STC5924-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5924-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-02219-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Orlando Rivera Henao contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al delegado del Ministerio P\u00fablico ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 11001600072120130049100 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 29 de marzo de 2019, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Orlando Rivera Henao a 144 meses de prisi\u00f3n e inhabilidad para el ejercicio de funciones p\u00fablicas por 60 meses, como responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, decisi\u00f3n que fue confirmada el 9 de julio de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. El 5 de octubre de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la defensa del condenado, indicando que contra lo decidido proced\u00eda recurso de insistencia. <\/p>\n
2.3. El 2 de diciembre de 2022, la Procuradur\u00eda Primera Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal comunic\u00f3 la decisi\u00f3n de no formular el recurso de insistencia solicitado por el tutelante. <\/p>\n
3. El actor ataca el auto por el cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, pues no es cierto que no hubiera cumplido la carga argumentativa frente a la demostraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como respecto del defecto f\u00e1ctico alegado, en tanto expuso las irregularidades acaecidas en la audiencia preparatoria y en el juicio oral y sostuvo que se tuvo en cuenta el dicho de la menor de edad, desconociendo las contradicciones en sus distintas declaraciones, en especial, en los aspectos de modo y tiempo en que habr\u00edan ocurrido los hechos. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, frente a la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda, no se hizo un ejercicio serio de contradicci\u00f3n por parte de su defensa, se omiti\u00f3 auscultar en los motivos de las distintas versiones de la menor de edad y no se tuvo en cuenta lo informado, sobre que varios familiares de la v\u00edctima indicaron que ella ten\u00eda una tendencia a decir mentiras y a manipular a su abuela. <\/p>\n
4. Con base en lo relatado, el tutelante pretende que se deje sin efectos el auto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, para que se analice nuevamente el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte sostuvo que el tutelante no expuso argumento alguno orientado a demostrar la falla judicial ni la vulneraci\u00f3n de sus derechos, aunado a que, en la providencia atacada, se analizaron todas sus alegaciones. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia proferida. <\/p>\n
3. El Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que, como lo rebatido era el auto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, no era procedente su vinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con el auto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia que lo conden\u00f3 por el delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. En particular, referente al primer cargo propuesto, por violaci\u00f3n del derecho de defensa, destac\u00f3 que este no se pod\u00eda sustentar solo en un disentimiento frente a la gesti\u00f3n de quien fue su apoderado, siendo necesario identificar el evidente desinter\u00e9s o ignorancia en la t\u00e9cnica del sistema y como esa omisi\u00f3n gener\u00f3 el perjuicio alegado, tal como se estableci\u00f3 en la sentencia CSJ SP154-2017. <\/p>\n
No obstante, la Sala advirti\u00f3 que, en el caso concreto, el casacionista admiti\u00f3 que su defensa pidi\u00f3 pruebas e intervino activamente en los interrogatorios, basando su cuestionamiento \u00fanicamente en que no llev\u00f3 la prueba que, en su sentir, era la \u00fanica que pod\u00eda resquebrajar la tesis de la Fiscal\u00eda, argumento que no demostraba una actuaci\u00f3n descuidada o negligente de aqu\u00e9l, m\u00e1xime que, aunque se pretendi\u00f3 criticarlo porque no debati\u00f3 la tesis acusatoria, tambi\u00e9n se reconoci\u00f3 que el profesional del derecho intent\u00f3 acreditar que la menor de edad era fantasiosa y mentirosa, lo cual es un contrasentido. <\/p>\n
A su vez, determin\u00f3 que reprochar su actuaci\u00f3n, porque el temperamento de la v\u00edctima solo pod\u00eda demostrarse con el concepto de psic\u00f3logos o de psiquiatras, era crear una tarifa probatoria que est\u00e1 proscrita en el sistema procesal penal, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que el abogado defensor s\u00ed ejerci\u00f3 su derecho a contrainterrogar a la v\u00edctima y realiz\u00f3 las gestiones para convocar a la psic\u00f3loga Alba Alicia Gonz\u00e1lez Bobadilla, quien compareci\u00f3 el 25 de junio de 2018, pero cuyo testimonio no fue favorable a las expectativas del interesado. <\/p>\n
2.2. Sobre el segundo cargo, precis\u00f3 que era necesario indicar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro del Tribunal y c\u00f3mo, de no haberlo cometido, la determinaci\u00f3n habr\u00eda sido opuesta; sin embargo, en la demanda solo se presentaron alegatos para desaprobar el criterio del fallador, que concluy\u00f3 que las contradicciones u omisiones en las declaraciones de la menor de edad no descansaban en aspectos medulares, en tanto pudo identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos <\/p>\n
3. Al respecto, se evidencia que, en la providencia censurada, la Sala accionada abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que el actor esgrimi\u00f3 en el recurso extraordinario y que reitera en esta instancia constitucional, estableciendo que no eran suficientes para sustentar la demanda de casaci\u00f3n, pues no precis\u00f3 la actuaci\u00f3n negligente de su abogado, siendo, adem\u00e1s, contradictorio en ese aspecto, y no determin\u00f3 el error f\u00e1ctico del Tribunal al valorar las distintas manifestaciones de la v\u00edctima, m\u00e1xime que, seg\u00fan lo dicho por ella, eran claros los aspectos medulares de los hechos denunciados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar; m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que el actor, al no cumplir con la t\u00e9cnica rigorosa que exige la demanda de casaci\u00f3n, desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo para que la sentencia condenatoria pudiera ser revisada por el Superior, de manera que la salvaguarda constitucional es, a su vez, improcedente, frente a los fallos de instancia, porque no se agot\u00f3, en debida forma, el recurso extraordinario que el tutelante tuvo a su alcance. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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