STC5953-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5953-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2023-10036-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 16 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Dairo Enrique Melendrez Venera instaur\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes reconocidos en el proceso especial de restituci\u00f3n de tierras 2016-00013. <\/p>\n
1. El demandante, actuando en su propio nombre, reclam\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, m\u00ednimo vital y a la restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que mediante fallo de 19 de diciembre de 2018 la autoridad judicial querellada dispuso la restituci\u00f3n, a su favor y de su c\u00f3nyuge Nidian Judith Osorio Ter\u00e1n, del predio denominado Parcela No. 8 Pozo Grande, ubicado en la vereda Aguadulce del municipio de El Carmen de Bol\u00edvar, la cual a la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo no ha sido acatada pues \u00abse ha supeditado de manera irregular\u2026 a los intereses del segundo ocupante por encima inclusive de [sus] derechos fundamentales y de [su] n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, que se ordene a las accionadas \u00abque cese la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb y que, como consecuencia de ello, \u00abse d\u00e9 cumplimiento a la sentencia\u00bb en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del juzgado querellado dio cuenta de las actuaciones adelantadas a efectos de materializar las ordenes impartidas en el fallo de restituci\u00f3n sin desconocer los derechos que le asisten tanto al ac\u00e1 gestor, como a la persona reconocida como segundo ocupante a quien la UAEGRTD debe \u00abreconocer y otorgar como medida definitiva\u2026 la entrega de un inmueble equivalente al restituido\u2026 as\u00ed como la inclusi\u00f3n por una sola vez en el programa de subsidio para la adecuaci\u00f3n de tierras, asistencia t\u00e9cnica y agr\u00edcola, proyecto productivo, entre otras \u00f3rdenes\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la demora para cumplir a cabalidad la orden de restituci\u00f3n ha obedecido, b\u00e1sicamente, a que el segundo ocupante, Jaime Angulo Mej\u00eda, no acept\u00f3 los ofrecimientos hechos por la unidad, a trav\u00e9s del grupo COJAI1, en torno a algunos predios o a la compensaci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el referido ciudadano present\u00f3 a la autoridad administrativa una propuesta para la adquisici\u00f3n de un inmueble, junto con el reconocimiento de subsidio para construcci\u00f3n de vivienda y proyecto productivo, pero que tal compra no ha sido concretada. <\/p>\n
En curso de esta instancia, la aludida funcionaria rindi\u00f3 informe sobre los avances que ha tenido la actuaci\u00f3n, resaltando que se dio apertura a un incidente por desacato contra el referido grupo COJAI, dentro del cual, en audiencia del pasado 23 de mayo se le otorg\u00f3 un plazo improrrogable de seis meses para \u00abla compra de un predio\u00bb, ya fuera el sugerido por el segundo ocupante u otro \u00abque cumpl[iera] con todos los requisitos\u00bb para tenerlo como medida resarcitoria. <\/p>\n
Advirti\u00f3 tambi\u00e9n, que en dicha vista p\u00fablica se acord\u00f3 que el ocupante restituir\u00eda de forma voluntaria la finca al afectado conservando, en arriendo2, una extensi\u00f3n de dos hect\u00e1reas en las que podr\u00eda continuar residiendo hasta por el t\u00e9rmino indicado en el p\u00e1rrafo precedente o antes en caso de concretarse la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La directora jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD pidi\u00f3 desestimar el ruego por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que \u00abel accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para obtener la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados; es as\u00ed, como pueden ejercitarlos ante\u2026 el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado\u00bb, al amparo del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 91 y del canon 102 de la Ley 1448 de 2011 o Ley de V\u00edctimas. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que en el presente asunto \u00abse configura la excepci\u00f3n denominada inexistencia del hecho vulnerador\u00bb habida consideraci\u00f3n que \u00abdentro del tr\u00e1mite\u2026 se han adelantado todas las gestiones administrativas pertinentes para lograr el cumplimiento de [las] ordenes\u00bb impartidas en el fallo de 19 de diciembre de 2018. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aleg\u00f3 una supuesta \u00abfalta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u00bb en tanto que, esa unidad administrativa \u00abcarece de idoneidad\u00bb para pronunciarse en torno a las actuaciones del despacho cognoscente, ni es \u00abcompetente para revocar o dejar sin efectos o modificar las \u00f3rdenes y actuaciones judiciales\u00bb <\/p>\n
