STC5908-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5908-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00242-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, que declar\u00f3 improcedente la tutela promovida por Alfredo de Jes\u00fas Giraldo Galeano contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al se\u00f1or Guillermo Giraldo Mar\u00edn y a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo 050013103010 20170013500. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el referido juicio ejecutivo. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Alfredo de Jes\u00fas Giraldo Galeano fue demandado ejecutivamente, para el pago de $140.000.000, respaldados en una letra de cambio. Para garantizar lo debido, el ejecutante solicit\u00f3 el embargo del bien con matr\u00edcula inmobiliaria 01N-179410. <\/p>\n
2.2. El 17 de marzo de 2017, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo de dicho bien. El 12 de junio de 2018, el Juzgado dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n que la Sala Civil del Tribunal Superior de esa misma ciudad confirm\u00f3 el 8 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.3. El 29 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn avoc\u00f3 conocimiento del asunto. El 18 de abril de 2023, el Juzgado fij\u00f3 fecha para la audiencia de remate del bien, que fue avaluado en $390.000.000 y, el 30 de mayo anterior, lo adjudic\u00f3 a Amparo de Jes\u00fas Arango Palacios, \u00fanica postora. <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que hubo irregularidades en el proceso ejecutivo, porque: i) no se citaron a todas las personas que podr\u00edan verse afectadas con el remate del inmueble, como la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz1; ii) el aval\u00fao que sirvi\u00f3 de base para esta diligencia fue inferior al valor real del bien; y (iii) se omiti\u00f3 decretar la prejudicialidad, dado que, en el 2019, instaur\u00f3 una denuncia penal, por fraude procesal, en tanto la letra de cambio objeto de recaudo ejecutivo hab\u00eda sido adulterada. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, el actor pide que se declarare la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn dijo todas las actuaciones fueron realizadas con apego a la ley y con garant\u00eda al debido proceso. <\/p>\n
2. El apoderado de la se\u00f1ora Martha Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez2 pidi\u00f3 negar la tutela, en la medida en que ning\u00fan derecho fundamental del tutelante se transgredi\u00f3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela, pues, de un lado, el actor no estaba legitimado en la causa por activa en relaci\u00f3n con la nulidad por falta de vinculaci\u00f3n de la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz y, de otro, no se cumpli\u00f3 con el presupuesto de la subsidiaridad, dado que lo pretendido frente al aval\u00fao del inmueble objeto de remate y la supuesta prejudicialidad debieron alegarse en las oportunidades procesales pertinentes, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 su solicitud de que se declare la nulidad del proceso ejecutivo, por la presencia de irregularidades que afectaron su debido proceso, en tanto las personas que podr\u00edan resultar afectadas con el remate del inmueble no fueron vinculadas y se omiti\u00f3 decretar la prejudicialidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, por las presuntas irregularidades que habr\u00edan afectado su debido proceso. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, se advierte que la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad y, por tanto, esta es improcedente, pues la nulidad reclamada, por la supuesta falta de citaci\u00f3n al proceso de todas las personas que podr\u00edan resultar afectadas con el remate del inmueble, no fue planteada ante el Juzgado del Circuito accionado. <\/p>\n
2.1. En cuanto a que el aval\u00fao del bien que sirvi\u00f3 de base para el remate fue inferior a su valor real, se observa que el actor no impugn\u00f3 el auto del 18 de abril del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn fij\u00f3 fecha para la audiencia de remate del bien y asegur\u00f3 que este fue avaluado en $390.000.000, de forma que desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal que tuvo para plantear las inconformidades que ahora expone, lo cual torna igualmente improcedente la tutela. <\/p>\n
2.2. De otro lado, se observa que el actor no pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad ante los jueces demandados y que la solicitud de prejudicialidad del proceso fue objeto de decisi\u00f3n por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 8 de mayo de 2019, cuando las actuaciones se encontraban en esa instancia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia de primer grado que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, de manera que, como esa Corporaci\u00f3n no fue accionada, la Sala ning\u00fan pronunciamiento emitir\u00e1 sobre el particular, en garant\u00eda del derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dicha se\u00f1ora fue demandada por el tutelante, ante el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Medell\u00edn, porque construy\u00f3 una plancha que invadi\u00f3 el primer piso del inmueble de su propiedad, el cual es objeto de remate en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
2\u0002 Acreedora en otro proceso ejecutivo contra el se\u00f1or Alfredo de Jes\u00fas Giraldo Galeano. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5908-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5908-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00242-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}