO PUERTA PUERTA en contra de H\u00c9CTOR ALONSO MU\u00d1OZ MU\u00d1OZ proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de Betania para la apelaci\u00f3n del auto del 29 de agosto de 2022. En auto del 20 de enero de 2023 se resolvi\u00f3 el auto apelado, confirmando dicha decisi\u00f3n, no conden\u00f3 en costas y se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del. expediente al Juzgado de origen. Decisi\u00f3n que fue debidamente motivada y no se vulner\u00f3 derechos fundamentales del actor constitucional\u00bb <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania2 resalt\u00f3 que mediante auto del 16 de diciembre de 2021, con fundamento en el art\u00edculo 121 del C.G.P., declar\u00f3 la perdida de competencia, por lo cual remiti\u00f3 lo pertinente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Antioquia quien dispuso asignar el conocimiento del asunto al Juzgado Promiscuo Municipal de Betania, por tanto, el 18 de enero de 2022, envi\u00f3 el plenario a este \u00faltimo despacho. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Betania3, luego de relatar las actuaciones del proceso, solicit\u00f3 denegar el amparo por improcedente dado que no cumple con el requisito de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
4. H\u00e9ctor Alonso Mu\u00f1oz4, demandado al interior de la causa, implor\u00f3 que se deniegue el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo deneg\u00f3 el amparo al constatar que \u00ab(i) el presente amparo no satisface los presupuestos generales de procedibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad; y (ii) el Juzgado Civil del Circuito de Andes no ha conculcado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y debido proceso de la gestora, habida cuenta que la decisi\u00f3n dictada el 20 de enero de 2023 fue debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora no comparte lo resuelto en primera instancia, pues aduce que \u00abno se trata de un desperdicio de una acci\u00f3n, puesto que, la referida herramienta no se us\u00f3, porque, como se ha manifestado de manera insistente y desde el 5 de agosto de 2022 de manera presencial en el juzgado de Betania y confirmado con las acciones posteriores, no se conoci\u00f3 el auto 080, por no ser notificado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la gestora, con ocasi\u00f3n de las determinaciones proferidas el 16 de diciembre de 2021, por medio de la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Hispania declar\u00f3 la perdida de competencia, la del 29 de agosto de 2022, con cual el Juzgado Municipal de Betania rechaz\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n y la del 20 de enero de 2023, emitida por el Juzgado Civil debatido que confirm\u00f3 tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada por las razones que a continuaci\u00f3n se pasan a exponer: <\/p>\n
2.1. En efecto, escrutado el material probatorio, se observa que, tras solicitud del apoderado de la parte demandada, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Hispania -con prove\u00eddo del 16 de diciembre de 20215- declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia, dejando pendiente por realizar la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento aplazada en reiteradas oportunidades. De tal reproche, encuentra la Sala el incumplimiento del requisito inmediatez. Ello pues, entre lapso transcurrido desde la determinaci\u00f3n de la que se duele la quejosa, es decir 16 de diciembre de 2021, y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -el 8 de mayo de 2023- transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a la acci\u00f3n constitucional6, sin que se observe la concurrencia de alguna de las causales que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, se denota que mediante auto del 24 de marzo de 20227, el Juzgado Promiscuo Municipal de Betania asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, advirti\u00f3 que \u00abpara efectos de notificaci\u00f3n de todas las actuaciones judiciales a trav\u00e9s de la plataforma Tyba\u00bb y a trav\u00e9s de la p\u00e1gina de la Rama Judicial, quedando el mismo \u00abnotificado por estados para efectos procesales con el radicado 05091 40 89 001 2022 0011 00\u00bb. Posteriormente, la mencionada autoridad -el 29 de marzo de siguiente-8, requiri\u00f3 a la accionante para que aportara el certificado de tradici\u00f3n del inmueble con el n\u00famero de matr\u00edcula actualizado de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Andes, para lo cual concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n. Ello en raz\u00f3n a que el documento aportado inicialmente pertenec\u00eda a la Oficina de Registro de Ciudad Bol\u00edvar. As\u00ed mismo, con auto del 21 de abril de la misma anualidad9, dispuso: <\/p>\n
