STC5905-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5905-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2023-00187-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 30 de mayo de 2023 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Pereira, que declar\u00f3 improcedente la tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante promovi\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Viajes Arias Beta S.A.S. (Rad. 2022-00037-00), en la cual el Juzgado accionado dict\u00f3 sentencia el 18 de noviembre de 2022, negando las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada por el actor y por Cotty Morales Caama\u00f1o. <\/p>\n
2.2. El 16 de enero del presente a\u00f1o, el Juzgado concedi\u00f3 la alzada formulada por el tutelante y no tuvo en cuenta el memorial allegado por el apoderado de la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o, porque no fue parte en el proceso. <\/p>\n
2.3. El 3 de mayo siguiente, el Juzgado corrigi\u00f3 el prove\u00eddo anterior, para precisar que Cotty Morales Caama\u00f1o s\u00ed fue aceptada como coadyuvante, no obstante, rechaz\u00f3 la alzada interpuesta por su apoderado, por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
3. El accionante aduce que no tiene justificaci\u00f3n que el Juzgado hubiera tardado 4 meses en conceder la apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de primera instancia, pues desconoce los t\u00e9rminos previstos en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el gestor pretende que se ordene: i) investigar a la juzgadora accionada, por no conceder en el t\u00e9rmino legal la apelaci\u00f3n; ii) al Consejo Seccional de la Judicatura aplicar la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998; iii) a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo que act\u00faen en esta tutela a favor de sus intereses e informen cu\u00e1ndo presentar\u00e1n una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre, por las fallas del servicio de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira precis\u00f3 que el 3 de mayo concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y refiri\u00f3 que, si bien dicha providencia no se profiri\u00f3 en el t\u00e9rmino legal, ello obedeci\u00f3 a la alta carga laboral. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda afirm\u00f3 que el actor no ha radicado queja alguna y pidi\u00f3 que se le sancione por temeridad, en vista de las constantes acciones de tutela formuladas en su contra. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial inform\u00f3 que traslad\u00f3 la queja constitucional a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, por competencia. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el accionante pod\u00eda solicitar a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional del derecho, para formular la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa aludida en la tutela, y que no hab\u00eda radicado requerimiento alguno en la entidad frente a lo cuestionado, lo cual reiter\u00f3 la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda Regional de Risaralda precis\u00f3 que no hay peticiones del se\u00f1or Restrepo referentes al tema planteado en esta acci\u00f3n constitucional y que las solicitudes que \u00e9l ha formulado se han atendido en debida forma. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Pereira aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela, porque las omisiones endilgadas eran inexistentes, dado que el actor no pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lo pretendido en la tutela y porque el Juzgado concedi\u00f3 el recurso interpuesto antes de instaurar la tutela, por lo que intrascendente era estudiar la mora alegada frente a ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
La impuls\u00f3 el tutelante, quien pidi\u00f3 que se le informe si est\u00e1 sujeto a que en la acci\u00f3n popular cuestionada no se aplique el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor censura la mora del Juzgado Cuarto Civil del Circuito en conceder la alzada que interpuso contra el fallo emitido el 18 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2. Revisado el asunto, se advierte que el tutelante no acredit\u00f3 que hubiera formulado ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n las quejas o solicitudes que pretende con esta tutela, por lo que la acci\u00f3n constitucional, en ese aspecto, no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, siendo adem\u00e1s inexistente la vulneraci\u00f3n de derechos respecto de estas autoridades, pues, ante la falta de requerimiento, ninguna omisi\u00f3n pod\u00eda imput\u00e1rseles. <\/p>\n
En cuanto al Juzgado accionado el amparo reclamado es igualmente inviable, dado que concedi\u00f3 la alzada interpuesta por el actor popular el 16 de enero de 2023, auto que fue corregido el pasado 3 de mayo, esto es, antes de que se formulara esta acci\u00f3n -11 de mayo-, de manera que la eventual mora se hab\u00eda superado. <\/p>\n
3. Adicionalmente, resulta pertinente se\u00f1alar que, como el juez de tutela no est\u00e1 instituido para determinar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales, si el actor considera que el Juzgado convocado incurri\u00f3 en alguna falta de esa naturaleza debe formular la queja ante la autoridad competente. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular, como interesados, a Cotty Morales Caama\u00f1o, al defensor p\u00fablico Andr\u00e9s Mauricio Agudelo G\u00f3mez, a la sociedad Viajes Arias Beta S.A.S., la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda. <\/p>\n
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