3. La defensora p\u00fablica de Jaime Alfonso Angulo Mej\u00eda, reconocido en el proceso especial de restituci\u00f3n como segundo ocupante, luego de detallar su actividad procesal en procura de la defensa de los derechos de este ciudadano, pidi\u00f3 \u00abordenar a la Unidad\u2026 a trav\u00e9s del Grupo Fondo la materializaci\u00f3n de las medidas definitivas\u00bb de compensaci\u00f3n dispuestas en el fallo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena concedi\u00f3 la salvaguarda ordenando a la c\u00e9lula judicial cognoscente que, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 30 d\u00edas \u00abadelante todas las diligencias pertinentes y materialice la sentencia proferida\u2026 a favor de la parte actora\u00bb sin dejar de lado los derechos que le asisten al segundo ocupante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que independientemente de \u00ablas dificultades presentadas dentro de los procesos de restituci\u00f3n\u00bb y de las circunstancias especiales que rodearon el caso particular, ha transcurrido un tiempo considerable desde la emisi\u00f3n del fallo de restituci\u00f3n, sin que la situaci\u00f3n del gestor se hubiere normalizado, al tiempo que consider\u00f3 que las actuaciones desplegadas por el despacho encartado resultan insuficientes de cara a conjurar la tardanza evidenciada. <\/p>\n
Record\u00f3 que la restituci\u00f3n del predio no depende del cumplimiento de las medidas ordenadas a favor del ocupante, m\u00e1xime cuando a este se le han ofrecido diversas alternativas de resarcimiento; adem\u00e1s, advirti\u00f3 que de conformidad con la legislaci\u00f3n aplicable la funcionaria de judicial conserva \u00abla competencia\u2026 [para] decretar medidas transitorias a favor del ocupante\u2026 para que, una vez se realice la entrega material\u2026 y hasta tanto no se materialicen las medidas otorgadas a su favor, se le garanticen sus derechos tales con el m\u00ednimo vital y la vivienda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la defensora p\u00fablica del segundo ocupante, Jaime Alfonso Angulo Mej\u00eda, con el objeto de que se se\u00f1ale un plazo a fin de que el grupo COAJI \u00abculmine los tr\u00e1mites administrativos\u00bb del caso para la adquisici\u00f3n del predio sugerido por su representado. <\/p>\n
En sustento de tal postulaci\u00f3n, advirti\u00f3 que, pese a que el bien que se pretende como medida resarcitoria para el segundo ocupante se encuentra disponible, la UAEGRTD, a trav\u00e9s de la dependencia encargada de la compra, no ha adelantado gesti\u00f3n alguna para llevar a buen t\u00e9rmino la negociaci\u00f3n, aun cuando el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi ya realiz\u00f3 el desenglobe y \u00abla fecha de hoy se encuentra a paz y salvo con el impuesto predial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita a los motivos de disenso, la Corte determinar\u00e1 si fue acertado que el Tribunal Superior de Cartagena amparara los derechos fundamentales de Dairo Enrique Melendrez Venera, conculcados en el proceso de restituci\u00f3n de tierras 2016-00013 donde es demandante, al ordenar el cumplimiento de la sentencia de 19 de diciembre de 2018 en un plazo de 30 d\u00edas, aparentemente sin tener en cuenta la situaci\u00f3n particular del segundo ocupante reconocido, Jaime Alfonso Angulo Mej\u00eda, quien en la actualidad se encuentra ocupando el predio a restituir y no ha recibido las medidas de atenci\u00f3n reconocidas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. De la tutela judicial efectiva <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional defini\u00f3 dicha prerrogativa como \u00abla posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes\u00bb (CC C-279\/13). <\/p>\n
