STC5913-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5913-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2023-00221-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de junio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, que accedi\u00f3 a la tutela promovida por el se\u00f1or Eliseo Ram\u00edrez Jaimes contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Cristhian Juli\u00e1n Le\u00f3n Aparicio, Diego Juli\u00e1n Uribe Capacho, la Transportadora de Volquetas y Transporte de Carga S.A.S., Bodegas \u00c1vila, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados en el juicio ejecutivo de radicado 68001310301020150057000. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el curso del citado proceso ejecutivo que la Transportadora de Volquetas y Transporte de Carga S.A.S. (cesionarios Diego Juli\u00e1n Uribe Capacho y \u00c1ngel Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Capacho) instaur\u00f3 contra Cristhian Juli\u00e1n Le\u00f3n Aparicio, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga design\u00f3 como secuestre al auxiliar de la justicia Eliseo Ram\u00edrez Jaimes, a quien se le entreg\u00f3 en custodia una retroexcavadora. <\/p>\n
2.2. El 23 de mayo de 2022, el citado Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 51, 52 y 595 del C.G.P., requiri\u00f3 al secuestre Ram\u00edrez Jaimes, para que, en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la providencia, rindiera cuentas detalladas de su gesti\u00f3n y presentara un informe documentado, con fotograf\u00edas, en las que se evidenciara el estado de la retroexcavadora, y le advirti\u00f3 que, de no hacerlo, se har\u00eda merecedor de multas sucesivas de 2 a 5 salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 593 (par\u00e1grafo 2) del C. G. P., as\u00ed como a la compulsa de copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial, para que investigara su actuaci\u00f3n y le impusieran las sanciones a que hubiere lugar, particularmente las contempladas en el art\u00edculo 50 ibidem, requerimientos que fueron reiterados por autos del 21 de junio y del 15 de septiembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. El 21 de octubre de 2022, el Juzgado demandado sancion\u00f3 con multa de 1 s.m.l.m.v. al secuestre Ram\u00edrez Jaimes, dado que no rindi\u00f3 las cuentas detalladas de su gesti\u00f3n ni present\u00f3 el informe documentado exigido sobre el estado de la retroexcavadora embargada; asimismo, dispuso remitir copias de la decisi\u00f3n a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, para lo de su competencia. <\/p>\n
2.4. El 6 de diciembre de 2022, el Juzgado determin\u00f3 que el auto del 21 de octubre de ese mismo a\u00f1o se encontraba ejecutoriado desde el 28 de octubre y que el plazo concedido para el pago de la multa venci\u00f3 el 28 de noviembre siguiente, por lo que dicha providencia prestaba m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
2.5. El 17 de mayo del a\u00f1o que avanza, la Direcci\u00f3n Seccional de Bucaramanga del Consejo Superior de la Judicatura notific\u00f3 al se\u00f1or Eliseo Ram\u00edrez Jaimes el mandamiento de pago librado en su contra, mediante Resoluci\u00f3n DESAJBUGCC23-72 del 27 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.6. El 26 de mayo de 2023, dicho se\u00f1or remiti\u00f3 un escrito al Juzgado accionado, en el que se limit\u00f3 a se\u00f1alar: \u00ab1\u00ba. Siempre he respondido a sus requerimientos en forma oportuna, como puede verse en todo el expediente. 2\u00ba. La retroexcavadora sigue en poder del depositario, pues la fiscal\u00eda a\u00fan no ha resuelto nada\u00bb. <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que en mayo del a\u00f1o en curso \u00abfue sorprendido con una comunicaci\u00f3n del CSJ direcci\u00f3n seccional de Bucaramanga, donde me notifican un mandamiento de pago por una multa impuesta por el Juez D\u00e9cimo\u00bb, que no conoc\u00eda, decisi\u00f3n con la cual el Juzgado accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, toda vez que le impuso una sanci\u00f3n, a pesar de que siempre cumpli\u00f3 con los requerimientos que le formul\u00f3. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide declarar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 21 de octubre de 2022, por indebida notificaci\u00f3n en el proceso ejecutivo de radicado 68001310301020150057000, a fin de que se le d\u00e9 la oportunidad de defenderse. