STC5937-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5937-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 19 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Yuinsa Mayely Pantoja Messa y Nubia Marena Ruiz Murcia contra los Juzgados Cuarto de Familia de esa ciudad y Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad, buena fe, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos todas las actuaciones y providencias proferidas tanto por el juzgado [segundo] promiscuo de Campoalegre\u2026 como por el juzgado [cuarto] de familia de Neiva, desde el\u2026 28 de noviembre del 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yuinsa Mayely Pantoja Messa y Nubia Marena Ruiz Murcia promovieron demanda de sucesi\u00f3n de la causante Bel\u00e9n Murcia, que se declar\u00f3 abierta con providencia del 28 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se orden\u00f3 notificar a \u00abLuis Carlos Ru\u00edz, como heredero conocido, para los efectos procesales de que trata el art\u00edculo 492 del C\u00f3digo General del proceso, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1289 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 6 de octubre de 2021, las demandantes allegaron las diligencias que adelantaron, por medios electr\u00f3nicos, para el enteramiento de Luis Carlos Ruiz, gestiones que desech\u00f3 el a quo con auto del 15 de febrero de 2022, en el que, adicionalmente, orden\u00f3 a la actora que \u00abla notificaci\u00f3n [deb\u00eda realizarse] a la direcci\u00f3n f\u00edsica denunciada en la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n la parte actora formul\u00f3 reposici\u00f3n, que fue desestimada con prove\u00eddo del 26 de abril siguiente. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el dos de mayo de 2022, las demandantes allegaron las comunicaciones que remitieron a la direcci\u00f3n f\u00edsica de Luis Carlos Ruiz, por lo que pidieron tenerlo por \u00abnotificado mediante aviso\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 28 de noviembre de 2022, compareci\u00f3 a las instalaciones del a quo Luis Carlos Ruiz, siendo enterado personalmente del prove\u00eddo que dio apertura al proceso de sucesi\u00f3n, oportunidad en la que el citado heredero manifest\u00f3 aceptar \u00abla herencia con beneficio de inventario\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de amparo de pobreza, \u00abpor no contar con los medios econ\u00f3micos para atender los gastos que demande [el] proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. Posteriormente, mediante providencia del 24 de enero de los corrientes, el juzgado municipal accionado tuvo \u00abcomo no v\u00e1lida la notificaci\u00f3n por aviso aportada por el extremo activo\u00bb, comoquiera que evidenci\u00f3 \u00abla sospecha de que dicho sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional [Luis Carlos Ruiz] realmente no conoc\u00eda, hasta el momento en que acudi\u00f3 al despacho, la existencia de este proceso\u00bb, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 la parte demandante en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desechado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo de 20 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.7. Remitidas las diligencias al superior para surtir la alzada, la declar\u00f3 inadmisible con auto del 15 de marzo pasado. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expresaron las gestoras del resguardo que el juzgado municipal accionado desconoci\u00f3 que Luis Carlos Ruiz fue \u00abnotificado mediante aviso\u2026, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u2026, desde el\u2026 veintisiete\u2026 de abril de\u2026 2022\u00bb, por lo que \u00abel hecho de invalidar, sin sustento alguno, las notificaciones hechas por la parte demandante, influye de manera directa en las resultas del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.9. Tambi\u00e9n resaltaron que, de resultar an\u00f3malo el acto de enteramiento, se estar\u00eda \u00abante un incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u2026, el cual no se ha propuesto\u00bb; y que el prenombrado fallador carece de \u00abcompetencia\u2026 para declarar\u2026 de manera oficiosa una nulidad, la cual solo puede alegarla quien con la irregularidad se ha visto afectado\u00bb, pues \u00abde llegar a existir una nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u2026 la legitimidad para alegarla y proponerla recae de manera directa y exclusiva sobre la persona que se notific\u00f3, pues as\u00ed lo dispone el art.135 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.10. De otro lado, esgrimieron que \u00abel ad quem debi\u00f3 hacer un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo de lo que estaba sucediendo al interior del tr\u00e1mite procesal ante el a quo, de tal manera que hubiere podido evidenciar la flagrante vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb; y que \u00abcon la decisi\u00f3n tomada por [el] ad quem, se ha confirmado de manera tacita, un auto que a su vez invalida y deja nula una actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 en legal forma\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre, tras relacionar