STC5891-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5891-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres frente al fallo proferido el pasado 31 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, \u00abigualdad procesal\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en lo medular, al removerla del cargo de promotora en el decurso fustigado. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar a la encausada declarar \u00abla nulidad del auto\u2026 del 21 de octubre de 2022, \u2026en cuanto al numeral sexto[,] que [la] remueve del cargo de promotora dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad Ganader\u00eda Brisas de Agualinda SCA\u2026[,] y [s]\u00e9ptimo[,] que designa como promotora a Biviana del Pilar Torres Casta\u00f1eda[,] fijando una suma por honorarios totales de $240.000.000\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el proceso de reorganizaci\u00f3n al que, el 24 de febrero de 2022, fue admitida Ganader\u00eda Brisas de Agualinda S.C.A. y designada como su promotora la ac\u00e1 accionante (representante legal de dicha sociedad), el 21 de octubre siguiente, mediando solicitud formulada por Ginna Juliana Carranza Aguirre e Iliana Catalina Carranza Pati\u00f1o (socias y acreedoras de la concursada), la Superintendencia acusada dispuso \u00ab[r]emover del cargo de promotora\u00bb a la quejosa y, en su remplaz\u00f3, design\u00f3 -de entre los inscritos como auxiliares de la justicia- a Biviana del Pilar Torres Casta\u00f1eda, a quien fij\u00f3 $240.000.000 como honorarios; decisiones que mantuvo el 21 de marzo \u00faltimo. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la actora cuestion\u00f3 su remoci\u00f3n del cargo de promotora porque, en su sentir, se edific\u00f3 en un inexistente \u00abconflicto de intereses\u00bb aducido, faltando a la verdad e ileg\u00edtimamente, por Ginna Juliana e Iliana Catalina (quienes no representan ni siquiera el 1% de la totalidad de los derechos de voto en el concurso), al figurar ella como demandada -como sucesora procesal del demandado V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza- (junto con Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Luz Mery, Hollman y Felipe Andr\u00e9s Carranza Carranza -la primera, c\u00f3nyuge sobreviviente de V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, y los otros, herederos determinados de \u00e9ste-, V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres y Yamile Pi\u00f1eres Leal -como sucesores procesales del demandado V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza-) en el juicio declarativo impulsado por la primera de las nombradas (en el que intervienen como sus litisconsortes cuasinecesarios la segunda de ellas, Sandra Victoria Carranza Ocampo, Vivian Andrea Carranza Rubio y Jorge Arturo Carranza Carranza), \u00abpor el ocultamiento de bienes derivados de un tr\u00e1mite sucesorio\u00bb (entre los que se denunciaron acciones de la aludida sociedad concursada). <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que aun cuando en ese asunto, el 28 de junio de 2021, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia, \u00abdeclarando [que] los herederos determinados del se\u00f1or V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza (qepd), hab\u00eda[n] efectuado ocultamiento de acciones o cuotas de participaci\u00f3n\u00bb; tal determinaci\u00f3n la modific\u00f3 el Tribunal ad-quem, el 26 de julio de 2022, en el sentido de \u00abaclarar\u2026 que fue V\u00edctor Ernesto Carranza Carranza (qepd), padre de Kimberlly y no sus sucesores, quien particip\u00f3 con los dem\u00e1s demandados en el ocultamiento y\/o distracci\u00f3n dolosa\u00bb; de donde era evidente que ella \u00abno presenta un inter\u00e9s econ\u00f3mico como tampoco\u2026 un conflicto de inter\u00e9s de cualquier categor\u00eda, pues claramente fue llamada como heredera leg[\u00ed]tima de uno de los demandados, aclarando que la sociedad Ganadera Brisas de Agualinda S.C.A no era parte demandante, sino que se revis\u00f3 la venta de acciones dentro de la misma, y contrario a lo que interpreta el juez del