STC5948-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5948-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 16 de febrero, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Rodolfo Torres Hurtado contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal), el Juzgado 18\u00b0 Penal Municipal de conocimiento y la Fiscal\u00eda 404 Seccional, todos de Bogot\u00e1, as\u00ed como respecto a Jenny Marsella Pardo Roa, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los periodistas Felipe Arias Londo\u00f1o y Juan Diego Alvira Cort\u00e9s. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abigualdad\u00bb y \u00abhonra\u00bb, presuntamente conculcadas por los entes y ciudadanos requeridos. En concreto, se ordene \u00abreabrir\u00bb el expediente punitivo n.\u00b0 \u00ab2015-04053\u00bb; a los comunicadores sociales, \u00abque ense\u00f1en la realidad [del] caso\u00bb; y a la aducida v\u00edctima Pardo Roa, que comparezca a las audiencias del incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que el Juzgado 18\u00b0 Penal Municipal de conocimiento capitalino lo conden\u00f3, dentro de la causa arriba descrita, a \u00ab300 meses de prisi\u00f3n\u00bb por conducto de fallo de 14 de junio de 2017, por el delito de \u00ablesiones personales dolosas agravadas\u00bb. Pronunciamiento que fue ratificado por el correspondiente Tribunal Superior (Sala Penal) a trav\u00e9s de veredicto de 14 de febrero de 2018, en sede de apelaci\u00f3n del defensor. <\/p>\n
Reproch\u00f3 el tutelante la sanci\u00f3n punible en comento, pues en su sentir el paginario y las resoluciones de los dispensadores de justicia fueron producto de \u00abuna TOTAL MENTIRA\u00bb y enga\u00f1o de cuenta de todos los all\u00ed part\u00edcipes, m\u00e1xime cuando la pretensa v\u00edctima Jenny Marsella Pardo Roa nunca afront\u00f3 lesiones ni incapacidad como con error lo certificara Medicina Legal. Tambi\u00e9n, que los periodistas Arias Londo\u00f1o y Alvira Cort\u00e9s, de RCN y Caracol televisi\u00f3n, respectivamente, divulgaran noticias ap\u00f3crifas con base en la versi\u00f3n de la supuesta agraviada y, adem\u00e1s, que el despacho de cognici\u00f3n no ha impartido cierre al cuaderno de reparaci\u00f3n integral, pese a la omisi\u00f3n de Pardo Roa en impulsarlo y continuarlo. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. En parecida orientaci\u00f3n hicieron manifestaci\u00f3n el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscal\u00eda Coordinadora \u00abCAPIV\u00bb. RCN y Caracol -ambos Televisi\u00f3n S.A.- se mostraron asimismo -y por aparte- en disfavor de la prosperidad de la s\u00faplica, por inviable. El Juzgado 13\u00b0 Penal Municipal de garant\u00edas y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, el Centro de Ejecuci\u00f3n de La Dorada (Caldas) y la Secretar\u00eda Distrital de Salud, esgrimieron por separado que los ataques les son extra\u00f1os. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, toda vez que la resoluci\u00f3n de alzada en disenso no fue rebatida en casaci\u00f3n por el ac\u00e1 gestor y data de hace \u00abm\u00e1s de 4 a\u00f1os\u00bb; \u00e9l dej\u00f3 de \u00abperfeccionar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb de cara al incidente de reparaci\u00f3n integral, el cual, al margen, est\u00e1 en curso; y a su alcance se encontrar\u00eda \u00absolicitar la rectificaci\u00f3n\u00bb ante los medios comunicativos y periodistas involucrados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 el convocante, sin dilucidar razones de discrepancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de incoar siempre que sean trasgredidos o permanezcan en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en trat\u00e1ndose del desempe\u00f1o de los jueces, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Refulge, de un costado, la vocaci\u00f3n de improsperidad del acudimiento de marras, pero acorde con lo preconizado en el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991, en tanto que esta Sala de Casaci\u00f3n ya tuvo la ocasi\u00f3n de pronunciarse, mediante veredicto CSJ STC7203-2018, 5 jun., rad. 00750-012, en torno a la problem\u00e1tica ahora tra\u00edda contra los sucesos y determinaciones de condena, en la causa penal seguida contra el quejoso. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia acabada de referenciar, la s\u00faplica iusfundamental all\u00ed deprecada por el promotor de la presente (y contra los mismos tribunal, juzgado y fiscal\u00eda), en lo relevante se centr\u00f3, como en el sub examine, en enrostrar presuntas irregularidades perpetradas al interior del paginario punitivo, sin miramiento de las falsedades de la v\u00edctima. Fallo adverso, en segundo grado, al descrito ruego de auxilio, con apego en que: <\/p>\n
(\u2026)Se duele Jos\u00e9 Rodolfo Torres Hurtado, porque en el juicio criminal bajo estudio, fue condenado por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal de Bogot\u00e1 a la pena de 300 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u201clesiones personales dolosas\u201d, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior de esta capital en providencia de 14 de febrero de 2018. <\/p>\n
\u2026Se advierte el fracaso de la salvaguarda, teniendo en cuenta que el quejoso no utiliz\u00f3 el instrumento id\u00f3neo a su alcance para debatir las censuras endilgadas en el presente ruego. <\/p>\n
En efecto, el gestor pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida por la corporaci\u00f3n querellada(\u2026); empero no lo hizo, descuido que le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria\u2026 <\/p>\n
Se trata, entonces, de una querella tutelar reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que algunas leves diferencias entre el inicial ruego y el presente \u2013la ampliaci\u00f3n del n\u00famero de accionados y de las censuras inherentes al expediente penal antes auscultado\u2013 tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, supuesto sobre el que con \u00e9nfasis ha dejado dicho esta Magistratura que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo (sic) ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto)\u2026 (Resaltado ajeno. CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
Por ende, la inconformidad y los presupuestos f\u00e1cticos aglutinados en el caso que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (en lo ata\u00f1edero a las decisiones de condena punitiva) son similares a los del reclamo negado en pret\u00e9rita oportunidad, lo que indefectiblemente evidencia que el juez constitucional ya dict\u00f3 un pronunciamiento frente a esa situaci\u00f3n. De donde forzosamente debe concluirse la improcedencia del presente pedimento iusfundamental, conforme a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 38 del decreto reglamentario de la tutela. <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas\u2026 (STC10685-2016, 4 ag., rad. 00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 00362-01). <\/p>\n
Resulta inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de amparo, de all\u00ed que seg\u00fan el canon 38 del decreto 2591 de 1991, tal conducta acarrea como natural consecuencia que se desate de modo desfavorable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y en lo relacionado con los restantes reproches tambi\u00e9n fluye inconducente la controversia tutelar de marras, en tanto que bien puede el ac\u00e1 pretensor solicitar en forma directa ante los periodistas encartados -o los medios de comunicaci\u00f3n a los que estos supuestamente est\u00e1n adscritos- derecho de rectificaci\u00f3n, de apreciar que las informaciones de que se duele son falaces. Igualmente, es de acotar que el incidente de reparaci\u00f3n integral que por esta senda ha pedido clausurar, aparece cerrado desde el 6 de septiembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo atr\u00e1s consignado conlleva, sin m\u00e1s, a reafirmar el dictamen de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo fue enviado a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, para tales fines, el 31\/05\/2023, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Excluido de la eventual revisi\u00f3n, por la Corte Constitucional. <\/p>\n
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