STC5898-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5898-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de marzo de 2023 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Johan Jaimes Sequeda contra la Sala Penal del Tribunal Suprior de Villavicencio y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas -Meta-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias y a las dem\u00e1s autoridades partes e intervinientes en el proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, dignidad humana, legalidad, vida, salud, libertad, igualdad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente conculcadas en el juicio de radicado 68001310400120060043900. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga, en sentencia de 14 de agosto de 2009, conden\u00f3 al accionante por el delito de falsedad material en documento p\u00fablico agravado y abuso de confianza, a la pena de 66 meses de prisi\u00f3n y multa de 15 SMLMV, y le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti\u00f3n de Bucaramanga revoc\u00f3 el sustituto de prisi\u00f3n domiciliaria, ante el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas en la diligencia de compromiso, al ser hallado por fuera de su domicilio, cometiendo otro delito. <\/p>\n
2.3. El accionante solicit\u00f3 la libertad condicional el 6 de diciembre de 20221, la cual fue negada por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas accionado el 27 de diciembre de 20222, dado que, si bien ya hab\u00eda cumplido las 3\/5 partes de su condena, se inobservaba el requisito atinente al buen comportamiento desarrollado por el penado durante su privaci\u00f3n de libertad, decisi\u00f3n confirmada en apelaci\u00f3n por la Sala Penal convocada el 9 de febrero de 20233. <\/p>\n
4. Conforme lo anterior, solicita que se revoquen las decisiones emitidas por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado y confirmadas por el Tribunal, que se le conceda la libertad condicional y que se reconozca el tiempo desde el 14 de agosto de 2009 hasta el 21 de marzo de 2014, cuando le fue revocado el sustitutivo de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas Meta dio cuenta de las actuaciones surtidas en el proceso penal e inform\u00f3 que el actor ha estado privado de la libertad en dos oportunidades: del 26 de octubre de 2011 al 22 de mayo de 2013 (18 meses y 26 d\u00edas) y desde el 9 de agosto de 2021, a la actualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal el 9 de febrero de 2023 concuerda con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y con lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el estado de salud del actor, se\u00f1al\u00f3 que pod\u00eda acudir nuevamente ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n, para exponer su situaci\u00f3n y pedir la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, argumentando que el fallo del a quo incurri\u00f3 en indebida motivaci\u00f3n, pues se le neg\u00f3 la libertad condicional por una conducta delictiva cuya pena ya fue cumplida, pese a que los antecedentes criminales no pueden ser factor de discriminaci\u00f3n y no deben figurar en los certificados de conducta. Indic\u00f3 que se le debe aplicar el art\u00edculo 162 de la Ley 65 de 1993 y que desde el 2018 ha solicitado la libertad por sus condiciones de salud, pero no se ha accedido a ello. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con los autos del 27 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023, mediante los cuales se neg\u00f3 su libertad condicional. <\/p>\n
2. Revisada la providencia del Tribunal, que fue la que zanj\u00f3 el asunto, se advierte que comenz\u00f3 por establecer que, dada la \u00e9poca de los hechos, la norma aplicable era el original art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 y el art\u00edculo 480 de la Ley 600 de 2000, de manera que para otorgar la libertad condicional se deb\u00edan ponderar los elementos que certificaran el comportamiento intramural del sentenciado y el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena impuesta. <\/p>\n
En ese sentido, afirm\u00f3 que el condenado \u00abdefraud\u00f3 la confianza que se le hab\u00eda otorgado por el Estado al conced\u00e9rsele el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria en el fallo que en la actualidad ejecuta, mostrando con ello una actitud desafiante ante la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, pues, en el 2013, mientras gozaba del subrogado en su domicilio cometi\u00f3 un nuevo delito (extorci\u00f3n agravada), por el que fue condenado a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n. Una vez superada esa pena, fue dejado a disposici\u00f3n del presente juicio el 9 de agosto de 2021, para continuar el cumplimiento de la pena, ante la revocatoria del subrogado. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, si bien ese incumplimiento fue objeto de sanciones penales y administrativas, ello no significaba que no pod\u00eda valorarse de nuevo al estudiar la solicitud de libertad condicional, seg\u00fan la normativa aplicable, raz\u00f3n por la cual, pese a los recientes y favorables reportes sobre la conducta del condenado, no pod\u00eda obviarse el referido incumpliendo grave de sus compromisos en la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, en tanto su actuar demostr\u00f3 irrespeto a la autoridad judicial y a los derechos de la comunidad en general, lo que a su turno hac\u00eda necesario la continuidad de la ejecuci\u00f3n de la pena en forma intramural. <\/p>\n
Finalmente, el Tribunal precis\u00f3 que el abono de la pena cumplida entre el 14 de agosto de 2009 y 26 de octubre de 2011 y la situaci\u00f3n de salud no fueron asuntos mencionados en la solicitud de libertad condicional, por lo que ning\u00fan pronunciamiento efectu\u00f3 el Juez ejecutor y, en consecuencia, no le correspond\u00eda a esa Corporaci\u00f3n resolver ese aspecto. <\/p>\n
3. Analizada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que abord\u00f3 y decidi\u00f3 la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un estudio razonado de las pruebas allegadas. As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con la enfermedad grave, se advierte que, en providencia 1826 del 1 de agosto de 20224, el Juzgado convocado neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria por esa causa, dado que el solicitante no padec\u00eda una enfermedad grave incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, de acuerdo con lo dictaminado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal5. Recurrida esa decisi\u00f3n, el Tribunal declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n en auto del 3 de octubre de 20226, al establecer que el actor no postul\u00f3 reparo en contra de lo all\u00ed decidido, de manera que el gestor desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo para controvertir lo resuelto, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que, si el interesado estima que existen nuevas condiciones en su estado de salud que deben ser valoradas, puede presentar la respectiva solicitud ante el Despacho competente. Igual ocurre frente a la pretensi\u00f3n orientada a que se reconozca el tiempo de penal cumplida desde el 14 de agosto de 2009 hasta el 21 de marzo de 2014, pues revisadas las peticiones elevadas el 1 de noviembre y el 6 de diciembre de 2022, se evidencia el Juzgado encargado no ha sido requerido para ese fin. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Allegada al Juzgado de Ejecuci\u00f3n el 9 de diciembre de 2022 por la Procuradora 341 Judicial I Penal. <\/p>\n
2\u0002 Folio 173, segunda parte del cuaderno de ejecuci\u00f3n de sentencias, expediente 2006-00439-00. <\/p>\n
3\u0002 Folio 227, segunda parte del cuaderno de ejecuci\u00f3n de sentencias, expediente 2006-00439-00. <\/p>\n
4\u0002 Folio 327, primera parte del cuaderno de ejecuci\u00f3n de sentencias, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 280, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 28, segunda parte del cuaderno de ejecuci\u00f3n de sentencias, ibidem <\/p>\n
<\/p>\n
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