concurso\u2026[,] no fue vencida en el proceso, sino por el contrario se determin\u00f3 que quien incurri\u00f3 en la conducta fue su se\u00f1or padre (q.e.p.d)\u00bb, por lo que no se configuraba ninguna de las causales de conflicto de inter\u00e9s de acuerdo a los c\u00e1nones 25 y 28 de la Resoluci\u00f3n 100-006746 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la petici\u00f3n de remoci\u00f3n debi\u00f3 despacharse adversamente, por tard\u00eda, pues, en su momento, las interesadas no criticaron el prove\u00eddo de 24 de febrero 2022, en el que se le design\u00f3 como promotora, ni la recusaron; y en todo caso, lo cierto es que la acusada adopt\u00f3 su decisi\u00f3n posterior \u00abbasad[a,] \u00fanicamente[,] en las declaraciones y pruebas aportadas por las solicitantes, sin cumplir con el debido proceso y derecho de defensa que asiste en todas las actuaciones procesales, dejando de lado el deber de correr el traslado del incidente de remoci\u00f3n a las partes y acreedores interesados\u2026[,] de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 8 de la ley 1116 de 2006 y en concordancia con el art\u00edculo 129 del CGP\u00bb; aunado a que siendo ella la promotora no deb\u00eda asumirse el costo de los honorarios de la auxiliar ahora designada en el cargo, lo que torna \u00abm[\u00e1]s gravosa la situaci\u00f3n financiera de la sociedad concursada\u2026, donde precisamente la ley de insolvencia debe propender por establecer f[\u00f3]rmulas que permitan que las empresas salga[n] a flote, con las reorganizaciones de sus pasivos y reducci\u00f3n de gastos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Secretario de esta Sala de Casaci\u00f3n inform\u00f3 que ante \u00e9sta \u00abse encuentra en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto en el proceso de Ginna Juliana Carranza Aguirre y otros contra Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres y otros\u2026[,] sometido a reparto el\u2026 (18) de mayo [de]\u2026 (2023), \u2026ingres\u00f3 el d\u00eda\u2026 (19) del mismo mes y a\u00f1o, a despacho\u2026, actuaci\u00f3n en la que se encuentra en la actualidad\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades deprec\u00f3 \u00ab[n]egar la acci\u00f3n de tutela o declarar su improcedencia\u2026, ya que\u2026 no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante. Por el contrario, ha actuado en estricto cumplimiento de las funciones jurisdiccionales que le han sido otorgadas por el r\u00e9gimen concursal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00ab[c]ontrario a lo que sostiene la\u2026 actora, las decisiones del Despacho valoraron las pruebas allegadas al expediente y dentro de actuaci\u00f3n adelantada se ha velado por el estricto cumplimiento de la ley de insolvencia, garantizando en tod[a] oportunidad los derechos de las partes del proceso, sin embargo, desde ya se advierte que la remoci\u00f3n y designaci\u00f3n de un auxiliar de la justicia es una decisi\u00f3n discrecional de conformidad a lo establecido en la ley 1116 de 2006 y lo consignado en el art\u00edculo Art\u00edculo 2.2.2.11.1.7 del Decreto 1074 de 2015 y que no sigue el tr\u00e1mite incidental que reclama la accionante se deb\u00eda adelantar en el caso de marras\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio declarativo en que se ciment\u00f3 la remoci\u00f3n criticada por la accionante. <\/p>\n
4. Biviana del Pilar Torres Casta\u00f1eda solicit\u00f3 \u00abrechazar la acci\u00f3n de tutela instaurada [por]\u2026 Carranza Pi\u00f1eres, como quiera que no se le ha violado ning\u00fan derecho fundamental[,] pues el proceso de reorganizaci\u00f3n se ha desarrollado atendiendo la normatividad concursal\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abla decisi\u00f3n atacada no luce arbitraria ni caprichosa\u00bb, porque \u00abla actuaci\u00f3n de la Superintendencia estuvo ampliamente soportada en las normas que regulan los tr\u00e1mites de reorganizaci\u00f3n, sin que se avizore un desv\u00edo del procedimiento legal ni mucho menos un excesivo privilegio de las normas procesales sobre las sustanciales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, los que afirm\u00f3 desconocidos por el fallador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, porque en el tr\u00e1mite fustigado la Superintendencia convocada, bajo el an\u00e1lisis conjunto de las actuaciones surtidas, al mantener la determinaci\u00f3n de remover a la accionante del cargo de promotora en el juicio recriminado, en el prove\u00eddo del pasado 23 de marzo, expres\u00f3 con suficiencia las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
