STC5950-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5950-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02084-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Gonz\u00e1lez M\u00e1rquez, en calidad de defensor regional del pueblo de Santander y en favor de Irenarco Torres Cala, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (Territorial Bucaramanga-Magdalena Medio), extensiva al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras. Al tr\u00e1mite fueron integrados los part\u00edcipes e intervinientes en el asunto que suscita la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 el pronto respeto de las prerrogativas esenciales de su prohijado al debido proceso, \u00abDIGNIDAD HUMANA, \u2026ESPECIAL AMPARO (SEGUNDO OCUPANTE), \u2026M\u00cdNIMO VITAL, VIVIENDA DIGNA\u00bb y principios de \u00abPINHEIRO\u00bb y \u00abDE ACCI\u00d3N SIN DA\u00d1O\u00bb, presuntamente conculcadas por las c\u00e9lulas jurisdiccionales y gubernamental requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, \u00abse DECLARE LA NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA\u00bb realizada, en aras de que fluya efectivo acatamiento a lo resuelto -frente a \u00e9l- dentro del expediente de restituci\u00f3n de tierras n.\u00b0 \u00ab2018-00090\u00bb, as\u00ed como \u00abuna DISCULPA P\u00daBLICA\u00bb merced al deber incumplido. <\/p>\n
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2. Como sustento, el tutelante sostuvo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, dispuso, a trav\u00e9s de sentencia de 1\u00b0 de diciembre de 2022 proferida en el paginario arriba descrito, acceder a la solicitud restitutiva de los herederos de los difuntos Rosendo Jim\u00e9nez Rivera y Bernarda Monsalve de Jim\u00e9nez y, asimismo \u00abRECONOCERLE, no obstante, la calidad de \u201csegundo ocupante\u201d\u00bb a Irenarco Torres Cala, en condici\u00f3n de opositor; por ende, hubo de conminar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a que le titulara y otorgara \u00abnuevo inmueble\u00bb como contraprestaci\u00f3n a la prosperidad de la restituci\u00f3n frente al predio rural \u201cRinc\u00f3n Santo\u201d, materia de la contienda, cuya entrega fue encargada al Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia, por virtud de despacho comisorio. <\/p>\n
Adujo que el referido juzgado, tras vanas peticiones de suspensi\u00f3n del defensor p\u00fablico -con coadyuvancia de la Procuradur\u00eda Delegada- e inconvenientes varios, llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega del bien ra\u00edz, el 23 de febrero de la anualidad que transcurre. <\/p>\n
Critic\u00f3, en estricto compendio, la realizaci\u00f3n de esa cita p\u00fablica sin previo enteramiento a su protegido Torres Cala, pues am\u00e9n de albergar un motivo de invalidez en perjuicio de este \u00faltimo lo cierto es que tal audiencia no pod\u00eda consolidarse -ni mucho menos entregarse el predio- toda vez que estaba condicionada a la daci\u00f3n, por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (Territorial Bucaramanga-Magdalena Medio), de otro inmueble al opositor en comento. Luego, como no se ha cumplido el \u00abnumeral d\u00e9cimo tercero\u00bb del fallo en torno a tal punto -el otorgamiento del nuevo fundo-, no era dable proseguir con la labor en comisi\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, a modo de censura, que el desacato al veredicto, en lo tocante a los intereses de su representado en sede de amparo, agravia en seriedad los derechos de \u00e9l, con m\u00e1s veras ante el \u00abdesalojo\u00bb que trajo consigo la diligencia de entrega, imposible de rebatir conforme al art\u00edculo 100, inc. 2\u00b0, de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 el rito correspondiente a la s\u00faplica supralegal de marras. Libr\u00f3 los oficios de rigor. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal memor\u00f3 lo sucedido, facilit\u00f3 ingreso a las diligencias en disenso y se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n, con m\u00e1s raz\u00f3n si ha emitido repetidos llamamientos a fin de que se cumpla completamente la sentencia de restituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Primera Judicial II Delegada expuso respaldar los basamentos y pretensiones de la demanda tutelar. <\/p>\n
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3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas divulg\u00f3, en s\u00edntesis, hallarse en etapa de acatamiento al fallo, tanto as\u00ed que logr\u00f3 contactar a Irenarco Torres Cala el d\u00eda 8 del mes y a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra, por pertinencia de su prove\u00eddo. <\/p>\n
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5. El estrado Primero Civil Especializado de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) enunciaron, por aparte, que las censuras les son extra\u00f1as. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son trasgredidos o amenazados por las autoridades p\u00fablicas y los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir los escenarios comunes de ayuda. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en trat\u00e1ndose del desempe\u00f1o de los jueces -en el entendido de que el reproche sub lite tambi\u00e9n se extiende al Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia-, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Total que cuando el funcionario jurisdiccional habilitado caiga en una actuaci\u00f3n abiertamente contraria, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo en caso de que el afectado no disponga de otro implemento de auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, en este nivel se ha manifestado que, <\/p>\n