las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, manifest\u00f3 que las decisiones cuestionadas \u00abfueron debidamente motivadas y conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla presente acci\u00f3n, no goza de la relevancia constitucional\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 de la lectura del prove\u00eddo denunciado\u2026, se advierte la adopci\u00f3n de medidas asertivas y positivas en favor de un ciudadano que por razones de su avanzada edad -84 a\u00f1os-, requer\u00eda de un trato diferencial que lo equiparara con su contraparte, que promovi\u00f3 la causa a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin que a las mismas pueda atribu\u00edrseles la desproporci\u00f3n, el desmedro ni la irremediable lesi\u00f3n en contra de las garant\u00edas procesales de las accionantes, que haga procedente el reclamo tutelar estudiado, m\u00e1s all\u00e1 de trasladar al escenario constitucional, para reabrir la discusi\u00f3n de aquellas en esta v\u00eda, ante el fracaso de los recursos promovidos con fundamento en aspectos de mera legalidad que ata\u00f1en intr\u00ednsecamente al tr\u00e1mite judicial, lo cual est\u00e1 absolutamente proscrito. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las gestoras del resguardo reiteraron que \u00abno es aceptable bajo ning\u00fan criterio que se invalide al interior de un proceso judicial las notificaciones hechas en legal y debida forma, m\u00e1s a\u00fan cuando\u2026 no se prob\u00f3 un fraude o que la firma de quien se notific\u00f3 hubiese sido alterada o falsificada\u00bb; y que \u00abel juez manifest\u00f3 tener sospechas sobre la efectividad de la notificaci\u00f3n realizada al demandado y, en consecuencia, invalid\u00f3 dos notificaciones y revivi\u00f3 nuevos t\u00e9rminos tambi\u00e9n en dos ocasiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que lo criticado por las recurrentes es que se hubiesen desechado los actos de notificaci\u00f3n que adelant\u00f3 para convocar a Luis Carlos Ruiz a la sucesi\u00f3n objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, sea lo primero precisar que este mecanismo resulta improcedente para atacar el prove\u00eddo que no tuvo en cuenta la notificaci\u00f3n que, por medios electr\u00f3nicos, adelant\u00f3 la demandante en el juicio criticado, toda vez que el reclamo carece del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Ello en la medida en que dicha decisi\u00f3n fue dictada el 15 de febrero de 2022 (ratificada el 26 de abril de esas mismas calendas, al resolverse la reposici\u00f3n que contra ese auto se interpuso), por lo que entre dicha data y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 4 de mayo de 2023, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
4. Ahora bien, en cuanto al prove\u00eddo de 24 de enero pasado, a trav\u00e9s del cual el juzgado municipal accionado tuvo \u00abcomo no v\u00e1lida la notificaci\u00f3n por aviso aportada por el extremo activo\u00bb, mem\u00f3rese que, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
5. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que, contrario a lo que concluy\u00f3 el a quo, la sede judicial enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto invalid\u00f3 las diligencias de enteramiento que adelant\u00f3 la parte demandante para vincular a Luis Carlos Ruiz a la sucesi\u00f3n cuestionada, sin que mediara el procedimiento que para ello contempla el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, ha de resaltarse que la citada codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 135, establece que \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb (negrillas ajenas al texto). De otro lado, el art\u00edculo 137 de esa misma normatividad, consagra que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso el juez ordenar\u00e1 poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 81 del art\u00edculo 133 el auto se le notificar\u00e1 al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los art\u00edculos 291 y 292\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, adelantadas las diligencias de notificaci\u00f3n de una parte, de considerarse que \u00e9stas fueron irregulares, compete a la persona afectada cuestionar su legalidad, a trav\u00e9s de la proposici\u00f3n de la correspondiente nulidad, bien sea que la detecte por s\u00ed misma o porque se le pone en conocimiento por parte del correspondiente juzgador. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica y aplicada al caso de autos, evidencia la Sala que, en el caso sometido al conocimiento del juez constitucional, el heredero Luis Carlos Ruiz compareci\u00f3 a las instalaciones del a quo, con miras a ser notificado del auto de apertura de la sucesi\u00f3n criticada, oportunidad en la que, adem\u00e1s, reclam\u00f3 la concesi\u00f3n de amparo de pobreza y, en consecuencia, la designaci\u00f3n de un profesional del derecho que lo representara en dicho asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el fallador cuestionado consider\u00f3 que las diligencias de notificaci\u00f3n de Luis Carlos Ruiz fueron an\u00f3malas, debi\u00f3 poner en conocimiento del afectado tal situaci\u00f3n, para que, una vez se posesionara el abogado llamado a representarlo, fuera \u00e9l quien reclamara su invalidez (si ese era su deseo), m\u00e1s no dejarlas sin valor de manera oficiosa. <\/p>\n