nuevamente, se requiere a la parte accionante para que aporte prueba que ha realizado las cargas procesales que est\u00e1n a su cargo, para lo cual se contar\u00e1 con el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este auto para que aporte dicho documento so pena de declarar desistido t\u00e1cito el proceso, tal como lo tiene previsto el art\u00edculo 317 del precitado estatuto procesal. <\/p>\n
Ante el incumplimiento de lo dispuesto, el 7 de junio de 202210, decidi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: DECRETAR la terminaci\u00f3n del proceso promovido por Consuelo del Socorro Puerta Puerta en contra de H\u00e9ctor Alonso Mu\u00f1oz Mu\u00f1oz por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENDAR el levantamiento de las medidas cautelares que fueron ordenadas por el despacho de origen, como fue la inscripci\u00f3n de la demanda sobre el inmueble identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00famero 005-000278 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ciudad Bol\u00edvar hoy de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Andes. <\/p>\n
TERCERO: CONDENAR en costas procesales a la parte accionante, tal como se expuso en la parte motiva. <\/p>\n
Frente a este punto, la Sala constata la improcedencia del amparo, pues la libelista cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es ineludible que desperdici\u00f3 los medios legales que tuvo a su alcance, concretamente la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 321 del C.G.P., contra el prove\u00eddo del 7 de junio de 2022 por medio del cual se termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, mecanismo viable con el que contaba para ejercer la defensa de sus derechos. Determinaci\u00f3n que junto con las que dieron origen a la misma fueron debidamente informadas en el aplicativo Tyba11. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
2.3. Finalmente, respecto al reproche frente a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n propuesta por la impulsora, se evidencia que el juzgado de Betania atacado -con providencia del 29 de agosto d\u00e9 2022, decidi\u00f3 rechazarla de plano. Inconforme, la actora present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El juzgado -con auto del 1 de diciembre de 2022- mantuvo su postura. Y el juzgado del circuito encarado -con prove\u00eddo del 20 de enero del 2023- resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR en todas sus partes el auto n\u00famero 280 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Betania el veintinueve (29) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb. <\/p>\n
Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 133 del C.G.P., indic\u00f3 que de lo alegado por el promotor tendiente a que no se le env\u00edo a su correo electr\u00f3nico el auto 046 del 29 de marzo de 2022, \u00absalta de bulto lo deleznable de la nulitaci\u00f3n propuesta por el togado del demandante, no s\u00f3lo porque, como atinadamente lo expresara la jueza de primera instancia, tal hecho o suceso no es constitutivo de nulidad y, en ese orden de ideas, mal pod\u00eda ella, so pena de desconocer el principio de especificidad que acompa\u00f1a las nulidades , darle tr\u00e1mite a dicha solicitud, m\u00e1xime que lo por ella dispuesto era un imperativo legal puesto que el inciso final del art\u00edculo 135 ejusdem prescribe de manera categ\u00f3rica que \u201cEl juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anotado concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de la Jueza de primera instancia no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, m\u00e1xime que la notificaci\u00f3n de la providencia mediante la cual se le requiri\u00f3 para que allegara un documento no es de aquellas que se deben notificar personalmente, siendo as\u00ed improcedente exigirle al juzgado m\u00e1s de lo que la ley prev\u00e9, que no es m\u00e1s