STC5910-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5910-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de mayo de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Janabe Capital S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial y la realizaci\u00f3n de la justicia material en la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar el auto de fecha 21-11-2022 mediante el cual se niega el pago de pasivos a favor del adjudicatario y as\u00ed mismo al auto que no repone la decisi\u00f3n del 24-11-2022\u00bb y, en consecuencia, \u00abordenar mediante auto la entrega de t\u00edtulo por valor de\u2026 $15.040.950 y comunicar mediante formato DJ04, al Banco Agrario de Colombia, del Pago del valor descrito\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Banco BBVA Colombia S.A. (actual cesionaria BANINCA) inco\u00f3 demanda ejecutiva contra William de Jes\u00fas Arrieta G\u00f3mez; asunto donde el Juzgado de conocimiento, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 10 de mayo de 2022 el despacho Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Barranquilla avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y agreg\u00f3 el despacho comisorio referente al secuestro del veh\u00edculo con placas JMG-464. <\/p>\n
2.3. El 14 de septiembre siguiente, se adelant\u00f3 la diligencia de remate de dicho automotor, resultando adjudicado a la sociedad Janabe Capital S.A.S., mismo que se le entreg\u00f3 el d\u00eda 23 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 la promotora que dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la entrega, pag\u00f3 las diferentes sumas adeudadas por el automotor por concepto de derechos de tr\u00e1nsito, impuestos y parqueaderos, lo que sum\u00f3 en total $15.040.950, raz\u00f3n por la que el 27 de septiembre de 2022 envi\u00f3 el juzgado la relaci\u00f3n de los pasivos pagados, empero, \u00abpor error involuntario se adjuntaron archivos pdf distintos a los descritos en el correo y en su lugar se adjuntaron archivos correspondientes a los pagos del precio del remate, y no a los que se menciona en el memorial\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la sociedad quejosa, en s\u00edntesis, de los prove\u00eddos que negaron la devoluci\u00f3n de los dineros adeudados por el veh\u00edculo rematado, toda vez que, si bien cometi\u00f3 un error al adjuntar los documentos que respaldaban su reclamaci\u00f3n, lo cierto es que era un hecho notorio, de lo contrario, no le hubiesen entregado el automotor, adem\u00e1s, todos los pagos fueron a entidades del Estado, \u00ablo que implica que con un solo click en la p\u00e1gina web de cada una de las anteriores entidades pod\u00eda colegirse no solo el monto de las mismas, sino que adem\u00e1s estas fueron canceladas en oportunidad\u00bb, incluso, previo a decidir, pudo requerir al adjudicatario para enmendar el error. <\/p>\n
2.7. Anot\u00f3 que con la negativa a reponer el auto de 24 de noviembre de 2022 se quebrant\u00f3 la confianza leg\u00edtima, configurando un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, habida cuenta que, se dio prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, para no ordenar la devoluci\u00f3n de los dineros reclamados. <\/p>\n
2.8. Insisti\u00f3 que, el Juzgado \u00abdebi\u00f3 requerir[lo] u abstenerse de pronunciarse, hasta tanto se probara u adjuntara lo manifestado en el memorial, por existir erro en los documentos enviados, documentos que no obedec\u00edan a los que se describi\u00f3 en el memorial, esto es hacer uso de sus deberes contemplados en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 42 de C.G.P. con el objeto de llegar al conocimiento de los hechos descritos y demostrados por el adjudicatario\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que \u00abde acuerdo con la literalidad del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 455 del C.G.P., es improcedente la decisi\u00f3n adoptada por el Juez, habida cuenta que, tampoco se adjunt\u00f3 por error involuntario\u2026 el acta de entrega de fecha 23-09-2022, por lo que el despacho accionado debi\u00f3 pronunciarse hasta tanto se adjuntara dichos documentos descritos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Secretar\u00eda Distrital de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial de Barranquilla pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda; anot\u00f3 que verificada la base de datos, el veh\u00edculo con placas JGM-464 no registra con obligaciones pendientes. <\/p>\n
