STC5920-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5920-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02266-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado \u00ab2022-00079-01\u00bb. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira se le \u00abordene inmediatamente aplicar art. 37 Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas (\u2026) se ordene aplicar art. 121 CGP al tutelado y pierda competencia este de la renuente acci\u00f3n popular\u00bb y de otro lado \u00abse ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n informar d\u00eda mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a [su] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, ante la mora judicial en [su] acci\u00f3n popular, por falla en la prestaci\u00f3n del servicio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto, el gestor sostuvo que dentro del referido proceso, la Colegiatura accionada no ha emitido la decisi\u00f3n que resuelva la apelaci\u00f3n de sentencia, pese a contar con 20 d\u00edas para ello, y en casos similares no se concede la protecci\u00f3n bajo el argumento de que ya se admiti\u00f3 la alzada, aunque lo solicitado es que se falle la misma, con lo cual se incumple el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, justific\u00e1ndose el Tribunal en un supuesto exceso de trabajo, mientras que a \u00e9l se le exige acatar los t\u00e9rminos que le corresponden. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que acciona a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor de Pueblo, porque les ha pedido mediante derecho de petici\u00f3n que presenten a su nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, pero no han procedido de conformidad; de otro lado, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira no hace aplicar el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, por lo que requiere le env\u00ede \u00abformato tipo\u00bb para procurar tal cometido. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por intermedio del Magistrado que conoce de la acci\u00f3n popular radicado 660013103004-2022-0079-01, inform\u00f3 que la misma es tramitada por el accionante con coadyuvancia de Cotty Morales Caama\u00f1o contra Construcciones Buen D\u00eda y L\u00f3pez S.A.S. respecto del predio ubicado en la calle 95 No. 18 \u2013 19 de Pereira, la cual se asign\u00f3 por reparto el 16 de mayo de 2023, la apelaci\u00f3n fue admitida el 2 de junio siguiente y est\u00e1 corriendo el traslado para sustentar la alzada, por lo que, asever\u00f3, no es cierto que se presente la tardanza en el tr\u00e1mite alegada por el gestor. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira supuestamente est\u00e1 tardando en tramitar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida en primera instancia, dentro de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado 66001-31-03-004-2022-0079-01. <\/p>\n
3. Bajo el prenotado contexto, del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado se extrae que la alzada arrib\u00f3 a la secretar\u00eda de la Colegiatura accionada el 15 de mayo del presente a\u00f1o, fue admitida el 2 de junio siguiente (y declarado desierto el similar recurso presentado por la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o), y a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela (6 de junio) se encontraba corriendo el t\u00e9rmino para sustentar el recurso. <\/p>\n
Por ende, es claro que no se constata una mora injustificada en el sub examine, en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, es m\u00e1s, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela ni si quiera hab\u00edan transcurrido los veinte (20) d\u00edas desde la radicaci\u00f3n del asunto en la secretar\u00eda de dicha autoridad, que se\u00f1ala el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 como t\u00e9rmino para resolver la inconformidad, aspecto sobre el que esta Magistratura previno: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2026 (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 00549-01; STC10755, 11 ago. 2015, rad. 01287; y STC12572, 17 sep. 2015, rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente, es pac\u00edfico que el amparo por la demora en el acontecer jurisdiccional, s\u00f3lo se abre paso ante situaciones \u00abque sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando (\u2026) obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 00094-01). <\/p>\n
4. As\u00ed, las averiguaciones acopiadas no muestran que se haya excedido el t\u00e9rmino legal para fallar la alzada, o si quiera comportamientos negligentes por cuenta de la autoridad convocada, lo que, per se, descarta la especial\u00edsima intromisi\u00f3n de la justicia ius fundamental. <\/p>\n
Total, en una controversia con alguna simetr\u00eda, esta Sala con respaldo en la doctrina, sostuvo: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional(\u2026) ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada en STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
5. Tampoco resulta procedente que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Puelo, que informen la fecha en que presentar\u00e1n acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en nombre del gestor, por la supuesta tardanza en tramitar la comentada acci\u00f3n popular, pues adem\u00e1s de que la tutela \u00abno es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n\u00bb, el actor, aunque afirm\u00f3 haber elevado petici\u00f3n al respecto ante esas autoridades, no acredita el hecho, por lo cual, debido a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al amparo, debe acudir primero ante las mismas a elevar su solicitud. <\/p>\n
6. Con el mismo argumento no se acceder\u00e1 al reclamo que busca se ordene al Tribunal accionado que se declare sin competencia para seguir conociendo de la acci\u00f3n popular en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y el reparo para que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda procure la aplicaci\u00f3n en ese proceso del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, pues el gestor tampoco acredita haber acudido primero ante esas autoridades a elevar las respectivas solicitudes. <\/p>\n
7. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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