STC5901-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5901-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2023-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 1\u00b0 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Oswald Espinosa Uribe en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Leandra y Thom\u00e1s Espinosa Rodr\u00edguez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2017-00187. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el \u00abprincipio de seguridad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Como fundamento de la solicitud de amparo refiri\u00f3, en s\u00edntesis, que mediante escritura n\u00b0 4131 del 4 de julio de 2014 vendi\u00f3 a Leasing Bol\u00edvar SA Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, hoy Banco Davivienda SA, el inmueble distinguido con folio de matr\u00edcula n\u00b0 230-14424, respecto del cual el 12 de agosto siguiente las partes celebraron contrato de leasing habitacional. <\/p>\n
Sostiene que una vez se present\u00f3 incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones pactados, la entidad financiera promovi\u00f3 en su contra juicio de restituci\u00f3n de tenencia que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio (2017-00187), el cual se suspendi\u00f3 por prejudicialidad el 27 de noviembre de 2018, hasta tanto se definiera el proceso de rescisi\u00f3n de contrato por lesi\u00f3n enorme que \u00e9l adelant\u00f3 en contra del banco y que conoce el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad (n\u00b0 2018-00045), comoquiera que aunque el precio del bien se pact\u00f3 en $150.000.000,oo, su valor comercial era de $556.600.000.oo, asunto donde en audiencia del 17 de noviembre de 2020 se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que fue apelada, por lo que se encuentra actualmente en tr\u00e1mite ante el superior. <\/p>\n
Aduce que por solicitud de Davivienda SA, por auto del de 27 de abril de 2023, se dispuso reanudar el proceso de restituci\u00f3n, fijando fecha para la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso para el 24 de mayo de los corrientes, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00absi bien es cierto el art\u00edculo 163 del CGP trae una limitante temporal a la suspensi\u00f3n del proceso, tambi\u00e9n lo es que el derecho litigado en el proceso que cursa en el Despacho accionado se encuentra condicionado en su prosperidad al resultado del proceso [de lesi\u00f3n enorme], de tal manera que ha de respetarse y cumplirse lo consagrado en el art\u00edculo 11 de la ley procesal en rigor\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, que se ordene a la autoridad judicial convocada, en lo fundamental, \u00abmantener la suspensi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n adelantado por BANCO DAVIVIENDA S.A. contra el accionante, radicado bajo el No. 50001315300320170018700, hasta cuando se resuelva mediante sentencia debidamente ejecutoriada el proceso VERBAL DE RESCISI\u00d3N POR LESI\u00d3N ENORME que cursa ante el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Villavicencio contra BANCO DAVIVIENDA S.A. con radicado No. 50001310300420180004500\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio, luego de precisar que dentro del proceso verbal de lesi\u00f3n enorme seguido por el gestor contra el Banco Davivienda SA se dict\u00f3 sentencia el 29 de octubre de 2020 en que se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n por parte del extremo actor, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe ninguna actuaci\u00f3n de este juzgado que sea objeto de reproche por el tutelante, como tampoco se eleva pretensi\u00f3n alguna que nos involucre, am\u00e9n que escapa a la competencia de este juzgado, lo que se persigue, de tal manera, que no resulte necesario exponer argumentos adicionales\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe, tras relacionar de manera sucinta las actuaciones surtidas dentro del proceso de restituci\u00f3n de tenencia cuestionado, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, toda vez que \u00abante la solicitud de reanudar el proceso elevada por la parte actora, este Juzgado con auto del 04 de marzo de 2022 requiri\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio para que informara el estado de dicho proceso, quien indic\u00f3 el 06 de julio de 2022 que en dicho asunto se profiri\u00f3 sentencia negando las pretensiones pero que se encuentra ante el superior para resolver la