2.1. En efecto, con apoyo en la normatividad sobre la materia, de cara a los argumentos expuestos por la actora frente al auto que dispuso su remoci\u00f3n como promotora, que son los mismos que esboz\u00f3 en este ruego tutelar, en el citado prove\u00eddo de 23 de marzo de 2023 la entidad acusada se pronunci\u00f3 expresamente as\u00ed: <\/p>\n
De entrada, para despachar adversamente los argumentos planteados respecto a la supuesta afectaci\u00f3n de los derechos \u00abal debido proceso y a la defensa\u00bb, previamente consign\u00f3 que: <\/p>\n
13. El art\u00edculo 8 de la Ley 1116 de 2006, dispone que las cuestiones accesorias que se susciten en el curso del proceso de insolvencia se resolver\u00e1n siguiendo el procedimiento previsto en los art\u00edculos 135 a 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora 127 al 131 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
14. Por su parte, el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que solo se tramitar\u00e1n como incidente los asuntos que la ley expresamente se\u00f1ale; los dem\u00e1s se resolver\u00e1n de plano y si hubiere hechos que probar, a la petici\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 prueba siquiera sumaria de ellos. <\/p>\n
15. El art\u00edculo 2.2.2.9.3.1 del Decreto 1074 de 2015, se\u00f1ala que los asuntos sujetos a tr\u00e1mite incidental en los tr\u00e1mites de insolvencia, son los siguientes: <\/p>\n
1. Los asuntos que de acuerdo con el C\u00f3digo General del Proceso siguen el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
2. La remoci\u00f3n de administradores prevista en el art\u00edculo 17 par\u00e1grafo 1 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3. La imposici\u00f3n de multas en los casos de los art\u00edculos 5 numeral 5, 17 par\u00e1grafo 1, y 68 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
4. La postergaci\u00f3n en el pago de los cr\u00e9ditos de quienes hayan infringido lo previsto en el art\u00edculo 17 par\u00e1grafo 1 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
5. La solicitud de terminaci\u00f3n de contratos, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 21 inciso cuarto de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
6. La inhabilidad para ejercer el comercio, en los supuestos de que trata el art\u00edculo 83 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
16. As\u00ed mismo, el art\u00edculo 2.2.2.11.1.7. de la misma norma, se\u00f1ala que en cualquier etapa del proceso el juez del concurso podr\u00e1 reemplazar del cargo de promotor al representante legal, mediante el nombramiento de un auxiliar designado. En el mismo sentido, para los auxiliares de justicia lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2.2.2.9.3.2 del Decreto 1074 de 2015. <\/p>\n
17. El art\u00edculo 5.8 de la Ley 1116 de 2006 se\u00f1ala que el juez del concurso tendr\u00e1 la facultad para decretar la sustituci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de los auxiliares de la justicia, durante todo el proceso de insolvencia, con ocasi\u00f3n del incumplimiento de las funciones previstas en la ley o de las \u00f3rdenes del juez del concurso, mediante providencia motivada en la cual designar\u00e1 su reemplazo. <\/p>\n
18. Si bien uno de los prop\u00f3sitos del art\u00edculo 35 de la Ley 1429 de 2010, es minimizar los costos de la deudora como barrera de acceso al proceso de insolvencia, permitiendo que la promotor\u00eda del proceso de reorganizaci\u00f3n pueda ser cumplida por el representante legal de la deudora, lo cierto es que le corresponde al juez analizar en cada caso particular la idoneidad de dicha situaci\u00f3n. Lo anterior por cuanto debe sopesar que se encuentran en discusi\u00f3n los intereses de acreedores internos y externos, requiri\u00e9ndose que se garantice por la promotor\u00eda una labor imparcial y diligente. <\/p>\n