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2. Baninca S.A.S. inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, adem\u00e1s, conforme al art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso los t\u00e9rminos son perentorios e improrrogables, raz\u00f3n por la que, si el monto de las deudas no se demostr\u00f3 dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la entrega del bien, no hay lugar a ordenar la devoluci\u00f3n de los dineros. <\/p>\n
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3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; pidi\u00f3 negar la salvaguarda, tras advertir, de un lado, que la decisi\u00f3n censurada no luce caprichosa, pues se emiti\u00f3 con apego a la normatividad aplicable al caso concreto; y, por otra parte, porque la acci\u00f3n de tutela se puede interpretar como temeraria, comoquiera que, por los mismo hechos ya formul\u00f3 una primigenia solicitud de amparo, que fue negada por el Tribunal y confirmada por la Corte con fallo STC2418-2023; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
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4. La Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque su petici\u00f3n fue resuelta de fondo y comunicada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, adem\u00e1s, porque la acci\u00f3n de tutela no puede controvertirse en un medio de la parte que obtiene una decisi\u00f3n contraria a sus intereses. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que contrario a lo afirmado por el a quo, cumple con los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Analizada la demanda constitucional, encuentra la Sala que la promotora persigue cuestionar el auto de 23 de febrero de 2023, que mantuvo el de 24 de noviembre anterior, por medio del cual el Juzgado accionado neg\u00f3 la devoluci\u00f3n solicitada como deudas del veh\u00edculo adjudicado, pues, en su sentir, en s\u00edntesis, existi\u00f3 un exceso ritual manifiesto, toda vez que si bien por un error involuntario no adjunt\u00f3 los documentos que soportaban tales deudas, lo cierto es que antes de negar, pudo requerirla para aportarlos o verificar en el sistema de cada empresa el respectivo pago. <\/p>\n
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3. Al respecto, se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, la quejosa formul\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela soportada en similares hechos, la que si bien, en primera instancia fue negada por subsidiariedad, lo cierto es que fue confirmada su negativa por esta Corporaci\u00f3n el 21 de abril de 2023 (STC3637-2023), por lo que est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad, est\u00e1 Sala precis\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo se sustentaba en los siguientes hechos: <\/p>\n
La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00abal debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, confianza leg\u00edtima y prevalencia del derecho sustancial y la realizaci\u00f3n de la justicia material en la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb, para que se ordenara al estrado censurado \u00abrevocar el auto de fecha 24-11-2022 mediante el cual s\u00e9 niega el pago de pasivos a favor del adjudicatario y as\u00ed mismo el auto que no repone la decisi\u00f3n del 24-11-2022\u00bb y, decretar \u00abmediante auto, la entrega de t\u00edtulo por valor de quince millones cuarenta mil novecientos cincuenta pesos MCTE ($15.040.950) y Comunicar mediante formato DJ04 al Banco Agrario de Colombia, del Pago del valor descrito en el numeral anterior\u00bb a su favor. <\/p>\n
En compendio adujo que el despacho acusado en la diligencia de remate celebrada el 14 de septiembre de 2022 en el juicio ejecutivo n.\u00b0 2016-00091, le adjudic\u00f3 el veh\u00edculo de placas \u00abJGM-464 (\u2026) por valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($29.900.000)\u00bb, mismo que se le entreg\u00f3 el d\u00eda 23 siguiente. <\/p>\n