Luego, frente al deber que recae en los jueces para hacer cumplir sus providencias como punto culminante de la materializaci\u00f3n del derecho al acceso de la administraci\u00f3n de justicia, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cumplir con las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. El derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones, a saber: (i) la obligaci\u00f3n de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de protecci\u00f3n del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de realizaci\u00f3n del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce\u201d. <\/p>\n
(\u2026) El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia para plantear un problema jur\u00eddico, ni en su resoluci\u00f3n, sino que implica, tambi\u00e9n, que \u201cse cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados\u201d. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado, de manera excepcional, por medio de la acci\u00f3n de tutela, \u201cbajo el entendido de que la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s de expresarse en el respeto a las garant\u00edas establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jur\u00eddico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que est\u00e1 destinada. <\/p>\n
(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026)\u00bb (CC C-367\/14). <\/p>\n
Por su parte, esta Corporaci\u00f3n, sobre la referida garant\u00eda, sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La tutela judicial no es una simple declaraci\u00f3n formal, al Juez, como director del proceso y garante de la ley y de la Constituci\u00f3n, para la consolidaci\u00f3n del derecho material, le compete velar por el acatamiento real de la sentencia y controlar las tentativas del fraude a la resoluci\u00f3n judicial impartida, por cuanto, de nada sirve el reconocimiento de un derecho, si el funcionario no impuls\u00f3 su ejecuci\u00f3n o no se compromete con el cumplimiento de la respectiva decisi\u00f3n, cuando se halla ejecutoriada o en firme, o cuando mediada por el efecto devolutivo es llamada a obedecerla (\u2026)\u00bb. (CSJ, STC, rad. 2016-308; reiterada en STC16106-2018, 7 dic. 2018, rad. 00031-01). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En el presente asunto se tiene que, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar se adelant\u00f3 el proceso de dicha naturaleza, promovido a favor de Dairo Enrique Melendrez Venera y su c\u00f3nyuge Nidian Judith Osorio Ter\u00e1n, dentro del cual, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2018 se dispuso la restituci\u00f3n material del predio denominado Parcela No. 8 Pozo Grande ubicado en la vereda Aguadulce de la referida municipalidad. <\/p>\n
En ese asunto fue reconocido Jaime Alfonso Angulo Mej\u00eda como segundo ocupante, a favor de quien se libraron \u00f3rdenes de protecci\u00f3n y resarcimiento consistentes en la adjudicaci\u00f3n de una finca de similares caracter\u00edsticas a la restituida, la asignaci\u00f3n de un subsidio de vivienda y la inclusi\u00f3n en un proyecto productivo que le permita continuar con su actividad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Da cuenta el material probatorio recaudado que, pese a que el fallo de restituci\u00f3n data de hace algo m\u00e1s de 4 a\u00f1os, a la fecha no se ha logrado su materializaci\u00f3n, en parte porque el ocupante secundario no acept\u00f3 las propuestas presentadas por la UAEGRTD, a trav\u00e9s del grupo COAJI, las que incluyeron el ofrecimiento de dos predios o la compensaci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
No obstante, en el a\u00f1o 2021 Angulo Mej\u00eda sugiri\u00f3 a la unidad administrativa se estudiara la viabilidad de adquirir el predio denominado El Burichano, ubicado en la misma municipalidad, sin que a la fecha se hubiera logrado llevar a buen t\u00e9rmino tal negociaci\u00f3n, pese a los reiterados requerimientos efectuados por el juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Como consecuencia de dicha tardanza, el despacho judicial dio apertura a un incidente por desacato contra funcionarios del COAJI; tr\u00e1mite dentro del cual, en audiencia del pasado 23 de mayo, se les otorg\u00f3 un plazo improrrogable de seis meses para \u00abla compra de un predio\u00bb, ya fuera el sugerido por el segundo ocupante u otro \u00abque cumpl[iera] con todos los requisitos\u00bb para tenerlo como medida resarcitoria. <\/p>\n