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\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269-2015). <\/p>\n
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En ese contexto, se ha avalado que cuando el juzgador natural se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de otearse un defecto sustantivo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
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2. Delanteramente es del caso dar por v\u00e1lido el acudimiento del defensor del pueblo regional de Santander en favor de Irenarco Torres Cala, a voces de los c\u00e1nones 10\u00b0 y 46 del decreto 2591 de 1991, en concordancia con el decreto 025 de 2014 (funcionamiento y organizaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo), si de relieve se pone que a la luz de las normas del primer reglamento en alusi\u00f3n tienen legitimaci\u00f3n para incoar acciones de tutela, entre otros, \u00abel Defensor del Pueblo\u00bb, claro, \u00aben nombre de cualquier persona que se lo solicite o que este en situaci\u00f3n de desamparo e indefensi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pues bien. Cierto es que los ataques ahora blandidos se supeditan principalmente a inferir un incumplimiento de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (Territorial Bucaramanga-Magdalena Medio), respecto de la orden del fallo del Tribunal Superior de C\u00facuta de 1\u00b0 de diciembre de 2022, tendiente a consolidar el otorgamiento de \u00abnuevo inmueble\u00bb en cabeza del se\u00f1or Torres Cala, como consecuencia de la calidad de \u00absegundo ocupante\u00bb que le fue conferida. <\/p>\n
Sentencia tal en la que, en lo de importancia se exigi\u00f3: <\/p>\n
\u2026D\u00c9CIMO TERCERO. Como medida de atenci\u00f3n a favor del \u201csegundo ocupante\u201d\u2026, se dispone ORDENAR al Director de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y con cargo a los recursos del Fondo de esa misma entidad, titule y entregue, un nuevo inmueble\u2026 (Subrayas ajenas). <\/p>\n
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2. As\u00ed, es de anunciar que la reclamaci\u00f3n debe salir avante, al refulgir latente e injustificada la dilaci\u00f3n de la descrita Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en prodigar obedecimiento al veredicto restitutivo, en lo que concierne al opositor, con m\u00e1s veras si aun cuando el Tribunal le hizo llamamientos en autos de 21 de marzo y 30 de mayo pasado, para que le informara sobre el punto, dicha Unidad despleg\u00f3 reporte de las gestiones realizadas en torno a la orden de proyectos productivos hacia los solicitantes, pero no rindi\u00f3 informaci\u00f3n acerca de la medida dispuesta con relaci\u00f3n al segundo ocupante. Situaci\u00f3n que no puede pasar desapercibida para la Corte, si de relieve se pone el paso de los meses desde el proferimiento de la decisi\u00f3n a cumplir y, rec\u00e1lquese, la ausencia de reales muestras de acatamiento a la directriz jurisdiccional invocada por el defensor del pueblo seccional. <\/p>\n
De manera que como acaece palpable la demora enrostrada a la Unidad de Restituci\u00f3n, misma que no justific\u00f3 con suficiencia al descorrer traslado de la querella de amparo, se impone conferir la s\u00faplica en cuesti\u00f3n, toda vez que tampoco es de acogida el hecho de que s\u00f3lo hasta el d\u00eda 8 del presente mes y a\u00f1o lograra entablar comunicaci\u00f3n con el se\u00f1or Torres Cala. Al margen de eso, la Unidad mucho menos arguy\u00f3 si quiera alguna circunstancia excepcional que le impidiera obedecer con la sentencia de 1\u00b0 de diciembre de 2022, m\u00e1s all\u00e1 de la supuesta dificultad de ubicar al opositor. <\/p>\n
Total, en casos como el sub examine, esta Sala ha prevenido que la apertura de la tutela es factible frente a dilaciones que adolecen de explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando (\u2026) obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00. STC4573-2022). <\/p>\n
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1. Vislumbrada, entonces, la postergaci\u00f3n venida de detallar, tambi\u00e9n se conminar\u00e1 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras para que, m\u00e1s all\u00e1 de los requerimientos hechos al interior del juicio analizado, vele de modo permanente por el acatamiento integral de su providencia -tanto de cara al opositor como en lo concerniente a los solicitantes de la restituci\u00f3n-, adoptando las medidas necesarias que la normativa le asigna para el efecto, con m\u00e1s soporte si su competencia, a la luz del art\u00edculo 102 de la ley 1448 de 2011, se mantiene incluso despu\u00e9s del correspondiente fallo. <\/p>\n
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2. Lo consignado conlleva, ergo, a abrir paso a la salvaguarda del ep\u00edgrafe, por la injustificable tardanza constatada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado en favor de Irenarco Torres Cala y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas que, en un lapso no mayor a treinta (30) d\u00edas, contado a partir de su enteramiento, adelante las gestiones que encuentre pertinentes en aras del cumplimiento a la sentencia proferida el 1\u00b0 de diciembre de 2022, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, dentro del juicio n.\u00b0 \u00ab2018-00090\u00bb, en lo que respecta al se\u00f1or Torres Cala. <\/p>\n
Segundo. Advertir al aludido Tribunal que deber\u00e1 vigilar el acatamiento anteriormente ordenado, adoptando las medidas necesarias para el efecto. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Oportunamente, rem\u00edtanse las foliaturas a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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