STC5934-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5934-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00183-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 30 de mayo de 2023 por la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de ese departamento; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerado por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abaplicar art 121 CGP y, [por tanto], perder competencia\u2026\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abfallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, reclam\u00f3 que se ordene \u00abal Consejo Superior Judicatura – Consejo Seccional Judicatura en Pereira, Sala Disciplinaria aplicar art 84 ley 472 de 1998\u00bb y, adem\u00e1s, se disponga \u00abla intervenci\u00f3n en derecho de la [Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n]\u2026 y del defensor del pueblo\u2026, a fin [de] que obren en\u2026 esta tutela y\u2026 adem\u00e1s le\u2026 informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1 a [se] nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Central Parking System Colombia SAS, en su condici\u00f3n de \u00abadministrador del estacionamiento del almac\u00e9n Ol\u00edmpica de la ciudad de Pereira\u00bb (radicaci\u00f3n 2022-00148), quien contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.2. Enterados la totalidad de intervinientes, el 25 de mayo de 2023, se adelant\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento y, seguidamente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 7 de junio siguiente, se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada \u00abpese a solicitarle celeridad\u2026, la tutelada siempre desconoce todos los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 y se niega a remitir a quien corresponda para la aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que el reclam\u00f3 constitucional versa sobre \u00abrequerimientos de orden meramente jurisdiccional, de los cuales no tiene competencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda precis\u00f3 que, \u00aben virtud de la acci\u00f3n popular n\u00fam. 2022-00148\u2026, se adelant\u00f3 proceso disciplinario\u2026, a ra\u00edz de queja formulada por\u2026 Mario Alberto Restrepo Zapata, siendo investigado el Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite dentro del cual se profiri\u00f3 auto inhibitorio\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira destac\u00f3 que \u00abel aqu\u00ed accionante y quien funge como actor popular en innumerables acciones populares que se encuentran radicadas en ese despacho judicial, presenta escritos de forma reiterada, insistiendo en solicitudes que ya le han sido resueltas\u00bb; que, adem\u00e1s, \u00absus escritos son confusos y contradictorios, por lo que muchos de ellos le han sido resueltos desfavorablemente de manera motivada por no reunir las exigencias de ley para su procedencia\u00bb, situaci\u00f3n que \u00abgenera congesti\u00f3n e impide el desarrollo normal de los procesos\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que \u00absi bien\u2026 algunas decisiones\u2026 no fueron emitidas dentro del t\u00e9rmino legal, lo cierto es que\u2026 le queda imposible cumplir con dichos t\u00e9rminos, pues es de p\u00fablico conocimiento la gran cantidad de acciones populares que ingresaron por reparto en el a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
4. El municipio de Pereira manifest\u00f3 que, \u00ab\u2026 el mismo accionante es quien ha interpuesto un sin n\u00famero de acciones populares en contra de un sin n\u00famero de establecimientos de comercio, conllevando esto\u2026 una sobrecarga judicial adicional a la que de por s\u00ed, cada despacho del municipio de Pereira tiene por diferentes procesos\u00bb. <\/p>\n
5. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n esgrimi\u00f3, respecto a \u00abla solicitud relacionada con la presentaci\u00f3n de \u201cacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u201d\u00bb, que \u00abcorresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
7. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda resalt\u00f3 que las s\u00faplicas del promotor del resguardo, \u00abse enfocan en medidas judiciales que no le competen al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, pues estas se refieren a tr\u00e1mites y decisiones judiciales que son competencia exclusiva del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira\u00bb, por lo que deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Supertiendas y Droguer\u00edas Ol\u00edmpica SA pidi\u00f3 se \u00abdeclare improcedente\u00bb el amparo, \u00abpor cuanto carece de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que hagan viable su prosperidad, no s\u00f3lo por la inexistente violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno, sino tambi\u00e9n por la improcedencia de la solicitud invocada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abinviable es concluir que [el estrado convocado] viol\u00f3 el debido proceso, dado que media justificaci\u00f3n objetiva de la tardanza\u00bb, toda vez que, \u00absin duda, la carga laboral, aunada a la desmedida presentaci\u00f3n de peticiones [por parte del actor popular], desborda la capacidad de resoluci\u00f3n del estrado mencionado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, respecto a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, precis\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite disciplinario No.2023-00056-00, no se advierte ninguna irregularidad que atente o amenace el derecho fundamental al debido proceso\u00bb; y, adicionalmente, declar\u00f3 \u00abimprocedente la tutela frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, por la evidente inexistencia de los hechos imputados\u00bb, habida cuenta que \u00abel interesado omiti\u00f3 acreditar que reclam\u00f3 ante esas autoridades brindar asesor\u00eda jur\u00eddica y garantizar el debido proceso en la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor exigi\u00f3 \u00ab\u2026 se ampare la mora judicial injustificada y la renuencia judicial de la tutelada, pues la ley 472 de 1998 es claro en ordenar t\u00e9rminos perentorios de tiempo al juzgador, por cierto, siempre incumplidos a saciedad\u00bb. Adem\u00e1s, deprec\u00f3 \u00abse demuestre la supuesta carga laboral que dice en el papel, solo en el papel, sin prueba alguna\u2026\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda tutela y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, enfilados a cuestionar la demora que se ha suscitado en el proceso objeto de cr\u00edtica constitucional, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite al que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del alto c\u00famulo de acciones constitucionales que conoce ese despacho judicial y de las actuaciones que se desprenden de aquellas, muchas de ellas impulsadas por las continuas solicitudes que eleva el quejoso al interior del tr\u00e1mite acusado, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que, el informe que alleg\u00f3 el estrado accionado se entiende rendido bajo la gravedad del juramento (art\u00edculo 19, decreto 2591 de 1991) y, adicionalmente, se encuentra amparado por la presunci\u00f3n de buena fe, consagrada en el art\u00edculo 831 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por lo que se considera prueba suficiente de las justificaciones que esgrimi\u00f3 la sede judicial acusada, m\u00e1s a\u00fan cuando no existe ning\u00fan elemento de juicio que lo desvirt\u00fae. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n debe resaltarse que, de la verificaci\u00f3n del expediente contentivo del juicio criticado, se constata la existencia de multiplicidad de solicitudes elevadas por el actor popular, cuyo tr\u00e1mite tambi\u00e9n retrasa el impulso de dicho asunto. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas actuaciones de los particulares y de las autoridades p\u00fablicas deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir\u00e1 en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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