En dicha diligencia, que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del agente del Ministerio P\u00fablico, las partes tambi\u00e9n acordaron, de forma libre e informada, que el ocupante restituir\u00eda voluntariamente el bien al afectado conservando temporalmente una extensi\u00f3n de dos hect\u00e1reas, en las que podr\u00eda continuar residiendo hasta por el t\u00e9rmino arriba se\u00f1alado o antes, en caso de concretarse la compra. <\/p>\n
Del anterior recuento se desprende que, en efecto, el derecho que tiene Dairo Enrique Melendrez Venera a que la decisi\u00f3n judicial proferida a su favor sea cumplida de forma expedita, se ha visto seriamente afectado, pues a la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo no le ha sido entregado materialmente el bien, de all\u00ed que hubiere sido acertado el auxilio dispensado por el tribunal a quo, dado que no es posible que una situaci\u00f3n particular, como la que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, permanezca en indefinici\u00f3n con menoscabo de otras garant\u00edas esenciales como el m\u00ednimo vital y vivienda digna del ciudadano que acude a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sin embargo, no puede desconocerse que, por virtud de la procedencia del resguardo, se gener\u00f3 una tensi\u00f3n entre las prerrogativas del actor con otras de igual estirpe en cabeza del se\u00f1or Angulo Mej\u00eda quien, por efecto del acatamiento de la orden constitucional, se ver\u00e1 en la obligaci\u00f3n de abandonar la heredad que hasta el momento ocupa y explota. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la Sala estima oportuno impartir confirmaci\u00f3n a la sentencia impugnada, pero disponiendo que el plazo con que cuentan las autoridades querelladas (enti\u00e9ndase Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de El Carmen de Bol\u00edvar y UAEGRTD \u2013 grupo COAJI) para materializar definitivamente la sentencia de 19 de diciembre de 2018, es el establecido en la diligencia del pasado 23 de mayo, es decir, el de seis meses, el cual debe contarse a partir de dicha data. <\/p>\n
Para la Corte, la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino otorgado por el tribunal de primera instancia (30 d\u00edas), en manera alguna trastoca el amparo otorgado a Melendrez Venera, en tanto que el predio le ser\u00e1 restituido de forma voluntaria, seg\u00fan lo acordado en la audiencia recientemente evacuada ante el despacho cognoscente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, habi\u00e9ndose verificado la lesi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de Dairo Enrique Melendrez Venera, desde sus facetas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva, fue acertado que el Tribunal Superior de Cartagena los amparara. <\/p>\n
Sin embargo, con miras a evitar el quebrantamiento de las garant\u00edas esenciales de Jaime Alfonso Angulo Mej\u00eda, se modificar\u00e1 la orden impartida en primera instancia en el sentido de ampliar el plazo dentro del cual las autoridades involucradas deben finiquitar el cumplimiento de la sentencia de 19 de diciembre de 2018. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR el primer inciso del ordinal segundo del prove\u00eddo impugnado, para en su lugar disponer que tanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar como el grupo COAJI de la UAEGRTD cuentan con el t\u00e9rmino de seis meses, contados a partir del 23 de mayo de 2023, para lograr la materializaci\u00f3n de las ordenes impartidas en la sentencia de restituci\u00f3n de proferida el 19 de diciembre de 2018. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo dem\u00e1s el fallo emanado del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
TERCERO: A trav\u00e9s de la secretar\u00eda de esta Sala, COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional. <\/p>\n
2\u0002 Cuyo costo ser\u00eda asumido por la UAEGRTD <\/p>\n
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STC5953-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5953-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2023-10036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}