STC5911-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5911-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00818-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Zully Mosquera de G\u00f3mez y Carol Michelle G\u00f3mez Mosquera contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso laboral de radicado 76001310500220170030800 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras demandan la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, dignidad humana, administraci\u00f3n de justicia, igualdad y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Las actoras formularon demanda ordinaria laboral contra Old Mutual Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas S.A., a fin de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes, tras el fallecimiento de Bernardo G\u00f3mez Pineda el 4 de enero de 2006, esposo y padre, as\u00ed como el retroactivo pensional, los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso. <\/p>\n
2.2. El 17 de julio de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali conden\u00f3 a la demandada y reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes en un 50% para cada una de las demandantes, fallo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad modific\u00f3 el 8 de julio de 2021, en cuanto a los montos de la mesada pensional y del retroactivo. <\/p>\n
2.3. El 8 de febrero de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia CSJ SL243-2023, cas\u00f3 el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y absolvi\u00f3 a la accionada de todas las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. Las tutelantes sostienen que el fallo controvertido desconoci\u00f3 el precedente constitucional sobre la pensi\u00f3n de sobrevivientes y alegaron que, si bien en la actualidad existen decisiones jurisprudenciales encontradas de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y de la Corte Constitucional, en el caso espec\u00edfico deb\u00edan aplicarse los principios de la favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa propugnados por esta \u00faltima. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 negar la tutela, por cuanto la decisi\u00f3n controvertida fue proferida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la Ley. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali sostuvo que no transgredi\u00f3 los derechos fundamentales de las demandantes y solicit\u00f3 negar la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
3. Seguros Skandia Pensiones y Cesant\u00edas (antes Old Mutual) pidi\u00f3 desestimar la tutela, en tanto la solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivientes de las actoras fue estudiada y rechazada en aplicaci\u00f3n de la normatividad vigente al momento de la fecha del fallecimiento del causante. <\/p>\n
4. El abogado Jaime Andr\u00e9s Echeverri Ram\u00edrez requiri\u00f3 acceder a la tutela, pues las actoras cumplen los requisitos de ley para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
5. El apoderado de Seguros de Vida Suramericana aleg\u00f3 la improcedencia de la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental se vulner\u00f3 en este caso. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque el fallo controvertido es razonable y se fundament\u00f3 en las normas aplicables, los principios rectores del derecho laboral y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las actoras reiteraron, en esencia, los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las gestoras pretenden la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, presuntamente vulneradas por la Sala accionada con la sentencia CSJ SL243-2023. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable se\u00f1alar que esta acci\u00f3n es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no s\u00f3lo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. En el fallo cuestionado, la Sala de Casaci\u00f3n accionada puso de presente que los siguientes aspectos no estaban en discusi\u00f3n: i) Bernardo G\u00f3mez Pineda estuvo afiliado al ISS y cotiz\u00f3 al sistema general de pensiones hasta noviembre de 1996, ii) se traslad\u00f3 al RAIS a partir de diciembre de ese a\u00f1o y realiz\u00f3 aportes hasta noviembre de 1997, (iii) falleci\u00f3 el 4 de enero de 2006 y (iv) en los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a su muerte no cotiz\u00f3 semana alguna. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, seg\u00fan la pac\u00edfica y reiterada jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, la norma aplicable en casos de pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento, en este caso, el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 46 de Ley 100 de 1993, en cuanto exige que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a su muerte. <\/p>\n
Con fundamento en ello y siendo un hecho indiscutido que el causante no reun\u00eda la densidad de semanas all\u00ed exigidas, pues su \u00faltima cotizaci\u00f3n la realiz\u00f3 en noviembre de 1997, la Sala consider\u00f3 que no se generaba el derecho al reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional deprecada. <\/p>\n
En cuanto al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, reiter\u00f3 el criterio que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha fijado sobre la imposibilidad de acoger los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, norma que el Tribunal tuvo en cuenta para acceder al derecho pensional pretendido, cuando el causante fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003 (CSJ SL415-2022, CSJ SL039-2018 y CSJ SL21546-2017). <\/p>\n
En ese contexto, consider\u00f3 que los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 no se adecuaban al caso bajo estudio, en la medida que \u00abno es viable hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del sub judice que le resulte ser m\u00e1s favorable, en raz\u00f3n de que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u00bb, criterio que fue reiterado en las sentencias CSJ SL415- 2022, CSJ SL1021-2022, CSJ SL1742-2021, CSJ SL5286- 2021 y CSJ SL142-2020; adem\u00e1s, explic\u00f3 las razones por las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se ha apartado del precedente constitucional contenido en la CC SU005-2018. <\/p>\n
4. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en la normatividad y en la jurisprudencia aplicable del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, exponiendo, adicionalmente, la fundamentaci\u00f3n por la cual la Sala se ha apartado del criterio plasmado por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la parte actora sobre la hermen\u00e9utica aplicada. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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