STC5899-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fatelca SAS, contra el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado No. 11001310304520210043700. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Alleanza Qu\u00edmica SAS promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo, con el fin de obtener el recaudo de unas facturas, en el que el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 3 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la decisi\u00f3n y puso de presente que, por los mismos hechos y pretensiones, la ejecutante ya hab\u00eda radicado dos demandas ejecutivas con antelaci\u00f3n, ante los Juzgados Treinta y Tres y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito de esta ciudad, de radicados 2021-00250 y 2021-00399, respectivamente, quienes negaron las \u00f3rdenes de pago solicitadas, \u00abpor no reunir las facturas los requisitos legales para ser considerados como t\u00edtulos valores. Decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada sin recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que mediante auto de 15 de junio de 2022 el Juzgado de conocimiento mantuvo la orden de apremio, sin pronunciarse sobre sus argumentos, por lo que pidi\u00f3 adici\u00f3n de esa providencia, la que se despach\u00f3 desfavorablemente teniendo en cuenta que, al resolverse el recurso de reposici\u00f3n, se expusieron las razones por las que se consideraba que \u00ablos elementos exigidos por las normas sustanciales para librar mandamiento de pago se encuentran presentes\u00bb. <\/p>\n
En su sentir, las determinaciones adoptadas por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 tendientes a dar tr\u00e1mite al proceso ejecutivo vulneran sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efecto el mandamiento de pago de 3 de septiembre de 2021, y los autos de 15 de junio de 2022 y 13 de enero de 2023, y ordenar en consecuencia \u00abal despacho accionado negar el mandamiento de pago (\u2026) De no considerarse viable la pretensi\u00f3n tercera, se solicita que el se\u00f1or juez constitucional ordene lo que considere pertinente para proteger los derechos fundamentales conculcados a FATELCA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, comparti\u00f3 el link del expediente y defendi\u00f3 la legalidad de las providencias cuestionadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo solicitado tras considerar que la negativa de ordenar un mandamiento de pago no configura cosa juzgada, adem\u00e1s que los jueces, salvo arbitrariedad que no es el caso, est\u00e1n revestidos de autonom\u00eda para decidir y, porque las providencias cuestionadas \u00abno se ven, y menos al rompe, desconocedoras de la normatividad que sirvi\u00f3 de base a la decisi\u00f3n frente a la cual se duele el libelista (\u2026) lo planteado ac\u00e1 por el accionante no va m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n del criterio de otros jueces naturales sobre los temas de los que se ha comentado a lo largo de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
La accionante se remiti\u00f3 a los motivos expuestos en su escrito de tutela e insisti\u00f3 en que la vulneraci\u00f3n de sus derechos, se deriva de que el Juzgado accionado desconoci\u00f3 los dos autos ejecutoriados proferidos por los Juzgados Treinta y Tres y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, quienes negaron el mandamiento de pago pedido por la ejecutante, con base en las mismas facturas que sirven de sustento a esta nueva ejecuci\u00f3n, por no reunir los requisitos legales para ser considerados t\u00edtulos valores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad Fatelca SAS acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, porque mediante auto de 3 de septiembre de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00437 que en su contra interpuso Alleanza Qu\u00edmica SAS, decisi\u00f3n que mantuvo en las providencias de 15 de junio de 2022 y 13 de enero de 2023, al resolver respectivamente, el recurso de reposici\u00f3n y la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n que present\u00f3. <\/p>\n
A juicio de la impugnante, los t\u00edtulos valores -facturas objeto del recaudo, no re\u00fanen los requisitos legales necesarios para su cobro, y resalta que, con antelaci\u00f3n a este litigio, la ejecutante ya hab\u00eda promovido dos demandas ejecutivas con id\u00e9nticas pretensiones, de las que conocieron los Juzgados Treinta y Tres y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito de la capital, -radicados 2021-00250 y 2021-00399- respectivamente, quienes negaron las \u00f3rdenes de pago reclamadas \u00abpor no reunir las facturas los requisitos legales para ser considerados como t\u00edtulos valores. Decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada sin recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