Con apoyo en lo cual, seguidamente, concluy\u00f3 que, \u00abcontrario a lo expuesto por la recurrente\u00bb, sus alegaciones estaban llamadas al fracaso porque i) \u00abno es un requisito procedimental el inicio de un tr\u00e1mite incidental para efectos de remover las funciones del promotor al representante legal\u00bb; y ii) la decisi\u00f3n censurada no obedeci\u00f3 \u00ab\u201c\u00fanicamente a las declaraciones y pruebas aportadas por las solicitantes\u201d, ya que como se advirti\u00f3 en la providencia objeto de discusi\u00f3n, entre otras cosas se tuvo en consideraci\u00f3n la omisi\u00f3n de informar la existencia de un proceso en el cual se encontraba vinculada la representante legal, por ocultamiento de bienes que vincula a su vez otros acreedores y partes dentro del proceso concursal\u00bb, lo que era \u00abde gran relevancia pues se trata de una discusi\u00f3n que se suscita entre los accionistas, la representante legal quien ejerce funciones de promotor, y tiene implicaciones sobre los activos de las sociedades concursadas, Ganader\u00eda Brisas de Agualinda SCA y Empresa Hotelera y Tur\u00edstica del Llano\u00bb; aunado a que a) \u00absi bien se plantea que la decisi\u00f3n fue objeto del Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n y el Recurso de S\u00faplica, pudi\u00e9ndose modificar elementos de lo definido por la respectiva autoridad\u2026[,] la omisi\u00f3n por parte de la representante legal de poner en conocimiento la situaci\u00f3n surtida, as\u00ed como su vinculaci\u00f3n al proceso, con suficiencia denotan la existencia de discrepancias que pueden llegar a afectar la labor imparcial a desarrollar por la promotor\u00eda, siendo necesaria la intervenci\u00f3n de un auxiliar de la justicia como remedio para tal problem\u00e1tica\u00bb; y b) \u00abel an\u00e1lisis se centr\u00f3 en el hecho de la discusi\u00f3n jur\u00eddica existente entre acreedores de la concursada y la representante legal, m\u00e1s all\u00e1 del posible resultado que sobrevenga a tal litigio[,] pues se configur\u00f3 un conflicto de inter\u00e9s originado de la omisi\u00f3n de informar la existencia del mencionado proceso, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2.2.2.11.5.1 y siguientes del Decreto 1074 de 2015\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a la aducida inacci\u00f3n por parte de las solicitantes de la remoci\u00f3n, al omitir recurrir el auto de 24 de febrero de 2022, en el cual se design\u00f3 a la quejosa como promotora de la concursada, la Superintendencia hall\u00f3 que tampoco le asist\u00eda raz\u00f3n a la reclamante porque \u00abel fundamento de la decisi\u00f3n no vers\u00f3 en las consideraciones e interpretaciones realizadas por las solicitantes\u00bb, comoquiera que \u00aben la providencia de apertura\u2026 se dio aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 35 de la Ley 1429 de 2010, pues la informaci\u00f3n con que se contaba al inicio del proceso\u2026 no revelaba la existencia de un conflicto de inter\u00e9s posteriormente verificado. Adicionalmente, la norma invocada del art\u00edculo 2.2.2.11.4.2 no se encuentra vigente dentro del Decreto 1074 de 2015\u00bb; y \u00abla motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n obedece a las omisiones por parte de la representante legal frente a sus deberes como promotora, y no a la calidad y oportunidad procesal en la que actuaron las solicitantes\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Luego, en lo tocante con la alegada inexistencia del conflicto endilgado, al no evidenciarse \u00abun inter\u00e9s econ\u00f3mico por parte de la representante legal al no participar de los actos de ocultamiento, como lo determin\u00f3 el Tribunal en segunda instancia\u00bb; la encausada enfatiz\u00f3 que, \u00abtal como se desarroll\u00f3 en la providencia recurrida, el art\u00edculo 2.2.2.11.5.3. del