STC5954-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5954-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00494-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Alfonso Hern\u00e1ndez Murillo contra el Juzgado Veintisiete de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el liquidatorio n\u00ba 2021-00133. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que promovi\u00f3 en su contra Yolanda S\u00e1nchez Marchena, el cual se adelanta ante el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, en la audiencia de inventarios realizada el 20 de septiembre de 2021, su contraparte relacion\u00f3 como activo un inmueble, un veh\u00edculo, y una \u00abrecompensa\u00bb por concepto de \u00abventa del porcentaje\u00bb de un predio, la cual avalu\u00f3 en $55.000.000, la cual se excluy\u00f3 al establecerse que la transferencia de dominio \u00abse realiz\u00f3 en vigencia de [la] sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Que tras surtirse sin \u00e9xito la objeci\u00f3n que impetrara respecto de una de las partidas del pasivo, el juzgado aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos y decret\u00f3 la partici\u00f3n, en raz\u00f3n a lo cual el auxiliar de la justicia designado procedi\u00f3 a elaborar el trabajo partitivo, empero, \u00abincluy\u00f3 err\u00f3neamente la partida tercera del activo [recompensa a favor de la se\u00f1ora S\u00e1nchez Marchena]\u00bb. <\/p>\n
Que, pese a que \u00abno est\u00e1 conforme a derecho\u00bb, dicha partici\u00f3n fue aprobada mediante sentencia del \u00ab11 de noviembre de 2022\u00bb, con lo que el accionado no dio aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, ni tampoco atendi\u00f3 lo atinente a la \u00abcongruencia\u00bb del fallo que prev\u00e9 el art\u00edculo 281 ibidem. <\/p>\n
Que con apoyo en el art\u00edculo 286 del estatuto adjetivo, mediante memoriales radicados el \u00ab25 de noviembre de 2022\u00bb, y el \u00ab27 de febrero de 2023\u00bb, su mandataria judicial solicit\u00f3 la \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb de la providencia, aduciendo la incursi\u00f3n en \u00aberrores aritm\u00e9ticos en el trabajo de partici\u00f3n\u00bb, pero como la respuesta otorgada mediante prove\u00eddos del 9 de febrero y 10 de abril de 2023, fue desestimatoria, considera que el juzgado \u00abha incurrido en defecto sustantivo [y] f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin efectos la sentencia judicial de fecha 11 de noviembre de 2022\u00bb y \u00abordenar al Juzgado 27 de Familia de Bogot\u00e1, que (\u2026) profiera una nueva [teniendo] en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el 11 de noviembre de 2022 dict\u00f3 \u00absentencia aprobatoria de la partici\u00f3n [la cual] cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda 18 de esa calenda ante el silencio de los interesados\u00bb; que \u00abel d\u00eda 25 de noviembre de 2022, el ahora tutelante intervino a trav\u00e9s de apoderada para solicitar la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica del trabajo partitivo y en lo que hizo a la errada inclusi\u00f3n de una partida de pasivo interno (\u2026), con todo, el despacho resolvi\u00f3 sobre el particular mediante providencias del 9 de febrero y 10 de abril de 2023, y bajo la limitante de la regla procesal del art\u00edculo 285 del CGP no se accedi\u00f3 a modificar la sentencia que en firme no admite pronunciamiento\u00bb. Pidi\u00f3 \u00abdenegar el amparo deprecado [porque], tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 objetivamente a la regla adjetiva que impide la decisi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
2. Diego Fernando Gacha Ram\u00edrez, auxiliar de la justicia realiz\u00f3 el trabajo partitivo cuya aprobaci\u00f3n se critica, manifest\u00f3 que \u00abestoy de acuerdo con los hechos, inclusive con las pretensiones (\u2026), toda vez que en memorial (\u2026) solicit\u00e9 correcci\u00f3n de la sentencia por error matem\u00e1tico, inclusive anexando la partici\u00f3n corregida (\u2026), pero por no ser parte en el proceso, el despacho no la tuvo en cuenta\u00bb. <\/p>\n
3. Martha Patricia Fuentes Reyes, quien dijo actuar como apoderada judicial de Yolanda S\u00e1nchez Marchena, manifest\u00f3 que el reclamante \u00abdesconoce el principio de inmediatez\u00bb de la tutela, y que pretende utilizarla para \u00abrevivir t\u00e9rminos fenecidos\u00bb, pues \u00abel juzgado corri\u00f3 traslado (\u2026), el cual pas\u00f3 en silencio y por esta raz\u00f3n se dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo partitivo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela no puede entrar a subsanar actuaciones dejadas de realizar por las partes dentro de un proceso, pues esto contraer\u00eda el car\u00e1cter subsidiario del mecanismo de protecci\u00f3n constitucional\u00bb, puesto que, recibido el trabajo partitivo, el juzgado corri\u00f3 traslado, y pese a que el accionante se encontraba \u00ablegitimado para protestar mediante la objeci\u00f3n contra la indebida elaboraci\u00f3n de la partici\u00f3n, guard\u00f3 silencio mostrando conformidad con el reparto de bienes y dio paso a la aprobaci\u00f3n de plano mediante sentencia, ahora ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abfue s\u00f3lo (\u2026) hasta el 25 de noviembre de 2022 [que] la apoderada judicial del accionante solicita la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos, pero en rigor el defecto trasciende la naturaleza de esa tipolog\u00eda de defectos subsanables en ejercicio incluso de competencia oficiosa por el Juzgado, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 286 del C.G.P., sino que la anomal\u00eda trasciende lo sustancial al desconocer una de las bases esenciales de la partici\u00f3n cual es la del inventario debidamente aprobado\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abtampoco resulta procedente la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para suplir la inactividad de las partes o retrotraer actuaciones concluidas con sentencia ejecutoriada, si por lo dem\u00e1s, tampoco se alegan y acreditan circunstancias excepcionales de grave afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante capaces de derivar en perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para insistir en los argumentos de su querella, aseverando que con esta \u00abno se trata de revivir t\u00e9rminos [ni de] formalismos temporales, [ya que] el superior debe revisar la decisi\u00f3n de primera instancia por carecer [la sentencia] de las condiciones necesarias\u00bb, y que el juzgado \u00abigualmente debi\u00f3 ser diligente en el ejercicio de las actuaciones que [se] realicen en el marco de los procesos judiciales\u00bb, interviniendo \u00abde oficio\u00bb conforme a \u00ablos lineamientos establecidos (\u2026) en C.G.P.