3. Recuerda la Sala inicialmente, que conforme al art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, la solicitud de librar mandamiento de pago debe ir acompa\u00f1ada de un documento que sea claro, expreso y exigible, entre otros requisitos especiales para cada t\u00edtulo (art\u00edculos 621 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, en el caso de las facturas cambiarias), pues, a falta de alguno de estos elementos, la pretensi\u00f3n edificada en tal sentido estr\u00eda llamada a su fracaso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe tenerse presente que una obligaci\u00f3n contenida en un t\u00edtulo valor es clara, cuando de este no surge duda alguna en cuanto a su contenido y caracter\u00edsticas especiales, es expreso, cuando se consigna taxativamente la existencia del compromiso pactado entre las partes y es exigible, porque para pedir su cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones, o ya se han agotado los mismos y adem\u00e1s, debe provenir del deudor, porque debe estar suscrito por \u00e9l y por ende constituye plena prueba en su contra. <\/p>\n
4. Analizada la providencia de 15 de junio de 2022, aclarada mediante auto de 13 de enero de 2023, se advierte que, para resolver el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la sociedad accionante – ejecutada contra el mandamiento de pago, el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 estableci\u00f3 que las facturas que sirven de base a la ejecuci\u00f3n cumplen las exigencias para ser considerados t\u00edtulos valores. En estricto sentido, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) N\u00f3tese como aparecen en ellos su fecha de vencimiento 28\/09\/20, 13\/08\/20, 26\/10\/20, 1\/11\/20, 22\/11\/20, 21\/12\/20, 3\/01\/21, 4\/01\/21, 22\/01\/21, 23\/01\/21, 5\/02\/21, 15\/02\/21, 27\/03\/21 y 1\/05\/21) y la firma de quien recibi\u00f3 tales instrumentos, al margen de que se pueda se\u00f1alar que la persona que suscribi\u00f3 o no estuviera autorizada o no trabajara en la compa\u00f1\u00eda, pues de ello no existe prueba, de suerte que a priori se sartisfacen los exigencias propias para esta clase de t\u00edtulos, de lo cual se colige que son t\u00edtulos-valores. <\/p>\n
Ahora bien, de lo anterior se destaca que tanto firma como identificaci\u00f3n de quien recibe la factura, es potestativa, pues t\u00e9ngase en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo antes referenciado, divide tales palabras por el sufijo o lo cual es indicativo de que puede constar uno u otro y que al reposar en ellas la firma de la persona encargada, pues no se demostr\u00f3 lo contrario, no puede ser de recibo que los cartulares arrimados no prestan merito suficiente para ser cobrados en ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb. (Destacado del texto original). <\/p>\n
En seguida dej\u00f3 claro, que, <\/p>\n
(\u2026) Igualmente es del caso se\u00f1alar que los \u00fanicos requisitos que podr\u00eda mermar la fuerza coercitiva de las facturas de venta arrimadas ser\u00eda la falta de los detallados en el art\u00edculo 774 del estatuto mercantil, modificado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1231 de 2008, y no otros distintos, como lo puntualiz\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (\u2026) <\/p>\n
Por lo cual, la falta de juramento y\/o imposiciones y condiciones de pago establecidos en el Decreto 3327 de 2009 no resulta preponderantes para imposibilitar el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria directa, ni constituye un requisito formal para perseguir el cobro coactivo de la obligaci\u00f3n contenida en las aludidas facturas; especialmente si en \u201cla ley objeto de reglamentaci\u00f3n no se incluy\u00f3 el requisito de hacer constar en el original que existi\u00f3 una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la factura, no puede acudirse a la norma reglamentaria para imponer lo que la ley, en sentido estricto, no atribuy\u00f3, presupuesto este que, entonces, debe entenderse se exige para aquellos casos en los que la factura va a ser endosada, escenario en el que si cobra importancia su cumplimiento, e inocuo para cuando no ha circulado, pues entre partes el hecho de t\u00e1cita o presunta aceptaci\u00f3n es fruto de la ley y, por ello, se presume ellas tienen ese conocimiento\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con las facturas electr\u00f3nicas, junto con