STC5917-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5917-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 25 de mayo 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ancizar Cruz Arias contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, m\u00ednimo vital, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del proceso de exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria que el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 impuso contra Ancizar Cruz Arias \u2013aqu\u00ed libelista\u2013 respecto de su hijo, Jader Alexander Cruz Valderrama, desde el 10 de junio de 1994, la autoridad dict\u00f3 sentencia el pasado 18 de agosto de 2022 (rad. n.\u00ba 2021-00374), en la que accedi\u00f3 al petitum, relev\u00e1ndolo de la obligaci\u00f3n a partir del 28 de marzo de esa calenda y decretando el levantamiento del embargo del salario y las cesant\u00edas, dispuesto en la causa primigenia. <\/p>\n
2.2. De igual forma, en esa providencia se orden\u00f3 la expedici\u00f3n del formato de pago electr\u00f3nico de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos por alimentos dentro del proceso rad. n.\u00ba 1994-00724, \u00aba partir del auto admisorio de la demanda de exoneraci\u00f3n (\u2026) de fecha marzo 28 de 2022\u00bb, aspecto que, en criterio del gestor, es irregular, comoquiera que, \u00ab[desde] el momento en que Jader Alexander Cruz Valderrama finaliz\u00f3 la preparaci\u00f3n acad\u00e9mica y obtuvo la graduaci\u00f3n como profesional en sociolog\u00eda y artes pl\u00e1sticas y visuales se estructur\u00f3 la extinci\u00f3n, finalizaci\u00f3n y\/o terminaci\u00f3n del deber legal como padre de suministrar alimentos, como bien lo reconoce la Corte al estimar que la demostraci\u00f3n de la edad y la formaci\u00f3n acad\u00e9mica conducen a la cesaci\u00f3n de pleno derecho de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por ello, solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n de los emolumentos, pero, con prove\u00eddo de 8 de noviembre siguiente, el estrado le indic\u00f3 que deber\u00eda estarse a lo resuelto en el precitado fallo, \u00abadvirtiendo que en relaci\u00f3n a (sic) los alimentos constituidos con anterioridad al auto admisorio de la demanda son derechos en favor del alimentario\u00bb; decisi\u00f3n que dej\u00f3 en firme al desatar la reposici\u00f3n interpuesta por el inconforme. <\/p>\n
2.4. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que esos pronunciamientos no tuvieron en cuenta que, en la actualidad, \u00abJader Alexander tiene 31 a\u00f1os de edad cumplidos y es profesional con t\u00edtulo universitario en sociolog\u00eda desde el 12 de enero de 2017 y en artes pl\u00e1sticas y audiovisuales desde el 6 de octubre de 2019, condici\u00f3n avalada en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, que se dejen sin efectos las decisiones confutadas y que, en su lugar, se tenga en cuenta que \u00abel derecho a recibir alimentos por parte de mi hijo por raz\u00f3n de la edad y la formaci\u00f3n acad\u00e9mica ces\u00f3 y\/o se extingui\u00f3 desde el momento que obtuvo graduaci\u00f3n (\u2026), por lo que se deber\u00e1 atender a lo consagrado en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil y la abundante cita jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El despacho querellado relat\u00f3 las gestiones a su cargo y sostuvo que, \u00abmediante auto de fecha noviembre 8 de 2022 se le indic\u00f3 al se\u00f1or Ancizar Cruz Arias que en relaci\u00f3n con las cuotas de alimentos causadas con anterioridad al auto admisorio de la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, corresponden por derecho al alimentario Jader Alexander Cruz Valderrama; salvo que \u00e9ste le autorizara su pago, decisi\u00f3n que fue recurrida por el accionante, recurso resuelto en auto de fecha 12 de abril de 2023 en el que se decidi\u00f3 no reponer el auto en cuesti\u00f3n, sin que a la fecha se encuentre solicitud o tr\u00e1mite pendiente que sea objeto de pronunciamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abno mereci\u00f3 ning\u00fan escrutinio tanto en el tr\u00e1mite que gener\u00f3 el reclamo constitucional como en la decisi\u00f3n que respeto pero que me aparto, el hecho probado certeramente de que el se\u00f1or Jader Alexander Cruz Valderrama fue citado para que ejercitara su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n: en primera oportunidad para agotar el requisito administrativo de procedibilidad respecto de la exoneraci\u00f3n de alimentos; posteriormente para notificar la demanda judicial de exoneraci\u00f3n de alimentos y dentro de este tr\u00e1mite para asistir a la audiencia de conciliaci\u00f3n e interrogatorio de parte; sin embargo, su conducta contumaz jam\u00e1s la justific\u00f3 y las normas procesales generan unos efectos respecto de los fundamentos f\u00e1cticos que soportan las pretensiones que en derecho he presentado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la referencia (rad. n.\u00ba 2021-00374), porque (i) aun cuando la sentencia que defini\u00f3 el asunto fue estimatoria, orden\u00f3 la entrega de dep\u00f3sitos judiciales en favor del actor desde la fecha de admisi\u00f3n del libelo, pese a que la obligaci\u00f3n alimentaria habr\u00eda fenecido desde antes; aunado a que, (ii) en los autos subsiguientes, neg\u00f3 las peticiones que radic\u00f3 respecto de su devoluci\u00f3n, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento principal no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, a trav\u00e9s de la cual exoner\u00f3 al actor del pago de la cuota alimentaria, pero dispuso la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos a partir la fecha de admisi\u00f3n de esa causa \u2013aspecto que suscit\u00f3 la inconformidad\u2013 data del 18 de agosto de 2022; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 9 de mayo de 20231, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los pronunciamientos atacados, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.3. Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. Respecto de los prove\u00eddos de 8 de noviembre de 2022 y 12 de abril de 2023, mediante los cuales el estrado de familia: (i) deneg\u00f3 la solicitud de entrega de dep\u00f3sitos judiciales constituidos con antelaci\u00f3n a la fecha dispuesta en la sentencia y (ii) ratific\u00f3 esa determinaci\u00f3n, respectivamente, la Sala precisa que no es posible colegir la vulneraci\u00f3n endilgada, teniendo en cuenta que, como se vio, en esos autos la autoridad se limit\u00f3 a conminar al gestor a estarse a lo resuelto en el fallo que finaliz\u00f3 la causa \u2013pues, se itera, all\u00ed fue donde se estableci\u00f3 la fecha de estructuraci\u00f3n de la exoneraci\u00f3n alimentaria que aqu\u00ed se cuestiona\u2013, de modo que, en esas condiciones, es forzoso ratificar la improsperidad de la salvaguarda. <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, frente a los dem\u00e1s embates presentados por el libelista, relacionados, grosso modo, con el destino de los emolumentos que no han sido reclamados por el otrora alimentario, se aclara que nada obsta para que, en ejercicio de las prerrogativas que le asisten, acuda al proceso a formular sus espec\u00edficos requerimientos. Sobre el punto, la jurisprudencia ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja es impr\u00f3spera por el criterio de inmediatez que rige esta clase de asuntos. <\/p>\n
5.2. No se evidenci\u00f3 la irregularidad endilgada respecto de los prove\u00eddos que lo conminaron a estarse a lo resuelto en el fallo. <\/p>\n
5.3. Cualquier solicitud adicional puede plantearla ante el juez de la causa, ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, el mismo no est\u00e1 previsto para adelantar gestiones que corresponden al interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con las anotaciones de la Secretar\u00eda del tribunal a quo, que refieren que el asunto se radic\u00f3 \u00abel d\u00eda 09 de mayo de 2023 a las 04:48 pm, constante de dos (02) archivos digitales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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