DUR se\u00f1ala que para que se configure una situaci\u00f3n u ocurra una conducta que d\u00e9 lugar a un conflicto de intereses no ser\u00e1 indispensable que exista un beneficio econ\u00f3mico, directo o indirecto, para el auxiliar de la justicia\u00bb (se resalt\u00f3); sin que esa autoridad \u00abtenga la facultad de interpretaci\u00f3n frente a las decisiones proferidas por el juez de conocimiento, y el alcance brindado a las mismas; no obstante, es clara i) la condici\u00f3n de demandada de la se\u00f1ora Kimberly Carranza en el proceso de ocultamiento, y ii) dentro de los bienes objeto de discusi\u00f3n se encuentran activos de la sociedad concursada\u00bb, siendo patente que se est\u00e1 ante \u00abuna disputa legal entre la representante legal y algunos acreedores, lo que no se inform\u00f3 oportunamente a [ese] Despacho[,] pues la existencia del litigio data de fecha anterior a la designaci\u00f3n de la Representante Legal como promotora\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, \u00ab[r]especto del porcentaje de los derechos de voto\u00bb, bajo el supuesto que las solicitantes de la remoci\u00f3n \u00abrepresentan menos del 1% de [su] totalidad\u00bb, desconoci\u00e9ndose el requisito de que para la designaci\u00f3n del promotor deb\u00eda obrar petici\u00f3n \u00abpor cualquier n\u00famero de acreedores no vinculados que representen cuando menos el 30% del total del pasivo externo del deudor\u00bb; la autoridad acusada reiter\u00f3 que edific\u00f3 su determinaci\u00f3n en que evidenci\u00f3 \u00abla existencia de un conflicto de inter\u00e9s no revelado de manera oportuna. Por lo tanto, el planteamiento carece de sustento[,] pues no se ha tomado la determinaci\u00f3n de la remoci\u00f3n con ocasi\u00f3n de lo que ser\u00eda una agrupaci\u00f3n de acreedores para tal fin, sino en la facultad oficiosa y sustentada que le asiste al Juez del Concurso con el fin de garantizar los fines del proceso\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abno existe norma alguna que determine que la remoci\u00f3n de las funciones de promotor del auxiliar de justicia, deben realizarse mediante el tr\u00e1mite incidental, l\u00ednea jurisprudencial que ha seguido esta Superintendencia en procesos como Redes y Proyectos de Energ\u00eda S.A. Auto 2020-01-140511 del 20 de abril de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n que la Superintendencia convocada efectu\u00f3 para v\u00e1lidamente concluir, bajo una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 1116 de 2006 (y sus normas reglamentarias), que se presentaba un conflicto de intereses respecto de la accionante, no manifestado por ella oportunamente, al hallarse vinculada, por el motivo que fuere, al pluricitado proceso declarativo, en el que, al margen de sus resultas, la discusi\u00f3n sobre ocultamiento de bienes se extiende a acciones de la concursada en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n del que se le removi\u00f3 del cargo de promotora, conclusi\u00f3n que, valga anotar, no sufrir\u00eda ninguna alteraci\u00f3n de haberse agotado alg\u00fan tr\u00e1mite incidental previo, pues la misma no pod\u00eda soportarse sino en las piezas documentales que daban cuenta de aquella situaci\u00f3n, mismas que fueron tenidas en cuenta y se mantienen inalteradas, de donde las alegaciones al respecto carecen de relevancia supralegal, porque, lo cierto es que, como ya ha tenido la oportunidad de se\u00f1alarlo esta Sala, \u00abcon independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que\u2026 el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
De esa manera, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5891-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5891-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01149-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Kimberlly Annette Carranza Pi\u00f1eres frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74184","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74184"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74184\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}