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga afirm\u00f3 que la tutela no cumple con los presupuestos de subsidiariedad y de inmediatez, en tanto el accionante no impugn\u00f3 la providencia del 21 de octubre de 2022, que lo sancion\u00f3 con una multa, y no acudi\u00f3 a la acci\u00f3n constitucional en forma tempestiva, sumado a que las providencias se notificaron debidamente, por estado electr\u00f3nico. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander pidi\u00f3 negar la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental del actor vulner\u00f3. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Santander aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La curadora ad litem de Cristhian Juli\u00e1n Le\u00f3n Aparicio manifest\u00f3 que, previo a la imposici\u00f3n de la multa, el Juzgado accionado requiri\u00f3 al secuestre Ram\u00edrez Jaimes, quien omiti\u00f3 dar cumplimiento a lo exigido. <\/p>\n
5. La curadora ad litem de Ricardo Amaya Li\u00e9vano y \u00c1ngel Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Capacho solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
III. SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional accedi\u00f3 al amparo, por violaci\u00f3n al debido proceso, teniendo en cuenta que los requerimientos que el Juzgado demandado hizo al secuestre Eliseo Ram\u00edrez Jaimes, para que rindiera informe de su gesti\u00f3n en el proceso ejecutivo, as\u00ed como la providencia que lo sancion\u00f3 con multa, fueron indebidamente notificados por estado electr\u00f3nico y no directamente al auxiliar de la justicia, como correspond\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal orden\u00f3 dejar sin efectos el auto del 21 de octubre de 2022 y realizar las gestiones necesarias para requerir nuevamente al secuestre, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento legal. <\/p>\n
El se\u00f1or Diego Juli\u00e1n Uribe Capacho, cesionario de la ejecutante en el proceso compulsivo de radicado 2015-00570-001 pidi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia, toda vez que el se\u00f1or Eliseo Ram\u00edrez Jaimes omiti\u00f3 rendir informe de su gesti\u00f3n como secuestre, a pesar de los varios requerimientos realizados por el Juzgado, mostrando desidia y desinter\u00e9s, lo cual no tiene excusa, por cuanto conoce el proceso y ha actuado en este, sin dejar de lado que, como auxiliar de la justicia, le asiste el deber de estar al tanto de lo que all\u00ed ocurra. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 21 de octubre de 2022, por indebida notificaci\u00f3n en el proceso ejecutivo 68001310301020150057000. Concedido el amparo fue recurrido por la parte ejecutante del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, se advierte que la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues la nulidad reclamada, por la indebida notificaci\u00f3n de los requerimientos del Juzgado al secuestre y del auto del 21 de octubre de 2022, no fue planteada ante el Juzgado del Circuito accionado. En ese sentido, es menester se\u00f1alar que el juez de tutela no est\u00e1 facultado para reemplazar al juez natural, ni para anticipar sus decisiones, ni para indicarle la forma de resolver los asuntos que deben ser sometidos a su consideraci\u00f3n y, por tanto, no pod\u00eda el a quo constitucional asumir la competencia del juez de la causa ni decidir sobre una nulidad que no fue formulada ante el operador judicial de conocimiento; m\u00e1xime que, en principio, la tutela impetrada no cumple con los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad respecto de los prove\u00eddos censurados y que dieron lugar a la sanci\u00f3n del tutelante. <\/p>\n
Sobre el particular, ha dicho la Sala que esta acci\u00f3n constitucional no <\/p>\n
\u2026se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la omisi\u00f3n referida torna improcedente la tutela, dada la naturaleza subsidiaria y residual que la caracteriza y, en consecuencia, el fallo de primera instancia debe ser revocado. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se revocar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En auto del 24 de julio de 2018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga aprob\u00f3 la cesi\u00f3n o venta de derechos litigiosos realizada por la ejecutante en favor de Diego Juli\u00e1n Uribe Capacho y \u00c1ngel Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Capacho. <\/p>\n
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