STC5933-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5933-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02305-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Milena L\u00f3pez G\u00f3mez, quien dijo actuar en nombre propio y en defensa de los intereses de Sa\u00fal Bernal Casta\u00f1eda, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el asunto de radicado 62436. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica y petici\u00f3n. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y la informaci\u00f3n allegada se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 21 de septiembre de 2022 se radic\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Sa\u00fal Bernal Casta\u00f1eda en la Sala de Casaci\u00f3n Penal, asunto en el que se design\u00f3 como defensora de confianza a \u00c1ngela Milena L\u00f3pez G\u00f3mez, a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda por auto del 22 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.2. El 27 de enero de 2023, el requerido y su apoderada pidieron el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada y, el 31 de enero, la Sala de Casaci\u00f3n Penal corri\u00f3 traslado al Ministerio P\u00fablico, que rindi\u00f3 concepto el 9 de febrero posterior, y requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Polic\u00eda Nacional y al Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n para que consultaran los antecedentes del reclamado, a lo cual los dos primeros dieron respuesta el 3 y el 9 de febrero. <\/p>\n
2.3. El 10 de abril de 2023, la abogada tutelante solicit\u00f3 resolver la petici\u00f3n de extradici\u00f3n simplificada. <\/p>\n
2.4. El 12 de abril de 2023, el Magistrado Sustanciador se pronunci\u00f3, indicando que el expediente estaba en estudio. <\/p>\n
3. La parte actora censura el tr\u00e1mite surtido por la Sala accionada, porque, pese a que se cumplen los requisitos para la extradici\u00f3n simplificada, la cual debe resolverse en 20 d\u00edas seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, y a que ha solicitado impulso procesal, no se ha definido el asunto ni se ha recibido una respuesta de fondo, lo cual vislumbra una \u00abmora judicial injustificada\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se ordene a la Sala accionada responder sus solicitudes y emitir concepto. <\/p>\n
5. Admitida la tutela, la abogada \u00c1ngela Milena L\u00f3pez G\u00f3mez alleg\u00f3 poder especial otorgado por Sa\u00fal Bernal Casta\u00f1eda, quien, adem\u00e1s, coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n constitucional interpuesta en su nombre, y manifest\u00f3 que, el pasado 14 de junio, la Sala accionada registr\u00f3 proyecto, cuesti\u00f3n que no superaba la omisi\u00f3n planteada, pues con ese tr\u00e1mite no se resolv\u00eda lo solicitado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Vicepresidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que el 14 de junio anterior se registr\u00f3 el proyecto de concepto y que la solicitud del 11 de abril de 2023 fue contestada por auto del 12 de abril siguiente. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que no ten\u00eda competencia para intervenir en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n censurado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales y los Sa\u00fal Bernal Casta\u00f1eda, que considera vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, por no responder de fondo su requerimiento de impulso procesal y por no haber emitido concepto frente a la extradici\u00f3n simplificada solicitada. <\/p>\n
2. De manera preliminar, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto de los derechos de la abogada tutelante, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que, acorde con lo establecido en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Sala ha definido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, esto es, quien tiene la condici\u00f3n de sujeto procesal1, y que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos\u00bb2, de manera que, como la abogada \u00c1ngela Milena L\u00f3pez G\u00f3mez act\u00faa en el tr\u00e1mite censurado como abogada del se\u00f1or Bernal Casta\u00f1eda, no son sus derechos los que se encuentran en disputa en ese asunto y, por tanto, carece de legitimaci\u00f3n en causa para reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas personales. <\/p>\n
3. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo alegado en nombre del se\u00f1or Sa\u00fal Bernal Casta\u00f1eda, seg\u00fan el poder especial allegado a este tr\u00e1mite, referente a la falta de respuesta de fondo frente a lo requerido el 10 de abril, esto es, que se defina la solicitud del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada, resulta pertinente precisar, en primer lugar, que las peticiones que se formulen ante los jueces y magistrados relativas a un proceso judicial \u00abdeben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio (\u2026) [y] que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos\u00bb3; de manera que, como el caso que se analiza est\u00e1 relacionado con un tr\u00e1mite judicial, no es posible exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, por tanto, no se puede reclamar la aplicaci\u00f3n de las reglas del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, el 12 de abril de 2023, el Magistrado sustanciador se pronunci\u00f3 en forma clara sobre lo solicitado el 10 de abril anterior, al indicar que, efectuado el requerimiento de concepto al Ministerio P\u00fablico y de informaci\u00f3n de los antecedentes de la persona pedida en extradici\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Polic\u00eda Nacional, el expediente estaba en estudio para emitir concepto, por lo que no se configur\u00f3 la omisi\u00f3n alegada, en tanto se resolvi\u00f3 lo reclamado, informando el estado del proceso, sin dilaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. Finalmente, sobre la falta de emisi\u00f3n de concepto sobre la extradici\u00f3n simplificada pretendida, se advierte que, los escenarios de mora judicial que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada\u00bb4. <\/p>\n
Para el caso concreto, radicada la solicitud se hicieron los requerimientos pertinentes, se emiti\u00f3 pronunciamiento frente a la solicitud de impulso procesal realizada por la apoderada del reclamado y el 14 de junio se radic\u00f3 proyecto de concepto, por lo que, como lo ha considerado la Sala en asuntos similares, \u00abno se observa decid\u00eda en su diligenciamiento y existen razones objetivas que justifican el agotamiento del correspondiente tr\u00e1mite, ello en garant\u00eda precisamente de las garant\u00edas superiores del ciudadano requerido, lo que no quebranta el debido proceso del accionante\u00bb5. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela de la referencia. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022. <\/p>\n
2\u0002 En similar sentido ver CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
3\u0002 Ver cita en CSJ STC1622-2020 y en CSJ STC5118-2023. <\/p>\n
4\u0002 Ver cita en CSJ STC5633-2021. <\/p>\n
5\u0002 En estos t\u00e9rminos ver CSJ STC2447-2023. <\/p>\n
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