apelaci\u00f3n formulada por el actor. As\u00ed las cosas, este Despacho con prove\u00eddo del 27 de abril de 2023 dispuso reanudar el proceso declarativo de restituci\u00f3n de tenencia y fij\u00f3 fecha para continuar con la audiencia del art\u00edculo 373 del C.G.P., para el d\u00eda 24 de mayo de 2023\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia con Funciones en Villavicencio, refiri\u00f3 que \u00abSe estima que el transcurso del tiempo de suspensi\u00f3n del proceso 2017-00187 sin aportarse el fallo que se considera prejudicial, no depende de la voluntad de accionante, por lo cual, en el evento de ordenarse una eventual restituci\u00f3n del predio podr\u00eda afectar los derechos de los hijos menores de edad del accionante, particularmente su derecho a la vivienda digna, menores de edad que aunque no son parte de los procesos, pero atendiendo la manifestaci\u00f3n del accionante que se\u00f1ala que viven bajo su cuidado y su vivienda es el predio objeto del litigio, [por lo que] se recomendar\u00eda la tutela del derecho pedido, en aras de garantizar los derechos de los menores de edad\u00bb. <\/p>\n
4. El Banco Davivienda SA pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, pues \u00abel accionante no puede pretender que v\u00eda acci\u00f3n de tutela se modifique la ley procesal, en raz\u00f3n a la suspensi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n, ya que el l\u00edmite temporal de suspensi\u00f3n se encuentra mas (sic) que vencido y aunque no sea del agrado del actor la reactivaci\u00f3n del proceso, e interponga la presente acci\u00f3n, no existe una ley o norma que faculte al juez de conocimiento a suspender el proceso de restituci\u00f3n por un tiempo mayor, con ocasi\u00f3n del capricho del actor de esta acci\u00f3n y su desagrado a la decisi\u00f3n judicial tomada por el juzgado tercero civil del circuito de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo por considerar que la decisi\u00f3n reprochada obedece a una v\u00e1lida y admisible hermen\u00e9utica, comoquiera que \u00abEn su oportunidad, el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en lo que aqu\u00ed interesa, luego de citar el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo General del Proceso, refiri\u00f3: \u201cse tiene que la decisi\u00f3n del juzgado hom\u00f3logo dentro del proceso de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme no se encuentra en firme, por cuanto fue recurrida en apelaci\u00f3n y se encuentra en tr\u00e1mite ante el Tribunal Superior de esta ciudad; no obstante, se evidencia que el t\u00e9rmino otorgado por el canon 167 (sic) se venci\u00f3, mismo lapso de tiempo que fue concedido por este despacho en audiencia p\u00fablica celebrada el d\u00eda 27 de noviembre de 2018\u201d. Fragmento que, a m\u00e1s de ser breve, resulta suficiente para despejar la cr\u00edtica que en su momento plante\u00f3 la entidad financiera, y por la cual se accedi\u00f3 a la continuaci\u00f3n del juicio; sin que lo decidido luzca antojadizo o arbitrario, dado que es una interpretaci\u00f3n que admite la norma, con independencia de que se comparta \u00edntegramente o no ese raciocinio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, bajo el argumento que \u00abresulta equivocado el enfoque, estudio o an\u00e1lisis dado por el despacho de primera instancia al problema jur\u00eddico fundamento de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no fue atendido de manera concreta e integral el planteamiento que en la demanda se hizo\u00bb, dado que \u00abEs innegable le (sic) existencia de la prejudicialidad en el proceso en el cual fue solicitado el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes, esto es la incidencia que en el proceso adelantado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio tiene lo que en sentencia ejecutoriada habr\u00e1 de resolverse respecto de la acci\u00f3n rescisoria impetrada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales del actor, al reanudar el proceso de restituci\u00f3n de tenencia promovido en su contra por el Banco Davivienda SA (n\u00b0 2017-00187), sin que haya cobrado ejecutoria el fallo desestimatorio dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito al interior de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme por \u00e9l adelantada contra la citada entidad (n\u00b0 2018-00045). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 la colegiatura en primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional, tal y como pasa a verse. <\/p>\n