\u00bb, y \u00abvelar por la prevalencia del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el demandante, al no haber ordenado la correcci\u00f3n del trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 2021-00133. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de las quejas elevadas por los accionantes y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando que la desestimaci\u00f3n del resguardo se funda en no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al enfilarse la censura contra la partici\u00f3n surtida dentro del liquidatorio n\u00b0 2021-00133, en particular, la sentencia aprobatoria que profiri\u00f3 el despacho accionado el 11 de noviembre de 2022, y consecuencialmente contra los autos del 9 de febrero y 10 de abril de 2023 que denegaron su \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb, se establece que ninguna de esas decisiones fue refutada a trav\u00e9s de los instrumentos que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales, adem\u00e1s de que se encontraban al alcance del actor -quien en el pleito viene actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial-, se mostraban id\u00f3neos para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
En efecto, tras haberse presentado el trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n por parte del auxiliar de la justicia designado, el expediente digital da cuenta de que del mismo se corri\u00f3 traslado al tenor de lo previsto en la parte final del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que, dentro del t\u00e9rmino legal, el all\u00ed demandado y ac\u00e1 querellante, hubiera formulado objeci\u00f3n aludiendo la falencia por la que ahora se duele. <\/p>\n
As\u00ed, comoquiera que ninguna de las partes en contienda se hallaba en las circunstancias descritas en el numeral 5\u00b0 del precepto en cita, es decir, de ellas no evidenciaba incapacidad, ausencia o carencia de representante judicial, la autoridad convocada le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la partici\u00f3n con sentencia del 11 de noviembre de 2022, gener\u00e1ndose que esa decisi\u00f3n no se tornara apelable seg\u00fan lo contemplado en el numeral 2\u00b0 de la disposici\u00f3n procesal en comento. <\/p>\n
Seguidamente, la foliatura indica que el 24 de noviembre de 2022, el auxiliar de la justicia pidi\u00f3 que se le autorizara la \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb del trabajo presentado, y al d\u00eda siguiente, la apoderada judicial del hoy reclamante, tambi\u00e9n solicit\u00f3 la \u00abcorrecci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos\u00bb, pero el juzgado, con prove\u00eddo del 9 de febrero de 2023, desestim\u00f3 lo pedido, se\u00f1alando \u00abque tal proceder le est\u00e1 vedado al juez conforme con el mandato del art\u00edculo 285 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Ahora, la desidia del hoy tutelante se mantiene porque de cara a ese auto, no mostr\u00f3 controversia v\u00eda reposici\u00f3n, como tampoco la hubo frente a la decisi\u00f3n del 10 de abril de 2023, donde en respuesta a la reiteraci\u00f3n de dicho pedimento, el juzgado le orden\u00f3 a su mandataria judicial estarse \u00aba lo resuelto en providencia del 9 de febrero de 2023 (\u2026), respecto de la solicitud de correcci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n ahora implorada deviene improcedente, toda vez que la desidia en la interposici\u00f3n de la objeci\u00f3n y recursos que proced\u00edan contra las determinaciones criticadas, inviabiliza la salvaguarda, pues reiteradamente se ha dicho que cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
Esto, porque el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, desde su albores la Corte Constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC3448-2023, 13 abr., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras muchas en STC1200-2023, 15 feb., rad. 00480-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ense\u00f1a que: \u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para reiterar que en situaciones como la anteriormente descrita, no emerge razonable justificar el comportamiento pasivo del demandante, pues al no acreditarse irregularidad alguna en la notificaci\u00f3n de las actuaciones ahora censuradas, y al contar el interesado con representante judicial, las supuestas falencias en que pudo incurrir la abogada en el ejercicio de sus deberes y funciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha sido convalidado de vieja data por la jurisprudencia al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada, entre otras muchas, en STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01). <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgarse poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la sentencia impugnada, precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia al no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado de los medios de defensa judicial legalmente previstos para rebatir la actuaci\u00f3n reprochada, acotando que, ante la inexistencia de excusa para tal omisi\u00f3n, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5954-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5954-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00494-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}