que su notificaci\u00f3n por estado, que es lo que efectivamente hizo la firmante de la providencia recurrida y sin que el actor hiciera o manifestara inconformidad alguna al respecto durante la vigencia del proceso\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, enfatiz\u00f3 en que \u00abLas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia\u2026\u201d, o incluso con posterioridad a \u00e9sta si se presenta el caso que la nulidad se cause dentro de la mencionada sentencia\u00bb Para destacar de ello que \u00abEste postulado del art 134 del CGP, debe confrontarse con el art 132 del mismo CGP, en el sentido de que si bien es cierto, las nulidades pueden proponerse en cualquier tiempo o instancia durante el proceso, no es menos cierto que agotada cada etapa procesal y realizado el control de legalidad, quedar\u00e1n subsanados todas aquellas nulidades que no fueron alegadas oportunamente, pues la l\u00f3gica es evitar precisamente que se logre un avance en el tr\u00e1mite procesal y que al cabo de dicho avance el litigante proponga nulidades que invaliden lo avanzado y deba iniciarse nuevamente el tr\u00e1mite. Lo anterior no limita la posibilidad de proponer una nulidad configurada por hechos nuevos para las partes y para el juez\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que \u00abtanto los autos que ordenaron los varios requerimientos como aquel que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de este proceso por el llamado desistimiento t\u00e1cito, est\u00e1n ejecutoriados y en virtud de ello si declaramos la nulidad impetrada por el apoderado del demandante revivir\u00edamos un proceso legalmente concluido y para el legislador son contrarias a la ley las actuaciones adelantadas por el juzgador cuando con estas se busca analizar el tr\u00e1mite de un proceso ya concluido. Se trata con esto de evitar tr\u00e1mites posteriores que reabran discusiones ya concluidas y en virtud de ello se dispuso en el numeral (ii) del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que este es nulo \u201cCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.12 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3. En definitiva, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo 0013 EscritoJdoCtoAndes.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Anexo 0008 EscritoJuzgadoHispania.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-23. Anexo 0016 EscritoJdoBetania.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-4. Anexo 0020 EscritoVinculadoHector.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-2. Anexo 031AutoPerdidaCompetencia.pdf. Subcarpeta C01 Cuaderno Primera Instancia. Carpeta 0018 ExpedienteJdoBetania2022-00011 <\/p>\n
6\u0002 Ver: CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 <\/p>\n
7\u0002 Folio 1-3. Anexo 042AutoAvocaConocimiento.pdf. Subcarpeta C01 Cuaderno Primera Instancia. Carpeta 0018 ExpedienteJdoBetania2022-00011 <\/p>\n
8\u0002 Folio 1. Anexo 048AutoRequiereCertificadoLibertad.pdf. Subcarpeta C01 Cuaderno Primera Instancia. Carpeta 0018 ExpedienteJdoBetania2022-00011 <\/p>\n
9\u0002 Folio 1-2. Anexo 049RequiereSoPenaDeDesistimientoTacito.pdf. Subcarpeta C01 Cuaderno Primera Instancia. Carpeta 0018 ExpedienteJdoBetania2022-00011 <\/p>\n
10\u0002 Folio 1-5. Anexo 050TerminacionPorDesistimientoTacito.pdf. Subcarpeta C01 Cuaderno Primera Instancia. Carpeta 0018 ExpedienteJdoBetania2022-00011 <\/p>\n
11\u0002 (i) Prove\u00eddo del 29 de marzo de 2021, notificada por estado n.\u00b0 21 del d\u00eda siguiente: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/36691017\/40357632\/Estado+021+30-03-2022.pdf\/17ec4103-03c5-4024-bf75- <\/A> c0c3ed2e115a; (ii) determinaci\u00f3n del 21 de abril del mismo mes, notificada por estado n.\u00b0 28 del d\u00eda siguiente: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/36691017\/40357632\/Estado+028+22-04-2022.pdf\/44563c87-8ea6-4529-8119- <\/A> 34162e793ca6; y (Iii) auto de 7 de junio de 2022, notificada por estado n.\u00b0 43 del d\u00eda siguiente: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/36691017\/40357632\/Estado+043+07-06-2022.pdf\/a2bad9f7-c3c5-4287-8652- <\/A> 392c34177c98 <\/p>\n 12\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" STC5885-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5885-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}