Sostuvo que dentro de los diez (10) d\u00edas \u00absiguientes, a la entrega\u00bb, solicit\u00f3 y pag\u00f3 a las diferentes entidades \u00ablos estados de cuenta a la fecha adeudados por el vehicul\u00f3 automotor (\u2026), esto es el d\u00eda 26 de septiembre de 2022\u00bb y, que el 27 de septiembre del mismo a\u00f1o, \u00abmediante correo electr\u00f3nico, se remiti\u00f3 al juzgado accionado, memorial donde se demostr\u00f3 la relaci\u00f3n de los pasivos pagados\u00bb, pero \u00abpor error involuntario se adjuntaron archivos Pdf, distintos a los descritos en el correo y en su lugar, se adjuntaron archivos correspondientes a los pagos del precio del remate, y no a los que se menciona en el memorial\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que ese yerro \u00absolo fue evidenciado por el suscrito, en el contenido del auto de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), (\u2026) mediante el cual resolvi\u00f3: \u201c(\u2026) Negar la devoluci\u00f3n a la rematante sociedad JANABE CAPITAL S.A.S., de la suma de $15.040.950 solicitada como deudas del veh\u00edculo adjudicado (\u2026)\u00bb y, que, el \u00ab29 de noviembre de 2022, se interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), el cual fue despachado desfavorablemente mediante al auto de fecha veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023)\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abhizo mal el despacho accionado, al apegarse a la ritualidad contemplada en la norma, y desconocer la realidad procesal existente, toda vez que (\u2026) no pretend[e] se ampl\u00ede un t\u00e9rmino, si no se corrija un error en la informaci\u00f3n aportada\u00bb. <\/p>\n
Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
En efecto, se duele el gestor del interlocutorio dictado por el iudex recriminado en el proceso ejecutivo n.\u00b0 2016-00091 que \u00abneg\u00f3 el pago de pasivos\u00bb a su favor (24 nov. 2022), y del que lo mantuvo inc\u00f3lume (23 feb. 2023), porque, en su opini\u00f3n, desconocen que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega del automotor subastado, \u00absolicit\u00f3 y pag\u00f3 a las diferentes entidades los estados de cuenta\u00bb adeudados. <\/p>\n
1.2.- El art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 el \u00absaneamiento de nulidades y aprobaci\u00f3n del remate\u00bb, establece que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cumplidos los deberes previstos en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 453, el juez aprobar\u00e1 el remate dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, mediante auto en el que dispondr\u00e1: <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su cr\u00e9dito y las costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deber\u00e1 reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenar\u00e1 entregar a las partes el dinero reservado. <\/p>\n
El incumplimiento de lo dispuesto en este art\u00edculo constituye falta disciplinaria grav\u00edsima\u00bb. (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
1.3.- En el sub lite, lo evidenciado de la prueba adosada al plenario, es que, adjudicado el veh\u00edculo a la querellante (14 sep. 2022), aprobado el remate (22 sep.) y entregado el bien por el secuestre (23 sep.), a trav\u00e9s de su apoderado, Janabe Capital S.A.S. alleg\u00f3 los pasivos por ella cancelados y requiri\u00f3 su devoluci\u00f3n (27 sep. y 3 nov). <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla no accedi\u00f3 al pedimento, aduciendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dice en sus escritos de fecha 27 de septiembre y 03 de noviembre de 2022, allegar pruebas del pago de los derechos de tr\u00e1nsito por la suma de $1.032.850, pago del impuesto vehicular por valor de $4.238.100 y liquidaci\u00f3n del parqueadero por la suma de $9.770.000, para un total de $15.040.950. <\/p>\n
Sin embargo, revisados los anexos se tiene que corresponden a las consignaciones efectuadas para la adjudicaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del remate, y no por lo mencionado en el escrito. <\/p>\n