Y es que, en el cuestionado prove\u00eddo de 24 de enero de 2023, el juzgador accionado se limit\u00f3 a indicar que: <\/p>\n
Teniendo en cuenta la constancia secretarial que antecede, en la que se observa que\u2026 Luis Carlos Ruiz acude a este despacho judicial para notificarse del auto de fecha 28 de septiembre de 2021, por medio del cual se apertur\u00f3 este proceso de sucesi\u00f3n e igualmente manifest\u00f3 que no reside en la direcci\u00f3n a la que la parte demandante le remiti\u00f3 las citaciones para la notificaci\u00f3n del auto admisorio, es como este despacho judicial, ratificando los argumentos expuestos en el prove\u00eddo de fecha 26 de abril de 2022, y evidenci\u00e1ndose la sospecha de que dicho sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional realmente no conoc\u00eda, hasta el momento en que acudi\u00f3 al despacho, la existencia de este proceso, con el fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia de una persona de la tercera edad, se tendr\u00e1 como no v\u00e1lida la notificaci\u00f3n por aviso aportada por el extremo activo. <\/p>\n
Posteriormente, en la providencia del 20 de febrero de 2023, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que se formul\u00f3 contra la determinaci\u00f3n antes citada, agreg\u00f3 el despacho judicial accionado que: <\/p>\n
\u2026 el art\u00edculo 132 ib\u00eddem, faculta al juez para que, agotada cada etapa del proceso, realice control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades y otras irregularidades del proceso. <\/p>\n
En el caso sub judice se observa que, desde el inicio del proceso, la labor de notificaci\u00f3n del auto admisorio a\u2026 Luis Carlos Ruiz ha tenido varios tropiezos, y ha sido necesaria la intervenci\u00f3n judicial, para que, en la medida de lo posible, no se adelante este tr\u00e1mite liquidatario a espaldas de este sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed, mem\u00f3rese que desde un inicio el extremo activo quiso tener por notificado a\u2026 Luis Carlos Ruiz, a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico a la que se refiere la ley 2213 de 2022, y para ello le env\u00edo la citaci\u00f3n a los correos electr\u00f3nicos ruizluiscarlos19@gmail.com y loaizaluiscarlos180@gmail.com. En esa ocasi\u00f3n, mediante auto del 15 de febrero de 2022, el despacho no acept\u00f3 la notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico as\u00ed realizada, y orden\u00f3 que la notificaci\u00f3n del auto admisorio se realizara en la forma prevista en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso. Mediante recurso de reposici\u00f3n, en subsidio de apelaci\u00f3n, el actor insisti\u00f3 en tener por notificado al interesado y en que \u00e9ste hab\u00eda repudiado la herencia por dejar vencer en silencio los t\u00e9rminos del art\u00edculo 492 del C\u00f3digo General del Proceso. Al resolver el recurso, por auto del 26 de abril de 2022, el despacho se mantuvo en lo resuelto, y para garantizar el derecho a la contradicci\u00f3n, defensa y acceso a la justicia de\u2026 Luis Carlos Ruiz, se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n personal y por aviso. <\/p>\n
El apoderado de la parte demandante aport\u00f3 las certificaciones de correo postal, sobre las notificaciones personal (16 de abril de 2022), y por aviso (26 de abril de 2022), a\u2026 Luis Carlos Ruiz, las cuales fueron dirigidas a la direcci\u00f3n carrera 8 #12-110 de Campoalegre (Huila). <\/p>\n
\u2026 Luis Carlos Ruiz, el\u2026 28 de noviembre de 2022, se present\u00f3 personalmente al juzgado, se le enter\u00f3 del presente proceso que no conoc\u00eda, solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de amparo de pobreza para la designaci\u00f3n de abogado de oficio, y manifest\u00f3 que aceptaba la herencia con beneficio de inventario. Como punto esencia indic\u00f3 que su direcci\u00f3n de residencia es la calle 17 # 9-59 del municipio de Campoalegre (Huila). <\/p>\n
Del devenir procesal expuesto, surgen dos conclusiones importantes para resolver el recurso: (i) el af\u00e1n inusitado de la parte demandante de considerar el repudio de la herencia por parte de\u2026 Luis Carlos Ruiz, por haber guardado silencio ante los varios intentos de notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda; y (ii) que aceptar ese aparente repudio, es hacer primar lo formal sobre lo material (lo procesal sobre lo sustantivo), con la nota especial que la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n fue enviada a un sitio en el que no reside el citado. <\/p>\n
Pues bien, solo hay dos alternativas posibles, aceptar que\u2026 Luis Carlos Ruiz, persona de 84 a\u00f1os de edad y sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, fue enterado de esta demanda mediante la notificaci\u00f3n personal y por aviso enviadas a una direcci\u00f3n donde no reside, y por esa misma v\u00eda, sacrificar su derecho a optar por la herencia, despoj\u00e1ndolo de la posibilidad de ser copropietario de un bien inmueble del que podr\u00eda derivar el sustento requerido para su vejez. O segundo, ratificar el control de legalidad realizado en el auto recurrido, por advertirse una irregularidad en la notificaci\u00f3n del interesado, y tenerlo como notificado desde el momento en que realmente se enter\u00f3 del proceso al acudir personalmente al juzgado, suspendiendo los t\u00e9rminos para que un abogado de oficio lo asesore frente a la conducta a seguir en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