En el asunto estudiado, tal y consta en el expediente, el 27 de noviembre de 2018 en la audiencia inicial prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del proceso, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio dispuso la suspensi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de tenencia por incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones mensuales pactados en el contrato de leasing n\u00b0 001-03-032640, seguido por el Banco Davivienda SA contra John Oswald Espinosa Uribe (aqu\u00ed interesado), ante la existencia de proceso de rescisi\u00f3n de ese contrato por lesi\u00f3n enorme promovido por este \u00faltimo frente a la entidad financiera, a quien en el a\u00f1o 2014 le vendi\u00f3 el inmueble objeto de disputa. <\/p>\n
Previo a dictar la sentencia correspondiente, por auto del 4 de marzo de 2022 el despacho requiri\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad para que informara sobre el estado del litigio en comento, autoridad que el 6 de julio siguiente inform\u00f3 que dentro del expediente con radicado n\u00b0 2018-00045 se profiri\u00f3 sentencia el 17 de noviembre de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue recurrida por el extremo actor, siendo concedida la apelaci\u00f3n ante el superior. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo informado, mediante prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2022 la autoridad convocada decidi\u00f3 no reanudar el proceso de restituci\u00f3n de tenencia, decisi\u00f3n que fue cuestionada con \u00e9xito por la entidad financiera demandante, pues el 27 de abril de 2023 se decidi\u00f3 reponer lo resuelto, para en su lugar, \u00abDECRETAR la reanudaci\u00f3n del proceso\u00bb y fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta que, tal y como lo advirti\u00f3 la parte recurrente, \u00abel estatuto procesal adjetivo faculta al juez para que legalmente solo pueda suspender el proceso por el termino (sic) m\u00e1ximo de dos (2) a\u00f1os con ocasi\u00f3n de la prejudicialidad, autorizaci\u00f3n dada por la norma, aunado a esto (\u2026) ning\u00fan ac\u00e1pite del art\u00edculo 163 del CGP u otro art\u00edculo de la ley procesal que regula este tr\u00e1mite, indica que el juez puede o tiene la capacidad legal para ampliar el t\u00e9rmino de la suspensi\u00f3n de un proceso por prejudicialidad a m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3: \u00abPor otro lado, se tiene que la decisi\u00f3n del juzgado homologo (sic) dentro del proceso de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme no se encuentra en firme, por cuanto fue recurrida en apelaci\u00f3n y se encuentra en tr\u00e1mite ante el Tribunal Superior de esta ciudad; no obstante, se evidencia que el t\u00e9rmino otorgado por el canon 167 se venci\u00f3, mismo lapso de tiempo que fue concedido por este despacho en audiencia p\u00fablica celebrada el d\u00eda 27 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta acci\u00f3n deviene inviable, porque no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que la decisi\u00f3n de reanudar el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de tenencia no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el solo hecho que el actor disienta de lo resuelto, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues no basta una providencia discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
4. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad como lo pretende el querellante, bajo el argumento que hasta tanto no quede en firme la sentencia que desestim\u00f3 sus pretensiones dentro del proceso de rescisi\u00f3n del contrato por lesi\u00f3n enorme, no puede seguirse con el tr\u00e1mite de la restituci\u00f3n de tenencia, dado que el inmueble objeto de disputa es donde \u00e9l habita junto a su familia, la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), m\u00e1s a\u00fan cuando mediante sentencia proferida en audiencia el pasado 24 de mayo de 2023, el Juzgado convocado declar\u00f3 terminado el contrato de leasing y, por ende, decret\u00f3 la restituci\u00f3n de la tenencia del respectivo inmueble, otorg\u00e1ndole al actor \u00abel t\u00e9rmino de noventa (90) d\u00edas\u00bb para la entrega, a fin que pueda reubicar con tiempo a su familia. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el gestor es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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