De otro lado, informa que la entrega del bien se produjo el d\u00eda 23 de septiembre de 2022, y manifiesta anexar el acta correspondiente, sin embargo, no se otea de los documentos que junto con su escrito remiti\u00f3. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, debe advertirse que al no aportar los documentos que respalden las deudas que pesaban sobre el veh\u00edculo adjudicado no es procedente ordenar la devoluci\u00f3n que solicita el rematante. Abonado a lo anterior el t\u00e9rmino para presentar dichas pruebas ya feneci\u00f3, habida cuenta que la entrega del bien veh\u00edculo se materializ\u00f3 en fecha 23 de septiembre de 2022 como lo indica el mismo peticionario (\u2026). <\/p>\n
Luego entonces, al haberse entregado el veh\u00edculo en fecha 23 de septiembre de 2022, el t\u00e9rmino para presentar las deudas se venci\u00f3 el 07 de octubre de la misma anualidad, y a la fecha no obra en el expediente documental que respalde las deudas reclamadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, el art\u00edculo 117 del C.G.P. indica que los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb (24 nov.). <\/p>\n
En el mismo sentido, al resolver el remedio horizontal que contra dicha decisi\u00f3n interpuso la quejosa, luego de trascribir los art\u00edculos 167 y 455 del estatuto procesal civil y citar la sentencia STC21575-2017 de esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 741 del C\u00f3digo Civil, que determina: \u201c(\u2026) En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petici\u00f3n de un acreedor, en p\u00fablica subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal.\u201d, raz\u00f3n por la que se colige que el Juez es quien act\u00faa como representante del ejecutado en la venta y al cumplir dicho rol, se debe procurar la enajenaci\u00f3n del bien exento de todo gravamen (\u2026). <\/p>\n
No obstante, si bien el Juez debe velar por cumplir tal deber de entregar saneado el bien objeto de subasta, ello no resulta absoluto, dado que la norma procedimental, en el inciso antes citado, establece dos condiciones, a saber: (i) que el rematante demuestre el monto de las deudas del bien y que (ii) ello se haga dentro de los diez d\u00edas siguientes a la entrega del bien. <\/p>\n
En el caso bajo examen, se encuentra que la rematante JANABE CAPITAL S.A.S., aport\u00f3 memorial el 27 de septiembre de 2022 con relaci\u00f3n de pasivos del veh\u00edculo JGM-464, manifestando que, el d\u00eda 23 de septiembre anterior, la secuestre le hizo entrega del mencionado veh\u00edculo, y dentro de los 10 d\u00edas siguientes consult\u00f3 a las entidades los estados de cuenta, los cuales fueron liquidados en los siguientes valores: $1.032.850 adeudado a la Alcald\u00eda de Barranquilla, $4.238.100 como deuda de impuesto vehicular a la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico, y la suma de $9.770.000 por concepto de parqueadero, siendo informado ello al Despacho sin aportar prueba alguna que soporte tal manifestaci\u00f3n, lo que a la postre llev\u00f3 al traste su pretensiones. <\/p>\n
Al respecto, alega el solicitante que aport\u00f3 en tiempo su solicitud, y que si bien en el memorial antes mencionado, no aport\u00f3 prueba de ninguna de sus manifestaciones, el Despacho tuvo por demostrado la entrega del veh\u00edculo realizada por el secuestre. <\/p>\n
Sobre ello, esta Agencia Judicial debe recordar que el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo de ritos, no estableci\u00f3 una tarifa legal para probar la entrega del bien al comprador, pues solo se limit\u00f3 a indicar que dentro de los 10 d\u00edas siguientes a su entrega se deb\u00edan demostrar las deudas que aquel ten\u00eda. <\/p>\n
No obstante, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 165 determina que la confesi\u00f3n es un medio de prueba, por lo tanto, la libre manifestaci\u00f3n que realiz\u00f3 el rematante en su memorial aduciendo que la entrega del veh\u00edculo ocurri\u00f3 el d\u00eda 23 de septiembre de 2022, si pod\u00eda ser tenida en cuenta por el Despacho para tener por probado que el bien le hab\u00eda sido entregado, y que, aquel se encontraba en t\u00e9rmino para solicitar los dineros adeudados por el autom\u00f3vil (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed, se denota que el apoderado judicial de la rematante se encontraba autorizado para realizar la postura en nombre de la sociedad JANABE CAPITAL S.A.S., y por ende, los tr\u00e1mites posteriores, tales como la aprobaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n y la devoluci\u00f3n de pasivos, por lo que el Despacho considera que si se encontraba legitimado para confesar, y como quiera \u00e9l mismo ten\u00eda conocimiento del hecho confesado, ocasion\u00e1ndole ello una consecuencia jur\u00eddica adversa, se encuentra m\u00e1s que configurado dicho medio de prueba, adem\u00e1s que se trata de un hecho susceptible de ser probado por confesi\u00f3n, pues la ley no estableci\u00f3 un medio en particular para ello. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando, seg\u00fan las pruebas anexadas ahora en la reposici\u00f3n, se denota que fue el apoderado judicial de la sociedad JANABE CAPITAL S.A.S., quien recibi\u00f3 el veh\u00edculo de manos de la secuestre. <\/p>\n