la demanda y al momento de descorrer el traslado, se aportaron documentos que permiten inferir que a trav\u00e9s del operador, dichos legajos fueron registrados y entregados al destinatario, contando ellos con el c\u00f3digo CUFE, transacci\u00f3n autorizada por la DIAN, emiti\u00e9ndose certificado de desglose de los documentos expedidos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tales elementos cuentan con sus c\u00f3digos de huella digital en se\u00f1al de suscripci\u00f3n de tales instrumentos, su n\u00famero \u00fanico de identificaci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en ellos art\u00edculos 2.2.2.53.2, 2.2.2.53.5 y 2.2.2.53.13 del decreto 1349 de 2016 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n descrita no es fruto de un razonamiento caprichoso o arbitrario, por el contrario, se fund\u00f3 en la valoraci\u00f3n conjunta de los documentos base del recaudo y de las pruebas hasta ahora aportadas por las partes, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentra el litigio, as\u00ed como en la norma que regula la ejecuci\u00f3n de facturas cambiarias, por lo que la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado, no puede tildarse de constitutiva de una v\u00eda de hecho por la simple divergencia exteriorizada por la sociedad accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, pues si no logr\u00f3 acreditar con certeza y suficiencia la ausencia de los elementos esenciales para que se profiriera la orden de apremio, su reclamo, en principio, no puede prosperar. <\/p>\n
5. Sin embargo, no est\u00e1 de m\u00e1s mencionar que, el proceso ejecutivo referido se encuentra en la etapa probatoria y a\u00fan faltar\u00eda la de alegatos, escenarios en los que, en uso de sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, la sociedad accionante puede direccionar su actividad a demostrar las razones por las cuales considera que sus excepciones deben ser acogidas. Entonces, ser\u00e1 en la sentencia que defina la instancia en la que se decidir\u00e1 si se dan o no las condiciones sustanciales para continuar con la ejecuci\u00f3n de los documentos crediticios presentados para su cobro. <\/p>\n
6. Ahora, en lo que tiene que ver con que el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no tuvo en cuenta que por los mismos hechos y pretensiones, el ejecutante ya hab\u00eda presentado en dos ocasiones anteriores la demanda ejecutiva, en la que los Juzgados de conocimiento negaron el mandamiento de pago tras sostener que las facturas no reun\u00edan los requisitos formales para su ejecuci\u00f3n, cumple decir que contrario a lo alegado por la impugnante esas determinaciones no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, porque, como bien lo dijo el Tribunal Superior de primer grado, dicha instituci\u00f3n, salvo eventos excepcionales -que no es el caso-, se predica de las sentencias ejecutoriadas, en los t\u00e9rminos anotados en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso y en la jurisprudencia desarrollada por esta Sala sobre el tema. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, resulta \u00fatil memorar que, el ordenamiento jur\u00eddico no instituy\u00f3 que estas determinaciones -autos que niegan mandamientos de pago-, sean vinculantes, obligatorias o generen alg\u00fan tipo de precedente a tener en cuenta por parte de los jueces a los que posteriormente se someta nuevamente el conocimiento del pleito. <\/p>\n
En esa medida, el reclamo de la impugnante pone en evidencia la existencia de una disparidad de criterios relacionados con la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el amparo en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC10939-2021, reiterada en STC4863-2023). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [disposiciones] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00 y STC4637-2023) (Se destaca). <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, la decisi\u00f3n censurada se encuentra motivada y no luce arbitraria, por lo que de ella no emerge una v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, en la medida que contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento y aunque la sociedad accionante disienta de las razones expuestas en la providencia, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
8. Tales motivos se consideran son suficientes para que el fallo objeto de impugnaci\u00f3n sea confirmado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5899-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5899-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01096-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}