La respuesta, siguiendo la l\u00ednea ya desarrollada desde el auto de fecha 26 de abril de 2022, es ratificar ese control de legalidad efectuado, que se acompasa al control constitucional y al control de convencionalidad en virtud de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad. <\/p>\n
Podr\u00edan construirse argumentos tradicionales tendientes a establecer que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, y que en virtud de ello Luis Carlos Ruiz, (no obstante haberse enviado la citaci\u00f3n a una direcci\u00f3n donde no reside) se enter\u00f3 de la demanda, guard\u00f3 silencio y repudi\u00f3 la herencia; y aunque dicha construcci\u00f3n l\u00f3gica pueda llegar a ser ver\u00eddica (no lo es en este caso por las razones ya expuestas), lo cierto es que no supera los requerimientos que la doctrina constitucional, los instrumentos convencionales y la ley 2055 de 2020 exigen para la protecci\u00f3n del adulto mayor, en raz\u00f3n a dos circunstancias elementales: (i) el derecho procesal es la \u00abciencia \u00fatil\u00bb que permite la materializaci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos, no la talanquera para desconocerlos o mancillarlos (ello se traduce en que lo formal no debe primar sobre lo material); y (ii) porque en gracia de discusi\u00f3n, de aceptarse que en efecto el citado recibi\u00f3 las citaciones, a una persona de 84 a\u00f1os de edad, por reglas de la experiencia, le resulta complicado comprender los t\u00e9rminos jur\u00eddicos y las consecuencias de los mismos. El simple silencio, en este excepcional\u00edsimo caso, no debe ser causante de semejante consecuencia como es la de repudiar, acci\u00f3n que frente a ese sujeto de especial protecci\u00f3n debe provenir de una manifestaci\u00f3n de la voluntad realmente exteriorizada (no del simple silencio), y la manifestaci\u00f3n de la voluntad expresa que s\u00ed existe en este proceso, es la de aceptaci\u00f3n de la herencia por parte de\u2026 Luis Carlos Ruiz en la notificaci\u00f3n efectuada por el despacho el d\u00eda 28 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Entonces, evidente es que el juzgador accionado desconoci\u00f3 el procedimiento contemplado en el ordenamiento procesal, para impugnar las diligencias de notificaci\u00f3n adelantadas en un determinado juicio, lo que lleva a predicar que el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales de las demandantes. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
6. Cabe a\u00f1adir que, no desconoce la Sala la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n de Luis Carlos Ruiz, en raz\u00f3n a su avanzada edad y a su aparente discapacidad auditiva. Sin embargo, ello no es suficiente para, con detrimento de las garant\u00edas de los dem\u00e1s intervinientes, desconocer las v\u00edas procesales que contempla el ordenamiento jur\u00eddico para cuestionar la legalidad de las actuaciones surtidas en un tr\u00e1mite judicial, menos aun cuando \u00e9ste consagra otro tipo de herramientas id\u00f3neas para salvaguardar los derechos de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, tales como la concesi\u00f3n de amparo de pobreza, as\u00ed como tambi\u00e9n la designaci\u00f3n de un profesional del derecho que los represente y los asesore, mecanismos que, incluso, ya fueron utilizados en el liquidatorio acusado. <\/p>\n
7. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de las accionantes, por lo que se ordenar\u00e1 al estrado enjuiciado que, tras dejar sin efecto la providencia de 24 de enero de 2023 y toda la actuaci\u00f3n que dependa de esa decisi\u00f3n, proceda a dictar una nueva determinaci\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Yuinsa Mayely Pantoja Messa y Nubia Marena Ruiz Murcia. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la decisi\u00f3n que, en la providencia de 24 de enero de los corrientes (radicaci\u00f3n 41132-40-89-002-2021-00061), tuvo \u00abcomo no v\u00e1lida la notificaci\u00f3n por aviso aportada por el extremo activo\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contados desde la misma data, la mencionada sede judicial dictar\u00e1 una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Rem\u00edtase copia de esta providencia al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La referida causal establece que: \u00abEl proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC5937-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5937-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 19 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74219","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74219","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74219"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74219\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}