Bajo este entendido, no le asiste raz\u00f3n al recurrente que el Despacho no pod\u00eda dar fe de lo expresado por aquel y tener por demostrada la entrega del veh\u00edculo a falta de un \u201cacta de entrega\u201d, pues como se expuso en precedencia, tal hecho era susceptible de confesi\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a las deudas relacionadas por el solicitante, se tiene que la norma impone su demostraci\u00f3n, esto es, exige prueba de ellas, sobre lo cual se precisa que, al ser impuestos adeudados a la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico, la Alcald\u00eda de Barranquilla y el parqueadero SIA, resultaba indispensable que se aportaran los estados de cuenta o recibos de lo pagado, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Ahora, el recurrente aduce que ante la falta de prueba el Juzgado deb\u00eda abstenerse de resolver o requerirlo para que aportara las pruebas correspondientes. <\/p>\n
Sobre el particular, debe advertirse que, si bien es cierto en la Codificaci\u00f3n Adjetiva Procesal se establece la regla del decreto oficioso de pruebas, en el sentido que es un deber impuesto a los jueces para que acerquen la verdad procesal a la real, y por ese sendero adopten las decisiones que sean acortes con la legalidad, la justicia y la verdad4, no es menos cierto que dicha regla no es absoluta para el juzgador, en la medida que \u201cpuesto que \u00e9l goza de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisi\u00f3n de su parte de un yerro de derecho. Fuera de lo anterior, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia f\u00e1ctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior es reiterado por el \u00d3rgano de Cierre de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, quien ha expuesto: \u201cExceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba est\u00e1 prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, (\u2026). <\/p>\n
De este modo, lo cierto es que dicho reproche no se abre paso en esta oportunidad, pues la carga de la prueba reca\u00eda sobre la parte rematante, quien al haber omitido dicho deber, daba al traste por s\u00ed misma con sus pretensiones. <\/p>\n
Si bien el recurrente indica que no solicita un nuevo t\u00e9rmino para que se tengan en cuenta las pruebas del caso el revocar la decisi\u00f3n contenida en el auto del 22 de noviembre de 2022 si conllevar\u00eda impl\u00edcitamente ello, dado que se estar\u00edan entrando a valorar pruebas que aquel aport\u00f3 con posterioridad a los diez d\u00edas de que trata el art\u00edculo 455 del canon procesal\u00bb (23 feb. 2023). <\/p>\n
1.4.- As\u00ed las cosas, ning\u00fan desatino se advierte en las providencias controvertidas, como tampoco emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, como quiere la impulsora, por cuanto son el producto de leg\u00edtima ex\u00e9gesis; y al margen de que la Sala o la suplicante comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas (STC2418-2023). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, m\u00e1xime cuando en el prove\u00eddo de 28 de marzo de 2023 (auto del que la gestora se refiere a un nuevo pronunciamiento), el estrado enjuiciado resolvi\u00f3 \u00abatenerse a lo resuelto en auto de fecha 23 de febrero de 2023\u00bb; de ah\u00ed que, frente a los ligeros cambios entre una petici\u00f3n y otra, reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC5910-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5910-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74201","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74201"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74201\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}